STC3114-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3114-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01203-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 22 de junio de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Enrique Cacua Luquerna contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2012-00325. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al trabajo, igualdad, debido proceso, seguridad social, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que adelant\u00f3 tr\u00e1mite ordinario laboral en contra de su antigua empleadora, la Cooperativa Santandereana de Transportadores Limitada \u00abCOPETRAN LTDA\u00bb, en el cual, por medio de sentencia del 10 de abril de 2014, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga \u00ab[concluy\u00f3] que los pagos hechos bajo el r\u00f3tulo de \u00abgastos de viaje\u00bb en realidad corresponden a sumas que retribuyen directamente el servicio del trabajador y, como consecuencia, constitu\u00edan salario, adem\u00e1s que el pacto suscrito por las partes que negaba ese atributo era ineficaz, [raz\u00f3n por la cual, conden\u00f3] a la demandada a cancelar reliquidaci\u00f3n de prestaciones sociales y vacaciones, a trasladar al Fondo de Pensiones las diferencias surgidas respecto de las cotizaciones al sistema pensional, entre otros conceptos\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta por ambas partes, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad con providencia del 31 de julio de 2014 \u00abrevoc[\u00f3] [lo resuelto en primera instancia], para en su lugar absolver a la demandada de las pretensiones [en su contra]\u00bb. Raz\u00f3n por la cual formul\u00f3 el recurso extraordinario, sin embargo, la hom\u00f3loga de Descongesti\u00f3n Laboral No. 4, en fallo del 3 de marzo de 2020, no cas\u00f3 la decisi\u00f3n objeto del reproche. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que a juicio del promotor \u00abdesconoci\u00f3 no s\u00f3lo la materialidad de las pruebas documentales (\u2026) [que fueron] mal valoradas, sino sobre todo, los criterios doctrinales contenidos en las innumerables [providencias] que sobre la materia ha edificado [dicha corporaci\u00f3n] a lo largo de su historia, [especialmente] las proferidas dentro de los procesos radicados n\u00fameros 68001310500520130024501, (\u2026) 68001310500620120032401 (\u2026) y 68001310500120130024001, todas ellas seguidas contra (\u2026) COPETRAN. [Casos que] comparten similares, por no decir, id\u00e9nticas bases f\u00e1cticas y jur\u00eddicas del [expuesto en el presente mecanismo]\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia, que se deje sin validez la sentencia SL777-2020 del 3 de marzo de 2020 y se ordene a la corporaci\u00f3n convocada proferir \u00abun nuevo fallo en el que se tengan en cuenta las consideraciones [expuestas en el escrito tutelar]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la determinaci\u00f3n confutada inform\u00f3 que \u00abresolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante, ci\u00f1\u00e9ndose a los argumentos planteados en los tres cargos formulados, y con sujeci\u00f3n a las reglas propias de este medio de impugnaci\u00f3n extraordinario. (\u2026) Adem\u00e1s, la decisi\u00f3n examin\u00f3 con detalle las pruebas singularizadas en el ataque y no encontr\u00f3 alg\u00fan error protuberante en el raciocinio desplegado por el fallador de la alzada\u00bb. <\/p>\n
En \u00faltimo lugar, adujo que \u00abes claro que lo que pretende el [gestor] a trav\u00e9s del mecanismo constitucional invocado, no es otra cosa que reabrir el debate procesal, algo que resulta evidentemente inadmisible ante la firmeza de la decisi\u00f3n proferida\u00bb. <\/p>\n
2. Copetran expuso que \u00abel proceso fue archivado por el Juzgado [de primera instancia], mediante auto de fecha 27 de noviembre de 2020, por cuanto el [promotor] no realiz\u00f3 ning\u00fan pronunciamiento dentro del proceso, y habiendo trascurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde que se profiri\u00f3 [la providencia] de la Honorable Corte, interpone acci\u00f3n de tutela sin tener en cuenta los presupuestos indicados para tal fin, como es la inmediatez\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 en dicho aspecto que \u00abno puede [el actor] excusarse en que se encontraba esperando que se resolviera un caso para impetrar [este mecanismo supralegal], toda vez que si se est\u00e1 en detrimento de derechos fundamentales como lo indica en su escrito (\u2026), no hubiera esperado m\u00e1s de un a\u00f1o en interponer [el presente mecanismo]\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga realiz\u00f3 un recuento de todas las actuaciones surtidas en el juicio y precis\u00f3 que \u00abno ha existido vulneraci\u00f3n o amenaza a [las garant\u00edas invocadas por el convocante] por acci\u00f3n o por omisi\u00f3n de este Despacho Judicial, pues como se dijo, el presente (\u2026) emiti\u00f3 pronunciamiento dentro del t\u00e9rmino legal otorgado para ello\u00bb. <\/p>\n
4. El Procurador 29 Judicial II para Asuntos del Trabajo y de la Seguridad Social se\u00f1al\u00f3 que \u00abel fallo proferido por la Sala (\u2026) expone los argumentos que dan lugar a no casar la [providencia recurrida] y que el accionante no demuestra [el cumplimiento de] los requisitos espec\u00edficos de procedencia de la tutela contra [decisiones judiciales]\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que \u00ab[e]n el presente asunto el requisito [de la inmediatez] no se cumple, toda vez que el prove\u00eddo que se censura fue proferido el 3 de marzo de 2020, y la solicitud de protecci\u00f3n constitucional se present\u00f3 hasta junio de 2021, es decir, m\u00e1s de un a\u00f1o y tres meses de la presunta vulneraci\u00f3n, lapso que para el caso concreto se ofrece desproporcionado, pues si se emiti\u00f3 una decisi\u00f3n arbitraria, que atent\u00f3 contra sus garant\u00edas fundamentales, como se desprende de lo se\u00f1alado en la demanda, lo natural y l\u00f3gico habr\u00eda sido advertir dicha situaci\u00f3n y rechazarla en ese mismo momento\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado del reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n, agregando que \u00abel despacho no realiz\u00f3 el estudio juicioso del caso particular, las razones por la cuales se interpuso la acci\u00f3n luego de 9 meses de expedida la sentencia de casaci\u00f3n, por cuanto no hubo ninguna otra clase de apreciaci\u00f3n que no versar\u00e1 respecto al \u201ctiempo\u201d de transcurrido entre [el fallo] y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 el gestor (SL777-2020, rad. 69518), por confirmar la resoluci\u00f3n desfavorable del ad quem, sin tener en cuenta el material probatorio obrante en el proceso y el precedente judicial aplicable al caso concreto. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ago. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado, entre otros, en STC11374-2016, 17 ago. rad. 01250-01) Resaltado y negrillas fuera de texto. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la demanda constitucional debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, y de las pruebas allegadas al plenario, encuentra la Sala que habr\u00e1 de ratificarse la negativa del a quo constitucional, comoquiera que el cuestionamiento formulado a trav\u00e9s del amparo no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que se supera con amplitud el t\u00e9rmino de seis (6) meses considerado como razonable por la jurisprudencia para acudir a este mecanismo excepcional, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que la decisi\u00f3n refutada por el recurrente, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4, con la cual resolvi\u00f3 desfavorablemente la impugnaci\u00f3n extraordinaria que \u00e9l promovi\u00f3, data del 3 de marzo de 2020, mientras que el resguardo se intent\u00f3 el 10 de junio de 2021, resultando di\u00e1fano que se incumple ese requisito de procedibilidad, sin que se adujera justificaci\u00f3n v\u00e1lida que permitiera analizar las excepciones al prenotado criterio. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el actor indic\u00f3 que \u00aba partir del Acuerdo PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020, se suspendieron los t\u00e9rminos judiciales en todo el pa\u00eds con ocasi\u00f3n de la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 hasta el d\u00eda 2 de julio del 2020, adicionalmente ha de considerase que entre el 19 de diciembre de 2020 y el 10 de enero del a\u00f1o en curso se surti\u00f3 la vacancia judicial\u00bb, dicho argumento es improcedente, teniendo en cuenta que de la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos se exceptu\u00f3 el tr\u00e1mite de la acciones constitucionales – Acuerdo PCSJA20-11518, por lo que esa explicaci\u00f3n se muestra infundada para justificar su inactividad, y lo mismo se pregona de la \u00abvacancia judicial\u00bb, porque, tal como ha sostenido esta Sala: <\/p>\n
\u00abFrente dichas circunstancias, la Sala pone de presente que la vacancia judicial no tiene incidencia respecto del t\u00e9rmino para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela. Si bien es cierto que, como se advirti\u00f3, este mecanismo constitucional no admite la caducidad, habr\u00e1 de reconocerse que el t\u00e9rmino jurisprudencialmente alcanzado fue dispuesto en 6 meses. En cuanto tiene que ver con los efectos de la emergencia sanitaria en los t\u00e9rminos judiciales, advierte la Sala que, mediante el Acuerdo PCSJA11517 del 15 de marzo de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso su suspensi\u00f3n desde el 16 de marzo de 2020. Dicha disposici\u00f3n fue modificada mediante el Acuerdo PCSJA11518 del mismo 16 de marzo, en el sentido de exceptuar de la dicha medida a las acciones de tutela y al habeas corpus. Entonces, toda vez que la tutela estuvo exceptuada de la aludida medida, la situaci\u00f3n excepcional no tuvo efecto alguno respecto del requisito de inmediatez\u00bb (CSJ, STC6753-2020, 3 sep., rad. 2020-01903-00- Resaltado fuera de texto). <\/p>\n
3.2. De este modo, el presunto afectado con la providencia que considera vulneradora de sus derechos fundamentales debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no, pero, en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad del promotor que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El interesado tard\u00f3 en promover este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el principio de inmediatez, y no se advirti\u00f3 una explicaci\u00f3n v\u00e1lida que justificara esa tardanza, raz\u00f3n por la cual se ratificar\u00e1 la negativa del a quo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 2 de marzo de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3114-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC3114-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01203-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 22 de junio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62095","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62095","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62095"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62095\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62095"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62095"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62095"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}