STC3115-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3115-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01824-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 14 de septiembre de 20211, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Elia Mar\u00eda Tapias Fuentes contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 de la Corte Suprema de Justicia, su hom\u00f3loga del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de esa localidad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, entre otros, supuestamente vulnerados por las autoridades convocadas en un juicio laboral (SL1543-2020, 12 may., rad. 71683). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda contra Colpensiones, en procura del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, en su calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de Gilberto Enrique Contreras Silva (q.e.p.d.), cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla, quien absolvi\u00f3 a la entidad pagadora, porque no se acreditaron las 50 semanas de aportes dentro de los tres a\u00f1os anteriores al deceso, en atenci\u00f3n a lo normado en el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el canon 12 de la Ley 797 de 2003; decisi\u00f3n ratificada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad. <\/p>\n
Inconforme, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, pero la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 dej\u00f3 en firme la resoluci\u00f3n desfavorable del ad quem, pese a que, en su criterio, tiene derecho a recibir la prestaci\u00f3n, de conformidad con las previsiones del Acuerdo 049 de 1990 y en aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad, comoquiera que el causante cotiz\u00f3 869 semanas durante toda su vida laboral. <\/p>\n
En consecuencia, se\u00f1al\u00f3 que, con ese proceder, se desconoci\u00f3 el precedente constitucional sobre la materia, en especial, las sentencias T-695 de 2010, T-760 de 2010, T-360 de 2012, SU-769 de 2014, T-045 de 2016, T-408 de 2016 y T-222 de 2018, aunado a que, en la actualidad, tiene m\u00e1s de 85 a\u00f1os, situaci\u00f3n constitutiva de \u00abinferioridad manifiesta\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, se infiere que busca la invalidaci\u00f3n de las citadas providencias judiciales, en tanto resultaron contrarias a sus intereses. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n confutada manifest\u00f3 que \u00absi bien algunos de los cuatro cargos formulados tienen deficiencias t\u00e9cnicas descritas en la decisi\u00f3n objeto de tutela, que comprometen su prosperidad; se tiene que frente al cuestionamiento elevado por la accionante, cabe resaltar que tal como se le puso de presente en casaci\u00f3n, la jurisprudencia actual de la Sala \u00fanicamente ha admitido que bajo el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa se aplique la norma inmediatamente anterior a la vigente al momento del fallecimiento, y bajo el cumplimiento de determinadas condiciones\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, relat\u00f3 que \u00absi la muerte del afiliado ocurre en vigencia de la Ley 797 de 2003, como en este caso acontece que se produjo el 13 de febrero de 2006, solo pod\u00eda acudirse, con la observancia de los requisitos necesarios conforme a la Ley 100 de 1993, mas no al Acuerdo 049 de 1990, tal y como se dej\u00f3 sentado, entre otras, en las sentencias CSJ SL18545-2016, CSJ SL4236-2017 y CSJ SL2111-2018 CSJ SL4559-2019, CSJ SL 5611-2019, CSJ SL5196-2019, CSJ SL142-2020, CSJ SL379-2020 y CSJ SL1850- 2020\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, arguy\u00f3 que \u00absi bien en algunos casos la Corte Constitucional ha aludi\u00f3 a la posibilidad de acudir a cualquier normativa anterior bajo el cumplimiento de ciertos requisitos para poder aplicar la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, tal criterio, que no es desconocido por la Sala, no se acompasa con la l\u00ednea jurisprudencial de esta corporaci\u00f3n, tal como se expuso en decisi\u00f3n CSJ SL1884-2020, en la cual la Sala Laboral explic\u00f3 de manera profusa las razones que la llevaban a apartarse del criterio expuesto por la Corte Constitucional, por virtud de los principios de transparencia y carga argumentativa (CSJ SL4482- 2020 y CSJ SL5070-2020)\u00bb. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del extinto Instituto de Seguros Sociales \u2013 P.A.R.I.S.S en liquidaci\u00f3n requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, porque \u00aba ra\u00edz de la orden de supresi\u00f3n y liquidaci\u00f3n del extinto I.S.S. emanada del Gobierno Nacional con la expedici\u00f3n y entrada en vigencia del Decreto 2013 de 2012, la extinta entidad perdi\u00f3 la competencia para resolver peticiones relacionadas con la administraci\u00f3n del R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2011 de 28 de septiembre de 2012, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 COLPENSIONES, es la entidad competente como nueva administradora del referido r\u00e9gimen pensional\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla se limit\u00f3 a relatar las actuaciones del proceso. <\/p>\n
4. La Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad explic\u00f3 que \u00abel criterio mayoritario de la Sala tuvo en consideraci\u00f3n que la demandante no reun\u00eda los requisitos exigidos en la norma vigente para el momento del fallecimiento del causante, siendo esta la Ley 797 de 2003, y tampoco con los requisitos exigidos por la Ley inmediatamente anterior a la Ley que deb\u00eda aplicarse, en virtud de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n agreg\u00f3 que \u00abla Ley no ha previsto un r\u00e9gimen de transici\u00f3n para las pensiones de sobrevivientes, que qued\u00f3 plenamente acreditado que el causante falleci\u00f3 el 13 de febrero de 2006, siendo aplicable para ese momento la Ley 797 de 2003, por lo que atendiendo la jurisprudencia relativa a la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pod\u00eda estudiarse la procedencia de la prestaci\u00f3n, pero \u00fanicamente con la legislaci\u00f3n inmediatamente anterior a la aplicable, dado que est\u00e1 prohibido por la legislaci\u00f3n y la jurisprudencia aplicar una diferente, tal como lo expres\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en la sentencia del 14 de agosto de 2012 con Rad. 41671 y la sentencia del 19 de febrero de 2014 con Rad. 52149. En ese sentido le era aplicable el art\u00edculo 43 de la Ley 100 de 1993 en su texto original, no obstante, tampoco cumpli\u00f3 con los requisitos all\u00ed consagrados\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el resguardo, porque \u00abcontrario a lo que sucede con la pensi\u00f3n de vejez, La Sala de Casaci\u00f3n Laboral, as\u00ed como la Corte Constitucional, tienen adoctrinado que el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes se causa conforme a la norma vigente a la fecha de la ocurrencia del deceso del pensionado o afiliado. As\u00ed mismo, el Alto Tribunal en la sentencia SU-005\/18 ajust\u00f3 su jurisprudencia en cuanto a la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, en materia de pensi\u00f3n de sobrevivientes, y determin\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa de una forma que lejos de resultar constitucionalmente irrazonable, es acorde con el Acto Legislativo 01 de 2005, que no permite la aplicaci\u00f3n ultractiva del Acuerdo 049 de 1990 u otros reg\u00edmenes anteriores.\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, precis\u00f3 que \u00abla Sala de Casaci\u00f3n Laboral, ante la controversia suscitada frente a los precedentes emanados de la Corte Constitucional en materia de pensi\u00f3n de sobrevivientes, en sentencia SL1884-2020 del 10 de junio de 2020 explic\u00f3 con suficiencia las razones por la cuales se aparta de los criterios delineados por el Alto Tribunal, mismas que fueron observadas por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 al proferir su decisi\u00f3n\u00bb y que \u00abeste mecanismo no es una instancia adicional a las del proceso ordinario para continuar una discusi\u00f3n que feneci\u00f3 en los cauces correspondientes\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La censora recurri\u00f3 la precitada providencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la gestora (SL1543-2020, 12 may., rad. 71683), por mantener en firme la sentencia desfavorable del tribunal ad quem, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la sentencia controvertida se dict\u00f3 el 12 de mayo de 2020 y la tutela se intent\u00f3 el 1 de septiembre de 2021, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente providencia, cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los accionantes con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre las decisiones que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los accionantes, pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1 de esta Corporaci\u00f3n mantuvo inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal ad quem, porque \u00abrespecto del reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes [se] ha se\u00f1alado que la disposici\u00f3n legal llamada a gobernar la definici\u00f3n de esa prestaci\u00f3n ser\u00e1 la que se encuentre vigente para la fecha del deceso del afiliado o pensionado\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los embates formulados por la pretensora, con los cuales busc\u00f3, grosso modo, que se reconociera el derecho a la prestaci\u00f3n de sobrevivientes en su calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite del afiliado Contreras Silva, al amparo del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, la Sala encartada precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab Dada la v\u00eda directa escogida para orientar los ataques, no son objeto de discusi\u00f3n los siguientes presupuestos f\u00e1cticos establecidos por el Tribunal: i) que el afiliado falleci\u00f3 el 13 de febrero de 2006; ii) que estuvo asegurado al ISS y cotiz\u00f3 869.85 semanas, entre el 1\u00ba de febrero de 1970 y el 8 de agosto de 1987 y; iii) que en los tres a\u00f1os anteriores al fallecimiento, es decir, del 13 de febrero de 2003 al mismo d\u00eda y mes del a\u00f1o 2006, no efectu\u00f3 cotizaci\u00f3n alguna al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, y l\u00f3gicamente tampoco aport\u00f3 26 semanas en el \u00faltimo a\u00f1o de vida. <\/p>\n
Estim\u00f3 tambi\u00e9n el sentenciador de alzada, que si bien el fallecido hab\u00eda aportado 869.85 semanas en toda su vida laboral, eran insuficientes y no resultaba procedente la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa como lo pretend\u00eda la parte actora, ya que la muerte del afiliado aconteci\u00f3 en vigencia del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003; que en esa medida al acudir al citado principio, el precepto legal aplicable no ser\u00eda el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, sino la norma inmediatamente anterior, o sea el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, en su texto original, exigencias all\u00ed contempladas que tampoco se cumpl\u00edan en el presente caso, en la medida que el finado no ten\u00eda 26 semanas de cotizaci\u00f3n en el \u00faltimo a\u00f1o inmediatamente anterior al fallecimiento. <\/p>\n
Bajo el anterior contexto, la Sala comienza por advertir que le asiste entera raz\u00f3n al Tribunal en su argumentaci\u00f3n, como quiera que esta Corporaci\u00f3n respecto del reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes ha se\u00f1alado que la disposici\u00f3n legal llamada a gobernar la definici\u00f3n de esa prestaci\u00f3n ser\u00e1 la que se encuentre vigente para la fecha del deceso del afiliado o pensionado (sentencias CSJ SL, 19 ag. 2008, rad. 35410, CSJ SL7358- 2014, CSJ SL4279\u20132017, CSJ SL125-2018 y CSJ SL1278- 2018). Es decir, como en este caso el causante muri\u00f3 el 13 de febrero de 2006, ciertamente la preceptiva aplicable era el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003 y, en consecuencia, deb\u00eda dejar causados el requisito consagrado bajo los presupuestos de esta normativa para que sus beneficiarios pudieran acceder al reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, lo cual no se estructur\u00f3 tal y como bien lo concluy\u00f3 el juez de apelaciones, pues es un hecho indiscutido que el finado no cotiz\u00f3 50 semanas en los tres a\u00f1os inmediatamente anteriores a su fallecimiento. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto a que bajo el amparo del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa se otorgue el derecho pensional suplicado a la luz de los art\u00edculos 6\u00b0 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, ha de decirse que la Corte tiene adoctrinado que esa figura legal y constitucional en ning\u00fan caso permite, por virtud de los efectos de la llamada \u00abplusultraactividad\u00bb, que se haga una b\u00fasqueda hist\u00f3rica en las legislaciones anteriores hasta llegar a la normativa que m\u00e1s favorezca a la demandante, porque se desconocer\u00eda el principio seg\u00fan el cual las leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata y en principio rigen hacia el futuro\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, aclar\u00f3 que, de acuerdo con el criterio actual de ese \u00f3rgano de cierre, la aplicaci\u00f3n del postulado de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en materia pensional solo es viable \u00aben el tr\u00e1nsito entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003\u00bb, esto es, \u00abcuando la contingencia de la muerte se presente dentro de la vigencia de esta \u00faltima disposici\u00f3n, pero bajo el cumplimiento de determinadas reglas\u00bb, por lo cual resalt\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn efecto, en la providencia referida se determin\u00f3 que solo es posible diferir los efectos de la Ley 797 de 2003 hasta el 29 de enero de 2006, es decir, por tres a\u00f1os; t\u00e9rmino que se estim\u00f3 razonable, proporcional y favorable para aquellas personas que ten\u00edan una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta al momento del tr\u00e1nsito legislativo y, por ende, deb\u00eda protegerse. Para ello, se adujo que la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa no puede tener una permanencia indefinida, porque generar\u00eda que el cambio dispuesto por el legislador resultara vano o in\u00fatil, lo que adem\u00e1s implicar\u00eda el desconocimiento de la obligatoriedad del ciudadano de pertenecer al sistema y cumplir con las cotizaciones establecidas o requeridas en la ley vigente. <\/p>\n
Desde la perspectiva anterior, si la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa tiene cabida por v\u00eda de excepci\u00f3n y su aplicaci\u00f3n es restrictiva, no es dable emplearla con un car\u00e1cter indefinido. Tampoco es factible, en virtud del principio de inescindibilidad de la ley, alterar la normativa que se ha de aplicar en virtud del principio examinado. (\u2026) As\u00ed, la Corte consider\u00f3 que el periodo m\u00e1ximo para aplicar el aludido principio era de tres a\u00f1os por ser este el tiempo que la Ley 797 de 2003 previ\u00f3 como necesario para que los afiliados al sistema de pensiones re\u00fanan la densidad de semanas de cotizaci\u00f3n y puedan acceder a la prestaci\u00f3n correspondiente; plazo con el que se logra un punto de equilibrio y se conservan razonablemente por un lapso determinado, los \u00abderechos en curso de adquisici\u00f3n\u00bb; lo que significa que para el caso en estudio el fallecido no cumpli\u00f3 con esa temporalidad, en la medida que la muerte acaeci\u00f3 el 13 de febrero de 2006, es decir, con posterioridad al 29 de enero de igual a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
De esa manera, coligi\u00f3 que, \u00abcomo el causante no cumpli\u00f3 con el requisito de las 50 semanas aportadas en los tres a\u00f1os anteriores al fallecimiento, pues en dicho lapso no sufrag\u00f3 semana alguna, la prestaci\u00f3n no se caus\u00f3 con sustento en la previsi\u00f3n general del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003\u00bb, a m\u00e1s de que \u00abfrente a lo esgrimido en el segundo cargo, en el cual le endilga al Tribunal una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del inciso cuarto del art\u00edculo 48 de la Ley 100 de 1993, el Juez Colegiado no llam\u00f3 a operar tal precepto legal, por lo que mal puede [la] recurrente sostener que incurri\u00f3 en el dislate interpretativo de tal normativa\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, enfatiz\u00f3 en que \u00abtampoco habr\u00eda lugar a reconocer la pensi\u00f3n de sobrevivientes pretendida en aplicaci\u00f3n del mencionado par\u00e1grafo, ya que si bien es cierto el afiliado aqu\u00ed fallecido, por edad, era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, pues naci\u00f3 el 25 de julio de 1941 y para el 1\u00b0 de abril de 1994 contaba con m\u00e1s de 40 a\u00f1os de edad, no reuni\u00f3 los requisitos consagrados en el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo a\u00f1o, para lograr la pensi\u00f3n de vejez, pues tal norma exige un m\u00ednimo de 500 semanas cotizadas durante los \u00faltimos 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad m\u00ednima o 1.000 en cualquier tiempo, y el se\u00f1or Gilberto Enrique Contreras Silva \u00fanicamente aport\u00f3 como ya se dijo y es un hecho indiscutido en la esfera casacional, un total de 869,85 semanas en toda su vida laboral, y adem\u00e1s no se acredit\u00f3 que de ellas 500 hubieran sido en los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de los 60 a\u00f1os edad que para el caso ocurri\u00f3 el 25 de julio de 2001, pues su \u00faltima cotizaci\u00f3n la hizo el 8 de agosto de 1987, y por tanto en ese lapso solo alcanz\u00f3 314,99 semanas de cotizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
4.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb enunciados en el libelo inicial, esta Sala colige que la diferencia de criterios, por s\u00ed misma, no tiene la entidad de enervar la juridicidad de la sentencia de casaci\u00f3n, aunado a que en la misma providencia se hizo alusi\u00f3n a los postulados jurisprudenciales del \u00f3rgano de cierre laboral en lo concerniente a la problem\u00e1tica estudiada \u2013entre otros, se apoy\u00f3 en los fallos SL7358-2014, 11 jun., rad. 46780; SL1631-2018, 16 may., rad. 57137; SL7142-2015, 3 jun., rad. 53692 y SL5375-2019, 4 dic., rad. 76279\u2013, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
Con todo, se reitera que, mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Colegiatura en relaci\u00f3n con asuntos de contornos similares al presente, se encuentra necesario adecuarla, puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral, pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que, para la Sala, es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
4.4. Por \u00faltimo, sobre la afirmaci\u00f3n de la tutelante de que es sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional \u2013dadas sus condiciones personales, econ\u00f3micas y de salud\u2013, esta Sala pone de relieve que no resulta suficiente esa aseveraci\u00f3n para otorgar el amparo en la forma pretendida, pues, sobre el particular, se ha dicho que \u00ab(\u2026) las condiciones personales y econ\u00f3micas invocadas por la gestora como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decidido (\u2026) escenario donde cont\u00f3 con plenas garant\u00edas para la defensa de sus derechos e intereses jur\u00eddicos\u00bb (CSJ. 19 may. de 2011, exp. 00412, reiterada en STC9124-2014, 14 jul.). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente fue ingresado a este despacho el 3 de marzo de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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STC3115-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC3115-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01824-01 (Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 14 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62096","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62096","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62096"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62096\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62096"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62096"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62096"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}