STC3117-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3117-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02566-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 15 de diciembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro Torres Olivares contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juez Trece Penal del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2019-05482. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abpresunci\u00f3n de inocencia, imparcialidad y transparencia en conexidad con la vida, dignidad humana, libertad e integridad f\u00edsica\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, en el marco del proceso penal que se le adelanta por el delito de \u00abtentativa de homicidio\u00bb radicado n\u00ba 2019-05482, en sede de audiencia preparatoria, recus\u00f3 al juez de conocimiento \u2013 Juez Trece Penal del Circuito de Barranquilla \u2013 con fundamento en las causales 4, 5 y 13 del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, recusaci\u00f3n que no fue aceptada por el juzgador, quien remiti\u00f3 dicho tr\u00e1mite incidental al superior para su resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, mediante auto de 19 de noviembre de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla declar\u00f3 infundada la recusaci\u00f3n y orden\u00f3 que el juicio penal continuara a cargo del Juzgado Trece Penal del Circuito. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 en concreto esta \u00faltima determinaci\u00f3n por cuanto, seg\u00fan adujo, el tribunal no valor\u00f3 adecuadamente \u00ablos elementos de juicio aportados para demostrar la animadversi\u00f3n del juez hacia el implicado (\u2026)\u00bb; asimismo, porque, supuestamente, desconoci\u00f3 que se ten\u00eda demostrado que el funcionario recusado no solo expres\u00f3 una opini\u00f3n sobre el proceso, sino que, adem\u00e1s, en sede de control de garant\u00edas, tuvo conocimiento previo del mismo, por lo tanto, debi\u00f3 declararse impedido para tramitarlo. <\/p>\n
Con amplitud, describi\u00f3 cada una de las situaciones en las que se habr\u00eda evidenciado la \u00abenemistad grave\u00bb con el juzgador, al igual que aqu\u00e9llas en las que aqu\u00e9l, de manera informal, opin\u00f3 sobre el caso y que, fungiendo como juez de control de garant\u00edas, resolvi\u00f3 sobre una solicitud de \u00abpermiso para trabajar\u00bb al interior del mismo asunto. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que se declaren que los autos que negaron la recusaci\u00f3n \u2013 11 de octubre y 19 de noviembre de 2021 \u2013 incurrieron en v\u00eda de hecho por \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb y que se ordene su revisi\u00f3n; en consecuencia, que se decrete que \u00abel titular del Juzgado Trece Penal del Circuito de Barranquilla [\u2026] se encuentra impedido para actuar en el presente proceso [\u2026] lo mismo que se ordene que los magistrados [\u2026] del Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Penal, me reconozcan los derechos que tengo, por encontrarse impedido el Juez [recusado]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, ponente del prove\u00eddo recriminado, sostuvo que no existi\u00f3 irregularidad alguna en el caso objeto de reclamo constitucional pues, al abordar la recusaci\u00f3n formulada no hall\u00f3 \u00ab(\u2026) configuradas las causales invocadas, contrario a las elucubraciones consignadas en el libelo de la tutela [y] y se determin\u00f3 que no existe prueba fehaciente que permita tener la certeza de que el juez recusado realmente hubiere transgredido la \u00f3rbita profesional que lo obliga a ser imparcial, concluyendo que [\u2026] las inconformidades personales del procesado tienen su origen en una decisi\u00f3n adversa a sus intereses\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Trece Penal del Circuito de esa ciudad, relacion\u00f3 lo acontecido en el juicio penal que se sigue contra Torres Olivares y solicit\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n comoquiera que el proceso penal est\u00e1 cursando, por lo que es al interior de este en el que se deben utilizar todas las herramientas procesales jur\u00eddicas para exponer las inconformidades. <\/p>\n
3. El Procurador 342 Judicial Penal I, indic\u00f3 que los argumentos en que fund\u00f3 el procesado la recusaci\u00f3n contra el Juez Trece Penal del Circuito de Barranquilla \u00abno se encuentra entre las que taxativamente enlista la ley 906 de 2004 (C\u00f3digo de Procedimiento Penal), raz\u00f3n por la cual est\u00e1 Agencia del Ministerio P\u00fablico considera que al abogado Torres Olivares en el proceso [\u2026] no le fue vulnerado derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda en aplicaci\u00f3n del principio de subsidiariedad, dado que el proceso se encuentra en curso, \u00ab(\u2026) motivo por el cual cuenta con la posibilidad de seguir con su reclamaci\u00f3n (aparente irrespeto de sus garant\u00edas judiciales invocadas), al interior de la misma, sin que sea admisible acudir para tal fin a la demanda de tutela\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante, con la coadyuvancia de su apoderado, replicando en extenso las alegaciones del escrito inicial; detall\u00f3 nuevamente cada una de las circunstancias que considera son muestra clara no solo de la animosidad del juez en su contra sino del conocimiento previo de los hechos, todo lo cual, implicaba que rehusara avocar la actuaci\u00f3n por encontrarse impedido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Del prove\u00eddo cuestionado. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la decisi\u00f3n del tribunal censurado, no se advierte procedente el amparo, puesto que la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
Al respecto, n\u00f3tese, frente a las causales expuestas por la defensa del procesado Torres Olivares y las pruebas aportadas con el prop\u00f3sito de acreditar su configuraci\u00f3n, el accionado dilucid\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se avizora la ocurrencia de alguno de los eventos descritos en las causales 1\u00ba, 4\u00ba, 5\u00ba, y 13 del art\u00edculo 56 de la plurimentada ley, en primer lugar, porque no se logr\u00f3 demostrar cu\u00e1l es el inter\u00e9s que pueda tener el funcionario dentro de la actuaci\u00f3n de marras, puesto que la expresi\u00f3n lanzada por \u00e9l mismo y a la que alusi\u00f3n el censor, corresponde a una observaci\u00f3n racional, l\u00f3gica y profesional de los t\u00e9rminos en los cuales se ha surtido la actuaci\u00f3n, convirti\u00e9ndose la misma en una cr\u00edtica al manejo de los t\u00e9rminos del despacho anterior, desde la \u00f3ptica del respeto por la din\u00e1mica procesal, ya que la misma data del a\u00f1o 2019\u00bb <\/p>\n
Sobre los elementos de conocimiento allegados con miras a demostrar lo alegado, precis\u00f3 la colegiatura acusada que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no constituyen prueba fehaciente de que el funcionario haya dado su opini\u00f3n frente al asunto que se le pone de presente en su rol de Juez de conocimiento, ya que la decisi\u00f3n que profiri\u00f3 siendo Juez de control de garant\u00edas al estudiar una solicitud de permiso para trabajar, negativa a los intereses del procesado, no toc\u00f3 aspectos de fondo sobre la responsabilidad o no, sino que por el contrario, se trat\u00f3 de temas alusivos a aspectos objetivos y condicionados sobre la procedencia de dicho permiso para trabajar que no comprometen su criterio, ello frente a la causal 4\u00b0. Sobre esto, es preciso adicionar que, la causal 13\u00b0 toca un aspecto similar pero mucho m\u00e1s espec\u00edfico sobre el conocimiento de fondo de las actuaciones, condicionando las mismas a que el funcionario haya ejercido el control de garant\u00edas, ello se circunscribe a las solicitudes primigenias como lo son la legalizaci\u00f3n de captura, la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y la solicitud de imposici\u00f3n de medida de aseguramiento, situaciones en las que se debe analizar como punto fundamental la inferencia razonable de autor\u00eda o participaci\u00f3n, cosa totalmente diferente a la solicitud de permiso de trabajo que fue objeto de pronunciamiento por parte del Juez\u00bb. <\/p>\n
Y finalmente, en relaci\u00f3n con las entrevistas recolectadas de testigos que afirmaron que el juez cuestionado manifest\u00f3 su opini\u00f3n personal sobre el proceso y los hechos, indic\u00f3 el tribunal que dichas declaraciones se basan en, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) un argumento falaz que imposibilita que prospere, b\u00e1sicamente porque no se tiene que dicho operador haya manifestado tal subjetividad dentro de la actuaci\u00f3n y no se ha demostrado m\u00e1s all\u00e1 de dichas entrevistas que ello haya ocurrido, m\u00e1xime cuando se trata de un familiar del procesado y otro desconocido que pueden estar reaccionando a la inconformidad del procesado con aquella decisi\u00f3n negativa del permiso para trabajar y a la accidentada comunicaci\u00f3n del despacho con este al momento de la celebraci\u00f3n de las audiencias y que de ninguna forma podr\u00eda tampoco ello tomarse como enemistad del funcionario hacia alguna de las partes, sino que corresponder\u00eda ello a la complejidad que ha sobrevenido en el trabajo virtual que fuere impuesto por la necesidad de garantizar la administraci\u00f3n de justicia a ra\u00edz de la pandemia causada por la enfermedad COVID-19 y que ha cobrado innumerables vidas a nivel mundial\u00bb. <\/p>\n
Conforme lo transcrito, no advierte esta Sala configurado el desafuero jur\u00eddico a que se refiere la demanda, ya que la motivaci\u00f3n sobre la cual se fund\u00f3 la denegaci\u00f3n de la recusaci\u00f3n formulada por la defensa del procesado, aqu\u00ed tutelante, respondi\u00f3 justamente a la revisi\u00f3n de la causales invocadas, contempladas en el art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, coligiendo no solo que no fueron jur\u00eddicamente soportadas sino que tampoco se ofrecieron elementos de juicio suficientes que llevaran a deducir la presencia de esos supuestos que revelaran una postura sesgada o arbitraria en el asunto que involucra al aqu\u00ed reclamante. <\/p>\n
Adem\u00e1s, claramente los fundamentos contenidos en la decisi\u00f3n recriminada hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis sustituyendo al funcionario de conocimiento como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
Sobre el tema se ha puntualizado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en ese an\u00e1lisis tanto f\u00e1ctico como jur\u00eddico, para entrar a reexaminar sin reatos la prueba en que se bas\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada o sopesar los razonamientos esgrimidos, pues mal podr\u00eda interponerse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica). En estas condiciones, resulta palmario que el peticionario pretende, a trav\u00e9s de este mecanismo, revivir el debate propuesto en el referido asunto, desconociendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n, as\u00ed como que la misma no est\u00e1 llamada a servir de soporte para retomar o promover discusiones definidas por el juez natural, conforme a unas reglas de tr\u00e1mite preestablecidas y de acuerdo con la asignaci\u00f3n legal de competencias (\u2026)\u00bb (CSJ STC9556-2014, 22 jul. 2014, rad. 01097-01, reiterada STC2067, 27 de feb. 2015 rad. 2014-02055-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha dicho, que las meras divergencias conceptuales resultan insuficientes para demandar el amparo constitucional, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido. En tal sentido se aclar\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC6924-2017, 18 may. 2017, rad. 2017-00443-01). <\/p>\n
3.2. De la improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso. <\/p>\n
Adicionalmente, y al margen del problema jur\u00eddico planteado por el quejoso, en este evento tampoco se satisface el requisito de subsidiariedad conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que, tal como lo precis\u00f3 la Sala a quo, al encontrarse el proceso penal en cuesti\u00f3n activo, es ah\u00ed donde el promotor del amparo debe hacer valer sus prerrogativas, m\u00e1xime si, tal como se inform\u00f3 en estas diligencias, no se ha llevado a cabo la audiencia de juicio, escenario propicio para controvertir directamente los medios de convicci\u00f3n que llegaran a decretarse por el juez, a partir del ejercicio de confrontaci\u00f3n o con la presentaci\u00f3n de sus propios elementos o testimonios que los confuten y, en todo caso, con el uso de los respectivos recursos que procedan frente a las determinaciones que en ese sentido adopte el funcionario discutido o incluso apelando la sentencia, si es que le es desfavorable, donde podr\u00e1 refutar la postura de aqu\u00e9l frente a los hechos objeto de la causa. <\/p>\n
Al respecto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al resolver tutelas similares, se\u00f1al\u00f3 que, \u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala (\u2026)\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00). <\/p>\n
4.1. Las consideraciones expuestas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla en el prove\u00eddo objeto de la presente queja \u2013 19 de noviembre de 2021 que declar\u00f3 infundada la recusaci\u00f3n contra el Juez Trece Penal del Circuito de esa ciudad \u2013 resultan ajustadas al ordenamiento jur\u00eddico, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta senda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
4.2. Resulta igualmente improcedente el auxilio si el juicio penal se encuentra en curso, comoquiera que es evidente que el quejoso cuenta a\u00fan con oportunidades procesales al interior del mismo para procurar la defensa de sus derechos y controvertir las pruebas que se decreten. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3117-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC3117-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02566-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62097","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62097","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62097"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62097\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62097"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62097"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62097"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}