STC3121-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3121-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2022-00042-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 16 de febrero de 2022, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovieron Mangle Ingenier\u00eda S.A.S. y Diana Carolina Bastidas Bastidas contra los Juzgados Segundo Civil Municipal, Sexto Civil del Circuito y Octavo Penal Municipal (todos de esa ciudad); tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el declarativo n\u00b0 2017-00690 y en la actuaci\u00f3n punitiva n\u00b0 193-2014-17914. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Del extenso libelo introductor, as\u00ed como de los dem\u00e1s memoriales allegados por los accionantes en el presente tr\u00e1mite, colige la Corte que el prop\u00f3sito de esta acci\u00f3n es que se les proteja su derecho a un debido proceso, el cual estiman trasgredido por las autoridades judiciales encartadas, a quienes atribuyeron la p\u00e9rdida de la posesi\u00f3n y del atributo de disposici\u00f3n de un inmueble de su propiedad, ubicado en la ciudad de Cali. <\/p>\n
2. Adem\u00e1s de relatar las circunstancias bajo las cuales el aludido inmueble fue vendido por Deycy Corredor Castro a Diana Carolina Bastidas Bastidas y posteriormente a Mangle Ingenier\u00eda S.A.S., en el a\u00f1o 2014, los memorialistas relataron que, con motivo de una denuncia penal que (por suplantaci\u00f3n) present\u00f3 en su contra la primera de las rese\u00f1adas vendedoras, el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cali, mediante prove\u00eddo de 6 de abril de 2016, dispuso la \u00absuspensi\u00f3n del poder dispositivo\u00bb respecto del fundo, como medida cautelar, mientras se defin\u00eda la suerte de la investigaci\u00f3n criminal. <\/p>\n
Agregaron que, con posterioridad, al no recibir una respuesta definitiva de parte de las autoridades penales, la misma se\u00f1ora Corredor Castro promovi\u00f3 en su contra un proceso civil de nulidad contractual, con miras a que se declarara la ineficacia de las compraventas que prosiguieron a su propiedad y se le restituyera la heredad (rad. 2017-00690). <\/p>\n
Indicaron igualmente que, en el decurso de ese juicio declarativo, reclamaron la nulidad procesal de lo actuado (por indebida notificaci\u00f3n de los convocados y por falta de conciliaci\u00f3n prejudicial), pero que tal solicitud fue desestimada en primera y segunda instancia por los Juzgados Segundo Civil Municipal y Sexto Civil del Circuito de Cali (en prove\u00eddos de 27 de enero de 2020 y 9 de diciembre de 2021); que en el asunto se dict\u00f3 sentencia de primer grado el 2 de febrero de 2022; y que formularon recurso de apelaci\u00f3n contra ese fallo, para que se conjure la nulidad procesal en la que vienen insistiendo de tiempo atr\u00e1s. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidieron que se deje sin efecto la decisi\u00f3n del juez penal; se le permita a Mangle Ingenier\u00eda disponer libremente del inmueble de su propiedad y se declare la nulidad del proceso declarativo n\u00b0 2017-00690. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali manifest\u00f3 que su participaci\u00f3n en el proceso de nulidad contractual que ac\u00e1 interesa, se limit\u00f3 a confirmar la desestimaci\u00f3n de la solicitud de nulidad impetrada por los aqu\u00ed accionantes, decisi\u00f3n que consider\u00f3 respetuosa de las garant\u00edas procesales de los all\u00ed involucrados. Posteriormente, ante esta Corporaci\u00f3n, agreg\u00f3 que \u00abel 08 de marzo de 2022, por reparto le correspondi\u00f3 a este Juzgado conocer el presente asunto, seg\u00fan recurso de apelaci\u00f3n contra el auto No. 476 de 18 de enero de 2021, el cual se encuentra en tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo Penal Municipal de Cali hizo un recuento de lo acontecido en el tr\u00e1mite de suspensi\u00f3n del poder dispositivo n\u00b0 76001-60-00-193-2014-17914; reconoci\u00f3 haber emitido la providencia de 6 de abril de 2016 que censuran los convocantes; relat\u00f3 que dicho prove\u00eddo fue impugnado inicialmente por Mangle Ingenier\u00eda, pero que finalmente los recursos se declararon desiertos por falta de sustentaci\u00f3n y rese\u00f1\u00f3 que por estos mismos hechos el representante legal de la sociedad convocante ya hab\u00eda promovido \u2013sin \u00e9xito- una acci\u00f3n de tutela anterior (2020-01231). <\/p>\n
4. Deicy Corredor Castro pidi\u00f3 desestimar el auxilio, en consideraci\u00f3n a que el juicio de nulidad contractual por ella promovido no contiene ninguna de las irregularidades procesales denunciadas por los querellantes. <\/p>\n
5. El Juzgado Veinte Civil Municipal de Cali dijo haber conocido de un proceso reivindicatorio promovido por el representante legal de Mangle Ingenier\u00eda S.A.S. para recobrar la tenencia del predio sobre el que versa este tr\u00e1mite constitucional (rad. 2018-00157) y se\u00f1al\u00f3 que esa demanda fue denegada mediante sentencias de primera y segunda instancia de 11 de junio de 2019 y 15 de enero de 2020 (esta \u00faltima del Juzgado Doce Civil del Circuito). <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Tras resaltar que s\u00f3lo se pronunciar\u00eda sobre la viabilidad del pretendido resguardo respecto de Mangle Ingenier\u00eda S.A.S. (por no haberse aportado el poder que facultar\u00eda al abogado memorialista para representar a la se\u00f1ora Bastidas Bastidas) y descartar una posible temeridad de parte de dicha persona jur\u00eddica (al versar esta nueva tramitaci\u00f3n sobre hechos ocurridos con posterioridad a la definici\u00f3n de la solicitud de amparo primigenia), el tribunal deneg\u00f3 la salvaguarda, por considerar que la legalidad de la fustigada decisi\u00f3n del juez penal ya hab\u00eda sido refrendada por los jueces constitucionales y porque la eventual invalidaci\u00f3n del tr\u00e1mite civil es un asunto que todav\u00eda est\u00e1 pendiente por definirse en el proceso declarativo n\u00b0 2017-00690. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los querellantes insistiendo en sus alegaciones iniciales. Adem\u00e1s, allegaron el poder que ech\u00f3 de menos el juez colegiado de primera instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las alegaciones contenidas en el escrito de impugnaci\u00f3n ameritan una modificaci\u00f3n de lo decidido por el fallador constitucional de primera instancia, cometido que se emprender\u00e1 en forma panor\u00e1mica respecto de ambos convocantes, es decir, frente a Mangle Ingenier\u00eda S.A.S. y Diana Carolina Bastidas Bastidas, puesto que para este momento \u2013con motivo del poder que se alleg\u00f3 con el memorial de impugnaci\u00f3n- ya se disip\u00f3 toda duda en cuanto a la representaci\u00f3n judicial que de esta \u00faltima despliega el abogado que present\u00f3 la demanda de tutela. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones de naturaleza judicial, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
En raz\u00f3n de lo anterior, para la Corte es claro que en esta oportunidad no es factible discernir sobre la legalidad de la providencia emitida por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cali en el tr\u00e1mite n\u00b0 193-2014-17914, ya que tal prove\u00eddo se dict\u00f3 el 6 de abril de 2016, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el 3 de febrero de 2022, es decir, casi seis a\u00f1os despu\u00e9s. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los eventuales afectados debieron acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto se ha dicho: \u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep.; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691-00). <\/p>\n
3.2. De otra parte, tampoco se adujo en esta sede explicaci\u00f3n v\u00e1lida que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, pues, si bien es cierto que puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional, ello no sucedi\u00f3 en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ense\u00f1a el precedente consolidado de esta Corporaci\u00f3n, la inobservancia del rese\u00f1ado principio se presenta no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos cuya tutela se reclama o, cuando ejercidos \u00e9stos, se encuentra pendiente su resoluci\u00f3n, tornando el auxilio en prematuro. <\/p>\n
Se anota lo anterior porque, respecto de la validez del proceso de nulidad contractual n\u00b0 2017-00690, la Corte advierte la improcedencia del instrumento constitucional por haberse presentado de manera anticipada, pues, seg\u00fan lo reconocieron los mismos impugnantes, el recurso de apelaci\u00f3n que ellos interpusieron contra la sentencia de primera instancia, tambi\u00e9n est\u00e1 orientado a corregir los vicios de procedimiento que denunciaron en su libelo incoativo; censura que a\u00fan est\u00e1 pendiente de resolverse por parte del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali. <\/p>\n
De esta forma, al estar en curso la v\u00eda id\u00f3nea para decidir sobre los aspectos en que se finc\u00f3 la solicitud de amparo, la parte gestora no puede ventilarlas en forma paralela ante la jurisdicci\u00f3n constitucional, pues, como ha dicho la Corte: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, entre otras). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que mientras est\u00e9n siguiendo su curso los medios ordinarios de defensa para discutir y resolver los aspectos tra\u00eddos por esta v\u00eda, el juez de tutela no puede incursionar para reemplazar los senderos legales debidamente establecidos, ya que este excepcional auxilio no constituye una instancia adicional o alternativa de la actividad a cargo del funcionario llamado a resolver la problem\u00e1tica planteada. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la solicitud de amparo, por cuanto no satisface los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad que la informan. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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