STC3128-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3128-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02046-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el 19 de octubre del a\u00f1o pasado1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Alcald\u00eda Distrital de Barranquilla, Carmen Dilia Gonz\u00e1lez Pallares, Delis Nayerith Navas Gonz\u00e1lez, Diledis Mar\u00eda Pi\u00f1eros Bermejo, Duvis del Carmen Jim\u00e9nez Rodr\u00edguez, Edwin Fern\u00e1ndez Quintero, Efra\u00edn Caballero Lobelo, El\u00edas Jos\u00e9 Casseres Ca\u00f1ate, Fabi\u00e1n Alberto Bravo Serrano, Geraldine S\u00e1nchez Ahumada, Job L\u00e1zaro Garc\u00eda, Jorge Arturo Orozco Llerena, Jos\u00e9 Daniel Ca\u00f1ate Correa, Matt Jones de Alba Beltr\u00e1n, Miguel \u00c1ngel Borrero Martelo, Miguel \u00c1ngel Coronell Molina, Rebeca del Carmen Ahumada Valdemar, Roger Esteban Henr\u00edquez Su\u00e1rez, Steven Antonio Aguilar Coronell, Hebert Alfonso Polanco Arrieta, Yagel Enrique Vald\u00e9s Cantillo y Jos\u00e9 Gregorio Pino Miranda contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla y el Juzgado Sexto de la misma especialidad y ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de tutela 2021-00047, las personas inscritas en el concurso p\u00fablico de m\u00e9ritos 758 de 2018 para proveer empleos vacantes en la planta de personal del Distrito de Barranquilla y quienes ocupan en provisionalidad los cargos de \u00abauxiliar administrativo c\u00f3digo 407, grado 02\u00bb en el aludido ente territorial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes actuando en su propio nombre, con excepci\u00f3n del Distrito de Barranquilla que lo hace por conducto de apoderado, acudieron al presente instrumento en procura de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso, igualdad y trabajo\u00bb. <\/p>\n
2. De las pruebas recopiladas en la primera instancia se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. Por virtud del convenio celebrado entre la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil (en adelante C.N.S.C.) y la Alcald\u00eda de Barranquilla, se dio inicio al proceso de selecci\u00f3n n\u00famero 758 de 2018 \u00abConvocatoria Territorial Norte\u00bb para proveer, de forma definitiva, los cargos del Sistema General de Carrera Administrativa del ente territorial que se encontraban vacantes, entre los cuales se ofertaron 28 empleos de \u00abauxiliar administrativo c\u00f3digo 407, grado 02\u00bb identificado con OPEC 70336. <\/p>\n
2.2. Agotadas las etapas propias del concurso, la C.N.S.C., mediante resoluci\u00f3n de 3 de agosto de 2020, conform\u00f3 la lista de elegibles, procediendo el distrito, a su turno, a realizar los nombramientos en periodo de prueba. <\/p>\n
2.3. Willington Enrique Hern\u00e1ndez Tapias, Ronald David Charris Padilla y Saidy Saray Medina Puello interpusieron acci\u00f3n de tutela contra la Alcald\u00eda de Barranquilla y la C.N.S.C. buscando que estas entidades efectuaran su designaci\u00f3n en per\u00edodo de prueba en los cargos de \u00abauxiliar administrativo c\u00f3digo 407, grado 02\u00bb vacantes, aunque no hubieran sido ofertados; ello, en atenci\u00f3n a su calidad de aspirantes incluidos en la lista de elegibles y la puntuaci\u00f3n obtenida en las diferentes fases del proceso. <\/p>\n
2.4. La salvaguarda fue asignada al Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, despacho que, bajo la radicaci\u00f3n 2021-00047, el 28 de julio de 2021 profiri\u00f3 fallo estimatorio a trav\u00e9s del cual ampar\u00f3 los derechos fundamentales de petici\u00f3n, trabajo, debido proceso y acceso a cargos p\u00fablicos, ordenando a las querelladas que agotaran \u00abtodos los tr\u00e1mites administrativos pertinentes para que se provean con car\u00e1cter definitivo los cargos de auxiliar administrativo c\u00f3digo 407 grado 02, haciendo uso de la lista de elegibles establecida en la Resoluci\u00f3n No 8320 (20202210083205) del 3 de agosto de 2020 correspondiente a la OPEC No 70336, en estricto orden de m\u00e9ritos, dada la existencia de cargos en condici\u00f3n de vacancia definitiva\u00bb. <\/p>\n
2.5. Contra dicha determinaci\u00f3n las entidades accionadas y algunos de los all\u00ed vinculados, formularon impugnaci\u00f3n, resuelta por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla el 1\u00ba de septiembre del mismo a\u00f1o, en el sentido de confirmarla. <\/p>\n
3. En t\u00e9rminos generales las personas naturales aqu\u00ed accionantes acuden a este instrumento porque consideran que las decisiones proferidas dentro del referido resguardo desconocen sus prerrogativas fundamentales dado que, en la actualidad se desempe\u00f1an como \u00abauxiliares administrativos c\u00f3digo 407, grado 02\u00bb en el ente territorial, designados en provisionalidad, y que los empleos que ocupan no fueron ofertados en la convocatoria 758, sin que se les hubiese brindado la oportunidad de participar en dicho proceso de selecci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, particularmente Carmen Dilia Gonz\u00e1lez Pallares, Delis Nayerith Navas Gonz\u00e1lez, Diledis Mar\u00eda Pi\u00f1eros Bermejo, El\u00edas Jos\u00e9 Casseres Ca\u00f1ate, Job L\u00e1zaro Garc\u00eda, Matt Jones de Alba Beltr\u00e1n, Jorge Arturo Orozco Llerena y Jos\u00e9 Daniel Ca\u00f1ate Correa aducen que las autoridades judiciales convocadas no tuvieron en cuenta su condici\u00f3n de madres y padres cabeza de hogar, de modo que la materializaci\u00f3n de la orden de tutela impartida en el tr\u00e1mite reprochado, afectar\u00eda gravemente la garant\u00eda al m\u00ednimo vital tanto propia como de las personas a su cargo. <\/p>\n
Por su parte Fabi\u00e1n Alberto Bravo Serrano y Miguel \u00c1ngel Borrero Martelo acusaron el desconocimiento de los quebrantos de salud que padecen, siendo beneficiarios, por tal circunstancia, de una estabilidad laboral reforzada que impide su remoci\u00f3n de los cargos que ocupan. <\/p>\n
Steven Antonio Aguilar Coronell, tambi\u00e9n, acusa a los despachos que conocieron la acci\u00f3n de tutela objeto de reproche de no vincularlo a ese tr\u00e1mite, con lo que le cercenaron la posibilidad de oponerse a las pretensiones de los all\u00ed actores y controvertir sus manifestaciones. <\/p>\n
De otro lado, tanto los arriba mencionados como el Distrito de Barranquilla afirman que los querellados, al momento de decidir la anterior salvaguarda, actuaron al margen de sus competencias al darle a los fallos efectos inter comunis, siendo que dicha facultad solo est\u00e1 en cabeza de la Corte Constitucional como tribunal de cierre en materia de derechos fundamentales, de modo que con tal extralimitaci\u00f3n incurrieron en lo que la jurisprudencia ha denominado \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb. <\/p>\n
En sustento de su reclamo advierten la supuesta incursi\u00f3n en defecto sustantivo dada la indebida aplicaci\u00f3n retrospectiva de la Ley 1960 de 2019 y de la sentencia T-081 de 2021 pues no tuvieron en cuenta que los empleos que ordenaron proveer \u00abno poseen el mismo prop\u00f3sito, funciones y finalidad\u00bb que aquellos ofertados en la convocatoria p\u00fablica, a los cuales los all\u00ed promotores aspiraban, al tiempo que no fueron creados con posterioridad a la culminaci\u00f3n del proceso de selecci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, acusan a las providencias de adolecer de defecto f\u00e1ctico, dado que las accionadas no efectuaron \u00abel estudio comparativo correcto del empleo correspondiente a auxiliar administrativo c\u00f3digo 407 grado 02, que fue objeto de oferta\u2026 y aquel sobre el cual surgieron nuevas vacantes de manera posterior a la provisi\u00f3n del empleo mencionado\u00bb. <\/p>\n
4. En raz\u00f3n de lo anterior solicitan remover los efectos jur\u00eddicos de las sentencias de primer y segundo grado proferidas dentro de la acci\u00f3n de tutela 2021-00047 y, en su lugar, se ordene a las autoridades judiciales accionadas negar el amparo all\u00ed invocado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El titular de la c\u00e9lula judicial accionada se opuso a la prosperidad del resguardo habida consideraci\u00f3n que \u00abla decisi\u00f3n tomada\u2026 no es abiertamente arbitraria y es razonable al punto que fue confirmada por el superior\u00bb. <\/p>\n
2. El jefe de la Oficina Jur\u00eddica de la C.N.S.C. pidi\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de esa entidad dada la ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva pues \u00absi bien llev\u00f3 a cabo el proceso de concurso\u2026 tambi\u00e9n lo es que\u2026 no tiene competencia para administrar la planta de personal\u00bb del Distrito de Barranquilla, al tiempo que la queja recae sobre decisiones adoptadas por jueces de la Rep\u00fablica sobre las cuales no tiene injerencia alguna. <\/p>\n
3. Por su parte, Willington Enrique Hern\u00e1ndez Tapias, Ronal David Charris Padilla y Saidy Saray Medina Puello, vinculados al presente tr\u00e1mite en su condici\u00f3n de accionantes en la salvaguarda cuestionada, pidieron declarar improcedente la salvaguarda por desatender el presupuesto de la subsidiariedad en la medida que los gestores \u00abno acreditan\u2026 que haya[n] agotado ante las autoridades administrativas demandadas [sic] actuaci\u00f3n alguna solicit\u00e1ndole la protecci\u00f3n de los derechos que considera[n] se le[s] est\u00e1n vulnerando, tampoco acreditan que ejercieron su derecho de defensa en el proceso tutelar\u2026 2021-00047 el cual fue debidamente notificado a todos los elegibles de la lista\u2026 conformada para la OPEC 70336 del proceso de selecci\u00f3n 758 de 2018\u2026 as\u00ed como a todos los empleados p\u00fablicos que actualmente se desempe\u00f1an como auxiliares administrativos en el empleo identificado con el c\u00f3digo 407 grados [sic] 02 en calidad de provisionales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1alaron, de igual manera, que ata\u00f1e a la Corte Constitucional efectuar la revisi\u00f3n de las sentencias de instancia \u00abante la inexistencia de pruebas de situaciones de fraude\u00bb requisito sine qua non para la habilitaci\u00f3n del amparo frente a decisiones proferidas en asuntos de similar naturaleza. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
En punto del reproche frente a la supuesta \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb se\u00f1al\u00f3 que los actores no acreditaron \u00abde manera clara y suficiente que la decisi\u00f3n adoptada\u2026 fue producto de una situaci\u00f3n de fraude\u00bb sino que el n\u00facleo esencial de la queja se circunscribi\u00f3 a atacar \u00abel criterio asumido por el juzgador a la hora de resolver el problema jur\u00eddico y no frente a un actuar enga\u00f1oso, ilegal y falaz de la autoridad judicial\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, resalt\u00f3 que el resguardo tambi\u00e9n desatend\u00eda el presupuesto de la subsidiariedad, habida consideraci\u00f3n que \u00abno se ha surtido el proceso de revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional\u00bb, subsistiendo, inclusive, la posibilidad de insistir ante esa Corporaci\u00f3n en caso de que el asunto no sea seleccionado. <\/p>\n
Por las anteriores razones declar\u00f3 improcedente la solicitud de protecci\u00f3n, con excepci\u00f3n de la situaci\u00f3n particular de Steven Antonio Aguilar Coronell de quien constat\u00f3 la trasgresi\u00f3n de su derecho al debido proceso en la medida que \u00abel juzgado accionado no llev\u00f3 a cabo [su] debida vinculaci\u00f3n\u00bb pese al inter\u00e9s que le asist\u00eda en el resultado de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente a dicho ciudadano verific\u00f3 que, aun cuando se orden\u00f3 la notificaci\u00f3n las personas que pudieran llegar a ser afectadas con las decisiones que se profirieran en el tr\u00e1mite constitucional fustigado, el enteramiento del mencionado no se materializ\u00f3, pues en los listados que remitieron tanto la Alcald\u00eda Distrital de Barranquilla como la c\u00e9lula judicial de primer grado \u00abno se consign\u00f3 ninguna direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n\u00bb en la que pudiera surtirse tal diligencia, circunstancia que tampoco fue advertida por la colegiatura ad quem al desatar la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo estimatorio, siendo que el deber de notificaci\u00f3n \u00abno se agotaba con el simple requerimiento de la informaci\u00f3n de los terceros, sino que una vez identificados los posibles interesados en el tr\u00e1mite de tutela, tanto el juez de primera instancia como el de segunda, ten\u00edan el deber de informar, notificar o vincular a dichos terceros a efectos de garantizarles la oportunidad cierta de enteramiento del contenido de los distintos prove\u00eddos y la salvaguardad de su defensa\u00bb. <\/p>\n
En raz\u00f3n de ello dej\u00f3 sin efectos \u00ablos fallos de tutela\u2026 \u00fanicamente en lo que concierne al accionante Steven Antonio Aguilar Coronell\u00bb ordenando al Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla, como consecuencia de ello, que \u00abbajo un nuevo radicado, retome la actuaci\u00f3n adelantada por Willington Enrique Hern\u00e1ndez Tapias, Ronald David Charris Padilla y Saidy Saray Medina Puello contra la comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil \u2013 CNSC y la Alcald\u00eda Distrital de Barranquilla y resuelva si hay lugar a proveer el cargo de auxiliar administrativo c\u00f3digo 407 grado 02 que ocupa [aquel], en los t\u00e9rminos solicitados por los accionantes en ese diligenciamiento\u00bb, garantiz\u00e1ndole en todo caso su adecuada vinculaci\u00f3n \u00abcon el fin de preservar la prerrogativa que le asiste de rendir informe, presentar una eventual impugnaci\u00f3n o el mecanismo que considere acorde a sus intereses\u00bb. <\/p>\n
Por efecto de dicha orden, dispuso la exclusi\u00f3n de Aguilar Coronell \u00abde los efectos de la decisi\u00f3n emitida dentro del radicado\u2026 2021-00047\u00bb y exhort\u00f3 a la Alcald\u00eda de Barranquilla y a la C.N.S.C. a \u00abidentificar el cargo\u2026 que desempe\u00f1a\u2026 y abstenerse de efectuar provisi\u00f3n de ese cargo espec\u00edfico con las personas que conforman la lista de elegibles establecida en Resoluci\u00f3n No 8320\u2026 del 03 de agosto de 2020\u2026 hasta tanto el Juzgado garantice los derechos fundamentales del actor en los t\u00e9rminos se\u00f1alados anteriormente\u00bb, sin que este amparo \u00abafecte los t\u00e9rminos de ejecutoria ni las \u00f3rdenes emitidas dentro de la acci\u00f3n de tutela\u00bb <\/p>\n
IMPUGNACIONES <\/p>\n
Los accionantes (con excepci\u00f3n de Carmen Dilia Gonz\u00e1lez Pallares, El\u00edas Jos\u00e9 Casseres Ca\u00f1ate y Job L\u00e1zaro Garc\u00eda) reprodujeron los argumentos esbozados en los libelos introductores. <\/p>\n
Por su parte, Marjurie Villegas \u00c1lvarez, Jairo Garc\u00eda Tang, Richard Reinaldo Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, Michael Andr\u00e9s Mendoza \u00c1lvis, Reinaldo Fabio Puello Llerena, Manuel Joaqu\u00edn V\u00e1squez P\u00e9rez, Yasmina Cerpa Cabral y Luz Kelly Martes Torregrosa, quienes fueron vinculados como terceros con inter\u00e9s, tambi\u00e9n se mostraron en desacuerdo con lo resuelto por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Si bien ninguno de los prenombrados intervino en el tr\u00e1mite para descorrer el traslado de la demanda que se les hiciera, insistieron -en similares t\u00e9rminos que los accionantes- en que las autoridades judiciales desbordaron el \u00e1mbito de sus competencias al haber dado a sus fallos efectos inter comunis configur\u00e1ndose, de ese modo, una \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, Marjurie Villegas \u00c1lvarez adujo encontrarse en la misma situaci\u00f3n que Steven Antonio Aguilar Coronell pues no fue notificada de la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional objeto de censura, por lo que se le cercen\u00f3 el derecho al debido proceso, en sus componentes de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades querelladas vulneraron los derechos fundamentales invocados por los ac\u00e1 accionantes al otorgar la protecci\u00f3n solicitada dentro de la acci\u00f3n de tutela 2021-00047. <\/p>\n
Adem\u00e1s de ello, se verificar\u00e1 si es posible extender los efectos del fallo impugnado a Marjurie Villegas \u00c1lvarez en atenci\u00f3n a la posible lesi\u00f3n de su garant\u00eda superior al debido proceso, porque, supuestamente, no fue enterada en debida forma del aludido tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
2. El caso concreto <\/p>\n
2.1. La improcedencia de este mecanismo contra sentencias de tutela <\/p>\n
2.1.1. La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016). <\/p>\n
2.1.2. Con sujeci\u00f3n a las anteriores premisas, observa la Sala que no se abre paso el amparo propuesto, comoquiera que, en esta oportunidad, los querellantes pretenden quebrantar los fallos proferidos en virtud de una acci\u00f3n de tutela y ello significa desatender una de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad, seg\u00fan la cual, la providencia contra la que se encamina el resguardo no debe tratarse de una sentencia proferida dentro de una salvaguarda constitucional, porque de permitirse, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de procedimientos de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del asunto (entre otras, CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, STC11794-2014 y STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01). <\/p>\n
Sobre la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela en estos casos, la reiterada postura de la Corte Constitucional, ha se\u00f1alado que es un aspecto unificado, constante y vigente que debe ser atendido, ya que \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Insiste la Sala en que para cuestionar lo resuelto en un tr\u00e1mite de tutela el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de la sentencia de primer grado ante el superior funcional del juez fallador, el mecanismo de revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional y a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la aludida Corporaci\u00f3n, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
2.1.3. Significa lo anterior que el mecanismo de resguardo tambi\u00e9n debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, el cual es inherente a la acci\u00f3n de tutela, como lo precis\u00f3 esta Corte, acogiendo precedentes jurisprudenciales de la misma Corporaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ SC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, reiterada, en STC8289, 22 jun. 2016). <\/p>\n
En el caso que se analiza, el amparo formulado de manera previa contra el Distrito de Barranquilla y la C.N.S.C., fue ventilado ante dos instancias ordinarias, el Juzgado Sexto Penal del Circuito y la Sala Penal del Tribunal Superior de aquella ciudad, siendo excluido de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional, mediante auto del pasado 31 de enero, con lo que las determinaciones cuestionadas hicieron tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional, pues los aqu\u00ed querellantes no insistieron en que se activara el mecanismo correspondiente. <\/p>\n
2.1.4. Ahora bien, para esta Corporaci\u00f3n los argumentos de los gestores para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas supralegales no se subsumen en ninguna de las hip\u00f3tesis aludidas en la Sentencia de Unificaci\u00f3n 627 de 2015 en la que se indic\u00f3 que la salvaguarda constitucional procede contra decisiones de similar naturaleza cuando: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Lo anterior en la medida que el n\u00facleo central de la queja gravit\u00f3 en torno a la supuesta valoraci\u00f3n probatoria inadecuada y en la aplicaci\u00f3n err\u00f3nea de disposiciones legales y precedentes jurisprudenciales, es decir, se finc\u00f3 exclusivamente en un subjetivo disentimiento con lo resuelto, circunstancia que refuerza la improcedencia del presente resguardo. <\/p>\n
2.2. De la impugnaci\u00f3n de Marjurie Villegas \u00c1lvarez <\/p>\n
Como se dijo, esta ciudadana disinti\u00f3 del fallo de primer grado por cuanto, pese a encontrarse en un escenario similar al actor Steven Antonio Aguilar Coronell a quien s\u00ed se le ampar\u00f3 la prerrogativa al debido proceso por ausencia de comunicaci\u00f3n del tr\u00e1mite censurado, los efectos de tal determinaci\u00f3n no la cobijaron. <\/p>\n
Al margen de lo dicho, no puede admitirse que Villegas \u00c1lvarez pretenda mutar la condici\u00f3n procesal en que fue llamada para participar de este tr\u00e1mite y convertirse en demandante, formulando pretensiones propias de la parte actora con desquiciamiento de esta herramienta constitucional que, aunque se caracteriza por su informalidad, no es ajena a las reglas del debido proceso, de all\u00ed que no pueda emitirse pronunciamiento en torno a la solicitud de hacerle extensivo el amparo dispensado a Aguilar Cornell y las ordenes impartidas por la primera instancia. <\/p>\n
As\u00ed pues, si la ciudadana tiene reparos en torno al tr\u00e1mite dado al resguardo 2021-00047, le corresponder\u00e1 interponer las acciones judiciales que estime pertinentes para que la autoridad judicial competente los eval\u00fae y decida lo que en derecho corresponda y no buscar que se ampare su derecho sin siquiera brindarle a las autoridades accionadas la oportunidad de ejercer su defensa frente a tales acusaciones. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se refrendar\u00e1 la sentencia confutada habida cuenta que, tramitar una acci\u00f3n de tutela contra lo resuelto en un asunto semejante, torna incierta la cosa juzgada constitucional y la consiguiente seguridad jur\u00eddica de las actuaciones judiciales, am\u00e9n que no se re\u00fanen los presupuestos jurisprudenciales que habilitan la procedencia del resguardo frente a fallos de la misma naturaleza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La actuaci\u00f3n solo arrib\u00f3 a esta Sala para desatar la impugnaci\u00f3n, el 2 de marzo del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
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STC3128-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC3128-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02046-01 (Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62099","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62099","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62099"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62099\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62099"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62099"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62099"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}