STC3134-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3134-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02282-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 23 de noviembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por C\u00e9sar Augusto Mu\u00f1oz Ruiz contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Cuarto y Sexto Penales del Circuito de esa ciudad y las partes e intervinientes en el proceso penal n\u00ba 2017-01398. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, petici\u00f3n, dignidad humana, \u00abhabeas data (sic)\u00bb, libertad e igualdad, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga lo conden\u00f3 a la pena de \u00ab16 a\u00f1os de prisi\u00f3n\u00bb por el delito de \u00abacceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os agravado\u00bb (sentencia del 3 de diciembre de 2019), decisi\u00f3n que apel\u00f3. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que la alzada estuvo fundamentada en que es, \u00ab(\u2026) inocente de lo que se [le] acusa y que no fue respetado el debido proceso, en vista que no se presentaron unas pruebas que eran definitivas para probar mi inocencia y que no se exigieron por parte de la fiscal\u00eda y tampoco las present\u00f3 mi defensa\u00bb. <\/p>\n
Cont\u00f3 que, durante todo el juicio insisti\u00f3 a su defensor sobre la importancia de obtener la historia cl\u00ednica de su hijo menor y presentarla al juez, \u00abpero este nunca me hizo caso al respecto\u00bb, por lo que, por su propia cuenta, elev\u00f3 ante el Tribunal Superior de Bucaramanga la solicitud de incorporarla a fin de que fuera considerada como \u00abprueba sobreviniente al proceso y se pudiera constatar que no hay manera de demostrar los hechos por los cuales se me acus\u00f3 y conden\u00f3 injustamente\u00bb. <\/p>\n
Empero, la colegiatura accionada deneg\u00f3 el requerimiento al precisar que, \u00abya se hab\u00edan agotado los estadios procesales y no se aprovecharon las instancias judiciales en la oportunidad del juicio, por lo cual no proced\u00eda la petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, con la referida determinaci\u00f3n, se le est\u00e1 vulnerando su derecho a la defensa; agreg\u00f3 que, no cont\u00f3 con una \u00abdefensa t\u00e9cnica adecuada, la procuradur\u00eda tampoco se aperson\u00f3 en valer las pruebas, la fiscal\u00eda solo impuso las convenientes para ella y el mismo juez tampoco hizo nada al respecto\u00bb. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 que, no comprende por qu\u00e9 ninguna de las partes tuvo en cuenta la mencionada prueba, relevante, seg\u00fan asever\u00f3, \u00abpara descubrir la verdad del caso y crear la duda razonable acerca de la culpabilidad o inocencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que se declare que se vulner\u00f3 el debido proceso y, por lo tanto, se ordene \u00ab(\u2026) a quien corresponda, se anule el proceso [\u2026] quede sin efecto la condena impuesta, pues se demuestra la inocencia y no hay lugar a ning\u00fan tipo de condena (\u2026) en caso de no anularse el proceso, se utilice alguna herramienta jur\u00eddica para que el encartado quede libre de culpa sobre lo aqu\u00ed expuesto, pues no hay sustentaci\u00f3n de la teor\u00eda del caso de la fiscal\u00eda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda 285 Judicial I Penal de Bucaramanga solicit\u00f3 que, el presente amparo constitucional sea declarado improcedente, al encontrarse en curso el proceso penal 2017-01398 y porque a\u00fan no se ha resuelto el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso el penado contra el fallo de primera instancia, aunado a que contar\u00eda con el extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juez Sexto Penal del Circuito de esa ciudad inform\u00f3 que, tuvo la oportunidad de conocer y resolver un recurso de apelaci\u00f3n formulado en sede de control de garant\u00edas respecto de una solicitud pr\u00f3rroga de medida de aseguramiento, pero aclar\u00f3 que no ha tenido injerencia alguna en el juicio penal y, como la queja concretamente se dirige contra el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. La Fiscal 11\u00aa Seccional de la Unidad CAIVAS de Bucaramanga relacion\u00f3 lo acontecido en el proceso penal seguido contra Mu\u00f1oz Ruiz y acot\u00f3 que, al enjuiciado se le garantizaron todos los medios de defensa y cont\u00f3 con una defensa t\u00e9cnica que hizo uso de los recursos en cada una de las etapas procesales e \u00abincluso en el juicio oral [\u2026] particip\u00f3 en debida forma en el debate, teniendo la facultad como profesional del derecho de adoptar el criterio y decisiones que legal y jur\u00eddicamente procedieran\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda por incumplir el principio de subsidiariedad, por cuanto el juicio penal objeto de reproche se encuentra en tr\u00e1mite y, mientras as\u00ed sea \u00ab(\u2026) cualquier solicitud de protecci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese escenario, porque de lo contrario todas las decisiones provisionales que se tomen en el transcurso de la actuaci\u00f3n penal, estar\u00edan siempre sometidas a la eventual revisi\u00f3n de un juez ajeno a ella, como si se tratara de una instancia superior adicional a las previstas para el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante reiterando las alegaciones del escrito inicial en relaci\u00f3n con el reconocimiento de la \u00abprueba sobreviniente\u00bb que solicit\u00f3 al tribunal. Adicionalmente explic\u00f3 que, aunque su hijo menor no funge como v\u00edctima en el proceso penal, la historia cl\u00ednica de aqu\u00e9l, documento que pretende se incorpore como prueba al expediente para su valoraci\u00f3n, se justifica en cuanto a que el menor \u00abfue vilmente utilizado como se\u00f1uelo para endilgarme las actuaciones por las cuales injustamente se me conden\u00f3 (sic)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si la presente demanda tutelar satisface el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si el tribunal convocado vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por el actor dentro del juicio penal en el que fue condenado en primera instancia por el delito de \u00abacceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os agravado\u00bb a la pena de 198 meses de prisi\u00f3n, al denegar la incorporaci\u00f3n de una \u00abprueba sobreviniente\u00bb, supuestamente, trascedente de cara a desvirtuar la teor\u00eda del caso de la fiscal\u00eda y que probar\u00eda su inocencia. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. De la improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso. <\/p>\n
El car\u00e1cter residual y subsidiario de este instrumento cobra relevancia cuando el proceso cuestionado se encuentra activo, por cuanto es en \u00e9l donde el promotor del amparo puede y debe hacer valer sus prerrogativas. <\/p>\n
En todo caso, solo se admitir\u00eda la injerencia del juez de amparo en un tr\u00e1mite judicial que a\u00fan transcurre en el evento de probarse con suficiencia la existencia de un perjuicio irremediable, pues, de no ser de esa manera, y de asumirse la acci\u00f3n de tutela como un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, se correr\u00eda el riesgo de alterar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, avocando a un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. Al respecto esta Sala ha dicho: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
Y la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al resolver tutelas del mismo tenor igualmente precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 el fallo de primer grado por cuanto no se satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que, tal como lo precis\u00f3 la a quo, al encontrarse el proceso penal en cuesti\u00f3n activo, es ah\u00ed donde el promotor del amparo debe hacer valer sus prerrogativas, m\u00e1xime si, se encuentra pendiente de resolverse, a cargo del tribunal accionado, el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga que lo conden\u00f3, circunstancia que, adem\u00e1s, convierte en prematura la salvaguarda, lo que refuerza su inviabilidad. <\/p>\n
De manera que, para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional impetrada, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del juicio y, hall\u00e1ndose vigente la segunda instancia procesal, subsiste para el procesado, en caso de definirse en forma desfavorable la apelaci\u00f3n, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n como posibilidad jur\u00eddica para procurar la defensa de sus intereses y, eventualmente, plantear las alegaciones que sobre su inocencia trae a esta senda excepcional. <\/p>\n
Y es que ha sido postura definida y reiterada de la Sala, que no es viable acudir al juez de tutela para que intervenga en los litigios en tr\u00e1mite, no s\u00f3lo porque desconoce la independencia y la autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido el juez ordinario para dirigir y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la acci\u00f3n de amparo para la protecci\u00f3n de derechos superiores. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretender que el Juez de amparo revise la razonabilidad del pronunciamiento aqu\u00ed atacado \u2013 que neg\u00f3 la incorporaci\u00f3n al expediente de una prueba \u2013 ser\u00eda una injerencia impertinente en la competencia de los falladores y, en todo caso, admitir un debate que tiene su propio escenario de confrontaci\u00f3n y contradicci\u00f3n en el proceso mismo, y no en el tr\u00e1mite expedito y sumario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En definitiva, y por lo precisado, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es suficiente para ratificar la inviabilidad del amparo, y releva a esta instancia de ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, en todo caso, condicionadas a la superaci\u00f3n de dicho presupuesto. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Deviene improcedente el auxilio si el proceso penal en cuesti\u00f3n se encuentra en tr\u00e1mite y, mientras ello sea as\u00ed, las cuestiones relacionadas con \u00e9ste le corresponde dirimirlas al juez ordinario en la instancia correspondiente, lo que impide la intervenci\u00f3n del Juez de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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