STC3136-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3136-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 26 de octubre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel \u00c1ngel Carvajal Doncel contra la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de la misma ciudad y las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2018-00122. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, seguridad social y debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda contra Colpensiones, en procura del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez bajo las reglas del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, en tanto \u00aba la entrada en vigencia de la Ley 100 de diciembre 23 de 1993, es decir, abril 1 de 1994 (\u2026) contaba con 41 a\u00f1os\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien acogi\u00f3 las pretensiones, tras considerar que cumpl\u00eda con las 750 semanas requeridas antes de la entrada en vigor del Acto Legislativo n.\u00ba 1 de 2005 y que las cotizaciones comprendidas en los ciclos \u00abde julio de 1999 hasta septiembre de 1999 a diciembre de 2001, (\u2026) se deben tener en cuenta dando alcance a la[s] [sentencias] SL 5081 de[l] (\u2026) 29 de abril de 2015 y SL 13542 de octubre 1 de 2014\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta por la parte querellada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad en providencia del 27 de marzo de 2019 \u00abrevoc\u00f3 [\u00edntegramente lo fallado en] primera instancia, con el argumento [de] que [el convocante] no acredit\u00f3 el pago del aporte en [los per\u00edodos previamente referenciados], por ende, no se le extendi\u00f3 lo (sic) beneficios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n al s\u00f3lo tener 644 semanas (\u2026) a la vigencia del Acto legislativo\u00bb. Inconforme, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, pero la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n desfavorable del ad quem, por cuanto \u00abla acusaci\u00f3n [presentaba] (\u2026) deficiencias t\u00e9cnicas y argumentativas que impiden realizar el estudio de fondo\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que a juicio del promotor configura \u00abdefecto procedimental absoluto y (\u2026) desconocimiento del precedente\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia, que se deje sin efectos la sentencia SL1470-2021 del 14 de abril de 2021 y se ordene a la corporaci\u00f3n convocada a que \u00abcase el prove\u00eddo [del] 27 de marzo de 2019, (\u2026) [para que, en sede de instancia, confirme el fallo] de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral inform\u00f3 que \u00abno le fue posible estudiar de fondo el asunto puesto a consideraci\u00f3n pues, tal como se indic\u00f3 en esa oportunidad, [el actor] cometi\u00f3 una serie de deficiencias t\u00e9cnicas y argumentativas que no se acompasaron con los requisitos exigidos para el recurso extraordinario\u00bb, frente a lo cual se\u00f1al\u00f3 que \u00abde conformidad con los art\u00edculos 90 y 91 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social la demanda de casaci\u00f3n debe ce\u00f1irse a los requerimientos que su planteamiento y demostraci\u00f3n exigen, con acatamiento de las reglas legales y desarrollos jurisprudenciales fijados para su procedencia\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, realiz\u00f3 un recuento de todas las actuaciones surtidas en el juicio y precis\u00f3 que \u00abeste despacho no ha vulnerado derecho fundamental alguno del [gestor], por lo que solicita la desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador 29 Judicial II para Asuntos del Trabajo y de la Seguridad Social indic\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n emitida est\u00e1 acorde a la ley, la Constituci\u00f3n y al criterio jurisprudencial adoptado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia (\u2026) Las manifestaciones e inconformidades que ahora plantea el apelante no pueden ser de recibo, ya que pretende anular, v\u00eda constitucional, la esencia de la providencia dictada en sede extraordinaria, invocando para ello la supuesta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del extinto Instituto de Seguros Sociales \u2013 P.A.R.I.S.S. en liquidaci\u00f3n expuso que \u00abcarece de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida; siendo por tanto COLPENSIONES la Entidad actualmente encargada de administrar el mencionado R\u00e9gimen\u00bb, y en consecuencia solicit\u00f3 ser apartada del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
5. La Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad, se limit\u00f3 a remitir el fallo proferido el 27 de marzo de 2019 dentro del proceso ordinario laboral. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abbuena parte de los argumentos expuestos en sede casacional, sobre los cuales la Sala Especializada no se pronunci\u00f3 por no cumplir las exigencias m\u00ednimas de fundamentaci\u00f3n, son los que sirven de sustento a la acci\u00f3n de tutela, lo cual pone al descubierto su improcedencia, ante la pretensi\u00f3n de utilizarla para superar errores solo imputables a la parte accionante, (\u2026) [d]e all\u00ed que resulte razonable concluir que lo que pretende ahora el [convocante], es utilizar [este mecanismo] como instancia adicional para reintentar un recurso que fracas\u00f3 por deficiencias no atribuibles a los funcionarios judiciales\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la apoderada del reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00aben la demanda de casaci\u00f3n se citaron espec\u00edficamente las normas de car\u00e1cter nacional que fueron vulneradas por el Tribunal Superior. (\u2026) No siendo suficiente lo anterior, se presentaron (\u2026) elementos, para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, por haberse configurado una V\u00eda de Hecho, [tales como], (\u2026) defecto procedimental absoluto y (\u2026) desconocimiento del precedente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 el gestor (SL1470-2021, rad. 86981), por mantener en firme la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mantuvo inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal ad quem, en tanto advirti\u00f3 que \u00abla acusaci\u00f3n tiene (\u2026) deficiencias t\u00e9cnicas y argumentativas que impiden realizar el estudio de fondo, pues de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 90 y 91 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la demanda de casaci\u00f3n debe ce\u00f1irse a los requerimientos que su planteamiento y demostraci\u00f3n exigen, con acatamiento de las reglas legales y desarrollos jurisprudenciales fijados para su procedencia\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el cargo primero, encaminado por la v\u00eda directa, en la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 24 del Decreto 3771 de 2007, lo cual conllev\u00f3 a \u00abla (\u2026) (falta de aplicaci\u00f3n) del art\u00edculo 12 del decreto [sic] 2665 de 1988, los art\u00edculos 17, 22, 32, 33 numeral 2, 39 del decreto [sic] 1406 de 1994; el art\u00edculo 5 del 2663 de 1994; el art\u00edculo 13 del decreto [sic] 1161 de 1994; art\u00edculo 19 y numeral a) del art\u00edculo 8 del decreto [sic] 3771 de 2007; el 13, 24 y 31 de la ley [sic] 100 de 1993 y el art\u00edculo 12 del acuerdo [sic] 049 de 1990, aprobado por el art\u00edculo 1\u00ba del decreto [sic] 758 de 1990\u00bb, el estrado enjuiciado expuso que: <\/p>\n
\u00abSe observa que a pesar de que el [promotor] orienta la acusaci\u00f3n por la senda jur\u00eddica, su argumentaci\u00f3n est\u00e1 encaminada a demostrar, con fundamento en la historia laboral (f.\u00ba 108 a 110) y los oficios n.\u00b0 8173324 y 2013_7622175 (f.\u00ba 59 y 60), que el actor s\u00ed pag\u00f3 la proporci\u00f3n de los aportes pensionales que le correspond\u00eda y que quien incurri\u00f3 en mora fue el Consorcio Colombia Mayor, motivo por el cual, aduce que la administradora no pod\u00eda devolver el valor de tales cotizaciones, pues ante la tardanza en el pago, su deber era ejercer las acciones de cobro, luego, ante tal omisi\u00f3n debe responder por la prestaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En este sentido precis\u00f3 que \u00abel sendero jur\u00eddico ata\u00f1e a aspectos de puro derecho y los errores de hecho y de derecho son propios de la v\u00eda f\u00e1ctica, raz\u00f3n por la cual no es posible hacer una mixtura entre ellas, en tanto son excluyentes; la primera concierne a la premisa normativa, mientras que la segunda se relaciona con los hechos relevantes al pleito y su demostraci\u00f3n, de manera que, al tratarse de t\u00f3picos diferentes, su formulaci\u00f3n debe hacerse por separado\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente agreg\u00f3 que \u00ab[e]n ese contexto, la casaci\u00f3n como un juicio sobre la sentencia que es, no puede entenderse como una oportunidad para revisar el proceso en su totalidad, en sus aspectos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, sino como una fase extraordinaria, limitada y excepcional. De ah\u00ed que la acusaci\u00f3n deba reunir no solo los requisitos meramente formales; tambi\u00e9n exige un planteo y desarrollo l\u00f3gicos, entre ellos, el de la coherencia entre la v\u00eda seleccionada y el estatuto de valor que le es propio. (..) As\u00ed, quien escoja como v\u00eda de ataque la directa, debe allanarse a las conclusiones f\u00e1cticas contenidas en el fallo, as\u00ed como al an\u00e1lisis probatorio que realiza el fallador para dar por establecidos los hechos del proceso y mantener la controversia en un plano estrictamente jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, destac\u00f3 que si lo pretendido era \u00abenderezar el cargo por la v\u00eda indirecta, (\u2026) falt\u00f3 al deber de enunciar los presuntos errores de hecho o de derecho que pudo cometer el Colegiado y olvid\u00f3 efectuar el an\u00e1lisis razonado y cr\u00edtico de esos eventuales desaciertos, debidamente relacionados con las pruebas calificadas que considere no fueron apreciadas o err\u00f3neamente valoradas, dado que si bien menciona algunos elementos de juicio, incumple con la carga de contrastar su contenido real con el ejercicio valorativo del ad quem\u00bb. <\/p>\n
Todo ello para concluir que \u00ab[e]n esos t\u00e9rminos, la sustentaci\u00f3n del cargo se asemeja m\u00e1s a un alegato propio de las instancias, que a una argumentaci\u00f3n adecuada y concisa, en la que el censor cumpla con la obligaci\u00f3n de demostrar de forma clara y coherente los eventuales yerros en que, a su juicio, incurri\u00f3 el juez plural al adoptar la decisi\u00f3n impugnada\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, en el an\u00e1lisis del cargo segundo en el cual el solicitante acus\u00f3 la providencia objeto del reproche de incurrir en \u00aberror de hecho por incorrecta valoraci\u00f3n de la historia laboral\u00bb, la autoridad convocada indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[L]a censura omite indicar: (i) la v\u00eda por la cual dirige su acusaci\u00f3n \u2013directa o indirecta-, (ii) el sub motivo de violaci\u00f3n de la ley sustancial, y (iii) por lo menos una disposici\u00f3n de orden nacional que considere transgredida por el Tribunal, de modo que la Sala carece de una norma sustancial sobre la cual pueda emprender el an\u00e1lisis del caso\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, reliev\u00f3 que \u00abes deber de la censura, como uno de los requisitos de la t\u00e9cnica y l\u00f3gica del mismo, estructurar la llamada proposici\u00f3n jur\u00eddica, es decir, mencionar de forma clara, espec\u00edfica y concreta la normativa sustancial de alcance nacional que se estime desconocida por el juzgador, sea en la modalidad de infracci\u00f3n directa, aplicaci\u00f3n indebida o interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. Aunque en la actualidad, la Corte ha considerado que basta con mencionar siquiera un precepto de tal naturaleza, debe, sin embargo, ser aquel, contentivo del derecho alegado; (\u2026) no obstante, en este cargo el impugnante omite cumplir con ese deber, toda vez que \u00fanicamente alude al Acto Legislativo 01 de 2005 y al Acuerdo 049 de 1990, para rememorar lo considerado por el Tribunal en el fallo recurrido, mas no para argumentar su disenso\u00bb. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, recalc\u00f3 que, \u00abtal omisi\u00f3n imposibilita el ejercicio que la Corte debe realizar en esta sede, por cuanto no existe disposici\u00f3n de orden sustancial con la que pueda confrontar la sentencia impugnada a efectos de verificar su posible vulneraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del promotor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb enunciados en el libelo inicial, esta Sala colige que la diferencia de criterios, por s\u00ed misma, no tiene la entidad de enervar la juridicidad de la sentencia de casaci\u00f3n, aunado a que en la misma providencia se hizo alusi\u00f3n a los postulados jurisprudenciales del \u00f3rgano de cierre laboral en lo concerniente a la problem\u00e1tica estudiada \u2013entre otros, se apoy\u00f3 en los fallos SL225-2020, 22 ene., rad. 76171; SL5003-2019, 15 jul., rad. 64250; SL5171-2019, 13 ene., rad. 69474; SL1141-2020, 26 feb., rad. 84571\u2013, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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