STC3139-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3139-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2022-00028-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 16 de febrero de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Elsa Yolanda Cholo Amaya contra el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio sucesorio n\u00b0 2018-00132. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada, al no haber dado el correspondiente impulso al liquidatorio antes referido. <\/p>\n
2. De los fundamentos f\u00e1cticos expuestos por la querellante, se extractan como relevantes para los efectos de esta acci\u00f3n, que ante el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1 cursa el proceso de sucesi\u00f3n de su padre Ricardo Cholo G\u00f3mez, quien falleci\u00f3 \u00abel 10 de marzo de 2018\u00bb. <\/p>\n
Que para la admisi\u00f3n del tr\u00e1mite y el decreto de medidas cautelares, ha debido mediar la intervenci\u00f3n del juzgador de segunda instancia, y que \u00aben abril de 2019 [el accionado] engavet\u00f3 el expediente y nunca m\u00e1s ha sacado el proceso con pronunciamiento judicial\u00bb. <\/p>\n
Que pese al \u00abcontrol\u00bb que ejerce su apoderado judicial sobre dicho pleito y a las quejas elevadas ante el \u00abprocurador municipal\u00bb, no ha obtenido el impulso procesal pertinente, afectando con ello su situaci\u00f3n, pues \u00absoy una persona absolutamente pobre de patrimonio\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene a trav\u00e9s de este mecanismo, \u00abque el proceso [de] sucesi\u00f3n de mi padre Ricardo Cholo, sea remitido a otro despacho de familia competente en forma inmediata, y ordenar a ese nuevo juzgado que d\u00e9 tr\u00e1mite subsiguiente al expediente (\u2026), ya que qued\u00f3 completamente paralizado hace m\u00e1s de treinta meses\u00bb, y se disponga la \u00abposesi\u00f3n de los bienes relictos a mi favor (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juez Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, inform\u00f3 que la demanda de sucesi\u00f3n en cuesti\u00f3n fue inadmitida por auto del 25 de abril de 2018, siendo rechazada el 23 de mayo de la misma anualidad, pero \u00abcon ocasi\u00f3n al cumplimiento de lo dispuesto por el Superior, este despacho admiti\u00f3 el proceso el 5 de abril de 2019, adem\u00e1s se pronunci\u00f3 frente a las medidas cautelares solicitadas\u00bb; que realizadas las publicaciones de rigor, \u00abpor auto del 18 de noviembre de 2019, exhort\u00f3 a la parte actora para que acreditara el diligenciamiento de los oficios dirigidos a la DIAN\u00bb y se orden\u00f3 acreditar la notificaci\u00f3n de la c\u00f3nyuge sobreviviente, frente al cual la actora interpuso recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
Que el 26 de abril de 2021, tras resolver el referido recurso, reconoci\u00f3 a la nueva apoderada judicial de la hoy tutelante, y volvi\u00f3 a requerirla \u00abpara que diese cumplimiento a lo ordenado en el numeral 3\u00b0 del auto de fecha 5 de abril de 2019 [y] se orden\u00f3 que por Secretar\u00eda, se remitiera [el oficio dirigido a la DIAN] al correo electr\u00f3nico del apoderado judicial de la parte actora para que diese tr\u00e1mite al mismo, se dispuso tambi\u00e9n compartir el link del proceso con la heredera reconocida y su apoderada judicial [y] se orden\u00f3 dar tr\u00e1mite al despacho comisorio que obra en el expediente\u00bb. Pidi\u00f3, en consecuencia, declarar \u00abun hecho superado por carencia actual de objeto, dado que las solicitudes que se encontraban pendientes de decisi\u00f3n (\u2026), ya fueron resueltas\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo al concluir \u00abque frente a las peticiones presentadas al interior del expediente, en la actualidad no existe la vulneraci\u00f3n alegada, dado que el 2 de febrero de 2022, el despacho judicial las resolvi\u00f3; decisi\u00f3n que fue notificada en el estado de 3 de febrero de 2022 (\u2026), sin que trascienda si las determinaciones a las que llegue el Juez de conocimiento satisfacen o no lo pretendido por la gestora [pues], frente a dichas decisiones existen los medios de impugnaci\u00f3n establecidos en el estatuto procesal para controvertirlas\u00bb, por lo que \u00abse est\u00e1 en presencia de un hecho superado\u00bb. <\/p>\n
No obstante, critic\u00f3 \u00abla inoperancia del despacho judicial para adoptar oportunamente una decisi\u00f3n, [ya que] transcurrieron cerca de treinta y seis meses para emitir un auto y mediaron varios requerimientos que tampoco fueron atendidos, sin dar ninguna justificaci\u00f3n al respecto, situaci\u00f3n que debe ser corregida de manera inmediata, con la implementaci\u00f3n de mejores pr\u00e1cticas y mayores controles por el se\u00f1or juez con relaci\u00f3n al personal a su cargo en cuanto al cumplimiento de una debida revisi\u00f3n del correo oficial y atenci\u00f3n de los memoriales que sean presentados\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la actora para reiterar los argumentos esbozados al promover el auxilio, y con ello aseverar que \u00abha sido permanentemente da\u00f1ino para con mi persona y mis derechos a recibir justicia [porque el querellado] no reconoce que soy absolutamente pobre y necesito vivir sin pagar renta [pues] soy heredera leg\u00edtima de la vivienda que me hered\u00f3 mi padre y que una se\u00f1ora que el juez protege usufruct\u00faa lo que me pertenece (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de la demandante, al no dar tr\u00e1mite oportuno al proceso de sucesi\u00f3n radicado bajo el n\u00b0 2018-00132. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC17367-2021, 15 dic. 2021, rad. 00811-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que se efect\u00faa a los argumentos de la queja constitucional y a la que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, porque: (i) respecto a la mora judicial endilgada al despacho accionado, se configura carencia actual de objeto por hecho superado; y, (ii) frente a la pretensi\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n del proceso, no se cumple el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. Del hecho superado. <\/p>\n
Preliminarmente se hace necesario advertir -como en su momento lo hizo el tribunal a-quo-, que ciertamente el funcionario judicial accionado incurri\u00f3 en dilaci\u00f3n injustificada del proceso sucesorio n\u00b0 2018-00132, al no haber desplegado actividad encaminada a resolver prontamente el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el auto del 18 de noviembre de 2019, pues tal actuaci\u00f3n s\u00f3lo vino a producirse el 26 de abril de 2021, y al dejar de atender las reiteradas peticiones elevadas por la all\u00ed heredera reconocida y ac\u00e1 tutelante, al punto que, descontando el lapso de suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos en raz\u00f3n a la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19, demor\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o para emitir el respectivo pronunciamiento. <\/p>\n
Similar situaci\u00f3n tuvo lugar con posterioridad, pues las solicitudes para impulsar el liquidatorio, s\u00f3lo vinieron a decidirse estando en curso la presente acci\u00f3n de tutela, todo lo cual resulta contrario a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia de la administraci\u00f3n de justicia, conllevando afectaci\u00f3n a las prerrogativas superiores de las partes y dem\u00e1s usuarios de la misma. <\/p>\n
En las condiciones descritas, la Corte avala la exhortaci\u00f3n realizada por la colegiatura de primer grado, en el sentido de que, en lo sucesivo, el encartado deber\u00e1 proceder a corregir las falencias que conllevaron dicha tardanza, mediante \u00abla implementaci\u00f3n de mejores pr\u00e1cticas y mayores controles por el se\u00f1or juez con relaci\u00f3n al personal a su cargo en cuanto al cumplimiento de una debida revisi\u00f3n del correo oficial y atenci\u00f3n de los memoriales que sean presentados\u00bb. <\/p>\n
Precisado lo anterior, al enfilarse una de las pretensiones de la acci\u00f3n a remediar la mora judicial endilgada a la autoridad convocada, sin perjuicio de lo antes discurrido, se ratifica la desestimaci\u00f3n del amparo en virtud a la carencia actual de objeto por hecho superado, por cuanto la referida dilaci\u00f3n procesal ces\u00f3 con auto del 3 de febrero de 2022, a trav\u00e9s del cual se reconoci\u00f3 personer\u00eda adjetiva a la nueva mandataria judicial de la reclamante, se le envi\u00f3 el link para que acceda al expediente digital y se le reiterron cargas procesales pendientes de realizar, tales como gestionar la notificaci\u00f3n de la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, tramitar el oficio dirigido a la DIAN, as\u00ed como lo atinente a la comisi\u00f3n para la pr\u00e1ctica de una medida cautelar. <\/p>\n
Por ello, el ruego tuitivo se muestra inviable al constituir una carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de la cual la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, cuando estando en curso el auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada en STC206-2022, 19 ene. 2022, rad. 2021-00324-01). <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Este requisito gen\u00e9rico de procedibilidad se predica en relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n consistente en que el juicio de sucesi\u00f3n \u00absea remitido a otro despacho de familia competente\u00bb, pues tal aspiraci\u00f3n corresponde a un \u00abcambio de radicaci\u00f3n\u00bb, cuyo procedimiento y competencia se erigen en los art\u00edculos 30-8, 31-6 y 32-5 del C\u00f3digo General del Proceso, requiri\u00e9ndose para ello la demostraci\u00f3n de \u00abcircunstancias que puedan afectar el orden p\u00fablico, la imparcialidad o la independencia de la administraci\u00f3n de justicia, las garant\u00edas procesales o la seguridad e integridad de los intervinientes\u00bb, o tambi\u00e9n \u00abcuando se adviertan deficiencias de gesti\u00f3n y celeridad de los procesos, previo concepto de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb. <\/p>\n
Entonces, como la interesada no acredit\u00f3 que previo a la tutela hubiera acudido a dicho instrumento, su invocaci\u00f3n se torna improcedente por desconocer el car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato de la salvaguarda, el cual es criterio jur\u00eddico insuperable que corresponde confirmar, por constituirse en impedimento manifiesto y no estar edificado evento alguno que permita su flexibilizaci\u00f3n. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el uso racional del resguardo, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otras herramientas de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de los dem\u00e1s mecanismos contempladas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo antedicho, se impone ratificar la denegaci\u00f3n del auxilio implorado, porque las circunstancias de mora judicial descritas como vulneradoras de los derechos fundamentales invocados fueron superadas durante el diligenciamiento de la presente acci\u00f3n, y respecto del cambio de radicaci\u00f3n, la pretensi\u00f3n no supera el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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