STC3140-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3140-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02351-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 2 de diciembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Licenia Manchola y Jos\u00e9 \u00c1ngel Lozano Sierra contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de la misma ciudad y las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2013-266. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, obrando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al \u00abprincipio de favorabilidad\u00bb, m\u00ednimo vital, igualdad y salud, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, indicaron que presentaron demanda contra la Caja de Previsi\u00f3n Social de Comunicaciones CAPRECOM hoy U.G.P.P., en procura del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n jubilaci\u00f3n convencional, en tanto que \u00ab[p]ara la fecha en que (\u2026) cumplieron 20 a\u00f1os de servicio para Adpostal (\u2026) se encontraba vigente en la Convenci\u00f3n Colectiva de trabajo 2005 \u2013 2008, [la] Pensi\u00f3n de vejez con 20 a\u00f1os de servicio y 50 de edad\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien acogi\u00f3 las pretensiones, declarando que los promotores \u00abtienen derecho a que les sea reconocida la pensi\u00f3n bajo el amparo de la cl\u00e1usula treinta y ocho [del mencionado convenio] suscrit[o] por ADPOSTAL y el Sindicato de Trabajadores Postales – SINTRAPOSTAL\u00bb. <\/p>\n
Destacaron que posteriormente, en grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta localidad ratific\u00f3 lo resuelto por el a quo; sin embargo, la entidad querellada recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral cas\u00f3 la decisi\u00f3n ad quem, por cuanto \u00abla suscripci\u00f3n de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 2005 -2008, entre Adpostal y Sintrapostal se llev\u00f3 a cabo el 12 de septiembre de 2005 (f.\u00b0 42 cuaderno principal), cuando ya estaba en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que a juicio de los promotores desconoci\u00f3 el precedente, en tanto que \u00ab[p]ara efectos del reconocimiento de la pensi\u00f3n (\u2026), no era necesario que el trabajador cumpliera la edad acordada en vigencia del contrato de trabajo; [q]ue la pensi\u00f3n se causa con el tiempo de servicio (veinte 20) a\u00f1os; que el cumplimiento de la edad era una simple condici\u00f3n para el reconocimiento del derecho, pudiendo cumplirlo con posterioridad al 31 de julio de 2010\u00bb. <\/p>\n
3. Pretenden, en consecuencia, que se deje sin efectos la sentencia SL4058-2020 del 20 de octubre de 2020 y, en consecuencia, se ordene a la corporaci\u00f3n convocada, que profiera un nuevo fallo \u00abque tenga en cuenta no solo [la jurisprudencia sobre el tema], sino la totalidad de los argumentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que soportan la solicitud\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, realiz\u00f3 un recuento del tr\u00e1mite y manifest\u00f3 que no ha lesionado los derechos de la demandante. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, expuso las actuaciones surtidas en el juicio y precis\u00f3 que \u00abno se ha configurado ninguno de los criterios \u2013generales o espec\u00edficos\u2013 fijados por la Corte Constitucional, para la procedencia de la acci\u00f3n que hoy nos ocupa respecto de la decisi\u00f3n adoptada por este estrado judicial, ni mucho menos la trasgresi\u00f3n a derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
3. La apoderada de la U.G.P.P., indic\u00f3 que dicha entidad carece de legitimaci\u00f3n por pasiva \u00abteniendo en cuenta que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -SALA DE CASACION LABORAL-SALA DE DESCONGESTION, es la (\u2026) competente para pronunciarse de fondo en el presente asunto\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que \u00ab[la corporaci\u00f3n convocada] valor\u00f3 las pruebas aportadas al proceso y las normas que regulaban la materia, para concluir que como los actores no cumpl\u00edan el requisito de la edad al momento de la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n labora[l], no se encontraban satisfechos los presupuestos para el reconocimiento de la pensi\u00f3n convencional reclamada\u00bb. En relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n del precedente reclamado por los actores precis\u00f3 que \u00abfue posterior, a la [providencia] CSJ, SL4058-2020, 20 oct. 2020, rad. 72959, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte -Sala de Descongesti\u00f3n n.o 1\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado de los convocantes para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando respecto del fallo de tutela, que \u00abes errada [la] apreciaci\u00f3n desde el entendido que con abundancia las diferentes salas de las Honorables Cortes Suprema de Justicia \u2013 Laboral, as\u00ed como de la Corte Constitucional tienen definido que la cl\u00e1usula Convencional en ning\u00fan momento exig\u00eda que el contrato de trabajo deb\u00eda estar vigente para cuando los beneficiarios de [tal convenio] cumplieran la edad, luego de haber cumplido el tiempo de servicio establecido en la norma extralegal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que iniciaron los gestores (SL4058-2020, rad.72959), por cuanto cas\u00f3 la sentencia estimatoria del tribunal y en su lugar neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la sentencia controvertida se dict\u00f3 el 20 de octubre de 2020 y la tutela se radic\u00f3 el 10 de noviembre de 2021, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente providencia, cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los accionantes con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre las decisiones que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los accionantes, pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
En efecto, al resolver el cargo \u00fanico, en el que la entidad recurrente acusa al fallador de segunda instancia de haber infringido en forma indirecta la ley sustancial, por aplicaci\u00f3n indebida de \u00ablos art\u00edculos 5\u00b0 del Decreto 3135 de 1968; 1\u00b0, 2\u00b0, 3\u00b0 6\u00b0 y 7\u00b0 del Decreto 1848 de 1969; 1\u00b0, 3\u00b0, 4\u00b0, 5\u00b0 y 44 del Decreto 1045 de 1978; 1\u00b0, 16, 21, 26 y 27 del decreto 1609 de 2003; y 5\u00b0 del Decreto 261 de 2006; junto con los art\u00edculos 19, 20, 21, 467, 468, 470 y 478 del CST; 27 y 28 del CC; y como violaci\u00f3n medio de los art\u00edculos 174, 175, 177 y 187 del CPC y 25, 53, 228 y 230 constitucionales\u00bb, el estrado enjuiciado expuso que: <\/p>\n
\u00abLa censura enfila el ataque fundamentalmente en que desde su perspectiva el juzgador plural omiti\u00f3 \u00abverificar el cumplimiento de un requisito previsto expresamente por los intervinientes en la negociaci\u00f3n colectiva\u00bb, en la medida que los presupuestos convencionales para acceder a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n extra legal, esto es, edad y tiempo de servicio, deb\u00edan reunirse estando los actores al servicio de la empleadora, no como lo entendi\u00f3 el Tribunal al avalar el reconocimiento de la prestaci\u00f3n a pesar de que aquellos cumplieron la edad necesaria, con posterioridad a la terminaci\u00f3n contractual\u00bb. <\/p>\n
En este sentido resalt\u00f3 que \u00abdebe resolver la Corte, si la valoraci\u00f3n probatoria que la segunda instancia efectu\u00f3 de[l] [mencionado tratado], resulta plausible o racional y, por ende, debe respetarse o, por el contrario, si luce irracional, inaceptable o descabellada, caso en cual ameritar\u00eda quebrar la sentencia impugnada\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, frente a los beneficiarios de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 2005 \u2013 2008, dijo que \u00abel contenido de [la misma] \u00fanicamente puede tener como destinatarios a los servidores que, por un lado, tengan la condici\u00f3n \u00abde trabajadores oficiales al servicio de la Entidad\u00bb, o por el otro, \u00abquienes con anterioridad al 31 de diciembre de 1993 se encontraban vinculados por resoluciones administrativas\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, en lo ateniente a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 38 del precitado acuerdo laboral, manifest\u00f3 que, \u00abcomo a ambos demandantes se les termin\u00f3 su vinculaci\u00f3n laboral el 30 de diciembre de 2008, sin haber satisfecho la edad exigida [en dicho tratado], la Sala no puede pasar por alto que la suscripci\u00f3n de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 2005 -2008, entre Adpostal y Sintrapostal se llev\u00f3 a cabo el 12 de septiembre de 2005 (f.\u00b0 42 cuaderno principal), cuando ya estaba en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, hito constitucional supralegal de orden p\u00fablico que debi\u00f3 aplicarse para resolver esta controversia, pero que fue soslayado inexplicablemente por el fallador de alzada\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, estim\u00f3 que \u00abla [decisi\u00f3n] del Tribunal se muestra contraria a derecho, en tanto que quebranta adem\u00e1s la jurisprudencia que sobre este particular ha decantado [la] Sala en juicios contra la misma entidad aqu\u00ed demandada\u00bb y a continuaci\u00f3n cit\u00f3 los precedentes contenidos en las sentencias CSJ SL1521-2018, 9 may., rad. 55896 y SL 24 abr. 2012, rad. 39797. <\/p>\n
Todo ello para concluir que \u00abel [a quo] no solo dej\u00f3 de efectuar una debida valoraci\u00f3n probatoria, sino que tambi\u00e9n desconoci\u00f3 la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, con lo cual transgredi\u00f3 el conjunto de normas denunciadas y con ello el orden p\u00fablico constitucional, que de haberse aplicado hubiera impedido el reconocimiento de una pensi\u00f3n de estirpe convencional; lo que por cierto deja de lado cualquier discusi\u00f3n interpretativa que se quiera dar en relaci\u00f3n con la cl\u00e1usula 38 materia de estudio, puesto que lo cierto es que finalmente la intelecci\u00f3n que se le d\u00e9, no pod\u00eda por ning\u00fan motivo ser aplicada para resolver este asunto, por las razones ya explicadas\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de los promotores no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquellos frente a la autoridad accionada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
4.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb enunciados en el libelo inicial, esta Sala colige que la diferencia de criterios, por s\u00ed misma, no tiene la entidad de enervar la juridicidad de la sentencia de casaci\u00f3n, aunado a que en la misma se hizo alusi\u00f3n a los postulados jurisprudenciales del \u00f3rgano de cierre laboral en lo concerniente a la problem\u00e1tica estudiada \u2013entre otros, se apoy\u00f3 en las providencias SL1521-2018, 9 may., rad. 55896 y SL 24 abr. 2012, rad. 39797\u2013, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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