STC3142-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3142-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2021-01616-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 19 de octubre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hely Wbeimar Pasos Jim\u00e9nez contra el Congreso de la Rep\u00fablica, Corte Suprema de Justicia, Presidencia de la Rep\u00fablica, Ministerios del Trabajo, Educaci\u00f3n Nacional, Justicia y del Derecho, Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, Defensor\u00eda del Pueblo, y Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al trabajo, igualdad y vida digna, entre otros, presuntamente vulnerados por los convocados al expedir, sancionar y aplicar la Ley 1821 de 2016, \u00abpor medio de la cual se modifica la edad m\u00e1xima para el retiro forzoso de las personas que desempe\u00f1an funciones p\u00fablicas\u00bb. <\/p>\n
2. Expuso que en raz\u00f3n a \u00abla pandemia covid19 y las manifestaciones que se [h]an presentado desde el a\u00f1o 2020 y lo que va del 2021, llegada masiva de migrantes (\u2026) que han disparado la inflaci\u00f3n del pa\u00eds, la tasa de desempleo por las nubes, la delincuencia por falta de oportunidades laborales, el empobrecimiento o la perdida de adquisici\u00f3n econ\u00f3mica de muchos colombianos, el hambre disparada, el retraso de profesionales en la vida laboral o desempe\u00f1o de profesiones no acordes, la quiebra o cierre de empresas privadas, etc. (\u2026), se le exige [de los accionados] tomar cartas en el asunto\u00bb. <\/p>\n
Que es menester \u00abde manera inmediata para conservar el estado social de derecho de Colombia, honra, igualdad, econom\u00eda, paz, tranquilidad, educaci\u00f3n, salud y sustento de muchos colombianos que han perdido el ingreso diario por perdida del empleo y la poca oportunidad que hay para las personas en carrera, estudios superiores, j\u00f3venes en edad de iniciar la vida laboral (\u2026) declarar [la] inconstitucionalidad la ley 1821 de 2016, la cual modifica la edad \u201c70 a\u00f1os\u201d m\u00e1xima de retiro forzoso para las personas o empleados p\u00fablicos, la cual se puede considerar una ley vergonzosa porque mantiene en sus puestos de trabajo personas que hace varios a\u00f1os ya han causado el n\u00famero de (1300) semanas cotizadas y la edad (62 a\u00f1os para los hombres y 57 a\u00f1os para las mujeres), reglamentada para que un ciudadano colombiano pueda adquirir su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n y pueda hacer uso del disfrute de la misma\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abpor motivo de pandemia tambi\u00e9n se han conocido casos donde algunos empleados p\u00fablicos se han beneficiado de sus salarios desde sus hogares por tener alguna patolog\u00eda que no les permite estar en lugar de trabajo desempe\u00f1ando sus funciones, que por la edad que poseen, la tecnolog\u00eda no ha sido muy amigables con estas personas, permiti\u00e9ndoles disfrutar un salario por pr\u00e1cticamente no hacer nada y que hace rato adquirieron el tiempo y la edad de retiro de 57 y 62, a\u00f1os dependiendo de su sexo\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que, por esta v\u00eda jur\u00eddica, se proceda a \u00abderogar y declarar[ar] [la] inconstitucionalidad [de la] ley 1821 de 2016\u00bb, y \u00ab[garantizar] una vez digna para el pensionado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, manifest\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para realizar el tipo de solicitudes plasmadas en las pretensiones; para la solicitud de derogaci\u00f3n o declaraci\u00f3n de inconformidad sobre una ley, en este caso de la ley 1821 de 2016, existe la herramienta id\u00f3nea la cual es la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad\u00bb, raz\u00f3n por la cual no se cumple el requisito de la subsidiariedad. Aunado a lo anterior, \u00abla Corte Constitucional ha sido reiterativa en sostener que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para obtener el reconocimiento de prestaciones econ\u00f3micas, pues por su naturaleza excepcional y subsidiaria, \u00e9sta no puede reemplazar las acciones ordinarias creadas por el legislador para resolver asuntos de naturaleza litigiosa\u00bb. <\/p>\n
2. La Corte Suprema de Justicia, solicit\u00f3 la desestimaci\u00f3n del amparo \u00abpor incumplir el presupuesto de la subsidiariedad, comoquiera que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo adecuado para demandar la inexequibilidad de una disposici\u00f3n legal, ni esta Colegiatura es competente para ello. Para ese cometido, el interesado cuenta con la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. Adem\u00e1s, \u00abpara la procedencia de la acci\u00f3n de tutela se requiere la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental cierta y real, lo que de suyo excluye los eventos hipot\u00e9ticos o presuntos\u00bb. <\/p>\n
3. La Presidencia de la Rep\u00fablica tambi\u00e9n se opuso a lo pretendido por \u00abinexistencia de derechos fundamentales vulnerados\u00bb, e invoc\u00f3 a su favor \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva del se\u00f1or presidente de la Rep\u00fablica y de la Presidencia de la Rep\u00fablica\u00bb. Pidi\u00f3 que, en lo atinente a esa autoridad, se declare la \u00abinexistencia de vulneraci\u00f3n a derechos fundamentales y falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, porque \u00abno tienen funciones que se relacionen con declarar la inconstitucionalidad de una ley\u00bb. Por lo dem\u00e1s, adujo \u00abfalta del requisito de subsidiariedad [por] la existencia de otro mecanismo judicial\u00bb. <\/p>\n
4. El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, expres\u00f3 que en el caso planteado se suscita \u00abinexistencia de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb, puesto que \u00abse limit\u00f3 a afirmar situaciones generales, con ocasi\u00f3n a su juicio, por la emisi\u00f3n de la Ley 1821, pero sin establecer cu\u00e1les de sus derechos fundamentales individuales se ve\u00edan afectados ni mucho menos alleg\u00f3 prueba que acreditara la afectaci\u00f3n a la que alud\u00eda\u00bb. As\u00ed mismo, dijo que la acci\u00f3n no cumple el requisito de subsidiariedad por existir otro medio de defensa judicial, se\u00f1alando la improcedencia de la tutela \u00abcontra un acto de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto\u00bb, sumado a la \u00abcarencia actual de objeto\u00bb. <\/p>\n
5. El Ministerio de Trabajo solicit\u00f3 \u00abdeclarar la improcedencia de la acci\u00f3n en relaci\u00f3n a [esa cartera] y, en consecuencia, exonerarlo de responsabilidad alguna que se le endilgue, dado que no hay obligaci\u00f3n o responsabilidad de su parte, ni ha vulnerado ni puesto en peligro derecho fundamental alguno al accionante\u00bb. Apunt\u00f3 que la salvaguarda no procede \u00abpor falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, y porque la tutela no es el instrumento id\u00f3neo \u00abpara resolver las pretensiones\u00bb del actor. <\/p>\n
6. El Ministerio de Justicia y del Derecho, se opuso al auxilio implorado, aduciendo su improcedencia \u00abpor falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad\u00bb con fundamento en el art\u00edculo 6-5 del Decreto 2591 de 1991, y, adem\u00e1s, \u00abpor falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb respecto de esa cartera. <\/p>\n
7. El Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional propuso la \u00abexcepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, y por tanto solicit\u00f3 se proceda a su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite, ya que \u00abno est\u00e1 desconociendo derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
8. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n \u2013 PARISS, dijo que su vinculaci\u00f3n resultaba \u00abimprocedente\u00bb, por cuanto \u00abse evidencia una inexistencia del nexo causal entre el hecho y la violaci\u00f3n de derecho por parte del P.A.R.I.S.S. en liquidaci\u00f3n\u00bb, por lo que invoc\u00f3 a su favor se declarara \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el resguardo al considerar que el actor \u00abdesconoci\u00f3 la condici\u00f3n de subsidiariedad\u00bb, ya que la censura \u00abcon respecto a la Ley 1821 de 2016 de cara a las limitaciones de oportunidades que implica la ampliaci\u00f3n de la edad de retiro forzoso, (\u2026) no puede ser analizado por esta v\u00eda, pues la tutela est\u00e1 consagrada para resarcir la presunta vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, pero no es un mecanismo apto para cuestionar la validez de las leyes de la Rep\u00fablica\u00bb, pues dicha funci\u00f3n \u00abfue asignada de manera exclusiva y excluyente a la Corte Constitucional, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, conforme con el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 40 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, concordante con el canon 241 numeral 4\u00b0 ibidem\u00bb. Adicionalmente, porque \u00abel accionante no refiere la afectaci\u00f3n de alguna de sus garant\u00edas fundamentales, que permitan la verificaci\u00f3n de alguna situaci\u00f3n particular, sino que \u00fanicamente expone las inconveniencias generales de dicha ley\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el demandante, afirmando pese a que su pretensi\u00f3n no la formul\u00f3 a trav\u00e9s de la acci\u00f3n pertinente, \u00abme manifest\u00e9 mediante la tutela que es un mecanismo parecido y que igual forma me permite exigir como ciudadano\u00bb los argumentos de la querella que reiter\u00f3 seguidamente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la presente demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si las autoridades y entidades accionadas, vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas por el reclamante, al no haber procedido a \u00abderogar\u00bb o \u00abdeclarar la inconstitucionalidad\u00bb de la Ley 1821 de 2016. <\/p>\n
2. Del principio de la subsidiariedad <\/p>\n
En invariable l\u00ednea de pensamiento esta Corte ha dicho que cuanto se omite hacer uso de los mecanismos legalmente previstos, no es posible acudir a la tutela, ya que este instrumento no puede tenerse en lugar del sendero ordinario que la ley previ\u00f3 para definir un asunto determinado y menos como una instancia adicional, y el juez del amparo no puede ser visto como un operador paralelo de la actividad a cargo de quien est\u00e1 llamado a resolver. <\/p>\n
As\u00ed, la improcedencia de la salvaguarda por el desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato, es criterio jur\u00eddico insuperable que corresponde confirmar, por constituirse en impedimento manifiesto y no estar edificado evento alguno que permita contemplar su flexibilizaci\u00f3n, pues no se avizora justificaci\u00f3n para que la actora hubiese dejado de utilizar los recursos a su alcance. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el uso racional de la salvaguarda, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Bajo las anteriores premisas, realizado el an\u00e1lisis pertinente a los argumentos de la demanda y a la informaci\u00f3n adosada al expediente, la Sala ratificar\u00e1 el fallo desestimatorio de primera instancia, en la medida en que con ella se pretende la declaraci\u00f3n de \u00abinconstitucionalidad\u00bb de una ley, objetivo frente al cual se evidencia la improcedencia de este excepcional mecanismo jur\u00eddico. <\/p>\n
En primer lugar, a tono con lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 que reglament\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 que esta deviene improcedente \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aqu\u00e9lla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, causal que se configura en el caso examinado, comoquiera que previo a la presente invocaci\u00f3n, el actor no acredit\u00f3 haber agotado la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad que a todo ciudadano faculta el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 40 de la Carta Fundamental, cuya discusi\u00f3n y definici\u00f3n compete a la Corte Constitucional al tenor del art\u00edculo 241-4 superior. <\/p>\n
Conforme al anterior entendimiento, la decantada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha dicho que, en raz\u00f3n al car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo, este no se erige como herramienta opcional para resolver de manera paralela al funcionario que est\u00e1 llamado a hacerlo. Recu\u00e9rdese, por tanto, que el estudio de fondo del auxilio solo tendr\u00eda cabida cuando la accionante ya se dirigi\u00f3 ante la autoridad competente para exponer su requerimiento, y no obtuvo respuesta o la misma fue desfavorable en t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual ac\u00e1 no acontece. <\/p>\n
En segundo lugar, al pretenderse mediante tutela que se deje sin efecto una Ley de la Rep\u00fablica, tambi\u00e9n se tipifica la causal de improcedencia contenida en el numeral 5\u00b0 del canon 6\u00b0 del precitado Decreto 2591 de 1991, seg\u00fan la cual no se abre paso la acci\u00f3n \u00abcuando se trate de actos de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que la modificaci\u00f3n pretendida a la disposici\u00f3n legal \u00abpor medio de la cual se modifica la edad m\u00e1xima para el retiro forzoso de las personas que desempe\u00f1an funciones p\u00fablicas\u00bb, comprende una situaci\u00f3n atinente a pol\u00edticas p\u00fablicas, aspecto frente al cual la injerencia del juez de tutela no est\u00e1 llamado a intervenir so pena de desbordar su competencia, pues el Constituyente de 1991 no estatuy\u00f3 este instrumento jur\u00eddico para se\u00f1alar pautas, acciones o normativas de direccionamiento de la administraci\u00f3n tendiente a una adecuada gesti\u00f3n gubernamental. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, de los hechos narrados en la demanda, no se logra extractar con precisi\u00f3n y menos con probanza concreta, la directa vulneraci\u00f3n a los derechos individuales del accionante, pues aparte de que refieren a expectativas de posibles consecuencias jur\u00eddicas derivadas de la aplicaci\u00f3n de la Ley 1821 de 2016, no es evidente una situaci\u00f3n da\u00f1osa que pudiera legitimar la tutela como mecanismo transitorio. <\/p>\n
Al respecto, an\u00f3tese que la ausencia de reproche sobre la aptitud y eficacia del medio ordinario de defensa que a\u00fan no ha empleado, el solicitante no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada, en STC8801-2021, 15 jul. 2021, rad. 00165-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido en precedencia, al estar condicionada la intervenci\u00f3n de esta particular justicia a la superaci\u00f3n del requisito de la subsidiariedad, el cual no se satisface, se impone ratificar la declaraci\u00f3n de improcedencia de la tutela, advirtiendo que tampoco se configuran las indispensables condiciones para otorgarla como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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