STC3148-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC3148-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00705-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Conjunto Cerrado Sagrada Familia -PH contra la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de San Gil, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, \u00abcalidad de vida\u00bb y \u00abmoralidad administrativa\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al Tribunal \u00abrevocar la totalidad y todos los apartes de la sentencia emitida\u2026 el 1 de diciembre de 2021 dentro del proceso de radicaci\u00f3n 68679-3103-002-2020-00082-01\u00bb y, en consecuencia, \u00abexpid[a] con las consideraciones de ley una nueva sentencia en segunda instancia, estudiando y valorando las pruebas arrimadas al expediente como las faltantes\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. El Conjunto Cerrado Sagrada Familia promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra la Sociedad Vivienda Industrializada de Santander S.A., bajo el radicado 2020-00082, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil, al considerar que la demandada, quien construy\u00f3 dicha copropiedad, no edific\u00f3 el muro de cerramiento perimetral con el lote continuo establecido en el reglamento de propiedad horizontal, vulnerando as\u00ed, los derechos colectivos de los residentes del conjunto convocante. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia de 26 de agosto de 2021 el despacho ampar\u00f3 los derechos colectivos de los residentes del conjunto, ordenando a la sociedad, entre otras, a realizar los estudios y gestiones previas, con el fin de obtener los permisos para el cerramiento de la unidad residencial, sin afectar el muro perteneciente al Colegio Sagrada Familia; determinaci\u00f3n que, 1\u00b0 de diciembre siguiente el Tribunal, en sede de alzada, revoc\u00f3, al considerar la improcedencia de la acci\u00f3n popular para amparar derechos particulares, pues lo pretendido con el libelo inicial es el cumplimiento de una obligaci\u00f3n contractual entre el constructor y la unidad residencial. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele el promotor, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, el Tribunal \u00abrealizo una valoraci\u00f3n unidimensional de la situaci\u00f3n basado simplemente en la sistematicidad normologica y dejando por fuera la dimensi\u00f3n sociol\u00f3gica y el plexo axiol\u00f3gico valorativo, pues\u2026 los habitantes del conjunto cerrado sagrada familia no son los \u00fanicos beneficiados con la construcci\u00f3n del muro perimetral pues con esta obra tambi\u00e9n se beneficiar\u00eda los propietarios, trabajadores y alumnos del colegio sagrada familia y los habitantes del barrio que ver\u00edan una mejora en la seguridad con el cerramiento del lote que se encuentra abandonado y que se ha convertido en un foco de inseguridad que afecta a los habitantes del sector\u00bb. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 que el fallo criticado es incongruente, comoquiera que, en las consideraciones no se pronunci\u00f3 respecto de los reparos formulados por la recurrente, pues \u00ab\u00fanicamente se centr\u00f3 en un debate de procedencia, sin tener en cuenta un claro y exhaustivo examen probatorio que demostrar\u00eda la vulneraci\u00f3n de derechos colectivos\u00bb sumado a que, err\u00f3 al afirmar que la acci\u00f3n fue adelantada \u00ab\u00fanicamente por una persona de derecho que es la copropiedad conjunto cerrado sagrada familia, sin embargo el tribunal deja de lado que esta persona jur\u00eddica est\u00e1 sometida al r\u00e9gimen de propiedad horizontal, de conformidad a la ley 675 del 2001, lo cual implica que est\u00e1 conformada por todos los propietarios de las unidades privadas, pues estos son copropietarios de las zonas comunes\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que el fallador de primera instancia \u00abrealiz\u00f3 un control respecto de la procedencia de la acci\u00f3n popular incoada\u00bb, as\u00ed como \u00abde los presupuestos sustanciales de la procedencia de las acciones populares\u00bb, empero, el Tribunal se apart\u00f3 del inter\u00e9s general de la colectividad que integran la unidad residencial demandante. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil remiti\u00f3 link de consulta del proceso fustigado. <\/p>\n
2. La Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de San Gil relat\u00f3 las actuaciones surtidas en esa instancia; remiti\u00f3 copia del fallo criticado. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, los dem\u00e1s convocados no hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional esta llamada al fracaso, habida cuenta que el Tribunal criticado, en la providencia del 1\u00b0 de diciembre de 2021, que revoc\u00f3 la que dict\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil el 26 de agosto anterior, tras analizar precedentes aplicables al caso concreto1, explic\u00f3 las razones por las que la acci\u00f3n popular deprecada no estaba llamada a prosperar, respecto de lo cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, si los bienes son susceptibles de apropiarse, excluyendo la posibilidad de que otros sujetos los adquieran o usen en ese mismo momento, estamos frente a intereses subjetivos. Por el contrario, si los bienes no pueden apropiarse sin excluirse la apropiaci\u00f3n o el uso por otros sujetos, como lo es el aire, espacio p\u00fablico, entre otros, estamos frente a derechos e intereses colectivos. <\/p>\n
Entonces, cuando el actor pretende la protecci\u00f3n de intereses subjetivos la acci\u00f3n popular es improcedente, toda vez que la naturaleza de tal mecanismo judicial busca la protecci\u00f3n de derechos e intereses colectivos y no de intereses particulares. <\/p>\n
Seguidamente, analiz\u00f3 el caso concreto, concluyendo que: <\/p>\n
En el presente asunto es evidente que, las pretensiones de la demanda van encaminadas a obtener un provecho subjetivo a favor, \u00fanicamente de la persona jur\u00eddica denominada \u201cConjunto Cerrado Sagrada Familia\u201d y no se trata de derechos y\/o intereses colectivos en los que se encuentre involucrada la comunidad; adicionalmente, se pone en evidencia el inter\u00e9s velado de discutir asuntos propios de un proceso de naturaleza civil en contra de la accionada y constructora del conjunto residencial, sociedad Vivienda Industrializada de Santander S.A.S., cuando en el hecho s\u00e9ptimo de la demanda se expone textualmente que: \u201cEs claro que la existencia del cerramiento es una obligaci\u00f3n contractual del constructor establecida en el reglamento de propiedad horizontal\u2026\u201d, lo cual supone contrariar el prop\u00f3sito de la acci\u00f3n popular, concebida para proteger derechos colectivos, luego entonces, se trata de situaciones que conllevan inexorablemente a la improcedencia de la acci\u00f3n popular. <\/p>\n
En ese orden de ideas, la presente acci\u00f3n popular es improcedente, por lo tanto, se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n de la primera instancia y se negaran las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del conjunto residencial gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el inconforme es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado interpret\u00f3 las normas y la jurisprudencia que regulan las acciones populares, concluyendo que la demanda est\u00e1 encaminada a obtener un provecho exclusivo de la unidad residencial, que no los intereses colectivos de toda una comunidad, sumado a que, de las pretensiones iniciales se extrae que se pretende la declaratoria de una obligaci\u00f3n contractual entre el constructor y el conjunto cerrado, cuestiones propias de un asunto de naturaleza civil, de ah\u00ed que la acci\u00f3n invocada es improcedente para ello. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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