STC3149-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3149-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00748-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Hern\u00e1n Antonio Barrero Bravo contra la Sala de Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional a sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenarle al Tribunal \u00aben la tutela rad. 25183-31-03-001-2021-00070-01, que dentro de las\u2026 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo que ahora se profiera, solicite a la H. Corte Constitucional el mencionado expediente, en el evento de haber sido enviado a esa Corporaci\u00f3n para efectos de revisi\u00f3n, ante el hecho de no haberse notificado la providencia del 28 de octubre de 2021, proferida por el juez constitucional de segundo grado, como lo ordena la ley para las acciones de tutela\u00bb y, en consecuencia, se le ordene que disponga al \u00abJuez Promiscuo Municipal de Villapinz\u00f3n\u2026 en el proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas 2019-00244, que dentro de los\u2026 10 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo que se profiera, haga la liquidaci\u00f3n en concreto de los dineros correspondientes a los c\u00e1nones de arrendamiento del predio objeto de ese proceso, con sus respectivos intereses e indexaci\u00f3n, conforme lo probado\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Hern\u00e1n Antonio Barrero Bravo promovi\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela en contra del Juzgado Promiscuo Municipal de Villapinz\u00f3n, criticando el fallo emitido por esa sede judicial el 5 de mayo de 2021 en el juicio de rendici\u00f3n provocada de cuentas que \u00e9l promovi\u00f3 en contra de Rosa Delia Camelo de Garc\u00eda y Graciela Barrero Bravo, pues, en su sentir, no se sigui\u00f3 el tr\u00e1mite conforme al numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 379 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que, la decisi\u00f3n deb\u00eda adoptarse en auto, previo tr\u00e1mite incidental, as\u00ed como tampoco, se garantiz\u00f3 el uso de las TICS en las actuaciones judiciales para tener el acceso al expediente. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del ruego supralegal le correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1, quien con fallo de 28 de mayo de 2021 accedi\u00f3 a la petici\u00f3n de amparo, dejando sin efecto la decisi\u00f3n de 5 de mayo anterior, ordenando impartir el tr\u00e1mite conforme lo dispuesto en la norma en cita (num. 5, art. 379, CGP), al tiempo que adelantara los tr\u00e1mites necesarios para avanzar en la digitalizaci\u00f3n de los expedientes e implementar el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n; determinaci\u00f3n que, el 8 de octubre siguiente, revoc\u00f3 el Tribunal, negando la protecci\u00f3n implorada, tras encontrar insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad, sumado a que, el actuar del fallador criticado se ajust\u00f3 a la realidad procesal. <\/p>\n
2.3. Refiri\u00f3 el promotor que, solicit\u00f3 adici\u00f3n del referido fallo, pues, a su parecer, se \u00abdescono[ci\u00f3] precedentes constitucionales al delegar en las demandadas del proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas \u201cproceder en la forma m\u00e1s conveniente, entregar los dineros correspondientes y en la proporci\u00f3n equitativa a Hern\u00e1n Barrero y Alfredo Lisimaco Barrero\u00bb, adem\u00e1s, tampoco se orden\u00f3 \u00abcondenar en concreto por los dineros correspondientes\u00bb; el 28 de octubre de 2021 el colegiado neg\u00f3 tal adici\u00f3n, sin embargo, \u00abno se notific\u00f3 en legal forma, sino que\u2026 vino a tener conocimiento de esa providencia hasta el 02 de marzo de 2022\u2026 al revisar \u201cconsulta de procesos de la rama judicial\u201d\u00bb, raz\u00f3n por la que, considera, \u00abes necesario solicitar a la Corte Constitucional el respectivo expediente\u00bb, para surtir dicho enteramiento. <\/p>\n
2.4. A trav\u00e9s de esta nueva solicitud de amparo, Hern\u00e1n Barrero Bravo censura, en s\u00edntesis, que el Tribunal quebrant\u00f3 sus garant\u00edas de primer grado, en la medida en que, \u00abel tr\u00e1mite del proceso est\u00e1 a cargo del juzgador y no de las partes\u00bb, por lo que \u00abel juez tiene el deber de ejercer el control de legalidad del art\u00edculo 132 del C.G.P.\u00bb, de ah\u00ed que, el colegiado err\u00f3 al afirmar que el despacho ejerci\u00f3 el control de legalidad, dando \u00abpor cierto una actuaci\u00f3n que no se realiz\u00f3 en ning\u00fan momento\u00bb. <\/p>\n
2.5. Indic\u00f3 que \u00abal no haberse realizado el \u201ccontrol de legalidad\u201d el 21 de abril de 2021 – ni en momento alguno dentro del proceso -, es procedente afirmar que el proceso debi\u00f3 ser resuelto mediante INCIDENTE, conforme al numeral 5 del art\u00edculo 379 del C.G.P., al haber objetado la demandada el juramento estimatorio, el 19 de septiembre de 2019, donde acompa\u00f1\u00f3 las cuentas con los respectivos soportes (C.G.P. art. 379 num.3), m\u00e1s cuando la labor de juzgamiento no puede ejercerse de cualquier modo motivo por el cual el Tribunal no demostr\u00f3 la falta de causa para la reclamaci\u00f3n de rendici\u00f3n de cuentas\u00bb; asimismo, porque el juez de conocimiento dej\u00f3 a discrecionalidad de la administradora \u00abproceder en la forma m\u00e1s conveniente, entregar los dineros correspondientes y en proporci\u00f3n equitativa a\u2026 Hern\u00e1n Barrero y Alfredo Lisimaco Barrero\u201d, en contrav\u00eda al precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, sobre las condenas en concreto, present\u00e1ndose el defecto sustantivo\u00bb. <\/p>\n
2.6. Manifest\u00f3 que, adem\u00e1s de que el prove\u00eddo que resolvi\u00f3 la solicitud de adici\u00f3n no fue debidamente enterado, tampoco se refiri\u00f3 respecto a la condena en concreto \u00abpor cantidad y valor determinados\u00bb, pues el despacho de Villapinz\u00f3n le orden\u00f3 a la administradora \u00abproceda en la forma m\u00e1s conveniente, entregar los dineros correspondientes y en proporci\u00f3n equitativa a\u2026 Hern\u00e1n Barrero y Alfredo Lisimaco Barrero\u00bb, quebrantando lo dispuesto en el art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, remiti\u00f3 los enteramientos del prove\u00eddo que neg\u00f3 la solicitud de adici\u00f3n a las partes. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas, en esa instancia, en el tr\u00e1mite constitucional; refiri\u00f3 que no vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas; remiti\u00f3 link para consulta de expediente. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No cabe duda de que el objeto del presente reclamo recae sobre el fallo de tutela dictado por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cundinamarca el 8 de octubre de 2021, que revoc\u00f3 el proferido el 28 de mayo anterior por el Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1, que ampar\u00f3 las prerrogativas imploradas por Hern\u00e1n Antonio Barrero Bravo, as\u00ed como, el prove\u00eddo de 28 de octubre siguiente, que neg\u00f3 la adici\u00f3n del fallo ahora criticado; pretendiendo el accionante que en esta nueva acci\u00f3n constitucional se examinen dichas decisiones tutelares, por cuanto, considera, no era procedente revocar el fallo que ampar\u00f3 sus garant\u00edas, por incumplir con el presupuesto de subsidiariedad, comoquiera que, el fallador de conocimiento tiene el deber de ejercer control de legalidad en los juicios, por lo que, le correspond\u00eda tramitar el proceso en debida forma, sin necesidad de advertir sus irregularidades, relievando que, tampoco atendi\u00f3 las piezas procesales del asunto criticado, asimismo, porque al resolver la adici\u00f3n no tuvo en cuenta lo relativo a condena en concreto, sumado a que, en su sentir, no se notific\u00f3 debidamente el prove\u00eddo que resolvi\u00f3 dicha adici\u00f3n; de donde se concluye la improcedencia del nuevo ruego. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna. (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 en. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00. (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 en. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
3. Bajo esa perspectiva, surge palmario que el inconforme tiene dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una sentencia de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez constitucional. <\/p>\n
De modo que la petici\u00f3n elevada por el actor no es de recibo, m\u00e1xime cuando goza de la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, para exponer sus inconformidades, por lo que es all\u00ed donde debe acudir, incluso a trav\u00e9s del mecanismo de insistencia, destac\u00e1ndose que la aludida acci\u00f3n de tutela fue remitida a dicho Alto Tribunal el 2 de marzo de 2022 (luego de notificado el prove\u00eddo que resolvi\u00f3 la petici\u00f3n de adici\u00f3n), sin que a la fecha haya sido excluida de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto la jurisprudencia ha explicado que: <\/p>\n
La Constituci\u00f3n misma previ\u00f3 un proceso especial contra cualquier falta de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales: la revisi\u00f3n de las sentencias de tutela proferidas por los jueces constitucionales (art. 86 inciso 2\u00ba C.P.). La revisi\u00f3n que lleva a cabo la Corte Constitucional incluye las v\u00edas de hecho de los mismos jueces de tutela. Se trata de un mecanismo especial para garantizar el cierre del sistema jur\u00eddico por el \u00f3rgano constitucional encargado de salvaguardar la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n (Negrilla fuera del texto original, CC T-041\/10; reiterada por CSJ STC178, 21 ene. 2016). <\/p>\n
4. Ahora, no olvida la Sala que, en casos excepcionales, ha aceptado la procedencia del mecanismo de amparo contra sentencias de tutela, espec\u00edficamente \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, ser\u00eda admisible la acci\u00f3n de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental\u00bb (STC11156-2014, 22 ag., rad. 01804-00; STC15516-2015, 11 nov., rad. 02680-00; STC-2015, 2 dic., rad. 03067-00; STC-2016, 21 en., rad. 2015-03107-00; STC-2016, 11 feb., rad. 00188-00; y STC- 2016, 7 abr., rad. 00744-00; citadas en STC8768-2016, 6 jul., rad. 2016-00141). <\/p>\n
Sin embargo, en el caso de autos no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguno de los eventos antes rese\u00f1ados, que permita un an\u00e1lisis respecto de tal situaci\u00f3n, toda vez que la queja de las peticionarias no se contrae a dichas situaciones. <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
5 <\/p>\n
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