STC3152-2022 <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3152-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2021-00915-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 18 de enero de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la tutela que la Cooperativa W&A le instaur\u00f3 a los Juzgados Primero Civil del Circuito y Primero Civil Municipal, ambos de Soledad – Atl\u00e1ntico, extensiva a la Procuradur\u00eda Judicial Delegada ante el Tribunal para Asuntos Civiles y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2019-00254-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, por intermedio de apoderado, solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb para que se ordenara \u00abrevocar el numeral sexto de la providencia adiada del 9 de noviembre de 2020\u00bb, confirmada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad (30 nov. 2021). <\/p>\n
En sustento, narr\u00f3 que en el coercitivo que promovi\u00f3 Lucila Mart\u00ednez contra Walter de Jes\u00fas Zapata de la Cruz, Mercedes del Carmen Baraja de G\u00f3mez y Elsi Isabel Barrios de Trillos, en el que act\u00faa como cesionario, el Juzgado Primero Civil Municipal de Soledad dej\u00f3 \u00absin efectos los numerales 6\u00b0, 7\u00b0 y 9\u00b0 de la providencia de fecha 28 de julio de 2020\u00bb y, en consecuencia, decret\u00f3 el desembargo de \u00abla pensi\u00f3n que perciban Mercedes del Carmen Baraja de G\u00f3mez en su calidad de jubilada de Colpensiones y Walter de Jes\u00fas Zapata de la Cruz, en calidad de pensionado de la Polic\u00eda Nacional\u00bb, por estimar que \u00abdicho embargo no resulta procedente, puesto que la fuente de la acreencia ejecutada en el presente tr\u00e1mite, no obedece a un cr\u00e9dito cooperativo, de la cual pueda predicarse que le son aplicables las prerrogativas que legalmente se le confieren como es el embargo de las pensiones hasta en un 50%\u00bb (9 nov. 2020), determinaci\u00f3n convalidada por el superior el 30 de noviembre de 2021. <\/p>\n
Acus\u00f3 tales providencias de quebrantar sus atributos b\u00e1sicos, debido a que \u00absu interpretaci\u00f3n errada, obstaculiza el cumplimiento real y efectivo de lo que se concret\u00f3 en el auto adiado del 9 de noviembre del 2020, y lo que est\u00e1 produciendo un el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad se opuso al auxilio y defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
El Primero Civil Municipal de dicha urbe resalt\u00f3 la improcedencia del auxilio, toda vez que \u00abno se evidencia irregularidad alguna en el proceso radicado bajo el No. 087584003001- 2019-00254-00, que conlleve a la vulneraci\u00f3n de los derechos invocados por el accionante\u00bb, porque la decisi\u00f3n controvertida \u00abse fundament\u00f3, en que no se encontr\u00f3 constancia en el expediente de que los ejecutados Mercedes del Carmen Baraja de G\u00f3mez y Walter de Jes\u00fas Zapata de La Cruz, fueran beneficiarios o asociados de la Cooperativa W&A y que el cr\u00e9dito cobrado fuera con ocasi\u00f3n de una obligaci\u00f3n contra\u00edda directamente con esta; todo lo contrario la obligaci\u00f3n demandada en el proceso objeto de la acci\u00f3n de tutela es originariamente suscrita con una persona natural, Lucila Mart\u00ednez, como consta en el t\u00edtulo valor aportado con la demanda de fecha 16 de agosto de 2019 consistente en la letra de cambio por la suma de $53.000.000,oo\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Barranquilla neg\u00f3 el ruego, en atenci\u00f3n a que \u00abla situaci\u00f3n fue estudiada y tras un an\u00e1lisis de la solicitud, se emitieron tales decisiones, bajo un criterio que, con independencia que se comparta o no, se ilustra con legislaci\u00f3n y jurisprudencia constitucional. Asimismo, el hecho de que la Cooperativa convocante no comparta los argumentos de los juzgados accionados no convierte esas determinaciones en caprichosas o antojadizas, pues las autoridades accionadas tuvieron en cuenta las normas, los criterios jurisprudenciales y las pruebas practicadas en este asunto\u00bb. <\/p>\n
2.- Impugn\u00f3 la precursora insistiendo en lo aducido en el escrito genitor, destacando que \u00abel ad quo no tiene en cuenta las Jurisprudencias que ha tratado tema del embargo a favor de cooperativa y mucho menos el estudio constitucional de la Sentencia C-589\/95\u00bb, lo que significa que \u00abla Cooperativa W&A puede hacer negocio con tercero no afiliado en beneficio de los asociados como lo dispone el Articulo 10 de la ley 70 de 1988 y los estatutos de la misma, por ello, la jurisprudencia y el ordenamiento jur\u00eddico permiten concluir que la Cooperativa le basta con que se demuestra en el proceso de la referencia, que est\u00e1 debidamente autorizada, para que acceda a la medida cautelar\u00bb. Adem\u00e1s, que \u00abla ley no exige que el cr\u00e9dito sea originado por la cooperativa; sino, simplemente que sea a favor de ella, como en este caso (\u2026) por lo que se desprende que la entidad demandante ostenta la calidad exigida en la excepci\u00f3n y privilegio que consagra el Numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 134 de la ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Si bien la impugnante atac\u00f3 tambi\u00e9n la directriz del Juzgado Primero Civil Municipal de Soledad (9 nov. 2020), el an\u00e1lisis de esta Corporaci\u00f3n se circunscribir\u00e1 al expedido por el Primero Civil del Circuito de esa localidad al cerrar el debate suscitado. <\/p>\n
2.- Ahora, constituye regla invariable la improcedencia de este instrumento residual y sumario para disentir o revisar las resoluciones judiciales, sendero especial que tan s\u00f3lo se abre paso cuando quien est\u00e1 llamado a dispensar justicia socava o pone en riesgo las prerrogativas superiores de los litigantes, es decir, frente a un obrar a todas luces arbitrario, grosero o ajeno a la ley, dado que no cualquier divergencia tiene la virtualidad de quebrantar la autonom\u00eda que el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les reconoce. <\/p>\n
As\u00ed lo ha manifestado de tiempo atr\u00e1s esta Sala: \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y, menos a\u00fan, \u00abacometer, bajo ese pretexto, (\u2026) una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC 7 mar. 2008. rad. 2007-00514-01), ya que debe tenerse en cuenta que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28 mar. 2012, rad. 2012-00022-01, reiterada en STC128-2021 y en la STC570-2022). <\/p>\n
3.- De la evidencia obrante en el plenario, se advierte el decaimiento del amparo y, por ende, la ratificaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n atacada, por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
Ello, porque el pronunciamiento del Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad (30 nov. 2021), no luce antojadizo, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del expediente, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 \u00abrazonablemente\u00bb los elementos suasorios obrantes en la causa, confront\u00e1ndolos con los preceptos que rigen la controversia. <\/p>\n
En efecto, refrend\u00f3 la sentencia de 9 de noviembre de 2020 emitida por el Primero Civil Municipal de Soledad, que, entre otras cosas, \u00abdej\u00f3 sin efecto los numerales 6\u00b0, 7\u00b0 y 9\u00b0 de la providencia de 28 de julio de 2020 y decret\u00f3 el desembargo de la pensi\u00f3n que perciben los demandados\u00bb. Para ello, inicialmente predic\u00f3 que <\/p>\n
\u00abel inconformismo de la parte demandante, se ci\u00f1e en establecer que el endoso en propiedad transfiere el dominio del t\u00edtulo, es decir, la obligaci\u00f3n representada en t\u00edtulo valor, independientemente si el origen del negocio fue con persona natural o jur\u00eddica, siempre y cuando respete el principio de circulaci\u00f3n de los t\u00edtulos valor, y este mantendr\u00e1 el derecho incorporado y su autonom\u00eda, la cual es inseparable e indisoluble al t\u00edtulo valor (619 C.Co)\u00bb. <\/p>\n
\u00ab[E]l endosatario en propiedad tiene la condici\u00f3n de tenedor leg\u00edtimo y en tal medida est\u00e1 facultado para presentar para su aceptaci\u00f3n, y para el cobro ya sea judicial o extrajudicial; lo cual, no es objeto de discusi\u00f3n, por cuanto en ejercicio de ello queda facultado el endosatario para ejercer, como en el presente caso, las acciones para su ejecuci\u00f3n; evidentemente independiente del origen del negocio, y de las personas que en el mismo intervienen\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 esgrimiendo, que \u00abel ad quo, no desconoci\u00f3 la transferencia, ni el derecho del demandante, al punto que, en la sentencia censurada, orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb y le se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[E]l ordenamiento jur\u00eddico consagra el derecho a utilizar medida cautelar suficiente para asegurar el cumplimiento real y efectivo de lo que se concrete en la sentencia, (\u2026) pues, el ejecutante tiene la posibilidad de acudir a otras cautelas, ya que no est\u00e1 desprovisto de la posibilidad de embargar otros bienes de los deudores, distintos a la pensi\u00f3n, frente a la cual, existe una prohibici\u00f3n de ley, y por tanto no se configura el defecto sustantivo alegado, pues esa restricci\u00f3n legal no cede en este particular caso\u00bb. <\/p>\n
Reflexion\u00f3, entonces, que <\/p>\n
\u00abSeg\u00fan las pruebas obrantes en el dossier, Walter de Jes\u00fas Zapata De La Cruz, Elsi Isabel Barrios de Trillo y Mercedes del Carmen Baraja de G\u00f3mez no son beneficiarios o asociados de la Cooperativa W&A, y como acertadamente lo apunt\u00f3 el ad quo, la obligaci\u00f3n perseguida es originaria de una persona natural, Lucila Mart\u00ednez, como consta en el t\u00edtulo valor suscrito letra de cambio aportada como t\u00edtulo de recaudo\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, refiri\u00f3 que la Corte Constitucional en la T-246 de 2003, expres\u00f3, en lo relacionado con las dos excepciones plasmadas en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 134 de la Ley 100 de 1993 acorde con el numeral 2\u00b0 del canon 344 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, para cautelar las pensiones y dem\u00e1s prestaciones sociales, que <\/p>\n
\u00abhay que aplicar la interpretaci\u00f3n restrictiva de estas normas y precedentes jurisprudenciales, (\u2026) En el caso en estudio la cooperativa ejecutante deriva su derecho del endoso de una letra de cambio, lo que significa que la misma no otorg\u00f3 directamente el cr\u00e9dito a la ejecutada, pues aunque el recurrente considera que no interesa el v\u00ednculo contractual ni subyacente, para esta judicatura si es dable dicho miramiento, porque para la excepci\u00f3n de inembargabilidad hay que tener en cuenta que el cr\u00e9dito sea a favor de una cooperativa, y es all\u00ed que el legislador quiso amparar a dichos entes cooperativos cuando otorguen cr\u00e9ditos a dichos pensionados, para estar amparado en la excepci\u00f3n de embargabilidad de las pensiones por obligaciones adquiridas por sus deudores\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, coligi\u00f3, que los beneficios del alcance del \u00abembargo\u00bb que genera la legislaci\u00f3n de \u00abcooperativas\u00bb, <\/p>\n
\u00abse aplica en aquellos casos en que la cooperativa es acreedora por relaciones o negocios que de manera directa ha realizado con sus asociados o beneficiarios, no obstante, cuando adquiere la condici\u00f3n de acreedora por v\u00eda de endoso o por v\u00eda de cesi\u00f3n, no tiene aplicabilidad el privilegio o beneficio, la raz\u00f3n de ello es que el negocio no es propiamente cooperativo, en ese mismo orden, tal como razon\u00f3 el apelante, si la cooperativa endosa el t\u00edtulo, el tercero (particular) a quien se endosa, no se le transfiere y por tanto no goza de los beneficios o privilegios del monto embargable que permite la ley de cooperativas, sino corresponde aplicar la legislaci\u00f3n ordinaria y no la especial\u00bb. <\/p>\n
Soport\u00f3 su raciocinio en un caso de perfiles semejantes, en el que esta Magistratura dijo: <\/p>\n
\u00ab[E]l cr\u00e9dito objeto de recaudo tiene g\u00e9nesis en una letra de cambio que un tercero endos\u00f3 en propiedad a favor de la Cooperativa Multiactiva El Brillante \u2013Coobrillante; luego entonces, la obligaci\u00f3n exigida judicialmente no tiene la naturaleza de un acto cooperativo, pues su origen no fue la prestaci\u00f3n de un servicio a un asociado o a un beneficiario, y, por ende, no era procedente el embargo de la mesada pensional del deudor (\u2026). <\/p>\n
Ahora bien, lo anterior no quiere decir, como lo afirma la entidad impugnante, que se desconozca su inter\u00e9s para promover el cobro del t\u00edtulo valor endosado a su favor, pues de conformidad con la ley de circulaci\u00f3n aquella es la tenedora leg\u00edtima; lo que sucede es que la cautela solicitada no es procedente, como ya se dijo, y por tal raz\u00f3n, deber\u00e1 pedir otras medidas distintas al embargo y retenci\u00f3n de la pensi\u00f3n del deudor para satisfacer la obligaci\u00f3n recaudada\u00bb (STC3786-2019). <\/p>\n
4.- T\u00e9ngase en cuenta que, adem\u00e1s de las normas en cita, el C\u00f3digo General del Proceso en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 594, hace especial \u00e9nfasis en \u00abla obligaci\u00f3n que tienen los funcionarios judiciales de abstenerse de decretar cautelas sobre recursos inembargables\u00bb. <\/p>\n
5.- En ese orden, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere la sedicente, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la pugna, sin que dicho prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo objetivo tuitivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
6.- As\u00ed las cosas, se ratificar\u00e1 el fallo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3152-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC3152-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2021-00915-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 18 de enero de 2022 por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62117","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62117","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62117"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62117\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62117"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62117"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62117"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}