STC3153-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3153-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00002-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso e igualdad, que dice vulnerados por las autoridades encartadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al Juzgado de Primera Instancia de Brigadas de Infanter\u00eda de Marina \u00abdejar sin efecto la orden de captura la cual [lo] obliga a purgar pena en el centro reclusorio militar en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca)\u00bb y, en consecuencia, que indique las razones por las que \u00abse retract\u00f3 de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal aun cuando esta fue clara en motivar que \u201cse encontraba probada y comprobada la ocurrencia de la prescripci\u00f3n penal\u201d\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Jos\u00e9 Antonio Lora Z\u00fa\u00f1iga -en calidad de Infante de Marina profesional org\u00e1nico del Batall\u00f3n Fluvial de Infanter\u00eda de Marina n\u00b0 80- se adelant\u00f3 proceso penal por el delito de \u00abataque al superior\u00bb, que el 31 de agosto de 2017 el Juzgado de Primera Instancia de las Brigadas de Infanter\u00eda de Marina de la Armada Nacional, lo conden\u00f3 a 12 meses de prisi\u00f3n al encontrarlo responsable del punible endilgado; determinaci\u00f3n que, el 29 de junio de 2021 confirm\u00f3 el Tribunal Superior Militar y Policial. <\/p>\n
2.2. El 12 de agosto siguiente, el promotor solicit\u00f3 ante el despacho de Primera Instancia de las Brigadas de Infanter\u00eda de Marina de la Armada Nacional la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal; autoridad que, el 16 de septiembre de 2021 orden\u00f3 la cesaci\u00f3n de todos los procedimientos y la cancelaci\u00f3n de la orden de captura en su contra, al hallarle raz\u00f3n al promotor; decisi\u00f3n que, el 14 de octubre de ese a\u00f1o, al desatar el remedio horizontal formulado por la Fiscal\u00eda, repuso, al considerar que el proceso ya hab\u00eda hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada, por lo que no hab\u00eda lugar a declarar dicha prescripci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela critic\u00f3 el quejoso, en s\u00edntesis, las decisiones referidas a espacio, pues, en su sentir, en aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 83 y siguientes del C\u00f3digo Penal Militar \u00abla acci\u00f3n penal se encontraba prescrita al momento de emitirse la sentencia en segunda instancia\u00bb, teniendo en cuenta que \u00abla fecha de los hechos objeto de investigaci\u00f3n 28\/06\/2012, la fecha de escrito de acusaci\u00f3n fue en 04\/08\/2016, fecha del fallo de primera instancia 31\/08\/2017 y finalmente el fallo de segunda instancia fue el 29\/06\/2021\u00bb, de ah\u00ed que, \u00abse vislumbra una diferencia en tiempos abismal, no m\u00e1s refiri\u00e9ndonos a la primera instancia y segunda donde transcurrieron 46 meses (casi 4 a\u00f1os) entre cada una y por parte del juzgador no se aplic\u00f3 ni se acept\u00f3 la caducidad del proceso, violando de esta manera el debido proceso; esta debi\u00f3 haber prescrito el d\u00eda 07\/08\/2020\u00bb. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que la decisi\u00f3n de 14 de octubre de 2021 que repuso la prescripci\u00f3n dispuesta por el fallador de primera instancia \u00abjam\u00e1s se notific\u00f3 por parte del ente acusador, por ende en esta etapa procesal no tuv[o] la opci\u00f3n de controvertir ni aportar pruebas a [su] favor\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Instancia de Brigadas de Infanter\u00eda de Marina relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; anot\u00f3 que atendiendo los par\u00e1metros legales \u00abla resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n proferida por la Fiscal\u00eda Penal Militar ante \u00e9ste Juzgado cobr\u00f3 ejecutoria el d\u00eda 5 de diciembre de 2016, y la sentencia de segunda instancia cobr\u00f3 ejecutoria\u2026 el d\u00eda 2 de agosto de 2021, es decir, el tiempo transcurrido es de\u20264 a\u00f1os, \u20267 meses y \u202627 d\u00edas, t\u00e9rmino que resulta muy inferior a los \u20267 a\u00f1os y \u20266 meses que la ley dispone como t\u00e9rmino para que la acci\u00f3n penal prescriba en etapa de juicio\u00bb; que en cumplimiento de la condena impuesta, desde el 4 de noviembre de 2021 el promotor est\u00e1 privado de la libertad; que el gestor cuenta con otros mecanismos ordinarios para pretender la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Tribunal Superior Militar y Policial cont\u00f3 las actuaciones adelantadas en el proceso penal encausado; refiri\u00f3 que para cuando profiri\u00f3 el fallo de segunda instancia la acci\u00f3n penal no estaba prescrita como lo hace ver el accionante, pues en aplicaci\u00f3n de la normatividad y la jurisprudencia \u00abla resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n en contra del Infante de Marina Profesional Jos\u00e9 Antonio Lora Z\u00fa\u00f1iga qued\u00f3 ejecutoriada el 6 de diciembre de 2016, fecha en que inici\u00f3 a contabilizar el nuevo t\u00e9rmino que igualmente es de cinco (5) a\u00f1os aumentado en la mitad, la acci\u00f3n penal en el proceso de la referencia prescrib\u00eda el 6 de mayo de 2023\u00bb; que al estar la condena en firme, el fallador de primera instancia no pod\u00eda tomar ninguna decisi\u00f3n respecto de la dicha prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal; que el promotor puede acudir a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n conforme a las causales previstas en el art\u00edculo 373 de la Ley 522 de 1999; remiti\u00f3 copia del fallo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo al encontrar insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad, comoquiera que, si el promotor considera que oper\u00f3 el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, tiene a su alcance la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 373 de la Ley 522 de 1999. <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante manifestando que \u00abun proceso de revisi\u00f3n cuando la condena en el caso en concreto es de seis meses \u00fanicamente no se muestra como una opci\u00f3n muy viable dado que este proceso puede tardar m\u00e1s que la misma condena en s\u00ed, por tanto, se opt\u00f3 por usar este mecanismo con la finalidad de solicitar la revisi\u00f3n del mismo proceso en s\u00ed\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tal premisa, descendiendo al caso de autos, se tiene que el promotor considera que, para el caso concreto, oper\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, incluso, desde antes de emitirse la sentencia de segunda instancia, por lo que, en su sentir, adem\u00e1s del Tribunal, el juez de Primera Instancia de las Brigadas de Infanter\u00eda de Marina de la Armada Nacional, al reponer el auto de 16 de septiembre de 2021, quebrant\u00f3 sus garant\u00edas; sin embargo, tal como afirm\u00f3 el a quo constitucional, muy a pesar de las alegaciones del impugnante, se concluye que la solicitud de amparo deviene improcedente, comoquiera que el accionante tiene a su alcance acudir al recurso extraordinario de revisi\u00f3n, en aras de provocar un pronunciamiento del fallador natural, frente a lo que, en su sentir, demostrar\u00eda dicha prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
En efecto, el actor cuenta con el remedio atr\u00e1s referido, conforme lo dispuesto en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 373 de la Ley 522 de 1999 (norma aplicable al caso concreto), el cual procede contra sentencias ejecutoriadas, entre otros eventos: \u00ab2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga medida de seguridad, en proceso que no pod\u00eda iniciarse o proseguirse por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, por falta de querella o petici\u00f3n v\u00e1lidamente formulada o por cualquier otra causal de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb, causal procedente para alegar dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente a situaciones similares a la que aqu\u00ed se presenta, en punto al incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad para alegar lo relativo a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, luego de estar en firme el fallo condenatorio, la Sala dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
\u2026tal como lo refiri\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal, el interesado cuenta con la acci\u00f3n de revisi\u00f3n para invocar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, con base en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 373 de la Ley 522 de 1999, eso s\u00ed, siempre y cuando atienda la oportunidad establecida por la ley para ello. <\/p>\n
Dicha norma prev\u00e9 \u00ab[h]ay lugar a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n contra las sentencias condenatorias ejecutoriadas, en los siguientes casos (\u2026) 2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga medida de seguridad, en proceso que no pod\u00eda iniciarse o proseguirse por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De manera que <\/p>\n
(\u2026) mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (STC de 28 de octubre de 2011, exp. 00312-01, reiterada en STC2593 de marzo 2 de 2016). (CSJ, STC6598-2016; 19 may., rad. 2016-00681-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen de las alegaciones del impugnante, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb, relievando, por dem\u00e1s, que no se evidencia la presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado, por las razones ac\u00e1 expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3153-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3153-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00002-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANTECEDENTES 1. El […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62118","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62118","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62118"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62118\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62118"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62118"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62118"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}