STC3155-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3155-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00207-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por la parte accionante contra el fallo proferido el 15 de febrero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gilma de Jes\u00fas Acevedo Bustamante contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las dem\u00e1s partes e intervinientes del juicio objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar sin efecto \u00abel fallo proferido el d\u00eda 28 de julio de 2021 de la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la sentencia del Tribunal Superior de Medell\u00edn \u2013 Sala Laboral del 29 de julio de 2019\u00bb y, en consecuencia, \u00abse acceda al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes por la muerte de [su] c\u00f3nyuge Hern\u00e1n de Jes\u00fas Garc\u00eda Rodr\u00edguez, los intereses moratorios del art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993, en subsidio la indexaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Gilma de Jes\u00fas Acevedo Bustamante promovi\u00f3 proceso laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, a fin de que se le reconociera la pensi\u00f3n de sobrevivientes, por el fallecimiento de su c\u00f3nyuge Hern\u00e1n de Jes\u00fas Garc\u00eda Rodr\u00edguez el 19 de mayo de 1991, sumando los tiempos de servicios del sector p\u00fablico y los privados cotizados al ISS o, en subsidio, aplicando el principio de retrospectividad de la ley, los intereses moratorios del art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993 y\/o indexaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medell\u00edn, quien con sentencia de 14 de mayo de 2019 accedi\u00f3 a las pretensiones; determinaci\u00f3n que, en sede de apelaci\u00f3n, el 29 de julio siguiente el Tribunal revoc\u00f3, al considerar, entre otras, que conforme las disposiciones de la sentencia SU-769\/2014 la sumatoria de tiempos p\u00fablicos y privados era pertinente, \u00fanicamente, para la pensi\u00f3n de vejez, sin que all\u00ed, tales garant\u00edas fueran extensivas para las prestaciones econ\u00f3micas de sobrevivientes y de invalidez. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que los falladores encausados realizaron una lectura desfavorable a sus intereses, situaci\u00f3n que quebranta sus garant\u00edas de primer grado, pues, insiste, se desconocieron los precedentes jurisprudenciales. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que es una persona de especial protecci\u00f3n, comoquiera que, tiene 81 a\u00f1os de edad y vive con su hijo, quien es \u00abtrabajador informal\u00bb, adem\u00e1s que, luego del fallecimiento de su esposo, han sido sus hijos \u00abquienes [le] han brindado una ayuda econ\u00f3mica para poder sobrevivir, pues nunca h[a] laborado ni recibido ingresos econ\u00f3micos que [le] permitan satisfacer [sus] necesidades b\u00e1sicas\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, por cuanto las decisiones censuradas est\u00e1n ajustadas a derecho, por lo que no se puede desconocer los principios de certeza, seguridad jur\u00eddica y legalidad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de los Seguros Sociales \u2013en liquidaci\u00f3n- manifest\u00f3 que carece de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida, por lo que es Colpensiones la entidad actualmente encargada de administrar el mencionado r\u00e9gimen; que la acci\u00f3n de tutela no es una instancia adicional del proceso, m\u00e1xime cuando de cara al caso concreto se agot\u00f3 primera y segunda instancia, as\u00ed como la casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medell\u00edn indic\u00f3 que no quebrant\u00f3 las garant\u00edas imploradas. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo invocado al considerar que las decisiones censuradas no lucen arbitrarias, a m\u00e1s que est\u00e1n ajustadas a los par\u00e1metros legales y al material probatorio recaudado, pues no hab\u00eda lugar a la sumatoria de tiempos p\u00fablicos y privados, \u00abpuesto que los reglamentos del ISS no contemplaban esa posibilidad, y tal acumulaci\u00f3n solo fue prevista a partir de la Ley 100 de 1993; adem\u00e1s que, lo pretendido por la promotora es que por v\u00eda de tutela se sustituya la apreciaci\u00f3n del an\u00e1lisis que al efecto hicieron los jueces de instancia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante reiterando sus alegaciones iniciales, insistiendo en el desconocimiento jurisprudencial sobre la materia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto se advierte que la queja constitucional censura el fallo proferido el 28 de julio de 2021 (SL3642-2021), respecto de la interpretaci\u00f3n que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura dispens\u00f3 respecto de la sumatoria de tiempos p\u00fablicos y privados en cuanto al reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
Verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia acusada no luce arbitraria. <\/p>\n
En efecto, tras recordar la norma aplicable al caso concreto, as\u00ed como el reglamento general del Seguro Social, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026de manera reiterada, que la norma a aplicar en materia de pensi\u00f3n de sobrevivientes es la que se encuentre vigente para la fecha en que ocurre la muerte del asegurado, hecho que en este asunto acaeci\u00f3 el 19 de mayo de 1991, sin que exista aqu\u00ed controversia respecto a que la prestaci\u00f3n pretendida se rige por los art. 6\u00b0 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte, emitido por el Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, y aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, normas que prev\u00e9n: <\/p>\n
ART\u00cdCULO 25. PENSION DE SOBREVIVIENTES POR MUERTE POR RIESGO COMUN. Cuando la muerte del asegurado sea de origen no profesional, habr\u00e1 derecho a pensi\u00f3n de sobrevivientes en los siguientes casos: <\/p>\n
a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el n\u00famero y densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez por riesgo com\u00fan y, <\/p>\n
b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga causado el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez o de vejez seg\u00fan el presente Reglamento. <\/p>\n
ART\u00cdCULO 6o. REQUISITOS DE LA PENSION DE INVALIDEZ. Tendr\u00e1n derecho a la pensi\u00f3n de invalidez de origen com\u00fan, las personas que re\u00fanan las siguientes condiciones: <\/p>\n
a) Ser inv\u00e1lido permanente total o inv\u00e1lido permanente absoluto o gran inv\u00e1lido y, <\/p>\n
b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) a\u00f1os anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier \u00e9poca, con anterioridad al estado de invalidez. <\/p>\n
De conformidad con el tenor de las normas aplicables al asunto en controversia, no es posible inferir, como lo hace la censura, que de ellas se derive la procedencia del c\u00f3mputo de tiempos de servicio en el sector p\u00fablico no cotizados al Instituto de Seguros Sociales, para acreditar las semanas all\u00ed exigidas. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto se estableci\u00f3 en el citado Acuerdo, en lo pertinente, como requisito para la causaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, haber \u00abreunido el n\u00famero y densidad de cotizaciones\u00bb y \u00abHaber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas \u2026 o trescientas (300) semanas\u00bb, seg\u00fan sea el caso, de donde se concluye que s\u00ed constituye una exigencia haber efectuado tales cotizaciones al ISS, y que no se contempla en modo alguno el c\u00f3mputo de tiempos de servicios o aportes a otras cajas o fondos de previsi\u00f3n social, para ajustar la densidad m\u00ednima de cotizaciones requerida para la causaci\u00f3n del derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, otrora a cargo del Instituto de Seguros Sociales. <\/p>\n
En este punto, necesario resulta advertir, respecto al campo de aplicaci\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990, que, conforme a su art\u00edculo 1\u00b0, estar\u00edan sujetos al seguro social obligatorio contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte de origen no profesional, los afiliados obligatorios y facultativos relacionados en la citada norma, afiliaci\u00f3n que conllevaba el pago de las cotizaciones que, a posteriori, dar\u00edan lugar al reconocimiento de las prestaciones previstas en los reglamentos del Instituto, lo que, por contera, excluye a aquellas personas que no se encuentren afiliadas a la entidad y que no hayan efectuado los respectivos pagos de aportes para los riesgos de IVM, y, en el mismo sentido, permite concluir que solo mediando el pago de tales cotizaciones se puede acceder a las respectivas prestaciones. <\/p>\n
Lo anterior se infiere tambi\u00e9n de lo establecido en el art. 13 del Decreto 1650 de 1977, conforme al cual, para tener derecho a exigir las prestaciones por los riesgos de invalidez, vejez y muerte, esto es, las que cubr\u00edan los seguros sociales obligatorios, era requisito indispensable estar afiliado al r\u00e9gimen; del 14 \u00eddem, que previ\u00f3 que la afiliaci\u00f3n constitu\u00eda la fuente de los derechos y obligaciones que se derivan del r\u00e9gimen de los seguros sociales obligatorios; y de los conceptos de afiliado y asegurado contenidos en los art. 8\u00b0 y 11 del Decreto 3063 de 1989, como quien, en su orden, est\u00e1 inscrito y cotiza al r\u00e9gimen de los seguros sociales obligatorios, es sujeto de los derechos y obligaciones que de \u00e9l se derivan y se encuentra amparado contra las contingencias por haber cumplido los requisitos establecidos en los reglamentos de la entidad. <\/p>\n
Seguidamente, estudi\u00f3 la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad, consignando que: <\/p>\n
\u2026no es posible dar a las normas en comento la interpretaci\u00f3n propuesta por la recurrente, ni aun en aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad previsto en los art. 53 de la CN y 21 del CST, puesto que no existe duda real y objetiva respecto a la norma a aplicar en el caso concreto, ni conflicto entre normas vigentes, ni otras plausibles interpretaciones de la disposici\u00f3n que rige este asunto, cuyo correcto y un\u00edvoco entendimiento permite establecer que las semanas requeridas para la causaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes deben ser sufragadas al ISS en calidad de afiliado a los seguros de invalidez, vejez y muerte, sin que resulte procedente el c\u00f3mputo, para tales efectos, de tiempos de servicio que no hayan sido cotizados a la entidad, puesto que solo fue prevista esa posibilidad con la expedici\u00f3n de la Ley 100 de 1993, que, para la fecha de la muerte, cuando se causar\u00eda el derecho, no hab\u00eda sido expedida a\u00fan. <\/p>\n
Esta corporaci\u00f3n se ha pronunciado reiteradamente, sobre la correcta intelecci\u00f3n de las disposiciones acusadas, entre otras, en la sentencia CSJ SL10685-2017, en la que, con relaci\u00f3n a los requisitos de la pensi\u00f3n de sobrevivientes prevista en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, con argumentos que conservan vigor, en trat\u00e1ndose de aplicaci\u00f3n directa del mismo, esto es, por hechos acaecidos antes de la vigencia del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993\u2026 <\/p>\n
Luego, respecto de la aplicaci\u00f3n de la sentencia SU-769\/2014, en punto a la sumatoria de tiempos p\u00fablicos y privados para el reconocimiento pensional de sobrevivientes, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026tal como lo advirti\u00f3 el Tribunal, en este asunto no hab\u00eda lugar a la sumatoria de tiempos p\u00fablicos y privados, en aplicaci\u00f3n de la sentencia CC SU-769-2014, por cuando los supuestos f\u00e1cticos que dieron lugar a las consideraciones all\u00ed vertidas difieren sustancialmente de los que son materia de debate en este asunto, si se tiene en cuenta que, en aquella oportunidad, la Corte Constitucional analiz\u00f3 la posibilidad de la referida sumatoria, para efectos del reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, en aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
Ello, tras considerar que \u00abEl c\u00f3mputo de las semanas cotizadas es un aspecto que qued\u00f3 consagrado en la Ley 100 de 1993 […]\u00bb, luego de examinar su propia jurisprudencia, con ocasi\u00f3n de lo dispuesto en el literal f) del art. 13, el literal b) del par\u00e1grafo 1\u00b0 del art. 33 y el par\u00e1grafo del art. 36 de la referida ley, normatividad que no exist\u00eda en la fecha de ocurrencia del hecho que da lugar a la prestaci\u00f3n reclamada, raz\u00f3n por la cual no resulta viable trasladar el an\u00e1lisis y los argumentos all\u00ed vertidos a un asunto de esta \u00edndole, en el que se debate una pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
Y, contrario a lo reflexionado por el m\u00e1ximo \u00f3rgano constitucional, como ya se advirti\u00f3 en un an\u00e1lisis razonado respecto a los requisitos de tal prestaci\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 de que el Acuerdo 049 de 1990 no proh\u00edba el c\u00f3mputo de tiempos de servicios o aportes a otras cajas o fondos de previsi\u00f3n social, para ajustar la densidad m\u00ednima de cotizaciones requerida para la causaci\u00f3n de las prestaciones en el sistema pensional, lo relevante es que no contempl\u00f3 esa posibilidad en modo alguno, y la misma resulta contraria al esquema de los reglamentos del ISS. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026no se equivoc\u00f3 el Tribunal al negar la posibilidad de sumar tiempos de servicios en el sector p\u00fablico con las semanas efectivamente cotizadas al ISS, para la acreditaci\u00f3n de los supuestos necesarios para el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes prevista en el Acuerdo 049 de 1990, puesto que los reglamentos del Instituto no contemplaban esa posibilidad y tal acumulaci\u00f3n solo fue prevista a partir de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135-2016, 2 jun., rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Corolario de lo discurrido en precedencia, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
8 <\/p>\n
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