STC3156-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3156-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00026-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 25 de enero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP- instaur\u00f3 en contra de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Laboral n\u00ba 1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado judicial, pidi\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia en conexidad con el principio de sostenibilidad de sostenibilidad financiera del sistema pensional\u00bb, para que se ordenara a la Magistratura enjuiciada dejar sin efectos la sentencia dictada el 22 de junio de 2021 (SL2620-2021). <\/p>\n
En compendio, adujo que el Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 las pretensiones en el juicio que Oscar Javier Burbano Ram\u00edrez inco\u00f3 en su contra (rad. 78458) con el prop\u00f3sito que se declarara que es beneficiario de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo con vigencia 1998-1999, suscrita entre la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero y Sintracreditario (13 feb 2017); determinaci\u00f3n que ratific\u00f3 el superior (21 mar.). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el demandante formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n y la Corporaci\u00f3n fustigada quebr\u00f3 el veredicto del ad quem y, en su lugar, la conden\u00f3 a reconocer y pagar a favor de aquel, la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n seg\u00fan el art\u00edculo 41 del referido convenio, a partir del 2 de agosto de 2011 en cuant\u00eda de $2\u2019265.279 (22 jun. 2021). <\/p>\n
Sostuvo que en la \u00faltima providencia se cometi\u00f3 \u201cv\u00eda de hecho\u201d, porque Oscar Javier no cumpl\u00eda los requisitos para acceder a la prestaci\u00f3n, esto es, 20 a\u00f1os de servicio y 55 a\u00f1os, los cuales deb\u00eda acreditar antes del 31 de julio de 2010, de acuerdo con el par\u00e1grafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005. Ello, en atenci\u00f3n a que, si bien demostr\u00f3 \u201c21 a\u00f1os, 7 meses y 5 d\u00edas laborados de servicio p\u00fablico, (\u2026) para el 31 de julio de 2010 s\u00f3lo ten\u00eda 53 a\u00f1os\u201d, es decir, que Burbano Ram\u00edrez alcanz\u00f3 la edad requerida -55 a\u00f1os- el 2 de agosto de 2011, fecha para la cual ya no estaba vigente el pacto. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el afiliado tampoco satisfizo la exigencia relacionada con la \u201cmesada 14\u201d toda vez que, para el a\u00f1o 2011, \u201cfecha a partir de la cual se reconocer\u00eda la pensi\u00f3n\u201d, deb\u00eda percibir una asignaci\u00f3n \u201cigual o inferior a tres (3) S.M.M.L.V.\u201d; sin embargo, fue de \u201c$2\u2019265.279\u201d, monto que superaba el valor fijado de \u201c$1\u2019606.800\u201d. <\/p>\n
Discrep\u00f3 de la interpretaci\u00f3n dada por el \u00f3rgano de cierre atacado al imponer nuevas reglas a las existentes e indicar que \u201cla edad no e[ra] requisito de causaci\u00f3n sino de exigibilidad, lo que permit\u00eda que en cualquier tiempo se p[od\u00eda] acreditar la edad, siempre que se h[ubiese] acreditado el tiempo de servicios dentro de la vigencia de la convenci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la presente salvaguarda es procedente, pues la intervenci\u00f3n del juez constitucional es urgente en \u201cprotecci\u00f3n del erario que se afecta mes a mes (\u2026) [y] los principios de sostenibilidad financiera y solidaridad del Sistema General de Pensiones\u201d y, que, aunque puede elevar \u201crecurso extraordinario de revisi\u00f3n (\u2026) no es el mecanismo pertinente y eficaz para impedir la grave irregularidad\u201d. <\/p>\n
2.- La Procuradora Delegada para la Casaci\u00f3n Penal indic\u00f3 que no intervino en el pleito criticado y no tiene acceso a los veredictos all\u00ed emitidos; por ende, \u201cno le es posible emitir concepto donde se pueda ponderar si se pudo haber vulnerado derecho alguno\u201d. <\/p>\n
La Sala de Descongesti\u00f3n Laboral n\u00ba 1 defendi\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n censurada y afirm\u00f3 que aplic\u00f3 la l\u00ednea jurisprudencial de esa dependencia, de manera que, \u201cla acci\u00f3n de tutela no constituye una instancia judicial para revivir controversias concluidas\u201d. <\/p>\n
El Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de esta urbe narr\u00f3 lo acontecido en la lid y relat\u00f3 que el 15 de octubre del a\u00f1o pasado dispuso \u201cobedecer y cumplir lo ordenado por el superior y el 29 del mismo mes y a\u00f1o aprob\u00f3 y liquid\u00f3 las costas\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo neg\u00f3 el resguardo, tras cavilar que \u00abla demanda carece del requisito de la subsidiariedad (\u2026) por cuanto la Unidad demandante, a\u00fan cuenta con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, previsto en el art\u00edculo 30 de la Ley 712 de 2001, en concordancia con el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual se puede instaurar en un t\u00e9rmino que no exceda de cinco (5) a\u00f1os a partir de la sentencia laboral recurrida, lapso que no se ha cumplido\u00bb. <\/p>\n
2.- Apel\u00f3 la actora trayendo los mismos argumentos del escrito primigenio. Insisti\u00f3 en que el \u00abrecurso extraordinario de revisi\u00f3n (\u2026) no es el mecanismo id\u00f3neo (\u2026) [pues] debido a sus ritualidades procesales supedita [a] que la protecci\u00f3n se postergue y no sea inmediata\u00bb; en ese orden, este auxilio \u00abes para evitar un perjuicio irremediable (\u2026) derivado del pago pensional convencional y un retroactivo (\u2026) [que conduce a la] p\u00e9rdida de recursos p\u00fablicos (\u2026) que compromete los del Sistema General del Pensiones y su sostenibilidad financiera\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, inst\u00f3, en caso de no accederse al anhelo inicial, a que \u00abse suspenda de manera transitoria\u00bb la directriz combatida \u00abhasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que iniciar\u00eda en virtud de [la] orden tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia incorporada al paginario, ab initio se anuncia el fracaso del socorro y la convalidaci\u00f3n de lo opugnado, habida cuenta que no se colma el presupuesto de \u00absubsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
Se afirma lo anterior, como quiera que, previo a acudir a esta excepcional v\u00eda, la gestora debe agotar la herramienta estatuida por el legislador que, para el caso concreto, es el \u00abrecurso extraordinario de revisi\u00f3n\u00bb consagrado en el canon 30 de la Ley 712 de 2001, en concordancia con el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, que brinda la facultad de auscultar \u00ablas providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza\u00bb, escenario en el que podr\u00e1 rebatir las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas y los yerros de interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 41 de la Convenci\u00f3n Colectiva 1998-1999 que, en su sentir, cometi\u00f3 la Sala accionada. <\/p>\n
En torno a la idoneidad del mencionado mecanismo la Corte Constitucional en sentencia SU-427 de 2016 coligi\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la UGPP est\u00e1 legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, seg\u00fan corresponda, e interponer el recurso de revisi\u00f3n previsto en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, con el prop\u00f3sito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el t\u00e9rmino de caducidad de cinco a\u00f1os de dicho mecanismo no podr\u00e1 contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumi\u00f3 la defensa judicial de los asuntos que ten\u00eda a cargo Cajanal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ante la existencia otro mecanismo judicial como lo es el recurso de revisi\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, en principio, las acciones de tutela interpuestas por la UGPP para cuestionar decisiones judiciales en las que presuntamente se haya incurrido en un abuso del derecho son improcedentes al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n (\u2026)\u201d Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
En s\u00edntesis, si alg\u00fan desconcierto tiene la interesada frente al rito en cuesti\u00f3n, ser\u00e1 en el desarrollo normal de ese tr\u00e1mite donde deber\u00e1 exponerlo, sin que pueda soslayar las herramientas id\u00f3neas de \u00abdefensa\u00bb que al efecto le concede la ley adjetiva, cuya eficacia no decae frente a hipot\u00e9ticas situaciones como las referidas. <\/p>\n
2.- Ahora, concerniente a lo esbozado por la petente en la impugnaci\u00f3n, valga aclarar que, en la SU-427 de 2016 la Corte Constitucional, con el objetivo de evitar un \u00abperjuicio irremediable\u00bb a las finanzas del Estado, aval\u00f3 la posibilidad de prescindir de la exigencia residual que se echa de menos en esta oportunidad, cuando se avizorara una grave afectaci\u00f3n \u00abcon ocasi\u00f3n de una prestaci\u00f3n evidentemente reconocida con abuso del derecho\u00bb. As\u00ed coligi\u00f3: <\/p>\n
\u00abEl car\u00e1cter palmario del abuso del derecho debe ser identificado por el juez de tutela al momento de hacer el an\u00e1lisis de procedencia de la acci\u00f3n de tutela. No solo debe advertir (i) que el ejercicio del derecho pensional pudo haber desbordado los l\u00edmites que le impone el principio de solidaridad del sistema de seguridad social \u2013caso en el cual no debe perder de vista que la acci\u00f3n de tutela ser\u00e1, en principio, improcedente ante la existencia del recurso de revisi\u00f3n-, sino adem\u00e1s (ii) constatar que la ventaja irrazonable que gener\u00f3 pone en un riesgo inminente a los dem\u00e1s afiliados del sistema de seguridad social, con ocasi\u00f3n de una anomal\u00eda en la interpretaci\u00f3n judicial, en relaci\u00f3n con la cual CAJANAL no pudo ejercer su derecho de defensa y la UGPP se encuentra obligada a hacer erogaciones cuantiosas que, por su car\u00e1cter peri\u00f3dico, atentan contra la equidad y la sostenibilidad del sistema, de manera actual. Todo ello debe derivar de la elusi\u00f3n de los principios y de las reglas que rigen el sistema pensional. <\/p>\n
La jurisdicci\u00f3n constitucional deber\u00e1 intervenir en aquellos casos en los cuales, los t\u00e9rminos de decisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n aumentan de manera ostensible el nivel de riesgo para el sistema y sus afiliados. Es una carga para el actor demostrarlo y proponerle al juez el modo en que se verifica la amenaza. <\/p>\n
Entonces se asumir\u00e1 que la intervenci\u00f3n del juez de tutela depender\u00e1 de la disfunci\u00f3n a la que conduce el reconocimiento pensional cuestionado para el sistema. En ese sentido, se presentar\u00e1n a continuaci\u00f3n algunas reglas de apoyo interpretativo para el juez constitucional y, enseguida como derivaci\u00f3n de aquellas, criterios que permitan determinar en qu\u00e9 eventos puede entenderse que se ha configurado un abuso del derecho en forma ostensible (\u2026). <\/p>\n
Un abuso del derecho, definido en los t\u00e9rminos expuestos en los fundamentos jur\u00eddicos precedentes, emerge de modo palmario, cuando la disfunci\u00f3n que engendra en el sistema pensional salta a la vista y logra convencer al juez constitucional de que su intervenci\u00f3n en el asunto es imperiosa, con el \u00e1nimo de proteger intereses superiores. Aquel debe tener la certeza de que la remisi\u00f3n del asunto a las v\u00edas ordinarias har\u00e1 insostenible la din\u00e1mica solidaria del sistema pensional, en la medida en que los incrementos pensionales ileg\u00edtimos resultan mensualmente tan cuantiosos, que indudablemente lo desfinanciar\u00e1n, en detrimento de quienes cuentan con menores recursos econ\u00f3micos. <\/p>\n
Sumado a las particularidades de cada caso concreto que hagan suponer al juez la intenci\u00f3n que alguien pueda tener de sacar un provecho desproporcionado, en detrimento del sistema de seguridad social en pensiones, por desconocimiento de sus principios y normas, debe analizarse el impacto desde el punto de vista que contrasta el reconocimiento pensional con la historia laboral del interesado, para concluir que hay un exceso de grandes niveles en el incremento que le favoreci\u00f3. <\/p>\n
Adem\u00e1s del an\u00e1lisis de contexto que supone el ejercicio anterior, es importante considerar la conducta de quien busca el beneficio pensional. De modo tal que quien, sin sustento normativo, m\u00e1s all\u00e1 de un regla de un r\u00e9gimen especial que perdi\u00f3 vigencia \u2013como lo son aquellas que rigen el IBL-, busca a ultranza una ventaja irrazonable en comparaci\u00f3n con otros afiliados, podr\u00e1 haber incurrido en forma notoria en un abuso del derecho. Cuando la b\u00fasqueda sea evidente e inconfundible, al perseguir un incremento monetario significativo sin arreglo a la normativa vigente, ese abuso debe entenderse palmario\u00bb (Negrilla fuera de texto). <\/p>\n
No obstante, en el sub judice no se comprobaron las circunstancias all\u00ed descritas, ni la gravedad de lo acontecido, la inminencia del da\u00f1o, ni la impostergabilidad de las medidas a\u00f1oradas que permita eludir la ausencia del presupuesto, para abordar el fondo de la problem\u00e1tica. <\/p>\n
Agr\u00e9guese, que la aspiraci\u00f3n encaminada a \u00absuspender de manera transitoria\u00bb la directiva debatida, no hizo parte de los alegatos de la demanda superlativa, por lo que constituye un hecho nuevo sobre el que esta Sala no puede pronunciarse sin trasgredir el \u00abderecho de defensa\u00bb de los dem\u00e1s intervinientes. <\/p>\n
3.- En s\u00edntesis, se refrendar\u00e1 el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3156-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC3156-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00026-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 25 de enero de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62121","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62121","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62121"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62121\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62121"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62121"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62121"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}