STC3158-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3158-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2022-00044-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 23 de febrero de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovieron Tom\u00e1s Antonio Berm\u00fadez Lugo y Esther Cecilia Ballestas Verbel contra el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa localidad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, seguridad jur\u00eddica, confianza legitima, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, tutela jurisdiccional efectiva y prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, que dicen vulnerados por la autoridad judicial accionada, por lo que pidieron que se \u00abrevoque y\/o se deje sin efectos la providencia de fecha de\u2026 7 de febrero de 2022\u2026\u00bb y, en consecuencia, se le ordene al juzgado criticado \u00abtramitar o resolver la solicitud de transacci\u00f3n presentada por las partes el d\u00eda 31 de agosto de 2021\u00bb. <\/p>\n
2.1. Tom\u00e1s Antonio Berm\u00fadez Lugo y Esther Cecilia Ballestas Verbel promovieron acci\u00f3n ejecutiva contra Prabyc Ingenieros SAS, libr\u00e1ndose orden de apremio con auto del 20 de enero de 2021, decisi\u00f3n que censur\u00f3 en reposici\u00f3n la demandada, siendo revocada con providencia del 15 de junio siguiente, para en su lugar, negar el mandamiento de pago. <\/p>\n
2.2. Frente a esta \u00faltima determinaci\u00f3n, la parte actora interpuso apelaci\u00f3n, que fue concedida, \u00aben el efecto suspensivo\u00bb, con auto del 30 de junio de 2021. <\/p>\n
2.3. Mediante prove\u00eddo del 23 de agosto de 2021, el ad quem confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n que neg\u00f3 la orden de pago, decisi\u00f3n cuya \u00abaclaraci\u00f3n, adici\u00f3n y\/o complementaci\u00f3n\u00bb reclam\u00f3 la ejecutante, petici\u00f3n que fue negada con auto del 31 de agosto de esas calendas. <\/p>\n
2.4. De otro lado, ese mismo 31 de agosto de 2021, los contendientes solicitaron al fallador de segunda instancia, decretar la terminaci\u00f3n del proceso \u00abpor pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb, en virtud del \u00abacuerdo transaccional suscrito entre las partes el d\u00eda 25 de agosto de 2021\u00bb. <\/p>\n
2.5. Posteriormente, los ejecutantes pidieron la \u00abilegalidad de auto que resolvi\u00f3 aclaraci\u00f3n\u00bb, por cuanto \u00abantes de que cobrara ejecutoria el auto que revoco el mandamiento de pago, las partes allegamos a este Despacho, acuerdo transaccional donde, entre otras cosas, se solicitaba la entrega de t\u00edtulos y consecuente terminaci\u00f3n del proceso\u00bb, solicitud que desech\u00f3 el ad quem con providencia del 16 de septiembre de la anualidad pasada. <\/p>\n
2.6. Al considerar los demandantes que esta \u00faltima determinaci\u00f3n vulneraba sus derechos fundamentales, formularon una primera acci\u00f3n de tutela, que fue negada por esta Corporaci\u00f3n con sentencia del 6 de octubre de 2021 (STC13282-2021), al considerar que: <\/p>\n
\u2026 se descarta la vulneraci\u00f3n alegada, al observarse razonables los argumentos aducidos por la Corporaci\u00f3n accionada, para no acceder a la solicitud de invalidar el pronunciamiento de 31 de agosto de 2021, de forma que, independientemente de que la postura sea o no compartida, no es procedente la intromisi\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, a pesar de que en la misma fecha en la que se neg\u00f3 la aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n del prove\u00eddo que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n recurrida el apoderado de los aqu\u00ed tutelantes pidi\u00f3 la declaratoria de terminaci\u00f3n del proceso, en virtud del acuerdo transaccional celebrado con la demandada, el Tribunal estim\u00f3 razonadamente que no pod\u00eda estudiar dicha solicitud, toda vez que hab\u00eda proferido la respectiva resoluci\u00f3n y, por tanto, la segunda instancia que se someti\u00f3 a su competencia, limitada al auto que revoc\u00f3 el mandamiento de pago, se hab\u00eda decidido. <\/p>\n
Adicionalmente, se observa que el Tribunal, en la decisi\u00f3n cuestionada, dispuso remitir \u00abdicho memorial\u00bb al juzgado de primera instancia, \u00abpara que en esa sede se adopten las determinaciones correspondientes\u00bb, de suerte que el asunto sigue su curso en esa dependencia judicial, por lo que el juez de tutela no debe adelantarse a resolver sobre lo reclamado, que deber\u00e1 ser objeto de an\u00e1lisis por parte del despacho de conocimiento, todo lo cual torna inviable la salvaguarda de la referencia. <\/p>\n
2.7. Cumplido lo anterior, el fallador de segunda instancia devolvi\u00f3 al juzgado accionado las diligencias, autoridad que, con auto del 13 de octubre de 2021, dispuso obedecer y cumplir \u00ablo resuelto por el Superior a trav\u00e9s de providencia de fecha 23 de agosto de 2021\u00bb, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n la parte ejecutante, al considerar que previo a tal determinaci\u00f3n, el estrado acusado debi\u00f3 \u00abresolver las peticiones contentivas en el acuerdo transacci\u00f3n\u00bb, medio de impugnaci\u00f3n que se desestim\u00f3 con providencia del 7 de febrero de los corrientes. <\/p>\n
2.8. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que: <\/p>\n
Con la actuaci\u00f3n desplegada por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena, esto es, negarse a resolver sobre la transacci\u00f3n, muy a pesar de que tanto la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil\u2026, mediante sentencia STC13282-2021, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante auto de fecha 16 de septiembre de 2021, se lo hab\u00edan ordenado, adem\u00e1s que la misma llevaba impl\u00edcita la terminaci\u00f3n del proceso y fue radicada antes de que se notificara el auto que dejo en firme la revocatoria del mandamiento de pago, se est\u00e1[n] desconociendo abiertamente [sus] derechos fundamentales\u2026 <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Banco Agrario de Colombia SA dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que \u00abno existe una vinculaci\u00f3n legal ni contractual que conlleve a que\u2026 sea sujeto pasivo de la acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal concedi\u00f3 la salvaguarda, \u00abcomoquiera que la juez accionada no ha emitido pronunciamiento de fondo acerca de la solicitud planteada por la parte accionante\u00bb, pues: <\/p>\n
\u2026 una vez es confirmada la decisi\u00f3n de 15 de abril de 2021 por el a quem, se orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del expediente al juzgado de origen, con la inclusi\u00f3n del memorial de transacci\u00f3n, para que este adoptara las determinaciones correspondientes, lo que necesariamente implicaba que el juez accionado emitiera un pronunciamiento positivo o negativo sobre ello, permitiendo, de ser el caso, que la parte aqu\u00ed accionante ejerciera su derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
3. Y es que, en el mismo sentido, lo advirti\u00f3 la Corte Suprema de Justicia al desatar la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el accionante contra esta Corporaci\u00f3n, en la que advirti\u00f3 el estado prematuro de la misma, comoquiera que el asunto relativo a la solicitud de transacci\u00f3n se encontraba en tr\u00e1mite. En esa oportunidad la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201cAdicionalmente, se observa que el Tribunal, en la decisi\u00f3n cuestionada, dispuso remitir \u00abdicho memorial\u00bb al juzgado de primera instancia, \u00abpara que en esa sede se adopten las determinaciones correspondientes\u00bb, de suerte que el asunto sigue su curso en esa dependencia judicial, por lo que el juez de tutela no debe adelantarse a resolver sobre lo reclamado, que deber\u00e1 ser objeto de an\u00e1lisis por parte del despacho de conocimiento, todo lo cual torna inviable la salvaguarda de la referencia\u201d. <\/p>\n
En ese sentido, se insiste, debi\u00f3 el juzgado accionado emitir pronunciamiento de fondo sobre la solicitud deprecada por la parte accionante, realizando el estudio de la misma y explicando los motivos por los cuales aquella resultaba procedente o no. <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, orden\u00f3 al estrado accionado \u00abdeje sin efectos los autos de 13 de octubre de 2021 y 7 de febrero de 2022, y profiera una nueva decisi\u00f3n dentro del proceso adelantado por los accionantes contra la sociedad Prabyc Ingenieros SAS, teniendo en cuenta lo indicado en la parte motiva de esta providencia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 Prabyc Ingenieros SAS, sin precisar los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado: <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que el juzgado enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, toda vez que, al proferir la providencia del 7 de febrero pasado, que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n interpuesta contra el auto de 13 de octubre de 2021, desconoci\u00f3 lo dispuesto por su superior en auto de 16 de septiembre de 2021 e, incluso, lo que consider\u00f3 esta Sala en providencia de 6 de octubre de esa mismo a\u00f1o (STC13282-2021), actuaci\u00f3n con la que vulner\u00f3 el principio de la confianza leg\u00edtima que protege a los promotores del resguardo. <\/p>\n
En efecto, revisados los elementos de juicio allegados a esta sumaria tramitaci\u00f3n, se advierte que, una vez se alleg\u00f3 al proceso criticado la transacci\u00f3n que celebraron los contendientes y solicitada la ilegalidad del prove\u00eddo de 31 de agosto de 2021, que resolvi\u00f3 la petici\u00f3n de aclaraci\u00f3n que elev\u00f3 la ejecutante frente a la decisi\u00f3n del 23 de agosto inmediatamente anterior, el fallador de segunda instancia, en el prenotado auto de 16 de septiembre resolvi\u00f3: <\/p>\n
Se niega la solicitud de ilegalidad elevada por el apoderado de la parte demandante, comoquiera que no se advierte ninguna irregularidad en el auto ejecutoriado dictado el 31 de agosto de 2021, a trav\u00e9s del cual se resolvi\u00f3 la aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n del prove\u00eddo del 23 de ese mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, si bien se observa que el mismo d\u00eda en que se profiri\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, el apoderado de la parte demandante pidi\u00f3 que se decretara la terminaci\u00f3n del proceso, en virtud de un acuerdo transaccional que celebr\u00f3 con la demandada, el Tribunal no es competente para analizar esa solicitud, pues la segunda instancia se encuentra debidamente agotada. <\/p>\n
En consecuencia, dicho memorial habr\u00e1 de ser remitido al a quo, por Secretar\u00eda, para que en esa sede se adopten las determinaciones correspondientes. (Negrillas ajenas al texto original). <\/p>\n
Por su parte, esta Corporaci\u00f3n al revisar tal decisi\u00f3n, desde la \u00f3ptica constitucional, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 se descarta la vulneraci\u00f3n alegada, al observarse razonables los argumentos aducidos por la Corporaci\u00f3n accionada, para no acceder a la solicitud de invalidar el pronunciamiento de 31 de agosto de 2021, de forma que, independientemente de que la postura sea o no compartida, no es procedente la intromisi\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, a pesar de que en la misma fecha en la que se neg\u00f3 la aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n del prove\u00eddo que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n recurrida el apoderado de los aqu\u00ed tutelantes pidi\u00f3 la declaratoria de terminaci\u00f3n del proceso, en virtud del acuerdo transaccional celebrado con la demandada, el Tribunal estim\u00f3 razonadamente que no pod\u00eda estudiar dicha solicitud, toda vez que hab\u00eda proferido la respectiva resoluci\u00f3n y, por tanto, la segunda instancia que se someti\u00f3 a su competencia, limitada al auto que revoc\u00f3 el mandamiento de pago, se hab\u00eda decidido. <\/p>\n
Adicionalmente, se observa que el Tribunal, en la decisi\u00f3n cuestionada, dispuso remitir \u00abdicho memorial\u00bb al juzgado de primera instancia, \u00abpara que en esa sede se adopten las determinaciones correspondientes\u00bb, de suerte que el asunto sigue su curso en esa dependencia judicial, por lo que el juez de tutela no debe adelantarse a resolver sobre lo reclamado, que deber\u00e1 ser objeto de an\u00e1lisis por parte del despacho de conocimiento, todo lo cual torna inviable la salvaguarda de la referencia. (Resaltado por la Corte). <\/p>\n
Bajo ese horizonte, evidente es que los tutelantes ten\u00edan la expectativa leg\u00edtima de que el estrado enjuiciado, una vez recibiera el expediente de la ejecuci\u00f3n, iba a resolver sobre la transacci\u00f3n allegada por las partes, pues as\u00ed claramente se infer\u00eda de lo que dispuso el ad quem y esta misma Colegiatura, en sede de tutela. <\/p>\n
Entonces, la decisi\u00f3n del accionado, en el sentido de abstenerse de pronunciarse sobre dicho acuerdo, sin duda alguna vulner\u00f3 el anotado principio de la confianza leg\u00edtima, al sorprender a los ejecutantes con una determinaci\u00f3n que no se ajustaba a lo que se estim\u00f3 por otras autoridades judiciales (de mayor rango) al analizar la situaci\u00f3n acontecida en torno a la tantas veces rese\u00f1ada transacci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre dicho principio, esta Corporaci\u00f3n ha decantado: <\/p>\n
\u2018(\u2026) [C[onceptualmente ha reconocido la Corte que el principio de \u2018confianza leg\u00edtima\u2019 procura \u2018garantizar a las personas que ni el Estado ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jur\u00eddico, pero que al compararlas, resulten contradictorias1, ya que el proceder inicial puede generar leg\u00edtimas expectativas en los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia, que deben ser respetadas (auto de 4 de febrero de 2008, exp. 2002-00537-00). <\/p>\n
\u2018\u2026la administraci\u00f3n de justicia no puede con posterioridad adoptar decisiones contradictorias, desconociendo las expectativas que dicho particular, de buena fe, se haya formado. Por esa raz\u00f3n, se ha se\u00f1alado, por ejemplo, que las consecuencias de un error judicial no pueden afectar negativamente a la parte procesal que lo padece al punto de socavar su derecho a la defensa o el acceso a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Tambi\u00e9n esta Corporaci\u00f3n, ha dicho: <\/p>\n
\u2018(\u2026) [L]a jurisprudencia constitucional, de vieja data, ha se\u00f1alado que los derechos fundamentales de una persona no detentan un car\u00e1cter absoluto en relaci\u00f3n con los de otros, por lo cual es preciso realizar una tarea de contraste cuando en una situaci\u00f3n concreta confluyen los intereses de varios individuos. <\/p>\n
[E]s as\u00ed como en los casos en los que se controvierte un pronunciamiento judicial, es claro que de un lado emerge la pretensi\u00f3n de la parte lesionada para que se le garantice el debido proceso; y del otro, el de los dem\u00e1s sujetos, quienes claman por el respeto de principios que son igualmente relevantes, como la seguridad jur\u00eddica y la confianza leg\u00edtima, pues, no se entender\u00eda que alguien que acude a un tr\u00e1mite absolutamente reglado, obtenga un fallo jurisdiccional ejecutoriado, que pueda ser despu\u00e9s revocado, sin mayores condicionamientos (\u2026)\u2019 (CSJ STC8305-2014; reiterada recientemente en STC9542-2016). <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3158-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3158-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2022-00044-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 23 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62123","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62123","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62123"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62123\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62123"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62123"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62123"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}