STC3160-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3160-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02124-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de noviembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Germ\u00e1n Alexander Zapata Montoya le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, extensiva al Juzgado Doce Penal del Circuito de esa capital, a la C\u00e1rcel y Penitenciar\u00eda de Alta y Mediana Seguridad \u201cLa Paz\u201d de Itag\u00fc\u00ed y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2016-12764. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abdignidad, igualdad, petici\u00f3n, libertad, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb para que se ordenara \u00abdejar sin efecto los autos del 21 de septiembre de 2021 proferido por el Juez 12 Penal del Circuito de Medell\u00edn y aquel aprobado el 08 de octubre siguiente emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de dicha ciudad\u00bb y, en consecuencia, \u00abse resuelva la solicitud de libertad condicional (\u2026) teniendo en cuenta la jurisprudencia, (\u2026) analizando de fondo, en concreto y de manera congruente el proceso de resocializaci\u00f3n que h[a] alcanzado a trav\u00e9s del tratamiento penitenciario\u00bb. <\/p>\n
En sustento afirm\u00f3 que el Juzgado Doce Penal del Circuito de Medell\u00edn neg\u00f3 la solicitud de libertad condicional que elev\u00f3, porque \u00aben la sentencia condenatoria emitida en contra de Zapata Montoya, se dej\u00f3 consignada la gravedad de las conductas por las que fue condenado (cohecho impropio e inter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n de contratos) con las que defraud\u00f3 la administraci\u00f3n p\u00fablica y se vieron estropeados los principios de transparencia, rectitud, objetividad y moralidad que deben caracterizarla\u00bb (21 sep. 2021), determinaci\u00f3n ratificada por el superior el 8 de octubre siguiente, \u00absin un argumento v\u00e1lido que la respalde (\u2026), pues de un lado, ambos se alejan de la jurisprudencia que trata la libertad condicional, (\u2026) y de otro, deslegitiman la validez de las normas que sobre resocializaci\u00f3n est\u00e1n insertas en el C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993 y complementarios)\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal de Medell\u00edn defendi\u00f3 la legalidad de su actuar y asever\u00f3 que \u00abse quiere emplear la acci\u00f3n de tutela como una instancia m\u00e1s para controvertir una decisi\u00f3n judicial ampliamente fundamentada y que lejos est\u00e1 de constituir una v\u00eda de hecho, torn\u00e1ndose as\u00ed improcedente el amparo reclamado\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Doce Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento explic\u00f3 que neg\u00f3 la \u00ablibertad condicional\u00bb peticionada, ya que \u00abno se cumpl\u00eda a cabalidad con todos los requisitos establecidos en el art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 200 que fue modificado por la ley 1709 de 2014, en cuanto a la valoraci\u00f3n de la conducta punible\u00bb. <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego, porque \u00abse constata con facilidad que en la actuaci\u00f3n procesal se abord\u00f3, en primer t\u00e9rmino, el cumplimiento de los aspectos objetivos \u2013tiempo purgado intramuros y redenciones punitivas\u2013 y luego el componente subjetivo \u2013conformado por la gravedad de la conducta, el comportamiento en prisi\u00f3n y el proceso resocializador\u2013. Evaluaron, bajo ese segundo aspecto, si el tratamiento carcelario que ha recibido el procesado ha sido suficiente para garantizar que se haya alejado de su proyecto de vida el \u00e1nimo criminal, determinando, en el ejercicio de ponderaci\u00f3n adelantado, que la valoraci\u00f3n del comportamiento perpetrado imposibilita el otorgamiento de la libertad condicional. En consecuencia, las providencias lejos est\u00e1n del concepto de v\u00eda de hecho, lo que impide la intervenci\u00f3n del juez de tutela ante la ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos del actor\u00bb. <\/p>\n
2.- Impugn\u00f3 el gestor sin esgrimir los argumentos de su disenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Constituye regla invariable la improcedencia de este instrumento residual para disentir o revisar las providencias de los jueces, sendero especial que tan s\u00f3lo se abre paso cuando quien est\u00e1 llamado a dispensar justicia socava o pone en riesgo las garant\u00edas superiores de los litigantes, es decir, frente a un obrar a todas luces arbitrario, grosero o ajeno a la ley, dado que no cualquier animadversi\u00f3n tiene la virtualidad de quebrantar la autonom\u00eda que el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les asigna. <\/p>\n
As\u00ed lo ha esbozado de tiempo atr\u00e1s esta Sala, al sostener que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y, menos a\u00fan, \u00abacometer, bajo ese pretexto, (\u2026) una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, citada en STC6153-2021), toda vez que debe tenerse en cuenta que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28 mar. 2012, rad. 2012-00022-01, reiterada en STC6153-2021). <\/p>\n
2.- Descendiendo al caso concreto, se observa que las inconformidades del actor se enfilan contra el prove\u00eddo de 8 de octubre de 2021 dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn, que resolvi\u00f3 \u00abCONFIRMAR la decisi\u00f3n emitida 21 de septiembre de 2021, por el Juzgado Doce Penal del Circuito de Medell\u00edn, mediante la cual neg\u00f3 la petici\u00f3n de libertad condicional\u00bb. <\/p>\n
No obstante, dicho pronunciamiento no luce antojadizo, ni caprichoso; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
Para llegar a esa decisi\u00f3n, inicialmente precis\u00f3: \u00abalega el recurrente que la decisi\u00f3n del juez de instancia de negar su petici\u00f3n de libertad condicional al no cumplir con el supuesto de la valoraci\u00f3n de la conducta punible, a su juicio se debe examinar desde la resocializaci\u00f3n, y en ello no le asiste raz\u00f3n\u00bb, porque el art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000, modificado por la 1709 de 2014, dispone que <\/p>\n
\u00abel juez, previa valoraci\u00f3n de la conducta punible, conceder\u00e1 la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos: 1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3\/5) partes de la pena. 2. Que su adecuado desempe\u00f1o y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusi\u00f3n permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecuci\u00f3n de la pena. 3. Que demuestre arraigo familiar y social\u00bb. <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico, memor\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Penal ha resaltado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la libertad condicional podr\u00e1 concederse previa valoraci\u00f3n de la gravedad de la conducta, no significa que el Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad quede autorizado para valorar la gravedad de la conducta. Lo que la norma indica es que dicho funcionario deber\u00e1 tener en cuenta la gravedad del comportamiento punible, calificado y valorado previamente en la sentencia condenatoria por el juez de conocimiento, como criterio para conceder el subrogado penal (\u2026). <\/p>\n
[Es decir] el diagn\u00f3stico es de necesidad de cumplimiento de la pena por parte del condenado. Si se le concediera la libertad, ser\u00edan negativos los efectos del mensaje que recibir\u00eda la comunidad pues entender\u00eda que si personas socialmente calificadas delinquen y en la pr\u00e1ctica no se materializa la sanci\u00f3n que les corresponde, tambi\u00e9n ellos podr\u00edan vulnerar la ley penal con la esperanza de que la represi\u00f3n ser\u00e1 insignificante. (AP5227-2014)\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, sostuvo que <\/p>\n
\u00abEl juez de instancia acorde con la labor que se le impone, tuvo en cuenta los factores que gobernaron los delitos, su naturaleza y efectos; precisamente encontr\u00f3 reflejada la mayor gravedad de la conducta en la forma como ese comportamiento estrope\u00f3 los principios de transparencia, rectitud, objetividad y moralidad que caracterizan a la administraci\u00f3n p\u00fablica, en lo que no se observa yerro alguno, dado que tal y como lo expone el no recurrente se trata de un acto de corrupci\u00f3n que afecta ostensiblemente tales principios\u00bb. <\/p>\n
\u00abNo podemos desconocer la calidad que ostentaba Germ\u00e1n Alexander Zapata Montoya como servidor p\u00fablico de ISAGEN, en virtud de la cual brindaba informaci\u00f3n a proveedores para que les adjudicaran contratos, aceptando promesa remuneratoria y en efecto recib\u00eda dinero por ejecutar tales actos en el desempe\u00f1o de sus labores, aprovechado su cargo y pertenencia al grupo de mantenimiento (\u2026) [Adem\u00e1s], que se encargaba de crear las necesidades contractuales de ISAGEN, participaba en los comit\u00e9s de contrataci\u00f3n, en donde suger\u00eda se contratara con la empresa que \u00e9l conceptuara y se llevaba la invitaci\u00f3n contractual\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed, concluy\u00f3 que la determinaci\u00f3n del ad quo se encuentra fundada, puesto que <\/p>\n
\u00abEs claro que la gravedad de la conducta juzgada super\u00f3 de modo importante su tope b\u00e1sico necesario para configurar el delito, representando un da\u00f1o significativo a la administraci\u00f3n p\u00fablica por tanto, si bien no se desconoce el proceso de resocializaci\u00f3n satisfactorio de Germ\u00e1n Alexander Zapata y la calificaci\u00f3n de su buena conducta, no es menos cierto, que no puede dejarse de lado que la valoraci\u00f3n del comportamiento perpetrado imposibilita el otorgamiento de la libertad condicional, en especial para la satisfacci\u00f3n de las funciones de prevenci\u00f3n general y especial de la pena, debiendo cumplirla en su totalidad\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado que en estos casos \u00ablo que se est\u00e1 evaluando o valorando es la conducta en s\u00ed, por sus alcances en la sociedad, no por su gravedad en cuanto a la lesi\u00f3n a los bienes jur\u00eddicos (\u2026), lo cual se hace dentro del \u00e1mbito exigido por la Corte Constitucional y la H. Corte Suprema de Justicia\u00bb (STC1261-2022). <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo pretende el sedicente, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; STC,9232-2018, STC2544-2021 y STC211-2022). <\/p>\n
4.- Ergo, se avalar\u00e1 el veredicto confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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