STC3168-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3168-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02514-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 9 de diciembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Ingrid Moller Bustos le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en la causa n\u00ba 2015-01203. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, actuando en nombre propio y como suplente de Gerencia de la Constructora Palo Alto y C\u00eda. S. en C., requiri\u00f3 la protecci\u00f3n del principio a la \u00abimparcialidad\u00bb, para que se ordenara \u00abdejar sin efecto la negaci\u00f3n de la recusaci\u00f3n\u00bb y, en consecuencia, \u00abdisponer que el radicado 110016000000201501203-03 sea conocido por una sala diferente (\u2026)\u00bb. Subsidiariamente, que \u00abla recusaci\u00f3n sea estudiada y definida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que el Juzgado Once Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esta capital la conden\u00f3 a 72 meses de prisi\u00f3n y multa de 197.77 S.M.L.M.V. como coautora de los punibles \u00abda\u00f1o a recursos naturales agravado y explotaci\u00f3n il\u00edcita de yacimiento minero y otros materiales\u00bb (18 mar. 2021), cuya alzada correspondi\u00f3, \u00abal Magistrado Juan Carlos Arias L\u00f3pez, perteneciente al Tribunal de Bogot\u00e1\u00bb, quien remiti\u00f3 las diligencias \u00abal Magistrado Hermens Dar\u00edo Lara Acu\u00f1a, conforme a lo acordado por la Sala en sesi\u00f3n del 16 de abril de 2010, comoquiera que por la misma situaci\u00f3n del presente asunto ya le fue repartido el proceso a ese despacho, con el n\u00famero 110016000049200807322-04. Lo anterior, ya que el caso inicial gir\u00f3 en torno al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida en contra de Ricardo Vanegas Sierra. Ahora el asunto llega por el fallo condenatorio de Ingrid Moller Bustos, una de las presuntas implicadas en los mismos hechos\u00bb (24 may.). <\/p>\n
Asever\u00f3 que la Sala en cuesti\u00f3n no acept\u00f3 la \u00abrecusaci\u00f3n\u00bb elevada porque \u00abno se realiz\u00f3 ning\u00fan juicio de valor sobre la ac\u00e1 procesada, puesto que en la sentencia solo se mencion\u00f3 a la encartada como testigo, y se hizo una valoraci\u00f3n sobre la capacidad suasoria de su dicho\u00bb (28 jun.), resoluci\u00f3n que el Tribunal convalid\u00f3 (3 ag.). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, en el pleito que cursa en contra de su esposo Ricardo Vanegas Sierra, la Sala recusada dej\u00f3 \u00abplasmada su posici\u00f3n clara y precisa respecto de los hechos juzgados\u00bb, de manera que, en su criterio, el hecho de que se hubiera emitido decisi\u00f3n respecto de su c\u00f3nyuge, \u00abl\u00f3gicamente tendr\u00edan que condenar a su esposa y compa\u00f1era (\u2026) ya que es una situaci\u00f3n id\u00e9ntica\u2026\u00bb (Exp. 2008-07322-04. 26 may. 2021), por lo cual vulner\u00f3 la \u00abimparcialidad debida, con demostraci\u00f3n de inter\u00e9s en condenarla\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, ya que no existe irregularidad alguna, toda vez que la providencia atacada est\u00e1 soportada en un Acuerdo de dicha Magistratura, el cual no altera competencias legales. <\/p>\n
Los Juzgados Setenta y Nueve Penal Municipal de Control de Garant\u00edas y Once Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento y la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Cundinamarca invocaron la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda 22 Judicial II Penal de esta urbe reliev\u00f3 que la reclamante no explic\u00f3 \u00abla falta de imparcialidad o la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, que al parecer echa de menos, en las decisiones que no accedieron a sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
Carlos Alberto Mantilla Guti\u00e9rrez refiri\u00f3 que \u00abtoda la estrategia de la libelista y de su pareja, est\u00e1 dirigida a intimidar a los funcionaros judiciales y a las v\u00edctimas\u00bb. <\/p>\n
1.- El a quo neg\u00f3 el auxilio: i) Por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, debido a que, \u00abaun cuando la memorialista indica que act\u00faa en calidad de \u2018suplente en la Gerencia de Constructora Palo Alto y C\u00eda. S. en C.\u2019, tal compa\u00f1\u00eda carece de legitimaci\u00f3n. Pues, el reparo de la parte demandante va encaminado a discutir el tr\u00e1mite incidental de la recusaci\u00f3n formulada al interior del proceso penal objetado, donde \u00fanicamente Ingrid Moller Bustos ostenta la calidad de acusada\u00bb y, ii) por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, toda vez que \u00abante el juez natural, el estadio adecuado donde la libelista puede plantear sus disensos, expresar los motivos de sus desacuerdos contra las decisiones adoptadas y recurrirlas, hasta llegar, incluso, a la autoridad de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia penal, la que finalmente resuelva el asunto\u00bb. <\/p>\n
2.- Replic\u00f3 la precursora insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito genitor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al infolio, muy pronto se advierte la inviabilidad del resguardo y, por ende, la ratificaci\u00f3n del veredicto opugnado por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
2.- Liminarmente, se subraya que la Constructora Palo Alto y C\u00eda. S. en C., no es parte ni tercero con \u00abinter\u00e9s\u00bb reconocido en el juicio penal n\u00ba 2015-01203 adelantado en contra de Ingrid Moller Bustos, suceso que descarta su \u00ablegitimaci\u00f3n\u00bb para refutar, por esta excepcional v\u00eda, las decisiones all\u00ed expedidas y las gestiones emprendidas, ya que tal y como lo ha esbozado esta Corporaci\u00f3n, de tiempo atr\u00e1s, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquel tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal (Negrillas ajenas al texto), STC9841-2021, reiterada en STC1973-2022. <\/p>\n
Ello, si se tiene en cuenta que los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 contemplan como exigencias para su ejercicio, que quien as\u00ed obre tenga \u00abun inter\u00e9s que legitime\u00bb su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales derivadas de actuaciones o \u00abprovidencias judiciales\u00bb, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos de la Litis o son terceros a quienes afecta. <\/p>\n
3.- Ahora, en lo referente al auto de 3 de agosto de 2021, emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00e9ste no luce antojadizo, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del dossier. <\/p>\n
Se aduce lo anterior, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 \u00abrazonablemente\u00bb las pruebas y normas que habilitaron la no prosperidad de la \u00abcausal de recusaci\u00f3n invocada\u00bb, por lo que el plenario fue devuelto al despacho de origen. <\/p>\n
3.1.- En efecto, para arribar a dicha conclusi\u00f3n inicialmente, sostuvo que \u00abla procesada no precis\u00f3 ninguna de las hip\u00f3tesis impeditivas previstas en el art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004, pues se limit\u00f3 a anunciar que la Sala que avoc\u00f3 el conocimiento del asunto dentro del cual fue condenada, comprometi\u00f3 su imparcialidad tras haberse pronunciado con relaci\u00f3n a hechos similares en otro pronunciamiento\u00bb y, predic\u00f3 que, \u00abninguna de tales causas se verifica en el asunto de la especie, por lo que la recusaci\u00f3n invocada deviene infundada y consecuentemente ser\u00e1 negada\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, explic\u00f3 <\/p>\n
\u00abLos institutos de los impedimentos y recusaciones, regulados en la Ley 906 de 2004, tienen por objeto la salvaguarda de la imparcialidad de los administradores de justicia, en la definici\u00f3n de los asuntos sometidos a su conocimiento. De ah\u00ed que, como lo ha indicado la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u2018su manifestaci\u00f3n no pueda estar sujeta al capricho de los funcionarios judiciales, quienes se encuentran sometidos a las causales taxativamente se\u00f1aladas en la ley, que significa que nadie puede acudir a la analog\u00eda ni a la extensi\u00f3n de los motivos expresamente se\u00f1alados por la ley, en aras de sustentar su procedencia\u00bb (CSJ AP418, 20 mar. 2019, Rad. 54.718)\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 esbozando que, \u00abla procesada afinc\u00f3 su pretensi\u00f3n impeditiva bajo la premisa de que la Sala recusada comprometi\u00f3 su imparcialidad con relaci\u00f3n a su causa, por cuenta de los discernimientos condensados en la sentencia de segunda instancia proferida en contra de su esposo Ricardo Vanegas Sierra\u00bb. <\/p>\n
Cavil\u00f3, entonces, que \u00aben la sentencia proferida en el tr\u00e1mite adelantado contra Ricardo Vanegas Sierra, no se vertieron conclusiones de las que se desprenda un juicio anticipado sobre la responsabilidad de Ingrid Moller Bustos\u00bb, en tanto, \u00ablo \u00fanico que se advierte es una somera menci\u00f3n de Ingrid Moller, en el marco de la valoraci\u00f3n de un testimonio que, durante el juicio, se practic\u00f3 a instancia de la fiscal\u00eda\u00bb <\/p>\n
Concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00abla Sala recusada, durante el estudio y emisi\u00f3n del fallo de segunda instancia proferido en el proceso (\u2026) que se adelanta en contra de Ricardo Vanegas Sierra, no realiz\u00f3 valoraci\u00f3n respecto de la situaci\u00f3n de la acusada Moller Bustos, raz\u00f3n por la cual, su imparcialidad no se encuentra comprometida quedando inc\u00f3lume el derecho de todo procesado a ser juzgado por un juez natural, independiente e imparcial\u00bb. <\/p>\n
3.2.- En esas condiciones, al margen que se compartan o no esas reflexiones, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo pretende la precursora, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; STC,9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
Por esta motivaci\u00f3n, el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad porque ninguna trasgresi\u00f3n de atributos b\u00e1sicos se puede imputar al organismo querellado. Respecto al tema, esta Corporaci\u00f3n ha predicado, que \u00ab(\u2026) no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (STC, 5 sep. 2012, exp. 00630-014; STC6835-2019, 30 may. 2019, rad. 00114-01 y STC197-2021, 22 en. 2021, rad.00302-01). <\/p>\n
Requiri\u00e9ndose, adem\u00e1s: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, STC8053-2019, 20 jun. 2019, rad. 00231-01 y STC197-2021). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3168-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC3168-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02514-01 (Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 9 de diciembre de 2021 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62130","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62130","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62130"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62130\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62130"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62130"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62130"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}