STC3170-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3170-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00734-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Susana Narv\u00e1ez Camacho contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Quinto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, mediante apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales, que dice vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se \u00able de aplicaci\u00f3n a la sentencia SC4027-2021 de la Corte Suprema de Justicia\u00bb; y se \u00abdeclare la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial de hecho surgida entre los compa\u00f1eros permanentes Susana Narv\u00e1ez Camacho y Ramiro Manuel Gonz\u00e1lez \u00c1lvarez\u00bb, teniendo en cuenta \u00ablo manifestado en la sentencia SU037 de enero 31 de 2019\u2026 sobre el dispositivo de extensi\u00f3n inter pares de las consecuencias de las \u00f3rdenes que se adoptan en sentencias de tutela, cuando se debe aplicar una \u00fanica respuesta v\u00e1lida en todos los casos similares\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Susana Narv\u00e1ez Camacho promovi\u00f3 juicio de declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial contra Ramiro Manuel Gonz\u00e1lez \u00c1lvarez, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto de Familia de Barranquilla, el que dict\u00f3 sentencia el 5 de octubre de 2020, en la que declar\u00f3 la existencia de la aludida uni\u00f3n, su disoluci\u00f3n, desestim\u00f3 la solicitud de alimentos y deneg\u00f3 las dem\u00e1s pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de esa ciudad en providencia de 4 de mayo de 2021 revoc\u00f3 el numeral tercero del fallo de primer grado, conden\u00f3 al demandado a suministrarle alimentos a su excompa\u00f1era en la cuant\u00eda de dos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes y confirm\u00f3 lo dem\u00e1s. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que su uni\u00f3n marital de hecho con Ramiro Manuel Gonz\u00e1lez \u00c1lvarez inici\u00f3 el 10 de mayo de 2010 y perdur\u00f3 por m\u00e1s de dos a\u00f1os, en los que hicieron vida en com\u00fan y convivieron bajo el mismo techo; que dicha uni\u00f3n se disolvi\u00f3 el 8 de junio de 2019 en virtud del abandono de aquel; y que en la demanda pidi\u00f3 se declarara la sociedad patrimonial de hecho, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n, as\u00ed como la condena en alimentos ante su precaria situaci\u00f3n econ\u00f3mica y emocional. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que la sentencia SC4027-2021 de la Corte Suprema de Justicia efectu\u00f3 un nuevo enfoque jurisprudencial, en el que precis\u00f3 que los bienes adquiridos por los c\u00f3nyuges luego de la separaci\u00f3n de hecho definitiva e irrevocable, no ten\u00edan connotaci\u00f3n social; y que los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal posibilitaban la materializaci\u00f3n del socorro, ayuda y trabajo rec\u00edproco, por lo que en la separaci\u00f3n definitiva ese mutuo esfuerzo y trabajo desaparec\u00eda. <\/p>\n
2.5. Adujo que una vez cesaba la convivencia matrimonial ninguno de los c\u00f3nyuges ten\u00eda legitimaci\u00f3n para beneficiarse de los bienes que no hab\u00edan contribuido a formar, pues lo contrario desconocer\u00eda la buena fe, la realidad social y ser\u00eda un abuso del derecho. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que acreditada la separaci\u00f3n de hecho de los c\u00f3nyuges se presentaba la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal; que ir en contrav\u00eda de ello dar\u00eda lugar a que una pareja, por incuria o dolo, que no se hab\u00eda divorciado ni disuelto la sociedad preexistente tomara todos los bienes; y que todas las prerrogativas y obligaciones patrimoniales establecidas en el C\u00f3digo Civil para los contrayentes en matrimonio le eran aplicables. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Barranquilla remiti\u00f3 el expediente criticado. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto de Familia de esa ciudad tambi\u00e9n envi\u00f3 el proceso censurado. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre la sentencia censurada de 4 de mayo de 2021 y la interposici\u00f3n de la tutela el 3 de marzo de 2022, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que fuera demostrado ning\u00fan motivo que justifique esa tardanza. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, no se advierte la transgresi\u00f3n del derecho a la igualdad, pues el precedente invocado no se hab\u00eda proferido cuando se dict\u00f3 la sentencia ahora criticada, por lo que \u00abno obran en estas diligencias elementos demostrativos que permitan establecer que ante situaciones plenamente id\u00e9nticas\u2026 [se] hubiere dispensado un tratamiento discriminado e injustificadamente distinto\u00bb (CSJ STC 19 abr. 2012, rad.00740-00, reiterada en STC4506-2014, 10 abr. 2014, rad. 00089-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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