STC3173-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2022-00050-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 9 de febrero de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alberto Viuche contra el Juzgado Once de Familia de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del juicio objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, sin hacer petici\u00f3n concreta, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de las prerrogativas fundamentales de petici\u00f3n y debido proceso, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 el accionante que estuvo casado con Blanca In\u00e9s T\u00e9llez de Viuche; que se separ\u00f3 de aquella y form\u00f3 un nuevo hogar, en donde procre\u00f3 dos hijos que se encuentran estudiando en la Universidad; y que en virtud de la referida separaci\u00f3n se iniciaron distintos procesos. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1alo que en el juicio de divorcio se dispuso que se le har\u00eda un descuento de su mesada pensional para su exc\u00f3nyuge Blanca In\u00e9s T\u00e9llez de Viuche; que el 28 de octubre de 2021 aquella falleci\u00f3, por lo que le inform\u00f3 lo acontecido al estrado criticado y a Colpensiones, pero a la fecha continuaban efectu\u00e1ndose los mencionados descuentos; y que es una persona de escasos recursos, raz\u00f3n por la que su sustento y el de su familia proven\u00eda de la pensi\u00f3n. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Once de Familia de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que que los juicios de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio y de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal se encontraban archivados desde 2019; que a pesar de no encontrarse acreditado el pago del arancel judicial por ese concepto, se orden\u00f3 el desarchivo, para el que era necesario adelantar un procedimiento que implicaba distintos d\u00edas; que con todo la notificadora del estrado acusado procedi\u00f3 con la b\u00fasqueda del expediente, encontr\u00e1ndolo y llev\u00e1ndolo al despacho en el mismo mes de la solicitud, evidenci\u00e1ndose la celeridad en el asunto; que pese a ello el proceso no ingres\u00f3 al despacho, pues el juzgado presentaba un represamiento de aproximadamente 400 procesos, adem\u00e1s de la carga efectiva que sobrepasaba los 730 procesos, las acciones constitucionales, medidas de protecci\u00f3n, audiencias, la vacancia judicial y 4 empleados con Covid-19; y que la Secretar\u00eda le inform\u00f3 que el diligenciamiento ingresaba el 2 de febrero de 2022. <\/p>\n
2. Colpensiones refiri\u00f3 que el derecho de petici\u00f3n no fue presentado en la entidad a trav\u00e9s de los medios o canales autorizados, por lo que no hab\u00eda tenido la oportunidad de pronunciarse dentro de los t\u00e9rminos de la ley y la jurisprudencia; que revisado el hist\u00f3rico de tr\u00e1mites no evidenciaba decisi\u00f3n del estrado acusado con la que le ordenara la suspensi\u00f3n de los descuentos de la mesada pensional del promotor; que no hab\u00eda conculcado prerrogativa esencial alguna; que el correo utilizado era de salida, sin que nada de lo que se recibiera all\u00ed fuese tramitado, por lo que no naci\u00f3 la obligaci\u00f3n de remitir por competencia el asunto; que no se demostr\u00f3 la recepci\u00f3n de la solicitud; que no exist\u00eda un perjuicio irremediable; que no ten\u00eda petici\u00f3n o tr\u00e1mite pendiente de resolver a favor del ciudadano; y que no se cumpl\u00edan los requisitos de procedibilidad del resguardo. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional concedi\u00f3 el amparo al considerar que no hab\u00eda sido resuelta la petici\u00f3n con la que el accionante puso en conocimiento el fallecimiento de la se\u00f1ora Blanca In\u00e9s T\u00e9llez de Viuche, manifest\u00f3 que no era procedente el descuento de sus mesadas y solicit\u00f3 se oficiara a Colpensiones para que cesaran las deducciones; que pese a que el despacho inform\u00f3 que el expediente se encontraba archivado, esa situaci\u00f3n no fue puesta en conocimiento del peticionario en el largo tiempo transcurrido desde la presentaci\u00f3n de la solicitud, sin que sirva de justificante de la demora las circunstancias personales por las que hab\u00edan atravesado algunos empleados del despacho, pues eran cerca de dos meses y medio transcurridos y no se hab\u00eda dado noticia alguna sobre el asunto, ni mucho menos resuelto el mismo; que la falta de pronunciamiento vulneraba el debido proceso, por lo que le ordenaba al fallador que decidiera lo que correspondiera y a Colpensiones que resolviera el derecho de petici\u00f3n propuesto. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. Colpensiones impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos de la contestaci\u00f3n de la tutela y aduciendo que la petici\u00f3n fue enviada a un correo que no generaba radicado de ingreso sino que otorgaba una respuesta autom\u00e1tica indicando que no era el medio id\u00f3neo para radicar solicitudes por los afiliados; que revisados los aplicativos de consulta no se evidencia que se allegara petici\u00f3n posterior que se encontrara pendiente de ser atendida; y que no era posible jur\u00eddica ni materialmente atribuir a Colpensiones dicha responsabilidad cuando no se hab\u00eda acudido a la instancia procesal. <\/p>\n
2. El Juzgado Once de Familia de esta ciudad tambi\u00e9n present\u00f3 impugnaci\u00f3n se\u00f1alando que se encontraba en desacuerdo con el fallo, pues no hab\u00eda transgredido derecho fundamental alguno, en tanto que a la solicitud le dio el tr\u00e1mite de ley, resaltando que el accionante actu\u00f3 a mutuo propio, desconociendo el art\u00edculo 73 del C\u00f3digo General del Proceso y los Acuerdos del Consejo Superior con los que se hab\u00edan actualizado los valores del arancel judicial y se reiteraba la necesidad de dicho cobro; que la orden impartida lo obligaba al desconocimiento de la normativa procesal y la autonom\u00eda judicial, sin tener en cuenta que la solicitud se present\u00f3 antes de vacancia judicial, las circunstancias particulares de ese despacho y las del pa\u00eds; que en cumplimiento de los art\u00edculos 27 y 31 del Decreto 2591 de 1991, en providencia de 11 de febrero de 2022 orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n del descuento de la asignaci\u00f3n pensional y se dispuso oficiar a Colpensiones para que diera cumplimiento a la orden impartida; y que el 14 de febrero de los corrientes se elaboraron oficios dirigidos a dicha entidad pensional, los que ser\u00e1n retirados por la parte interesada para su respectiva radicaci\u00f3n, pero que a su vez, por secretar\u00eda, fueron remitidos al aludido ente, \u00aben prelaci\u00f3n a los dem\u00e1s asuntos a cargo del despacho\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De entrada ha de resaltarse que la impugnaci\u00f3n propuesta por el estrado criticado no est\u00e1 llamada a prosperar, pues los argumentos expuestos en el escrito de apelaci\u00f3n no se consideran suficientes para revocar la orden impartida a dicho fallador de resolver la petici\u00f3n presentada por el ahora accionante. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala en un asunto de similares contornos, puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u201c[e]n el presente caso es claro que la respuesta dada por la entidad el 18 de febrero de 2011 no satisfizo el interrogante planteado en la petici\u00f3n, pues la accionada no explic\u00f3 a \u00f3rdenes de qu\u00e9 EPS se est\u00e1n girando los aportes que ella descuenta a la promotora del amparo. En su momento, la Fundaci\u00f3n se limit\u00f3 a hacer algunas consideraciones de car\u00e1cter general sobre lo ordenado por la Resoluci\u00f3n 124 de 2010, sin que se haya respondido a \u00f3rdenes de qu\u00e9 EPS se estaban haciendo los aportes de seguridad social de la actora, las razones para ello, ni el procedimiento que deb\u00eda seguirse para subsanar la situaci\u00f3n. Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
\u201cSin perjuicio de lo anterior, se resalta el car\u00e1cter infundado de la impugnaci\u00f3n presentada por la apoderada de la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios. El supuesto \u2018hecho superado\u2019 que alega no es sino el cumplimiento del fallo de primera instancia; el recurso propuesto no tiene ning\u00fan tipo de reparo a la decisi\u00f3n de primera instancia ni a sus fundamentos. En esta medida, no se encuentra justificaci\u00f3n alguna a un recurso que s\u00f3lo llev\u00f3 a desplegar nuevos tr\u00e1mites y a desgastar innecesariamente la Administraci\u00f3n de Justicia\u201d (Sentencia de 6 de mayo de 2011, exp. 11001-22-03-000-2011-00334-01). <\/p>\n
Al respecto, se destaca que la respuesta otorgada por la entidad accionada se realiz\u00f3 \u201ccon ocasi\u00f3n de la orden impartida en la providencia del a quo, [luego] no tiene objeto la impugnaci\u00f3n que contra \u00e9sta se interpone, por sustracci\u00f3n de materia\u201d, y en esa medida, se confirmar\u00e1 la aludida decisi\u00f3n (Resaltado fuera de texto, CSJ STC 18 may. 2011, rad. 2011-00016-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, en cuanto a la impugnaci\u00f3n interpuesta por Colpensiones se revocar\u00e1 la orden impartida, puesto que no se encuentra vulnerado el derecho de petici\u00f3n, en tanto que el accionante no acredit\u00f3 radicar dicha solicitud en los canales autorizados para el efecto, aunado a que tampoco se evidencian transgredidas las dem\u00e1s prerrogativas invocadas, por cuanto que para disponer el desembargo pretendido por el accionante se requer\u00eda de una orden judicial. <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone revocar la decisi\u00f3n de primer grado exclusivamente frente a la orden tutelar dirigida a Colpensiones. En lo dem\u00e1s se confirma el fallo impugnado de acuerdo a las consideraciones expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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