STC3175-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3175-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00756-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Multinversiones Bol\u00edvar S.A.S. y Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las actoras, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00abadministraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la sede judicial accionada al dictar sentencia de segunda instancia en el juicio recriminado. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, \u00abrevocar la sentencia de segunda instancia\u2026 y en su lugar\u00bb acceder a los planteamientos expuestos en el recurso de apelaci\u00f3n que incoaron contra la dictada por el a-quo. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el juicio de responsabilidad del administrador que las accionantes incoaron contra Mauricio Cuervo Ocampo, aduciendo su infracci\u00f3n a los deberes legales como antiguo representante legal de Multiproyectos S.A. (pretendiendo se le declarara responsable de los perjuicios experimentados por esas compa\u00f1\u00edas y, en consecuencia, se le condenara a pagarles $780.030.188), el 26 de julio de 2021 la Superintendencia de Sociedades accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones, declar\u00f3 que el demandado incumpli\u00f3 i) \u00abel deber previsto en el numeral 2 del art\u00edculo 23 de la Ley 222 de 1995, al no observar lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006 dentro de los tres tr\u00e1mites de validaci\u00f3n de acuerdo extrajudicial de reorganizaci\u00f3n presentados ante la Superintendencia de Sociedades el 21 de noviembre de 2016, 26 de diciembre de 2017 y 31 de mayo de 2018\u00bb; y ii) \u00ablos deberes de cuidado y buena fe al solicitar y obtener de Multinversiones Bol\u00edvar S.A.S. el desembolso de recursos a t\u00edtulo de anticipo para la ejecuci\u00f3n del contrato de compraventa de\u2026 instalaci\u00f3n de mobiliario celebrado con esta \u00faltima compa\u00f1\u00eda el 24 de junio de 2016, sin destinarlos directamente para dicho fin\u00bb; por lo cual lo conden\u00f3 a pagar a sus antagonistas, \u00aba t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n, la suma de $56.296.922\u00bb; y desestim\u00f3 \u00ablas dem\u00e1s pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
2.2. Decisi\u00f3n que, circunscrito a las impugnaciones, el 3 de diciembre de 2021 el Tribunal revoc\u00f3 para, en su lugar, denegar la totalidad de las pretensiones, al concluir, en lo medular, que no se demostr\u00f3 que el administrador \u00abhubiera actuado con dolo o culpa en perjuicio de terceros (los demandantes), cual lo exige el art\u00edculo 24 [de la Ley 222 de 1995]\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela, las accionantes se quejaron, en concreto, de que, desconociendo la jurisprudencia sobre la materia, el ad-quem pas\u00f3 por alto la presunci\u00f3n de culpa que reca\u00eda sobre el administrador, contemplada en el inciso 3\u00ba del canon 200 del C\u00f3digo de Comercio, aplicando pronunciamientos judiciales anteriores a la subrogaci\u00f3n de que fue objeto esa norma a trav\u00e9s del precepto 24 de la Ley 222 de 1995, imponi\u00e9ndoles, injustificadamente, la carga de la prueba, cuando lo correcto era exigir al demandado desvirtuar la presunci\u00f3n ante su desatenci\u00f3n a sus deberes al no destinar para la compra de materiales los recursos que sus demandantes le desembolsaron con ese prop\u00f3sito, a modo de anticipo, con ocasi\u00f3n del contrato de compraventa de mobiliario que entre esas compa\u00f1\u00edas y \u00e9ste celebraron. <\/p>\n
Resaltaron que, en todo caso, se produjo una deficiente valoraci\u00f3n de las pruebas recaudadas, \u00abal no exponer un examen cr\u00edtico de las mismas\u2026, tal como lo exige el art\u00edculo 280 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb; que el Tribunal pareciera contradecirse porque, \u00abpor un lado, dice que la responsabilidad aplicable es la responsabilidad social, y, por otro lado, dice que la responsabilidad que aplica es la personal. Por lo que, no es clara la fundamentaci\u00f3n\u00bb; y que, contrario a lo sostenido por el ad-quem, qued\u00f3 demostrado que \u00abel incumplimiento del contrato de compraventa de mobiliario no se dio por la crisis econ\u00f3mica por la cual pasaba Multiproyectos, sino por la negligencia del demandado al no destinar los recursos desembolsados a t\u00edtulo de anticipo a la compra de materia para la ejecuci\u00f3n del contrato, y que pocos d\u00edas despu\u00e9s de la celebraci\u00f3n del mismo enviara a sus trabajadores a vacaciones colectivas\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
2. Mauricio Cuervo Ocampo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, pidi\u00f3 rechazar \u00abpor improcedente la presente acci\u00f3n de tutela al no cumplirse los requisitos de procedibilidad y al no existir vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los accionantes (sic) por parte del\u2026 Tribunal\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la Colegiatura acusada \u00abemiti\u00f3 un fallo en estricto derecho, teniendo en cuenta que en el\u2026 caso no se presum\u00eda la culpa del administrador\u00bb, comoquiera que \u00ab[l]as actuaciones del se\u00f1or Cuervo, siempre se enmarcaron dentro de sus facultades estatutarias y legales, con absoluta buena fe, diligencia y lealtad y en consecuencia, los efectos del incumplimiento contractual solo pueden ser atribuibles a la persona jur\u00eddica del representado, es decir, la sociedad Multiproyectos S.A., hoy en liquidaci\u00f3n judicial\u00bb; m\u00e1xime cuando \u00ab[l]os demandantes no aportaron material probatorio que permitiera determinar que [\u00e9]l\u2026 hubiera actuado en contra de la buena fe o utilizando malas artes, u ocultamiento, violaci\u00f3n a los estatutos o incumplimiento de sus deberes como administrador\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al canon 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto en la sentencia del 3 de diciembre de 2021, mediante la cual se revoc\u00f3 la dictada el 26 de julio anterior por la Superintendencia de Sociedades para, en su lugar, denegar la totalidad de las pretensiones de la demanda propuesta por las quejosas, el Tribunal enjuiciado explic\u00f3 con suficiencia los motivos para tal proceder. <\/p>\n
2.1. En efecto, al emitir esa providencia, anticip\u00f3 que revocar\u00eda \u00abel fallo apelado principalmente porque\u2026 no aparecen acreditados los elementos estructuradores de la responsabilidad del administrador en los da\u00f1os que dijeron haber sufrido las demandantes (terceros), con motivo del \u201ccontrato de compraventa de instalaci\u00f3n de mobiliario\u201d celebrado el 24 de junio de 2016\u00bb; y precis\u00f3 que lo pretendido por \u00e9stas con su apelaci\u00f3n era, espec\u00edficamente, que \u00abse condene al demandado al pago de $112.593.844 (anticipo que consignaron las demandantes al opositor con ocasi\u00f3n de la celebraci\u00f3n del contrato de compraventa de mobiliario) indexados, m\u00e1s el equivalente a treinta salario[s] m\u00ednimos legales mensuales vigentes, honorarios profesionales de abogados especializados en derecho comercial para la representaci\u00f3n judicial de Multinversiones Bol\u00edvar y Seguros Bol\u00edvar en el tr\u00e1mite de esta demanda, m\u00e1s la suma de $65.000.000, honorarios profesionales de abogados especializados en derecho penal, sin incluir retenci\u00f3n en la fuente ni ICA\u00bb. <\/p>\n
Para iniciar su an\u00e1lisis, de all\u00ed, extrajo que \u00abel \u00fanico descontento de las apelantes con lo resuelto por el juez\u2026, en lo que ata\u00f1e a hechos estructuradores de la responsabilidad que se le enrostra al opositor-, ata\u00f1e a la valoraci\u00f3n que el juez a quo efectu\u00f3 de la participaci\u00f3n del opositor en el contrato de compraventa de mobiliario de 24 de junio de 2016\u00bb; encontrando que \u00abya no insisten en su reclamaci\u00f3n por perjuicios derivados de la consignaci\u00f3n err\u00f3nea de la que se habl\u00f3 en los antecedentes de este litigio. Por lo mismo, no se efectuar\u00e1n mayores consideraciones sobre los hechos que rodearon la susodicha transferencia electr\u00f3nica\u00bb. <\/p>\n
Luego, se\u00f1al\u00f3 que las demandantes sostuvieron que su antagonista \u00abhabr\u00eda incumplido sus deberes de buena fe, diligencia y lealtad, entre otras cosas, por \u201cno haber dado estricto cumplimiento al contrato de compraventa e instalaci\u00f3n de mobiliario que en su calidad de representante legal de Multiproyectos celebr\u00f3 con Multinversiones Bol\u00edvar y a Seguros Bol\u00edvar para la suspensi\u00f3n del proceso de indagaci\u00f3n por el t\u00e9rmino de 18 meses dentro de la denuncia penal identificada con el consecutivo\u2026 201605324 y en especial por no haber destinado el anticipo de $112.593.844 COP al cumplimiento de las obligaciones derivadas de las \u00f3rdenes de pedido Nos. 0005 y 0006\u201d\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, anot\u00f3, \u00abel da\u00f1o que habr\u00edan sufrido las demandantes con motivo de la participaci\u00f3n del administrador de la contratista en el susodicho negocio jur\u00eddico, estar\u00eda dado por la p\u00e9rdida de los $112\u2019593.844 que, mediante dos cheques, le entregaron a Multiproyectos por concepto de \u201canticipo\u201d y que el se\u00f1or Cuervo Ocampo habr\u00eda utilizado para pagar otras acreencias de la sociedad mercantil que administraba\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, concluy\u00f3 que \u00abla pretensi\u00f3n indemnizatoria que mediante la acci\u00f3n individual de responsabilidad habilita el inciso final del art\u00edculo 25 de la Ley 222 de 1995 (en cuanto ata\u00f1e al contrato en cita) estaba llamada al fracaso por cuanto aqu\u00ed no se acredit\u00f3 -como era del resorte de las demandantes- que el administrador de la contratista hubiera actuado con dolo o culpa en perjuicio de terceros (las demandantes), cual lo exige el art\u00edculo 24, ib\u00eddem\u00bb; afirmaci\u00f3n que apoy\u00f3 citando un aparte de pronunciamiento emitido por esta Corte el 30 de marzo de 2005 (rad. 9879), reiterado el 20 de junio de 2011 (rad. 2000-00177-01), y resaltando que: <\/p>\n
Esa relaci\u00f3n de causalidad -entre la p\u00e9rdida del anticipo (da\u00f1o) y el actuar del se\u00f1or Cuervo Ocampo como administrador de la contratista- es la que el Tribunal echa de menos en el asunto de la referencia. El expediente refleja que el incumplimiento del contrato de compraventa de mobiliario devino de la crisis econ\u00f3mica por la que atravesaba Multiservicios S.A. para la fecha en que se suscribi\u00f3 el contrato de compraventa (24 de junio de 2016). Tal situaci\u00f3n se pone en evidencia con el hecho (conocido por las demandantes) seg\u00fan el cual las cuentas bancarias de la sociedad mercantil que administraba el opositor se encontraban embargadas, a lo que se agrega que desde noviembre de 2016 se hicieron las primeras solicitudes para iniciar el proceso de reorganizaci\u00f3n de Multiservicios (ver hecho 24 de la demanda, supuesto f\u00e1ctico que ratific\u00f3 el opositor). <\/p>\n
Despu\u00e9s, de forma categ\u00f3rica consign\u00f3 que, \u00abcomo de los elementos recaudados no hay forma de colegir que Multiservicios hubiere incumplido el [aludido] contrato\u2026 por causa atribuible a su representante legal, supuesto f\u00e1ctico cuya demostraci\u00f3n incumb\u00eda a las demandantes (art\u00edculo 167 del C.G.P.), no queda m\u00e1s que atenerse al orden natural de las cosas, esto es, que quien incumpli\u00f3 dicho negocio jur\u00eddico -sean cuales fueren sus causas- fue la persona jur\u00eddica contratista y no su administrador-persona natural, en este caso\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, tambi\u00e9n consider\u00f3 que: <\/p>\n
Sobre la importancia de demostrar la relaci\u00f3n causal que da origen a la responsabilidad civil se ha dicho que \u201c(\u2026) en cuanto toca con la relaci\u00f3n causal, ha de verse c\u00f3mo de modo inveterado se ha dicho que ella hace referencia al enlace que debe existir entre un hecho antecedente y un resultado consecuente, de donde la determinaci\u00f3n del primero puede dar lugar a establecer la autor\u00eda material del da\u00f1o; por su conducto se pretende entonces hallar una relaci\u00f3n de causa a efecto entre el perjuicio y el hecho del sujeto de derecho o de la cosa a quien se atribuye su producci\u00f3n; se trata, por tanto, de establecer si una lesi\u00f3n proviene como consecuencia de un determinado hecho anterior, de suerte que al hablar de ella se hace referencia a la causa del da\u00f1o que tiene relevancia jur\u00eddica. La val\u00eda de este presupuesto no ha de ser ignorada habida cuenta que, como es suficientemente conocido, no se puede atribuir responsabilidad sin que de manera antelada se haya acreditado a plenitud la autor\u00eda del perjuicio; ello es as\u00ed porque como \u2018el da\u00f1o cuya reparaci\u00f3n se pretende debe estar en relaci\u00f3n causal adecuada con el hecho de la persona o de la cosa a las cuales se atribuye su producci\u00f3n\u2019, emerge \u2018necesaria la existencia de ese nexo de causalidad\u2019 ya que, \u2018de otro modo\u2019, podr\u00eda darse la eventualidad de que se atribuyera \u2018a una persona el da\u00f1o causado por otro o por la cosa de otro\u2019; de all\u00ed que la relaci\u00f3n causal, cual presupuesto \u2018del acto il\u00edcito y del incumplimiento contractual, (\u2026) vincula el da\u00f1o directamente con el hecho, e indirectamente con el elemento de imputaci\u00f3n subjetiva o de atribuci\u00f3n objetiva\u2019, y se constituye en \u2018el factor aglutinante que hace que el da\u00f1o y la culpa, o en su caso el riesgo, se integren en la unidad del acto que es fuente de la obligaci\u00f3n de indemnizar\u2019; es, en fin, \u2018un elemento objetivo porque alude a un v\u00ednculo externo entre el da\u00f1o y el hecho de la persona o de la cosa\u2019 (BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Teor\u00eda General de la Responsabilidad Civil, 9\u00aa edici\u00f3n, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2004, pag. 267)\u201d. \u201c(\u2026) \u201cAl un\u00edsono con la doctrina, la jurisprudencia ha expresado de manera reiterada y uniforme \u2018que el nexo causal entre la conducta imputable al demandado y el efecto adverso que de ella se deriva para el demandante, debe estar debidamente acreditado porque el origen de la responsabilidad gravita precisamente en la atribuci\u00f3n del hecho da\u00f1oso\u2019 a aqu\u00e9l, o sea, que \u2018la responsabilidad supone la inequ\u00edvoca atribuci\u00f3n de la autor\u00eda de un hecho que tenga la eficacia causal suficiente para generar el resultado, pues si la incertidumbre recae sobre la existencia de esa fuerza motora del suceso, en tanto que se ignora cu\u00e1l fue la verdadera causa desencadenante del fen\u00f3meno, no ser\u00eda posible endilgar responsabilidad al demandado\u2019; en compendio, \u2018para que la pretensi\u00f3n de responsabilidad civil \u2026 sea pr\u00f3spera, el demandante debe acreditar, adem\u00e1s del da\u00f1o cuyo resarcimiento persigue, que tal resultado tuvo por causa directa y adecuada, aquella actividad imputable al demandado y de la que sobrevino la consecuencia lesiva, de lo cual se desprende que ausente la prueba de la relaci\u00f3n de causalidad, las pretensiones estar\u00edan destinadas al fracaso\u2019 (\u2026)\u201d (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, sentencia del 24 de septiembre de 2009 exp. 2005-00060-01). <\/p>\n
Por ese sendero, agreg\u00f3 que, \u00aben el fondo[,] lo que aqu\u00ed persiste -atendiendo a la orfandad probatoria respecto del incumplimiento de los deberes del administrador-, es una discusi\u00f3n contractual entre las demandantes (como compradoras) y Multiproyectos (persona jur\u00eddica ajena a este litigio), la cual, en estricto sentido no procede estudiar bajo la \u00f3ptica de la acci\u00f3n individual de responsabilidad contra el administrador por la que optaron las demandantes\u00bb; en tanto que, \u00ab[s]obre el particular, autorizada doctrina ha sostenido que en asuntos como en el de la referencia \u201cha de tratarse de responsabilidad personal del administrador frente a los accionistas o frente a terceros, y no de responsabilidad de la sociedad por la actuaci\u00f3n de los administradores como \u00f3rgano social en nombre de ella\u201d (Ur\u00eda, Rodrigo, citado por Reyes Villamizar Francisco, Derecho Societario, Tercer Edici\u00f3n, Tomo I, Editorial Temis, 2016, p. 725)\u00bb. <\/p>\n
En suma, bajo tales razonamientos, hall\u00f3 \u00abdi\u00e1fano el \u00e9xito de la apelaci\u00f3n que, frente al fallo de primera instancia formul\u00f3 el opositor, principalmente, por cuanto aqu\u00ed no se acredit\u00f3 la relaci\u00f3n de causalidad entre el da\u00f1o padecido por las demandantes y el actuar del se\u00f1or Cuervo Ocampo, en su condici\u00f3n de administrador de Multiproyectos S.A. y por cuanto el objeto de este litigio recae sobre un asunto contractual en el que no es parte la parte contratista, por decisi\u00f3n de las demandantes\u00bb; siendo \u00abinoficioso entrar a estudiar los restantes reparos que expuso el opositor\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que las quejas de las peticionarias no hallan recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantearon las gestoras del resguardo es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal interpret\u00f3 las normas que hall\u00f3 aplicables al caso concreto, no s\u00f3lo la jurisprudencia sino tambi\u00e9n la doctrina sobre la materia, y valor\u00f3 conjuntamente las pruebas recaudadas, bajo el tamiz de la sana cr\u00edtica, evidenciando que no se acredit\u00f3 dolo o mala fe en el proceder del demandado como administrador de Multiproyectos S.A. y que lo pretendido por las quejosas se dirig\u00eda m\u00e1s a obtener la declaraci\u00f3n de un incumplimiento contractual de parte de la sociedad, respecto de esa persona jur\u00eddica (no demandada), mas no individual, de aqu\u00e9l, sin que la v\u00eda elegida (responsabilidad individual del administrador) permitiera al juzgador extenderse a ese supuesto. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (se destac\u00f3 – CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Basta lo dicho para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC3175-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3175-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00756-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Multinversiones Bol\u00edvar S.A.S. y Seguros Comerciales Bol\u00edvar S.A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62136","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62136","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62136"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62136\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62136"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62136"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62136"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}