STC3176-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3176-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00179-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Maximino Parra Mancipe frente al fallo proferido el 3 de febrero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte y la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales al debido proceso, igualdad, m\u00ednimo vital, \u00abseguridad social integral\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abprincipio de favorabilidad\u00bb, presuntamente vulneradas por las autoridades acusadas al no reconocerle la asignaci\u00f3n pensional a la que considera tener derecho. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar \u00absin efectos la sentencia SL3971[,] proferida por la\u2026 Sala Laboral [accionada]\u2026, de fecha 08 de septiembre de 2021\u00bb; y que \u00abse dicte un nuevo fallo de casaci\u00f3n en el cual se ordene el reconocimiento y pago de [su] pensi\u00f3n de vejez\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio ordinario laboral que el actor le inco\u00f3 a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones (pretendiendo se \u00able reconociera la pensi\u00f3n de vejez, conforme al Acuerdo 049 de 1990\u00bb), el 12 de junio de 2017 el Juzgado Cuarto Laboral de Tunja dict\u00f3 sentencia en la cual absolvi\u00f3 a la demanda, decisi\u00f3n que el 19 de julio siguiente confirm\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad. Determinaci\u00f3n \u00faltima que el 8 de septiembre de 2021, tras orden de tutela de esta Sala de la Corte (STC7145-2021)1, no cas\u00f3 esta Corporaci\u00f3n al concluir, en lo medular, que \u00abel accionante no gozaba de dicho r\u00e9gimen\u2026[,] en raz\u00f3n a que se afili\u00f3 al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, el 1 de abril de 1996, esto es[,] con posterioridad a la entrada en vigencia [d]el nuevo Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, el gestor adujo que la autoridad judicial acusada incurri\u00f3 en defecto sustantivo al negarle sus pretensiones, desconociendo los precedentes establecidos sobre la materia por la Corte Constitucional (entre otras, en sentencias SU-769\/14, T-521\/15, T-370\/16, SU-057\/18, T-522\/20 y SU-317\/21), seg\u00fan los cuales, \u00abpara la aplicaci\u00f3n del Decreto 758 de 1990[,] con la acumulaci\u00f3n de las cotizaciones a Cajas de Previsi\u00f3n Social y Seguro Social, no es requisito el haber cotizado al Seguro Social con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que en la actualidad tiene 76 a\u00f1os de edad; que a otras personas, en id\u00e9ntica situaci\u00f3n a la suya, su ruego les ha sido despachado favorablemente, y que la Sala de Casaci\u00f3n accionada, al dictar el nuevo fallo que le orden\u00f3 el juzgador constitucional, injustificadamente lo sorprendi\u00f3 \u00abcon un nuevo argumento, no estudiado con anterioridad\u2026[,] [al] exigir[l]e [aquel] requisito adicional\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Laboral de Tunja deprec\u00f3 se niegue \u00abla tutela por improcedente\u00bb, en tanto que es inadmisible acudir a ella \u00abcon el objeto de obtener un pronunciamiento diferente del que emitieron los jueces ordinarios en sus\u2026 instancias, menos a\u00fan si la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentra debidamente fundada\u00bb. <\/p>\n
2. La Administradora Colombiana de Pensiones pidi\u00f3 declarar \u00abimprocedente la presente acci\u00f3n de tutela por cuanto no se ha materializado ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte de la\u2026 Sala de Casaci\u00f3n Laboral, as\u00ed como por la abierta improcedencia de la tutela contra sentencias judiciales, teniendo en cuenta que nuestra legislaci\u00f3n ha dispuesto mecanismos tales como los recursos judiciales para debatir lo all\u00ed determinado, sin que esta pueda constituirse en una tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales – en liquidaci\u00f3n indic\u00f3 que, ante la extinci\u00f3n de \u00e9ste, la competente para pronunciarse sobre el caso discutido era Colpensiones. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal dijo no contar con \u00ablos procesos a los que hace alusi\u00f3n la accionante\u00bb, sumado a que, \u00abpor su rol de intervenci\u00f3n\u00bb, tampoco \u00abtiene a su alcance el conocimiento para el estudio de los procesos y confrontar con lo afirmado en el escrito de tutela\u00bb, por lo que deja su procedencia \u00aba la facultad legal\u00bb del juzgador constitucional, \u00abpara que con las piezas procesales que le remitan las autoridades accionadas se pronuncie respecto a la tutela, y tome la decisi\u00f3n que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
5. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional comoquiera que \u00abno es la llamada a responder por la vulneraci\u00f3n de los derechos pretendidos por el accionante\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo neg\u00f3 el resguardo al concluir que \u00abno se verifica la existencia de alg\u00fan defecto que habilite el amparo anhelado y con ello la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que, de la lectura de la decisi\u00f3n dictadas (sic)\u2026 por [la] Sala de Casaci\u00f3n Laboral, con facilidad se puede apreciar que se resolvi\u00f3 el asunto sometido a su consideraci\u00f3n de manera razonada, todo conforme al pormenorizado an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n, la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que en dicha providencia la encausada fue \u00abclara en indicar que, conforme lo precis\u00f3 esa Sala en sentencia CSJ SL3045-2021, para acceder al r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, indispensablemente la persona debe estar afiliada al sistema anterior con el que pretende pensionarse, presupuesto que el aqu\u00ed accionante no cumple si en cuenta se tiene que la afiliaci\u00f3n al ISS, hoy Colpensiones, lo fue el 1 de abril de 1996, de donde resulta di\u00e1fano que no realiz\u00f3 cotizaciones a dicho instituto con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el gestor del resguardo insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, se anticipa la improcedencia de la impugnaci\u00f3n impetrada y, por ende, la confirmaci\u00f3n del fallo opugnado, comoquiera que la providencia de casaci\u00f3n acusada no luce arbitraria, habida cuenta que la autoridad cuestionada, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso, arrib\u00f3 a la decisi\u00f3n que se le reprocha. <\/p>\n
2.1. En efecto, de entrada, precis\u00f3 los alcances del fallo de tutela de esta Sala (STC7145-2021), al cual daba cumplimiento con su nueva determinaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
En la sentencia de tutela mencionada, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia determin\u00f3 que al demandante\u2026 le es aplicable el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta para ello la sumatoria de tiempos p\u00fablicos con los cotizados al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones. <\/p>\n
De ese modo, frente al principio de inescindibilidad, dijo que la Corte Constitucional hab\u00eda enfatizado que no era un postulado absoluto, argumento que fundament\u00f3 con la reproducci\u00f3n de un fragmento de la sentencia CC SU-023 de 2018. <\/p>\n
Por otra parte, expuso que se omiti\u00f3 el precedente constitucional fijado en la sentencia CC SU-769 de 2014, el cual estableci\u00f3 la viabilidad de computar los tiempos de servicios prestados en el sector p\u00fablico para el estudio de la pensi\u00f3n de vejez establecida en el Decreto 758 de 1990, que aprob\u00f3 el Acuerdo 049 de 1990 y que, desde la sentencia STC2453-2015, esa Sala hom\u00f3loga \u00abexamin\u00f3 la procedencia de la salvaguarda frente a este tipo de reclamos, en torno a la interpretaci\u00f3n normativa m\u00e1s beneficiosa al trabajador [\u2026]\u00bb, postura reproducida en otras decisiones como esa, y m\u00e1s recientemente en la STC4842-2020 y STC2750-2021, en las que ha concedido el resguardo en asuntos similares. <\/p>\n
Destac\u00f3 el cambio reciente de postura de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, a partir del 1\u00ba de julio de 2020, con la sentencia CSJ SL1947-2020, que, aunque es posterior a la decisi\u00f3n por v\u00eda de tutela reprochada, reafirmaban lo analizado por la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
Adicionalmente, ampara su decisi\u00f3n en virtud del control legal y constitucional que ata\u00f1e al juez, compatible con el control convencional, de conformidad con el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969, aplicable por as\u00ed permitirlo los art\u00edculos 9 y 93 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 27 de la Convenci\u00f3n de Viena. <\/p>\n
As\u00ed, en conclusi\u00f3n, resolvi\u00f3: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotadas, para en su lugar CONCEDER la salvaguarda incoada por Maximino Parra Mancipe. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, se ordena a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, dejar sin efectos la sentencia por ella emitida en el asunto reprochado y, en igual t\u00e9rmino, emitir una nueva a trav\u00e9s de la cual resuelva el recurso extraordinario, con observancia de lo previsto en esta determinaci\u00f3n y en los precedentes ampliamente rese\u00f1ados (entre ellos, la SU-769 de 2014 y, m\u00e1s recientemente, las SL1947-2020 y SL1981-2020), por su id\u00e9ntica tem\u00e1tica con el presente asunto. <\/p>\n
En el evento de reconocerse el derecho respectivo, se deber\u00e1 observar la prescripci\u00f3n trienal que rige para esta clase de prestaciones econ\u00f3micas, afectando las mesadas causadas y teniendo en cuenta la ejecutoria de este pronunciamiento, pues es desde esta decisi\u00f3n que la prestaci\u00f3n puede adquirir alcances constitutivos\u2026 <\/p>\n
Seguidamente, razon\u00f3 que \u00abser\u00eda del caso dar alcance a las consideraciones vertidas en la referida acci\u00f3n constitucional, no obstante, previo a verificar la acumulaci\u00f3n reprochada, verifica esta Sala que el actor trabaj\u00f3 para el Departamento de Boyac\u00e1, y cotiz\u00f3 a la Caja de Previsi\u00f3n Social de Boyac\u00e1 y al ISS, hoy Colpensiones; y que, frente a \u00e9sta \u00faltima, se afili\u00f3 tan solo el 1 de abril de 1996\u00bb. <\/p>\n
Aspecto respecto del cual anot\u00f3 que esa \u00abSala de la Corte ha insistido en memorar su criterio vigente y pac\u00edfico, seg\u00fan el cual para favorecerse del r\u00e9gimen de transici\u00f3n de que trata el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, rigurosamente el actor debe haber estado afiliado al sistema anterior con el que pretenda pensionarse, ya que es el que genera una expectativa leg\u00edtima susceptible de protecci\u00f3n legal, que es, por dem\u00e1s, la garant\u00eda de remisi\u00f3n, preservaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de reg\u00edmenes pensionales anteriores que subyace a esa figura legal, y as\u00ed, precisamente, fue recientemente recordado en sentencia CSJ SL3045-2021, la cual resolvi\u00f3 un caso con similares contornos\u00bb. <\/p>\n
Por ese sendero, consign\u00f3 que: <\/p>\n
As\u00ed, pues, de cara a lo antes dicho, mal har\u00eda esta Sala inobservar el precedente tra\u00eddo a colaci\u00f3n, y consecuentemente, dar una soluci\u00f3n a la controversia, exclusivamente, acudiendo a la anhelada sumatoria de tiempos p\u00fablicos con los cotizados al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, para acceder a la prestaci\u00f3n conforme al Acuerdo 049 de 1990, pues, se insiste, ello solo es posible si el demandante, en efecto, realiz\u00f3 cotizaciones al ISS antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, situaci\u00f3n que en el sub lite no acontece. <\/p>\n
De otro lugar, se tiene que al se\u00f1or\u2026 Parra Mancipe, el r\u00e9gimen anterior que lo cobijaba no era precisamente el contenido en el Acuerdo 049 de 1990, puesto que su afiliaci\u00f3n al ISS se produjo en 1996, lo que hace evidente que, en realidad lo favorec\u00eda, de acuerdo con los tiempos p\u00fablicos cotizados a la Caja de Previsi\u00f3n Social del Departamento de Boyac\u00e1, y los sufragados al ISS, es el establecido en la Ley 71 de 1988, sistema pensional al que s\u00ed se encontraba afiliado y el que, en todo caso, permite la sumatoria de dichos periodos. <\/p>\n
En tal sentido, en el presente asunto, ser\u00eda la oportunidad para casar la sentencia acusada, sin embargo, al analizar las particularidades del caso, llegar\u00eda esta Sala de la Corte, a la misma decisi\u00f3n absolutoria de las instancias, por cuanto, no cumple el actor, con los presupuestos establecidos en el art\u00edculo 7 de la citada Ley 71 de 1988, espec\u00edficamente, la densidad de semanas cotizadas, ello, al contar solo con 622.57; inclusive si se tuvieran en cuenta las 631.71 que refiere en la demanda, resultar\u00edan palmariamente insuficientes y frente a lo cual no mostr\u00f3 inconformidad alguna. <\/p>\n
Bajo las anteriores consideraciones, esta Sala no evidencia el error jur\u00eddico planteado por la censura, y en consecuencia, en los presentes t\u00e9rminos da cumplimiento a lo decidido por el juez constitucional, pues, reitera, no debe perderse de vista que al margen del t\u00f3pico planteado en sus consideraciones, resulta imperioso analizar nuevamente los detalles del caso, y que en su momento no fueron objeto de estudio dado los planteamientos del recurso extraordinario, y que devienen ahora, al habilitarse nuevamente su examen. <\/p>\n
Finalmente, a trav\u00e9s de aclaraci\u00f3n de voto conjunta de todos los integrantes de la Sala de Decisi\u00f3n que adopt\u00f3 tal determinaci\u00f3n, en lo tocante con la aplicaci\u00f3n de los precedentes de la Corte Constitucional, se exterioriz\u00f3 que: <\/p>\n
En lo atinente al car\u00e1cter vinculante que ostenta el precedente constitucional, resulta dable memorar lo adoctrinado por esta Sala de manera un\u00e1nime, en sentencia CSJ SL1938- 2020. La Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como aquel antecedente que resulta del conjunto de sentencias previas al caso que se habr\u00e1 de resolver y que, por su pertinencia para la resoluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada al momento de dictar sentencia. <\/p>\n
Asimismo, ha precisado que su precedente tiene fuerza vinculante, puesto que no existe duda respecto a que la jurisprudencia es una fuente formal del derecho, y la hermen\u00e9utica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificarla y otorgar comprensiones a normas superiores, precisamente contribuyen a determinar el alcance de disposiciones jur\u00eddicas y a desarrollar principios b\u00e1sicos del Estado Constitucional, como el de seguridad jur\u00eddica; adem\u00e1s, permite materializar el respeto a los principios de la igualdad, la supremac\u00eda de la Carta Pol\u00edtica, el debido proceso y la confianza leg\u00edtima (C-539- 2011). <\/p>\n
No obstante, tambi\u00e9n ha diferenciado entre las decisiones derivadas del control abstracto de constitucionalidad, es decir, aquellos fallos que determinan el contenido y alcance de la normativa superior, y el precedente en vigor, esto es, el que deriva de las providencias de acciones de tutela. <\/p>\n
El primero tiene cierta fuerza vinculante especial y obligatoria en raz\u00f3n de sus efectos erga omnes y su desconocimiento significa una trasgresi\u00f3n a las disposiciones de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (C-083-1995, C836-2001, C-335- 2008 y C-539-2011); aunque los segundos tienen cierta fuerza vinculante, le permite al juez apartarse de sus postulados, siempre que cumpla con el deber de transparencia y argumentaci\u00f3n suficiente, en armon\u00eda con los derechos y los principios constitucionales; ello, debido a los efectos inter partes que produce la jurisprudencia en estos casos (SU-611 de 2017). <\/p>\n
Valga precisar, entonces, que para el momento en que se profiri\u00f3 la primigenia sentencia que resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n del asunto, esto es, 24 de junio 2020, el criterio mayoritario de la Sala era el que promulgaba la imposibilidad de sumar tiempos de servicio p\u00fablico no cotizados al ISS, hoy Colpensiones, con aportes efectuados a la entidad, con el fin de acreditar las semanas m\u00ednimas requeridas para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez, en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, en virtud del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993. De cara a ello, lo cierto es que \u00e9ste fue el problema jur\u00eddico planteado en sede extraordinaria, y que fue resuelto conforme al criterio vigente para la fecha de resoluci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
As\u00ed, entonces, adem\u00e1s del t\u00f3pico de la pluricitada sumatoria para efectos de verificar la densidad m\u00ednima de semanas necesarias para acceder a la pensi\u00f3n de vejez en los t\u00e9rminos del Acuerdo 049 de 1990, es menester evidenciar en primera medida que sea ese el r\u00e9gimen anterior en el cual se encontraba afiliado el beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, pues de lo contrario, no se genera una expectativa leg\u00edtima susceptible de protecci\u00f3n legal, por lo menos, en lo que concierne al asunto, frente al sistema pensional contenido en el referido Acuerdo 049, b\u00e1culo real de la decisi\u00f3n objeto de tutela. <\/p>\n
Bajo el contexto que antecede, es pertinente indicar que la sentencia CC SU-769 de 2014, seg\u00fan la cual es posible computar los tiempos de servicios prestados en el sector p\u00fablico para el estudio de la pensi\u00f3n de vejez establecida en el Acuerdo 049 de 1990, justamente, en el decurso de sus consideraciones, siempre que menciona el r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el canon 36 de la Ley 100 de 1993, hace referencia, precisamente, al r\u00e9gimen anterior al cual se encontraba afiliado el peticionario de la prestaci\u00f3n. Un ejemplo de ello es el siguiente aparte: <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
Espec\u00edficamente sobre el r\u00e9gimen contenido en el Acuerdo 049 de 1990, la aplicaci\u00f3n de este principio implica que, la entidad o autoridad responsable deber\u00e1 acumular los tiempos cotizados a entidades p\u00fablicas para contabilizar las semanas requeridas, atendiendo dos razones: (i) la falta de aplicaci\u00f3n de las normas previstas en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 har\u00edan nugatorios los beneficios que se derivan del r\u00e9gimen de transici\u00f3n y, en consecuencia, del r\u00e9gimen anterior al cual se encuentra afiliado el peticionario; y (ii) el art\u00edculo 12 del mencionado acuerdo no exige que las cotizaciones se hayan efectuado de manera exclusiva al Instituto de Seguros Sociales. (Resalta de la Sala). <\/p>\n
\u2026en el presente caso el accionante no gozaba de dicho r\u00e9gimen conforme al Acuerdo 049 de 1990, ello en raz\u00f3n a que se afili\u00f3 al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, el 1 de abril de 1996, esto es con posterioridad a la entrada en vigencia el nuevo Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, hecho determinante que no tuvo en cuenta la Sala Civil hom\u00f3loga, y que no permite su aplicaci\u00f3n en el asunto en cuesti\u00f3n, pues sencillamente no se puede reclamar lo que no se tiene. <\/p>\n
2.2. As\u00ed, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura que emiti\u00f3 la decisi\u00f3n final atacada, contrario a lo aducido por el reclamante, responde a su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicables al caso concreto, especialmente, de sus asentados precedentes imperantes sobre el particular, como \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia laboral, determinando que el tutelante no era beneficiario del r\u00e9gimen contemplado en el Acuerdo 049 de 1990, al no hallarse afiliado al Instituto de los Seguros Sociales, en pensiones, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
En este orden de ideas, muy a pesar de las alegaciones del quejoso, espec\u00edficamente en cuanto a la aplicaci\u00f3n de los precedentes constitucionales invocados, destacando que tal postura de la hom\u00f3loga laboral ya ha sido respaldada en sede de tutela por esta Sala (STC11340-2021, 2 sep., rad. 2021-01109-01), lo cierto es que aquellas inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juzgador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural, aunado a que, como recientemente se ha dejado por sentado al denegar acciones de resguardo tambi\u00e9n impulsadas contra la hom\u00f3loga de casaci\u00f3n laboral, cuyo criterio, mutatis mutandis, resulta aqu\u00ed aplicable, \u00abmirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala con relaci\u00f3n a asuntos de contornos similares al presente[,] encuentra necesario adecuarla puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural\u00bb (STC13803-2021, STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC13817-2021 y STC13947-2021, STC13983-2021). <\/p>\n
3. Lo dicho impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En la cual se concluy\u00f3 que para efectos de reconocer la pensi\u00f3n de vejez reclamada resultaba viable \u00abacumular el tiempo cotizado en Cajas de Previsi\u00f3n Social con los aportes efectuados al Instituto de Seguros Sociales ISS\u00bb. <\/p>\n
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STC3176-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC3176-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00179-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Maximino Parra Mancipe frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62137","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62137","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62137"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62137\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62137"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62137"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62137"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}