STC3185-2022 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3185-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-00671-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jes\u00fas Mar\u00eda Espa\u00f1a Vergara frente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y al Juzgado Treinta y Cinco Penal del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderado judicial1, procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se destacan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 el actor que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia adelant\u00f3 un proceso en contra del exrepresentante a la C\u00e1mara Iv\u00e1n D\u00edaz Mateus, por el delito de concusi\u00f3n, por haber constre\u00f1ido a la representante Yidis Medina Padilla, para que cambiara el sentido negativo del voto anunciado y apoyara el proyecto de acto legislativo 0267 de 2004, que modificaba el art\u00edculo 197 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, habilitante de la reelecci\u00f3n presidencial. <\/p>\n
2.2. Durante el per\u00edodo de pr\u00e1ctica de pruebas fue solicitado su testimonio por parte de la defensa del aforado y, en diligencia de 7 de mayo de 2009, declar\u00f3 bajo la gravedad de juramento que hab\u00eda indagado a la citada congresista sobre su intenci\u00f3n de voto y, como esta le manifest\u00f3 que le preocupaba ser denunciada si cambiaba el sentido del mismo, procedi\u00f3 a orientarla con fundamento en una sentencia de la Corte Constitucional, siendo dicha asesor\u00eda la causa eficiente para la modificaci\u00f3n del voto y no la intervenci\u00f3n o constre\u00f1imiento ejercido por terceros. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, el 3 de junio de 2009, esta Corporaci\u00f3n profiri\u00f3 sentencia de condena en contra del entonces aforado Iv\u00e1n D\u00edaz Mateus, tras hallarlo responsable del delito de concusi\u00f3n. <\/p>\n
2.3. El 14 de marzo de 2014, ante el Juzgado 9\u00b0 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1, la Fiscal\u00eda formul\u00f3 imputaci\u00f3n en contra del tutelante como autor del delito de falso testimonio, cargo que no acept\u00f3. <\/p>\n
2.4. El 19 de mayo de la citada anualidad, la Fiscal\u00eda present\u00f3 el escrito de acusaci\u00f3n, ante el Juzgado 35 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, con fundamento en la misma imputaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica y, el 6 de abril del 2015, formul\u00f3 acusaci\u00f3n en su contra. <\/p>\n
2.5. Entre el 2 de septiembre de 2015 y el 16 de mayo del 2016 se adelant\u00f3 la audiencia preparatoria y, entre el 2 de junio de 2017 y el 18 de octubre de 2018, el juicio oral, al cabo del cual se anunci\u00f3 el sentido del fallo condenatorio como autor del delito de falso testimonio, siendo condenado posteriormente a 80 meses de prisi\u00f3n y a la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo t\u00e9rmino, concedi\u00e9ndosele la sustitutiva de prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
2.6. Dicha decisi\u00f3n fue confirmada el 11 de octubre de 2019, en sede de apelaci\u00f3n, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, determinaci\u00f3n frente a la cual interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue inadmitido por la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n el 15 de septiembre de 2021. <\/p>\n
2.7. El promotor se\u00f1al\u00f3 que la autoridad judicial accionada, al inadmitir el recurso extraordinario, \u00abno quiso ver ni confrontar en el proceso de interpretaci\u00f3n de sus exactos contenidos en su literalidad material: los reparos que se hicieron en la demanda de casaci\u00f3n contra la sentencia de segunda instancia\u00bb. Anot\u00f3 que la accionada concluy\u00f3 que \u00abno se demostraron los cargos irregulares afectadores de las garant\u00edas del derecho a la defensa de JESUS MARIA ESPA\u00d1A VERGARA\u00bb y resolvi\u00f3 examinar los cuatro cargos que present\u00f3 en uno solo, \u00abrecort\u00e1ndose as\u00ed de manera arbitraria la garant\u00eda de contradicci\u00f3n en forma puntual \u2013pues se acudi\u00f3 al examen general de esas cuatro censuras, y fueron un\u00e1nimemente inadmitidas aduci\u00e9ndose improsperidad, en un acto procesal de exclusivo examen formal, lo que per se gener\u00f3 la irregular pretermisi\u00f3n sustancial de la auscultaci\u00f3n suced\u00e1nea profunda o de fondo de los cargos formulados\u00bb, ignorando la Corte que la estrategia defensiva en el proceso \u00abse circunscribi\u00f3 en un d\u00e9bil argumento, por ende, insuficiente, para propiciar controversia argumental o probatoria\u00bb. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 que la Hom\u00f3loga Penal \u00abse ocup\u00f3 de lleno del estudio sustancial de la demanda de casaci\u00f3n que es labor subsiguiente al acto de selecci\u00f3n de la demanda; entr\u00f3 de lleno a hacer sus reparos materiales que, como ya se dijo, se encuentran reservados para la posterior fase de la selecci\u00f3n del escrito y por esta sola irregularidad sustancial esta acci\u00f3n de tutela tendr\u00eda vocaci\u00f3n para el amparo que se depreca, pero, adicionalmente el quebranto se yergue en su primer iter procesal subsiguiente a la presentaci\u00f3n del escrito\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, en su criterio, el \u00abTribunal de Cierre ha actuado al margen del procedimiento preestablecido legalmente (defecto procedimental absoluto), procediendo de manera arbitraria y caprichosa, desatendiendo el procedimiento legal para el acto procesal reglado que en \u00faltimas constituye una violaci\u00f3n del debido proceso, como lo ha dicho la Corte Constitucional, lo que de paso conduce a la violaci\u00f3n del derecho de defensa y contradicci\u00f3n del sentenciado [\u2026] al igual que el de acceso a la justicia, pues con la pretermisi\u00f3n del acto reglado {fase de admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n o examen formal sobre requisitos de procedencia} se le ha impedido el acceso a la administraci\u00f3n de justicia; la admisi\u00f3n de la demanda constituye un acto procesal que puede traer finalmente la prosperidad de alguno de los cargos formulados, leg\u00edtima aspiraci\u00f3n que as\u00ed resulta truncada inefablemente si no se ampara los derechos constitucionales referidos\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 el amparo de las garant\u00edas fundamentales reclamadas y que se deje sin efecto el prove\u00eddo del 15 de septiembre de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, se ordene la admisi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal, luego de hacer un breve recuento de la actuaci\u00f3n desplegada y de se\u00f1alar que el casacionista activ\u00f3 el mecanismo de insistencia, el cual la Procuradur\u00eda 2\u00aa Delegada para la Casaci\u00f3n Penal, por concepto del 16 de noviembre de 2021, no aval\u00f3, por encontrarlo infundado, manifest\u00f3 que no se vulneraron los derechos fundamentales del actor, toda vez que, acatando estrictamente los fines y la esencia del recurso de casaci\u00f3n, inadmiti\u00f3 la demanda. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, dado que la inconformidad del accionante estriba en la inadmisi\u00f3n de la demanda casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente asunto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del accionante con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 15 de septiembre de 2021, que inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n, pues, en su opini\u00f3n, se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, que amerita la perentoria salvaguarda. <\/p>\n
2. Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n accionada, al resolver sobre la admisi\u00f3n del recurso extraordinario, expres\u00f3 las razones por las cuales consider\u00f3 que deb\u00eda inadmitirse la demanda de casaci\u00f3n. Para ello, luego de hacer alusi\u00f3n a los art\u00edculos 183 y 184 de la Ley 906 de 2004, se\u00f1al\u00f3 que el demandante \u00abno evidenci\u00f3 la configuraci\u00f3n de un error constitutivo de infracci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, ni la vulneraci\u00f3n del debido proceso en aspectos estructurales o de garant\u00eda; por lo que sus reproches son insuficientes para derruir la presunci\u00f3n de legalidad y acierto de la que goza la decisi\u00f3n atacada\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, indic\u00f3 que el recurrente formul\u00f3 cuatro cargos contra el fallo emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, sustentados en la causal segunda del art\u00edculo 181 de la Ley 906 de 2004, al considerar que, en la audiencia preparatoria y en el juicio oral, se afect\u00f3 el debido proceso, dado que el se\u00f1or Espa\u00f1a Vergara estuvo desprovisto de un defensor t\u00e9cnico que amparara sus intereses, en la medida en que su gesti\u00f3n fue insuficiente y descuidada. <\/p>\n
Al respecto, luego de referir que abordar\u00eda de manera conjunta los cargos, al encontrar que se circunscrib\u00edan al mismo reproche, precis\u00f3 que, aunque el accionante sostuvo que la irregularidad sustancial denunciada consist\u00eda en el desconocimiento del derecho a la defensa, \u00abno acredit\u00f3 su configuraci\u00f3n, y por el contrario se limit\u00f3 a hacer cr\u00edticas a la estrategia defensiva asumida por su colega, sin realmente evidenciar los errores en los que \u00e9ste incurri\u00f3\u00bb, pues, si bien pretendi\u00f3 resaltar la falta de idoneidad del abogado defensor del procesado cuando celebr\u00f3 las estipulaciones probatorias con la Fiscal\u00eda, se evidenci\u00f3 que su intenci\u00f3n era \u00abanteponer la estrategia defensiva que hubiese asumido de haber actuado en esa etapa procesal, sin realmente exponer los fundamentos f\u00e1cticos que demuestran la ausencia de un ejercicio t\u00e9cnico en la defensa, m\u00e1s cuando una simple lectura de los fallos de condena revelan que las partes acordaron dar por demostrados hechos que en ninguna forma comprometieron la responsabilidad del se\u00f1or Espa\u00f1a Vergara\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en cuanto a lo afirmado por el recurrente, en el sentido que a modo de prueba trasladada se hab\u00eda ingresado al debate el contenido de la sentencia proferida por esta Corporaci\u00f3n en contra de Iv\u00e1n D\u00edaz Mateus, consider\u00f3 que era suficiente con revisar el fallo emitido por el Tribunal para desestimar dicha postura, toda vez que all\u00ed se indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abPor consiguiente, desatin\u00f3 el censor al dar por sentado que la sentencia dictada el 3 de junio de 2009 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, adosada como anexo de la estipulaci\u00f3n, pod\u00eda ser valorada cual si fuese ingresada al debate como prueba documental, lo que va en contrav\u00eda del alcance fijado jurisprudencialmente respecto de tratamiento de los documentos como anexo o como objeto de los acuerdos probatorios\u00bb. <\/p>\n
De la misma manera, frente al cuestionamiento consistente en que el referido abogado defensor no cuestion\u00f3 la credibilidad del testigo Guzm\u00e1n Areiza, sostuvo que \u00abse trataba de una apreciaci\u00f3n subjetiva de lo que en su sentir deb\u00eda realizar su antecesor\u00bb, de lo cual no pod\u00eda evidenciarse una vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa. <\/p>\n
Sobre el presunto desconocimiento del principio de imparcialidad en el proceso, manifest\u00f3 que el censor se apart\u00f3 del principio de correcci\u00f3n material, dado que, de la lectura del fallo cuestionado, era notorio que \u00abla Juez no tuvo en cuenta las valoraciones probatorias realizadas por esta Corporaci\u00f3n en dicho fallo, no s\u00f3lo porque su contenido no ingres\u00f3 al debate probatorio sino porque lo que revela la sentencia de instancia es que la juzgadora encontr\u00f3 probado el dolo, a partir de la valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas practicadas exclusivamente en este proceso, en el que tambi\u00e9n fueron practicados los testimonios de Yidis Medina y C\u00e9sar Guzm\u00e1n Areiza\u00bb, y anot\u00f3 que lo pretendido era cuestionar la valoraci\u00f3n probatoria adelantada por los falladores, circunstancia que no corresponde a la naturaleza del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En lo referido a la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, por error de hecho, derivado del falso juicio de identidad, destac\u00f3 que dicho cargo no se formul\u00f3 con la t\u00e9cnica que el yerro denunciado demandaba, dado que \u00able era imperativo efectuar una confrontaci\u00f3n entre el medio de prueba y la valoraci\u00f3n plasmada en la sentencia; adem\u00e1s de resaltar su trascendencia y la conclusi\u00f3n jur\u00eddica diversa y favorable a los intereses del recurrente\u00bb, lo que no se realiz\u00f3 en el presente caso, pues, por el contrario, \u00abadmiti\u00f3 que las instancias en la valoraci\u00f3n de la prueba fueron leales al dicho de los testigos\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, frente al reproche relacionado con un error de hecho derivado de un falso raciocinio, en cuanto que apreci\u00f3 como cre\u00edbles los testimonios de Yidis Medina y C\u00e9sar Guzm\u00e1n Areiza, la Sala Penal sostuvo que, al cuestionar esta clase de yerros, \u00able compete al demandante identificar concretamente el postulado omitido, esto es, una concreta ley cient\u00edfica, un principio l\u00f3gico o una m\u00e1xima de la experiencia; adem\u00e1s de resaltar expresamente la raz\u00f3n por la cual su aplicaci\u00f3n era indispensable en el caso concreto\u00bb y, en esa medida, luego de mencionar algunos apartes del fallo proferido por el Tribunal, en los que se analizaron dichos testimonios, concluy\u00f3 que \u00abla cr\u00edtica del demandante carece de la capacidad demostrativa para evidenciar el principio de la sana cr\u00edtica del que se apart\u00f3 el Tribunal en la valoraci\u00f3n de los referidos testimonios, pues a diferencia de lo exigido por la t\u00e9cnica, se aprecia que los argumentos de la demanda tienen como exclusivo prop\u00f3sito el de cuestionar el ejercicio valorativo efectuado por las instancias, lo que resulta extra\u00f1o al cargo casacional invocado\u00bb. <\/p>\n
En t\u00e9rminos similares se pronunci\u00f3 en torno al cuestionamiento de que el Tribunal actu\u00f3 desprovisto del sentido com\u00fan en la apreciaci\u00f3n de los testimonios de Rosa Rebeca D\u00edaz Cardozo y Reginaldo Enrique Montes, al resaltar que el recurrente no cumpli\u00f3 con la carga argumentativa y demostrativa exigida para la prosperidad del cargo y, adem\u00e1s, omiti\u00f3 identificar las reglas de la sana cr\u00edtica desatendidas por el Tribunal, pues \u00abel aludido desconocimiento del \u2018sentido com\u00fan\u2019, no evidencia un quebranto en la correcci\u00f3n l\u00f3gica del pensamiento, sino una apreciaci\u00f3n personal de la valoraci\u00f3n probatoria, constituyendo ello una falencia argumentativa que por dem\u00e1s evidencia que el reproche se orienta a cuestionar el trabajo de ponderaci\u00f3n de las instancias, sin incluir un reparo de orden casacional que amerite resquebrajar la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad que cobija a la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en cuanto a la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, por aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 9, 10, 11 y 442 del C.P., en la medida en que no se demostr\u00f3 la antijuridicidad material en el comportamiento del acusado, en tanto no alcanz\u00f3 a poner en peligro el bien jur\u00eddico tutelado, afirm\u00f3 la Hom\u00f3loga Penal que \u00abel error denunciado debe recaer estrictamente sobre la norma, por lo que el debate que se exige para la demostraci\u00f3n de esta causal es eminentemente jur\u00eddico, imponi\u00e9ndole al demandante la aceptaci\u00f3n de la realidad f\u00e1ctica declarada en los fallos censurados\u00bb, y como en el presente asunto los reclamos del recurrente se dirigieron a cuestionar la valoraci\u00f3n probatoria adelantada en las instancias, el citado cargo se desnaturaliza, por no haberse propuesto una discusi\u00f3n eminentemente jur\u00eddica. <\/p>\n
Por \u00faltimo, al analizar lo pertinente a la violaci\u00f3n indirecta derivada de un error de hecho, cometido a trav\u00e9s de un falso juicio de identidad, en cuanto que se distorsion\u00f3 el contenido del testimonio del acusado y se le asign\u00f3 un alcance doloso en la declaraci\u00f3n rendida ante la Corte Suprema de Justicia, el Colegiado convocado manifest\u00f3 que el casacionista hizo caso omiso de la t\u00e9cnica exigida para su acreditaci\u00f3n y evidenci\u00f3 que lo pretendido era \u00abcuestionar los argumentos sostenidos por las instancias para dar por demostrado el tipo subjetivo, el que por dem\u00e1s no lo dedujeron los juzgadores exclusivamente del testimonio de esta prueba, como pretende indicarlo el demandante, sino que se fund\u00f3 en el an\u00e1lisis conjunto de las pruebas de cargo\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, la autoridad judicial accionada resolvi\u00f3 inadmitir la demanda, al advertir que \u00abel discurso del censor no fue suficiente para controvertir la sentencia impugnada ni para demostrar un error de tr\u00e1mite o uno de juicio\u00bb. <\/p>\n
4. De lo evidenciado se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no se puede recibir como irrazonable, antojadiza o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto, como se vio, fue proferida despu\u00e9s de una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas en el proceso penal, las pruebas y la normativa que gobierna el asunto debatido. <\/p>\n
Para la autoridad demandada, el ac\u00e1 actor no present\u00f3 sus inconformidades como lo dispone el art\u00edculo 181 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, dado que, en esencia, el recurso de casaci\u00f3n exige que las demandas cumplan con unos requisitos de idoneidad material y formal, a lo cual se suma que la formulaci\u00f3n de los cargos debe ce\u00f1irse a una estricta exigencia en su argumentaci\u00f3n para considerar su admisibilidad, pues no cualquier reproche frente a la sentencia que se cuestiona puede utilizarse como elemento para derruir la presunci\u00f3n de legalidad que la reviste. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, para que se asuma el an\u00e1lisis material de la demanda extraordinaria resulta menester establecer una correspondencia clara entre las determinaciones atacadas y el razonamiento expuesto sobre las particularidades censuradas. <\/p>\n
5. En definitiva, lo que se observa en el sub examine es una disparidad de criterios entre lo considerado por la Sala accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial sobre los planteamientos jur\u00eddicos que sirvieron de soporte al pronunciamiento de inadmisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n- y lo planteado por el solicitante. Por lo cual, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de autoridad de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
En ese sentido esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC3968-2021. 16 abr, rad. 2021-00239-02). <\/p>\n
Desde luego, en este escenario tampoco es posible devolvernos a la reconstrucci\u00f3n de las probanzas del caso concreto, si se tiene en cuenta que <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC11961-2020, 18 dic. Rad. 2020-03390-00). <\/p>\n
6. Finalmente, no est\u00e1 demostrada la ocurrencia de un perjuicio irremediable de tal naturaleza que permita la procedencia de este excepcional mecanismo. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [N]o se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC 11 de mayo de 2010, exp, 00249-01, citada en CSJ STC2428-2020, Mar. 6 de 2020, rad. 2019-02548-01). <\/p>\n
7. Por lo razonado en precedencia, se debe negar el amparo exigido. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan poder especial otorgado el 18 de febrero de 2022, allegado a este tr\u00e1mite el 4 de marzo siguiente (PDF \u00ab0013Memorial\u00bb). <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3185-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC3185-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-00671-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jes\u00fas Mar\u00eda Espa\u00f1a Vergara frente a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62142","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62142","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62142"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62142\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62142"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62142"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62142"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}