STC3186-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3186-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00725-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda Clara Lozano Ortiz de Z\u00e1rate contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes e interesados en el proceso verbal de radicado 2018-00487-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la causa referida. <\/p>\n
2. Refiere que el 23 de noviembre de 2015, \u00abcelebr\u00f3 contrato a todo costo con los arquitectos Oscar Iv\u00e1n Acero y Alejandro Fern\u00e1ndez para la construcci\u00f3n de la casa \u201cEmak Bakia\u201d [\u2026]\u00bb. Para ello, menciona que el profesional Acero \u00abconstituy\u00f3 p\u00f3liza de seguro de cumplimiento particular con Seguros del Estado S.A.\u00bb en la que se estableci\u00f3 beneficiaria de la misma. <\/p>\n
2.1. Manifiesta que, en virtud del incumplimiento de la obra, remiti\u00f3 comunicaci\u00f3n a la sociedad aseguradora, \u00aben la que solicit\u00f3 el pago de la indemnizaci\u00f3n por los perjuicios causados\u00bb. Frente a lo solicitado, el 28 de junio de 2018, \u00abSeguros del Estado S.A., [\u2026] declin\u00f3 el pago de la indemnizaci\u00f3n y objet\u00f3 la reclamaci\u00f3n efectuada\u00bb. <\/p>\n
2.2. Inconforme con lo anterior, la gestora impetr\u00f3 demanda verbal de responsabilidad civil contractual frente a Seguros del Estado S.A. con el fin de que se declarara \u00abla existencia del contrato de seguro de cumplimiento [\u2026] No. 62-45-101006025 celebrado entre Oscar Iv\u00e1n Acero Rodr\u00edguez y Seguros del Estado S.A., del cual es beneficiaria la demandante [\u2026]\u00bb. En consecuencia, que se le condenar\u00e1 al pago total de $164.528.798, por los conceptos de \u00abamparo de cumplimiento de contrato [\u2026], amparo de calidad de los elementos [\u2026], amparo de salarios y prestaciones sociales [\u2026], m\u00e1s los intereses moratorios causados desde el 4 de mayo de 2018 hasta el pago de los tres anteriores conceptos\u00bb1. <\/p>\n
2.3. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, con providencia del 11 de diciembre de 2020 resolvi\u00f3 declarar \u00abque en vigencia de la p\u00f3liza de seguro No. 62-45-10106025, acaecieron los siniestros relacionados con el amparo de cumplimiento del contrato y calidad de los elementos o materiales, respecto del contrato objeto de seguro, esto es, de obra suscrito entre Mar\u00eda Clara Lozano Ortiz de Z\u00e1rate con Oscar Iv\u00e1n Rodr\u00edguez Acero y Alejandro Fern\u00e1ndez\u00bb. En consecuencia, orden\u00f3 \u00aba Seguros del Estado S.A. pagar a Mar\u00eda Clara Lozano Ortiz de Z\u00e1rate la suma de $90\u2019000.000 por concepto del amparo de cumplimiento del contrato y $58\u2019128.798 a t\u00edtulo de garant\u00eda de calidad de los elementos y materiales, junto con los intereses moratorios liquidados a la tasa m\u00e1xima legal permitida conforme la normatividad mercantil, desde el 4 de mayo de 2018 y hasta que se verifique su pago\u00bb2. <\/p>\n
Inconformes con esa sentencia, el extremo demandado3 y los llamados en garant\u00eda4 impetraron recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue concedido en el efecto devolutivo5. <\/p>\n
2.4. El Tribunal querellado con fallo del 28 de octubre de 2021, resolvi\u00f3 \u00abrevocar la sentencia proferida en diciembre 11 de 2020 por el Juzgado 37 Civil del Circuito de esta capital, para en su lugar, declarar probada la excepci\u00f3n denominada \u201cPrescripci\u00f3n del contrato de seguro\u201d que propuso el llamado en garant\u00eda Oscar Iv\u00e1n Acero Rodr\u00edguez. Como consecuencia, se niegan las pretensiones de la demanda\u00bb6. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, por v\u00eda de tutela, la actora anota que la Sala querellada incurri\u00f3 en defecto material. Lo anterior pues, aplic\u00f3 lo previsto en \u00abel art\u00edculo 1081 [que] contiene el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, siendo de dos a\u00f1os que empiezan a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acci\u00f3n, pero no establece requisitos ni restricciones para las formas de interrumpir dicha prescripci\u00f3n, que adopte el legislador\u00bb. <\/p>\n
No obstante, considera que, en el asunto debi\u00f3 tenerse en cuenta lo dispuesto por el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, pues la \u00abpresentaci\u00f3n del escrito requiriendo el pago por parte de la aseguradora \u2013Seguros del Estado S.A.- del 5 de abril de 2018 demuestra la actividad e inter\u00e9s de la beneficiaria [\u2026] en ejercer y no abandonar su derecho a la indemnizaci\u00f3n\u00bb. En ese orden, resalta que \u00abla presentaci\u00f3n de dicho reclamo tuvo como efecto interrumpir la prescripci\u00f3n, porque as\u00ed est\u00e1 previsto en la ley, pero no hacer exigible el pago de la indemnizaci\u00f3n o poner en situaci\u00f3n de mora a Seguros del Estado S.A. puesto que ello no est\u00e1 previsto en la ley\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se\u00f1ala que el juez colegiado \u00abpara decidir el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, otorg\u00f3 a las normas un sentido y alcance que no tienen, en contra de los derechos fundamentales [\u2026]\u00bb de la gestora. Ello es as\u00ed, pues estima que \u00abel Tribunal utiliz\u00f3 normas que se refieren al momento en que se hace exigible la obligaci\u00f3n del asegurador y las aplic\u00f3, sin consultar su texto y bajo una desafortunada interpretaci\u00f3n, para negar la forma de interrupci\u00f3n prevista en el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 94 CGP\u00bb. Asimismo, la \u00abinterpretaci\u00f3n que realiz\u00f3 el Tribunal en la sentencia es injustificada y va en contrav\u00eda del principio Pro Actione [\u2026] La providencia acusada impone unos requisitos que la ley no establece para entender interrumpida la prescripci\u00f3n establecida en el contrato de seguro\u00bb. <\/p>\n
3. Solicita, conforme a lo relatado, que se ordene a la Sala convocada \u00abrevise la sentencia de fecha 28 de octubre de 2021 y la expida nuevamente teniendo en cuenta los par\u00e1metros que se dicten en la sentencia de tutela\u00bb. Y \u00able reconozca [sus] derechos\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que \u00abse [atiene] a lo actuado en el expediente [de marras] donde profiri\u00f3 sentencia favorable a las pretensiones el d\u00eda 11 de diciembre de 2020, la que fue revocada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 28 de octubre de 2021\u00bb7. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por la promotora, con ocasi\u00f3n de la sentencia dictada el 28 de octubre de 2021. Ello pues, aduce que se incurri\u00f3 en defecto material al declarar la prescripci\u00f3n ordinaria del contrato de seguro pues, se soslay\u00f3 el efecto que supone la presentaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n ante la entidad pasiva previo a la interposici\u00f3n de la demanda, conforme al inciso 5\u00b0 del art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Seguidamente, indic\u00f3 que en materia de seguros el art\u00edculo 1081 del estatuto mercantil precept\u00faa como regla general, la prescripci\u00f3n ordinaria y extraordinaria. La primera, con un plazo de dos a\u00f1os que inicia su conteo \u00abdesde que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho base de la acci\u00f3n\u00bb. Y la segunda, de cinco a\u00f1os que empieza desde \u00abel momento en que nace el respectivo derecho\u00bb. Respecto al contrato de cumplimiento -en el cual su naturaleza est\u00e1 enmarcada en el seguro de da\u00f1os-, verific\u00f3 lo reglado por el art\u00edculo 1131 del C\u00f3digo de Comercio, el cual dispone que \u00abocurrido el siniestro, esto es, el hecho externo imputable al asegurado, comienza a correr para la v\u00edctima la prescripci\u00f3n y, para el asegurado, solo cuando la v\u00edctima le formule la petici\u00f3n judicial o extrajudicial\u00bb. Frente a ello, razon\u00f3 que \u00abel plazo para el ejercicio de la acci\u00f3n judicial derivada del seguro de cumplimiento que se tom\u00f3 en favor de la beneficiaria, deb\u00eda adelantarse por aquella en su calidad de v\u00edctima, dentro de los dos a\u00f1os siguientes al momento en que ocurri\u00f3 el siniestro y, de \u00e9ste, cuando conoci\u00f3 o debi\u00f3 tener conocimiento [\u2026]\u00bb <\/p>\n
En el caso puntual, la Sala cuestionada se\u00f1al\u00f3 que la demandante como contratante del negocio asegurable convino con Oscar Iv\u00e1n Acero Rodr\u00edguez la construcci\u00f3n de una casa. Para ello, \u00abla contratante, quien adem\u00e1s gozaba de la bondad de ser profesional del derecho \u2013como as\u00ed lo indic\u00f3 en su declaraci\u00f3n- requiri\u00f3 de los contratistas la suscripci\u00f3n de un seguro de cumplimiento que garantizara, entre otros amparos: el cumplimiento, la calidad de materiales, la estabilidad de la obra y el pago de contingencias de orden laboral dentro de la ejecuci\u00f3n\u00bb. Adem\u00e1s, evidenci\u00f3 que Acero Rodr\u00edguez negoci\u00f3, \u00aben calidad de tomador- con la compa\u00f1\u00eda Seguros del Estado S.A. \u2013como aseguradora- la p\u00f3liza de seguro de cumplimiento particular 62-45-1011006025, expedida en favor de la hoy demandante como beneficiaria y en la que su objeto se restringi\u00f3, en el marco de los amparos asumidos, a \u201clos perjuicios derivados del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el afianzado, seg\u00fan Contrato de Obra a Todo Costo Otros\u00ed, suscrito por las partes (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, discurri\u00f3 que llegado el tiempo de cumplimiento del contrato \u20136 meses contados a partir del 30 de noviembre de 2016-, no se entreg\u00f3 la obra, por lo que \u00abacaeci\u00f3 el incumplimiento y, con ello, la materializaci\u00f3n del riesgo asegurado \u2013siniestro-, cual era, precisamente el cumplimiento \u201cde las obligaciones adquiridas por el afianzado, seg\u00fan contrato de obra a todo costo otros\u00ed\u00bb. As\u00ed las cosas, evidenci\u00f3 que el \u00absiniestro se caus\u00f3 desde el 30 de mayo de 2016, cuando no se hizo entrega del inmueble a la contratante, situaci\u00f3n que permite colegir que al ser aquella la beneficiaria, tuvo conocimiento del incumplimiento desde ese momento\u00bb. Tal fecha \u00abllevar\u00eda a concluir, en principio, que el fen\u00f3meno extintivo se caus\u00f3, pues la demanda contra la compa\u00f1\u00eda procurando afectar la p\u00f3liza, solo se radic\u00f3 hasta el 3 de diciembre de 2018\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, examin\u00f3 lo relativo al art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso. Al respecto, refiri\u00f3 que la recurrente advirti\u00f3 que la interposici\u00f3n de la demanda se cumpli\u00f3 hasta ese momento, dado que previamente \u00abradic\u00f3 ante la compa\u00f1\u00eda la reclamaci\u00f3n del seguro junto a la estimaci\u00f3n de los perjuicios y sus soportes, escrito que, a su juicio, hizo las veces del requerimiento de que trata el inciso final del [canon citado], interrumpiendo la prescripci\u00f3n, por lo que, dada su reiniciaci\u00f3n, est\u00e1 expiraba hasta abril 5 de 2020, siendo tempestiva la demanda\u00bb. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo anterior, la Sala convocada explic\u00f3 que \u00abes cierto que el fen\u00f3meno liberatorio es susceptible de hechos jur\u00eddicos y externos que lo afectan, cuales son: la suspensi\u00f3n, la interrupci\u00f3n y la renuncia. Las dos primeras solo operan antes de estructurado el plazo extintivo, mientras que la \u00faltima una vez se cumple. La suspensi\u00f3n implica el congelamiento del conteo temporal, el cual se reanuda una vez se supera el evento suspensivo como ocurre con la solicitud de conciliaci\u00f3n prejudicial (art. 21 L. 640\/01), siendo relevante que en momento alguno tiene efecto renovador del tiempo si no, itera la Sala, meramente paralizador\u00bb. Sin embargo, con base en jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n8 se\u00f1al\u00f3 que la interrupci\u00f3n \u00abpor considerarse un ejercicio directo del derecho a reclamo en cabeza del acreedor o de reconocimiento de la obligaci\u00f3n respecto del deudor, logra renovar o reiniciar el t\u00e9rmino legal para el ejercicio de la acci\u00f3n. Quiere ello decir que, si antes de vencido el plazo se interrumpe la acci\u00f3n, dicho t\u00e9rmino o su c\u00f3mputo se vuelve a contabilizar para el beneficiario desde cero\u00bb. <\/p>\n
En el punto, destac\u00f3 que \u00abla reclamaci\u00f3n efectuada por la demandante que, en verdad, atendi\u00f3 a aquella a que refieren los art\u00edculos 1075, 1077 y 1080 del estatuto mercantil, no tiene el efecto interruptivo a que alude el requerimiento escrito de que trata art\u00edculo 94 de la Ley 1564 de 2011, como ya lo ha asentado esta Corporaci\u00f3n en casos con contornos similares, por lo que al margen de su entrega al deudor en modo previo a mayo 30 de 2018, no logr\u00f3 irrumpir el plazo para el ejercicio de la acci\u00f3n judicial\u00bb. Ello pues, en \u00abmateria de seguros, la aseguradora solo est\u00e1 en obligaci\u00f3n de pagar al beneficiario dentro del mes siguiente al que se le reclame y demuestre el siniestro y su extensi\u00f3n (art. 1080 C. Co), por lo que mal puede concluirse que, previo a que la prestaci\u00f3n a su cargo se consolide -cr\u00e9dito-, o lo que es igual, que se encuentre en mora, se le interrumpi\u00f3 civilmente por v\u00eda de requerimiento directo\u00bb. <\/p>\n
De cara a ese mismo t\u00f3pico y con fundamento en el precedente de ese mismo Tribunal9, anot\u00f3 que \u00abpensar que la reclamaci\u00f3n hace las veces de cumplimiento de la carga sustancial para crear la obligaci\u00f3n de pago en cabeza de la aseguradora y, coet\u00e1neamente, irrumpe por v\u00eda de requerimiento directo la prescripci\u00f3n, anula o destruye a cabalidad la causa y objetivo de esta especial modalidad civil interruptora, vaciando a plenitud su utilidad legal, porque simplemente, en materia de seguros, jam\u00e1s podr\u00eda el acreedor optar por esa especial\u00edsima y novedosa modalidad de intermisi\u00f3n civil del fen\u00f3meno extintivo pues se ejercer\u00eda t\u00e1citamente con la solicitud de afectaci\u00f3n de la p\u00f3liza\u00bb. Lo cual, le hall\u00f3 plena relaci\u00f3n con lo dispuesto, pues cit\u00f3 que \u00ab\u201c(\u2026) es una regla de hermen\u00e9utica que a toda disposici\u00f3n hay que buscarle un efecto \u00fatil. Si se considerase que la simple reclamaci\u00f3n es al mismo tiempo requerimiento para interrumpir civilmente la prescripci\u00f3n, entonces, \u00e9sta norma nunca ser\u00eda eficaz en el contrato de seguro, porque si al mismo tiempo que yo hago la reclamaci\u00f3n, al mismo tiempo, impl\u00edcitamente, me dicen que yo interrump\u00ed prescripci\u00f3n, no existir\u00eda manera despu\u00e9s de facilitarle al asegurado o al beneficiario que se beneficia de lo que es un t\u00edpico derecho, porque la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n es un derecho del acreedor que puede ejercerlo bien v\u00eda demanda judicial o bien v\u00eda requerimiento escrito. En esas condiciones, esa reclamaci\u00f3n que se present\u00f3 el 12 de mayo de 014, la Sala no la considera como requerimiento con fines interruptores de suerte que, la siguiente que se present\u00f3 que fue el 21 de julio de 2015, que fue la primera despu\u00e9s de la reclamaci\u00f3n s\u00ed sirve al prop\u00f3sito del art\u00edculo 94 (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, observ\u00f3 la \u00abfalta de requerimientos posteriores, la prescripci\u00f3n para el ejercicio de la acci\u00f3n derivada del contrato de seguro, no logr\u00f3 ser efectivamente interrumpida, por lo que no hay duda en que su ejercicio judicial fue tard\u00edo\u00bb. Igual razonamiento, le ofreci\u00f3 \u00abla solicitud de conciliaci\u00f3n prejudicial que llev\u00f3 a cabo la demandante en septiembre 18 de 2018 y que fracas\u00f3 en audiencia de noviembre 21 de ese mismo a\u00f1o [\u2026] porque como [\u2026] explic\u00f3, \u00e9ste actuar solo tendr\u00eda un efecto eminentemente suspensivo de la prescripci\u00f3n; empero, solo opera cuando se ejerce en modo previo a la consumaci\u00f3n del plazo extintivo, situaci\u00f3n que aqu\u00ed no se dio porque tal situaci\u00f3n se estructur\u00f3 en mayo 30 de 2018, es decir, con anterioridad a su ejercicio\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones de la Sala atacada, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y jurisprudencial del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente10. En el punto, es necesario destacar que la Sala enjuiciada abord\u00f3 el estudio de la alzada de acuerdo a elementos de interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos particulares del contrato de seguro y del inciso final del canon 94 del C\u00f3digo General del Proceso, exponiendo su an\u00e1lisis a partir de lo acontecido al interior de la causa de marras. <\/p>\n
Precisamente, en un asunto de similares contornos, esta Sala indic\u00f3 que <\/p>\n
\u00abAs\u00ed las cosas, partiendo del hecho que existen dos tesis en torno a si la \u00abreclamaci\u00f3n del beneficiario\u00bb tiene o no la capacidad de interrumpir la \u00abprescripci\u00f3n de las acciones emanadas del contrato de seguro\u00bb, se advierte que, independientemente que esta Sala avale o no la adoptada por la Colegiatura acusada, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el sedicente, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC,9232-2018 y STC2544-2021)\u00bb. (CSJ STC13602-2021. Oct. 13 de 2021. Rad. 2021-03655-00). <\/p>\n
Incluso, ha sostenido que <\/p>\n
\u00ab[\u2026] la demandante olvid\u00f3 que esa Sala no comparti\u00f3 el entorpecimiento del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n alegado en raz\u00f3n a que consider\u00f3 que dicha \u00abreclamaci\u00f3n\u00bb no era un aviso que tuviera la virtualidad de generar dicho efecto. Posici\u00f3n que soport\u00f3 en CSJ SC130-2017, cuando sobre el punto sostuvo que \u00abla reclamaci\u00f3n del beneficiario y el silencio del asegurador frente a \u00e9sta, en condiciones normales no pueden tener el efecto de interrumpir la prescripci\u00f3n, ni en forma civil ni natural\u00bb (CSJ AC1257-2021. Abril 19 de 2021. Rad. 2014-00494-01). <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice, lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la gestora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad natural del asunto. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021, 12 de marzo de 2021). <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo PDF \u00ab03ContinuacionPrincipal\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo PDF \u00ab07SentenciaRevoca\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00ab31EscritoApelacionSegurosEstado\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Archivo PDF \u00ab29EscritoApelacionSentencia\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Archivo PDF \u00ab33AutoConcedeApelacion20210203\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Archivo PDF \u00ab07SentenciaRevoca\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 10 de marzo de 2022. <\/p>\n
8\u0002 STC17213-2017. <\/p>\n
9\u0002 Sentencia de septiembre 28 de 2017. Rad. 11001310301920160068701. <\/p>\n
10\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, entre otras. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC3186-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC3186-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00725-00 Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda Clara Lozano Ortiz de Z\u00e1rate contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62143","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62143","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62143"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62143\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62143"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62143"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62143"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}