STC3190-2022 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3190-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2022-00105-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de marzo dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 02 de febrero de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Jairo Atehort\u00faa Camelo contra la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. De conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Mediante resoluci\u00f3n no. 300-003195 del 29 de agosto del 2017, la Delegatura de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades intervino administrativamente a la sociedad ABC FOR WINNERS S.A.S. En consecuencia, le orden\u00f3 suspender de manera inmediata las operaciones de captaci\u00f3n masiva, ofici\u00f3 a la Alcald\u00eda de Bogot\u00e1 para que aplique \u00ablas medidas de polic\u00eda necesarias para cerrar los establecimientos o lugares donde la mencionada sociedad realiza la actividad irregular, la colocaci\u00f3n de sellos, los cambios de guarda, y dem\u00e1s medidas precautelativas\u00bb y remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n al Grupo de Intervenidas de dicha Superintendencia1. <\/p>\n
2.2. Por virtud de lo anterior, el 14 de noviembre del mismo a\u00f1o, la Coordinadora del Grupo de Intervenidas de la Superintendencia de Sociedades profiri\u00f3 auto mediante el cual orden\u00f3 la intervenci\u00f3n mediante la toma de posesi\u00f3n de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la citada persona jur\u00eddica y \u00abde las personas que se identifican a continuaci\u00f3n, dada su calidad de accionistas o ex accionistas, miembros o ex miembros de junta directiva, revisores fiscales o ex revisores fiscales, durante el periodo de captaci\u00f3n\u00bb, dentro de las que se encuentra enlistado el se\u00f1or Jairo Atehort\u00faa Camelo en calidad de revisor fiscal designado. En consecuencia, nombr\u00f3 un agente interventor, \u00abquien tendr\u00e1 la representaci\u00f3n legal de la persona jur\u00eddica y la administraci\u00f3n de los bienes de las personas naturales objeto de intervenci\u00f3n\u00bb2. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, decret\u00f3 el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la sociedad ABC FOR WINNERS S.A.S. y de ciertas personas naturales, incluido el accionante. <\/p>\n
2.3. El actor explic\u00f3 que la sociedad intervenida contrat\u00f3 a ACT Contables SAS el 18 de diciembre del 2014, para que le suministrara los servicios de revisor\u00eda fiscal \u00abpara lo cual esta sociedad vincul\u00f3 y design\u00f3 como tal al se\u00f1or JAIRO ATEHORT\u00daA CAMELO\u00bb. Sin embargo, asever\u00f3 que present\u00f3 su renuncia a dicho cargo el 13 de febrero del 2017 ante ACT Contables S.A.S., \u00abquien de manera inmediata notifica a la sociedad ABC FOR WINNER SAS la decisi\u00f3n de terminar unilateralmente el contrato de prestaci\u00f3n del servicio de Revisor\u00eda Fiscal, la cual no es aceptada hasta tanto se realice la respectiva Asamblea General de Accionistas que ha de decidir sobre su aceptaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.4. En atenci\u00f3n a dichas consideraciones, el gestor radic\u00f3, a trav\u00e9s de apoderado judicial, solicitud de desvinculaci\u00f3n3. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n radic\u00f3 solicitud de nulidad de todo el proceso por su vinculaci\u00f3n. Sin embargo, estas fueron despachadas desfavorablemente en audiencia celebrada el 25 de junio del 2021. <\/p>\n
2.5. El promotor del amparo asever\u00f3 que sus derechos fundamentales fueron vulnerados, toda vez que \u00abel acto administrativo de cierre de la fase administrativa cautelar no indic\u00f3 como presunto implicado en los actos que motivaron la intervenci\u00f3n mediante la posesi\u00f3n al Se\u00f1or JAIRO ATEHORT\u00daA CAMELO, como tampoco indic\u00f3 la conducta por acci\u00f3n u omisi\u00f3n en que dicha persona incurri\u00f3 y que fuera determinante de los hechos que motivaron la intervenci\u00f3n, al igual que las pruebas sumarias orientadas a demostrar su eventual responsabilidad en los hechos motivos de la intervenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, indic\u00f3 que el auto de apertura del proceso en la fase judicial no guarda correspondencia con el acto administrativo de cierre de la fase administrativa cautelar, pues en este \u00faltimo no se indic\u00f3 a Atehort\u00faa Camelo como presunto responsable. <\/p>\n
Por otra parte, afirm\u00f3 que, en la sentencia judicial, el juzgador le endilg\u00f3 responsabilidad objetiva \u00abal revisor fiscal por el solo hecho de haber firmado los estados financieros de la intervenida de la vigencia fiscal 2016, dando por cierto, sin estarlo, que este profesional obr\u00f3 como autor, coautor, c\u00f3mplice o determinador de los actos de captaci\u00f3n masiva de dineros del p\u00fablico, por el solo hecho de haber estampado su firma en dichos estados financieros (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Por tal raz\u00f3n, pidi\u00f3 que se ordene la nulidad parcial de la sentencia proferida dentro del proceso de radicado 2017-01-458547, \u00abexcluyendo de todos los efectos de la misma al se\u00f1or JAIRO ATEHORT\u00daA CAMELO\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Superintendencia de Sociedades solicit\u00f3 la declaratoria de improcedencia de la acci\u00f3n en atenci\u00f3n a los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad comoquiera que \u00ablo que realmente ataca con la presente acci\u00f3n de tutela, es por una parte, la Resoluci\u00f3n 300-003195 de 29 de agosto de 2017, proferida por la Delegatura de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades, en un proceso previo y completamente independiente al que aqu\u00ed se adelanta, se\u00f1alando que la misma no hab\u00eda indicado cual hab\u00eda sido la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del Se\u00f1or Ateh\u00f3rtua, que hab\u00eda contribuido con la captaci\u00f3n ilegal reprochada, y que tampoco hab\u00eda se\u00f1alado las pruebas que daban cuenta de su presunta responsabilidad\u00bb. A su turno, frente al reproche efectuado contra el auto del 14 de noviembre del 2017, evidenci\u00f3 que esta fue proferida hace m\u00e1s de 4 a\u00f1os, siendo improcedente su cuestionamiento. <\/p>\n
Sin embargo, frente a la dicotom\u00eda evidenciada por el actor en el auto de apertura del proceso en la fase judicial y el acto administrativo de cierre de la fase administrativa cautelar, explic\u00f3 que <\/p>\n
\u00absi bien en el resuelve de la Resoluci\u00f3n de 29 de agosto de 2017 se ordena la suspensi\u00f3n de las actividades \u00fanicamente frente a la sociedad ABC FOR WINNERS, sin listar los representantes legales, accionistas, revisores fiscales, etc, que participaron en dichas actividades, esto no quiere decir que, la autoridad administrativa no hubiese determinado los sujetos que deb\u00edan ser objeto de la medida de intervenci\u00f3n, pues tal identificaci\u00f3n, se encuentra incluida, en primer lugar, en la parte considerativa de la resoluci\u00f3n en menci\u00f3n, a folio 26 y 27, donde se se\u00f1alaron los administradores, revisores fiscales, miembros de junta directiva y accionistas de la sociedad, que fueron reportados en los informes presentados por la sociedad intervenida, indicando su participaci\u00f3n dentro de la compa\u00f1\u00eda en las calidades referidas (Memorial 2017-01-080436 de a 27 de febrero de 2017). En segundo lugar, en los papeles de trabajo, y dem\u00e1s pruebas recaudadas por la Delegatura de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control, en la investigaci\u00f3n adelantada. <\/p>\n
De all\u00ed, que mediante Auto 2017-01-576098 (420-016334) de 14 de noviembre de 2017 y con fundamento en las decisiones adoptadas por la Delegatura de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades el Juez orden\u00f3 la intervenci\u00f3n de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la Sociedad ABC FOR WINNERS S.A.S. en toma de posesi\u00f3n como medida de intervenci\u00f3n y otros sujetos, entre ellos, el Se\u00f1or Jairo Ateh\u00f3rtua Camelo, del que se encuentra probada su participaci\u00f3n como revisor fiscal de la sociedad captadora. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el se\u00f1alado art\u00edculo 5 del Decreto Ley 4334 de 2008. <\/p>\n
De manera que, la decisi\u00f3n de dar inicio a este proceso de intervenci\u00f3n judicial contenida en Auto 2017-01-576098 (420-016334) de 14 de noviembre de 2017, se encuentra debidamente motivada, con los resultados arrojados por la investigaci\u00f3n adelantada por la Delegatura de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control, y que concluyeron en la Resoluci\u00f3n 300-003195 del 29 de agosto de 2017, acto administrativo donde se determin\u00f3 que ABC FOR WINNERS S.A.S., desarroll\u00f3 actividades de captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6 del Decreto 4334 de 2008 . As\u00ed mismo, el auto de intervenci\u00f3n se fundament\u00f3 en las prescripciones del art\u00edculo 5 del Decreto 4334 de 2008\u00bb. <\/p>\n
A su turno, en lo que versa sobre la audiencia contenida en el acta 2021-01-485441 del 6 de agosto de 2021, explic\u00f3 que <\/p>\n
\u00abdentro de las decisiones que deb\u00edan adoptarse dentro del proceso judicial que se adelanta, particularmente en la Audiencia referida, no se encontraba la de determinar la configuraci\u00f3n de los hechos objetivos y notorios de captaci\u00f3n, o si el Se\u00f1or Jairo Atehort\u00faa Camelo deb\u00eda ser objeto o no de la medida de intervenci\u00f3n, pues tal decisi\u00f3n fue resuelta por la Delegatura de Inspecci\u00f3n Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades, mediante Resoluci\u00f3n 300-003195 del 29 de agosto de 2017, cuando determin\u00f3 que, la conducta adelantada por la sociedad ABC FOR WINNERS S.A.S., se encuadraba en los presupuestos de captaci\u00f3n no autorizada de dineros del p\u00fablico en forma masiva, establecidos en el art\u00edculo 6 del Decreto 4334 de 2008, ordenando la suspensi\u00f3n inmediata de las operaciones de captaci\u00f3n masiva, y determinando los sujetos que deb\u00edan ser objeto de la medida, entre ellos, el Se\u00f1or Jairo Atehort\u00faa Camelo, en su calidad de Revisor Fiscal de la sociedad captadora. De all\u00ed que, si lo que pretende el accionante es atacar las determinaciones adoptadas en la se\u00f1alada etapa de investigaci\u00f3n o en el auto que orden\u00f3 su intervenci\u00f3n dentro del proceso judicial, se advierte, la ausencia del requisito de inmediatez, en tanto la presente acci\u00f3n se promueve 4 a\u00f1os despu\u00e9s de proferidas dichas decisiones\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, insisti\u00f3 en que se ha seguido con el procedimiento establecido para dar tr\u00e1mite a las solicitudes de desvinculaci\u00f3n. En tal sentido, en la audiencia, el juez \u00abJuez para resolver las solicitudes de desintervenci\u00f3n fundament\u00f3 sus decisiones en las pruebas que se indic\u00f3 se tendr\u00eda en cuenta, analiz\u00f3 y le otorg\u00f3 un valor probatorio a las pruebas aportadas, destinadas como ya se dijo, a demostrar que los sujetos vinculados, no participaron en las actividades de captaci\u00f3n, pues a \u00e9ste Despacho no le corresponde evaluar si existieron o no hechos objetivos de captaci\u00f3n, o evaluar si los t\u00edtulos si exist\u00edan, siendo del todo improcedentes, las pruebas aportadas en ese sentido\u00bb. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 el resguardo. Para ello advirti\u00f3 que, en cuanto a los autos que ordenaron la toma de posesi\u00f3n de los bienes, haberes, negocios y patrimonio del accionante, no se cumple con el requisito de inmediates pues la tutela fue radicada el 20 de enero, es decir, m\u00e1s de 4 a\u00f1os despu\u00e9s de la emisi\u00f3n de los prove\u00eddos. <\/p>\n
De otro lado, en lo que ata\u00f1e a la decisi\u00f3n contenida en el acta del 6 de agosto del 2021, \u00abadvierte la Sala que la providencia judicial atacada no es arbitraria, ni caprichosa, como lo asevera el accionante, pues no se considera que la misma sea producto del arbitrio del juzgador\u00bb. En tal sentido, el Tribunal avizor\u00f3 que la decisi\u00f3n fue el resultado del an\u00e1lisis de los hechos y material probatorio puestos en conocimiento del fallador. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el accionante, quien insisti\u00f3 en los argumentos iniciales. Se\u00f1al\u00f3 que su petici\u00f3n \u00abrequiere que el Juez de Tutela comprenda que debido a la falta de reglamentaci\u00f3n del proceso de intervenci\u00f3n mediante toma de posesi\u00f3n, se recurri\u00f3 a casos an\u00e1logos como ser\u00eda el proceso penal adelanta el proceso contra el indiciado con las pruebas que ha recaudado el ente investigador\u00bb. Insisti\u00f3 en la contradicci\u00f3n entre el auto de apertura del proceso en la fase judicial y el acto administrativo de cierre de la fase administrativa cautelar. Adem\u00e1s, reproch\u00f3 que no hubiera pronunciamiento frente al cargo denominado \u00abviolaci\u00f3n del precedente constitucional que dicta que la responsabilidad objetiva est\u00e1 proscrita de en los procesos civiles\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, el gestor pretende que sea amparado su derecho fundamental al debido proceso, el cual considera que le fue vulnerado con ocasi\u00f3n de las determinaciones tomadas en la audiencia celebrada el 25 de junio de 2021 y contenida en el acta del 06 de agosto del 2021, que neg\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del pleito de marras. A su turno, increpa la decisi\u00f3n del 14 de noviembre del 2017, por haber sido vinculado al proceso, pese a que en la Resoluci\u00f3n 300-003195 del 29 de agosto de 2017 de la Delegatura de Inspecci\u00f3n Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades, no se le mencion\u00f3 como presunto implicado en los actos que motivaron la intervenci\u00f3n. <\/p>\n
2.- Sea lo primero indicar, en cuanto a los cuestionamientos elevados por el accionante frente a la decisi\u00f3n del 14 de noviembre del 2017, mediante la cual la Coordinadora del Grupo de Intervenidas de la Superintendencia de Sociedades orden\u00f3 la intervenci\u00f3n mediante la toma de posesi\u00f3n de los bienes, haberes, negocios y patrimonio del se\u00f1or Jairo Atehort\u00faa Camelo, en calidad de revisor fiscal designado, que no se cumple con el requisito de inmediatez. <\/p>\n
Sobre el prenombrado principio, esta Sala ha reiterado: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, no aparece en el escrito radicado justificaci\u00f3n alguna que permita la flexibilizaci\u00f3n del citado presupuesto de procedibilidad. Por tal raz\u00f3n, no es posible entrar a estudiar de fondo los reparos elevados por el actor. <\/p>\n
3.- Revisada la providencia objeto de controversia, se considera que la resoluci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia, independientemente de que sea o no compartida. Sobre el particular, la autoridad accionada, al resolver las solicitudes de nulidad y de desvinculaci\u00f3n interpuestas por el actor, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que no era procedente acceder a tales pedimentos. <\/p>\n
Para ello, comenz\u00f3 por desatar la nulidad propuesta por el apoderado del convocante, la cual fundamento en que la Resoluci\u00f3n emitida por la Delegatura de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control, al momento de determinar los sujetos que deb\u00edan ser objeto de la medida de intervenci\u00f3n, no se refiri\u00f3 expresamente frente al intervenido Atehort\u00faa Camelo. Al respecto, evidenci\u00f3 que \u00abno expres\u00f3 la causal de nulidad que fundamentaba su solicitud, incumpliendo con ello el requisito establecido en el art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, la parte que alegue la nulidad deber\u00e1 expresar la causal invocada\u00bb. <\/p>\n
Aunado a ello, advirti\u00f3 que \u00abel Apoderado persigue la nulidad del proceso, desde su inicio, esto es, desde el Auto 2017-01-576098 de 14 de noviembre de 2017, a trav\u00e9s del cual se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de sus poderdantes, al proceso de intervenci\u00f3n bajo la medida de toma de posesi\u00f3n de la sociedad ABC FOR WINNERS S.A.S.\u00bb. Sin embargo, comprob\u00f3 que en el memorial 2018-01-167509, primera actuaci\u00f3n realizada por el abogado del actor con posterioridad a que se profiri\u00f3 el acto cuestionado, \u00abno se dijo nada frente a la nulidad que hoy se alega. Por lo que en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso, la presunta nulidad fue saneada, como quiera que, la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o act\u00fao en el proceso sin proponerla\u00bb. <\/p>\n
A su turno, al resolver el recurso de reposici\u00f3n interpuesto en la misma audiencia -en el que precis\u00f3 que la causal de nulidad era la violaci\u00f3n al debido proceso-, estim\u00f3 que \u00abla nulidad no fue sustentada en ese sentido por el nulitante, en el momento en que la propuso, el nulitante lo que dijo b\u00e1sicamente es que, el proceso de intervenci\u00f3n era nulo porque el auto que decret\u00f3 la intervenci\u00f3n judicial no mencionaba a su poderdante. Al respecto, el Despacho neg\u00f3 la nulidad porque la misma no fue sustentada, por lo que el sustento de la violaci\u00f3n al debido proceso en realidad es un argumento que fue expuesto en este momento en el recurso, de esta forma, el recurso contra la decisi\u00f3n de negar la nulidad debe ser desestimado por este hecho\u00bb. <\/p>\n
Y a\u00fan cuando se pasara lo expuesto por alto, en todo caso consider\u00f3 que no existi\u00f3 la alegada vulneraci\u00f3n al debido proceso pues \u00abel auto que decret\u00f3 la intervenci\u00f3n judicial de las partes fue debidamente motivado, por lo tanto, se garantiza el debido proceso\u00bb y \u00abel Despacho ha permitido a los sujetos de la intervenci\u00f3n presentar las solicitudes de desintervenci\u00f3n en las oportunidades procesales pertinentes previstas, las cuales han sido ampliamente explicadas a lo largo del proceso de intervenci\u00f3n judicial, garantizando de esta forma el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
4.- A su turno, en la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 la solicitud de desintervenci\u00f3n del accionante, empez\u00f3 por explicar que las funciones de los revisores fiscales, para el momento en que se desarrollaron las actividades de captaci\u00f3n, se circunscrib\u00edan a \u00abverificar que las operaciones que realizaba la sociedad se ajustaban a lo determinado en los estatutos, en las asambleas generales de socios, la junta directiva, y por su puesto en la ley\u00bb. Destac\u00f3 que la actividad de los revisores ficales se extiende m\u00e1s all\u00e1 del \u00e1mbito privado de la persona jur\u00eddica revisada, esto es, a guardar el inter\u00e9s general, \u00abpues un ocultamiento de informaci\u00f3n relevante sobre el funcionamiento de la compa\u00f1\u00eda revisada puede ocasionar o impedir\u00eda evitar, da\u00f1os a terceros como trabajadores, acreedores, consumidores, proveedores, el fisco y en el caso de captaci\u00f3n a todas aquellas personas que entregaron su dinero\u00bb. <\/p>\n
Por ello es por lo que el art\u00edculo 207 del C\u00f3digo de Comercio contempla la obligaci\u00f3n a cargo del revisor de advertir cualquier irregularidad que ocurra en funcionamiento de la sociedad y en desarrollo de sus negocios. As\u00ed, si con la informaci\u00f3n contable se encubre la actividad de captaci\u00f3n \u00abse est\u00e1 incurriendo en una vulneraci\u00f3n de sus deberes legales, por lo que es razonable que sean sujetos de las medidas de intervenci\u00f3n. As\u00ed, es claro que los revisores fiscales no son profesionales pasivos, sino que legalmente se les exige una actitud activa de diligencia, cuidado y prevenci\u00f3n, siendo precisamente esta la necesidad de esta figura en las sociedades\u00bb; y quienes, adem\u00e1s, tienen el deber legal de colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan inspecci\u00f3n y vigilancia de las compa\u00f1\u00edas revisadas, de conformidad con el canon 7 de la Ley 1474 del 2011. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cuando \u00ablos profesionales de la contabilidad dan fe p\u00fablica sobre la confiabilidad de la informaci\u00f3n contable y financiera y, posteriormente, se encuentra que la misma fue utilizada para encubrir actividades de captaci\u00f3n masiva y habitual no autorizada, es claro que los profesionales que suscribieron los mencionados estados financieros faltaron a sus deberes profesionales, por dos razones (i) por no advertir dicha situaci\u00f3n a las autoridades competentes y (ii) por suscribir, certificar o dictaminar la informaci\u00f3n contable y financiera que no corresponde a la realidad y que distorsiona la labor supervisora del Estado\u00bb. En tal sentido, dado que conocen de primera mano el alcance de las actividades de la empresa a la que prestan sus servicios, es posible deducir \u00abque conocen o por lo menos, deben conocer que la actividad desarrollada se encuentra proscrita por el ordenamiento jur\u00eddico. Esto se traduce en la responsabilidad que se deriva a los revisores fiscales que conociendo o debiendo conocer de este tipo de conductas, no las ponen en conocimiento de las autoridades, en sustracci\u00f3n de sus deberes legales y constitucionales\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, de las pruebas obrantes en el plenario se observa que el se\u00f1or Jairo Atehort\u00faa Camelo, en calidad de Revisor Fiscal principal designado por la sociedad Asesor\u00edas Contables y Tributarias CLP SAS, suscribi\u00f3 los estados financieros del 2016 -periodo en el que se desarrollaron las actividades de captaci\u00f3n-, sin que hubiese realizado salvedades al respecto. Tambi\u00e9n se corrobor\u00f3 que present\u00f3 la declaraci\u00f3n de renta y complementarias para el a\u00f1o 2015, particip\u00f3 en las Asambleas de accionistas, expidi\u00f3 certificados ante la Delegatura de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control. Con todo ello, para el Despacho <\/p>\n
\u00abest\u00e1 probado que los intervenidos conoc\u00edan de las actividades de compraventa de cartera materializada en pagar\u00e9s libranzas que desarrollaba la sociedad ABC FOR WINNERS S.A.S., mismas, que resultaron en la captaci\u00f3n ilegal de recursos del p\u00fablico, que fue comprobada por la Delegatura de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades. Lo anterior, conforme consta en Actas de Asamblea de Accionista No. 14, 16 y 22, en las que particip\u00f3. Momentos en los cuales, se trataron temas referentes con las operaciones desarrolladas, sus riesgos y los resultados obtenidos. Concretamente, asuntos como: (i) Presentaci\u00f3n del modelo de negocio de la compa\u00f1\u00eda; (ii) la posibilidad de considerar un seguro de compra de cartera para blindar la operaci\u00f3n de venta de cartera del cliente. (iii) Se presentaron informes comerciales, operaciones, financieros y el informe de gesti\u00f3n del Gerente General, que daban cuenta de las actividades realizadas por la sociedad intervenida\u00bb. <\/p>\n
A su turno, evidenci\u00f3 que \u00abante la crisis presentada a mediados en el a\u00f1o 2016, dirigi\u00f3 derechos de petici\u00f3n a las pagadur\u00edas en aras de conocer el estado real de la cartera vendida. Lo que demuestra que suscribi\u00f3 estados financieros para el a\u00f1o 2015 y 2016, pese a no estar seguro, de que los activos y pasivos que se registraban en ellos realmente exist\u00edan, es decir, sin tener certeza de que dichos estados financieros, eran un fiel reflejo de la realidad de la compa\u00f1\u00eda, como se lo exig\u00eda sus deberes como revisor fiscal\u00bb. De manera que es patente que el revisor fiscal dio fe de unos estados financieros que no presentaban la situaci\u00f3n real de la empresa, registrando activos que, a la postre, no existieron. Tal circunstancia, adem\u00e1s, \u00abgener\u00f3 una confianza frente a terceros, que facilit\u00f3 la realizaci\u00f3n de los hecho objetivos y notorios de captaci\u00f3n que dio origen a este proceso\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, \u00abest\u00e1 probado que el revisor fiscal, conoc\u00eda de la situaci\u00f3n de la empresa, esto es, los altos \u00edndices de endeudamiento, que para el a\u00f1o 2015 ascend\u00eda al 96%; para junio de 2016 al 51.10%, y para diciembre de 2016 al 109%. Un pasivo adem\u00e1s compuesto por m\u00e1s de 50 obligaciones, como lo determin\u00f3 la Delegatura de Inspecci\u00f3n vigilancia y control, en la investigaci\u00f3n previa. Lo que, sin lugar a duda, daba cuenta de las irregularidades en la operaci\u00f3n. No obstante, tales situaciones, nunca llamaron la atenci\u00f3n del revisor fiscal, como quiera, que no hizo comentarios, o salvedades al respecto\u00bb. Y tampoco existe prueba de que el accionante hubiera advertido tales irregularidades a la Asamblea de Accionistas, junta directiva o al administrador, ni mucho menos a las autoridades de vigilancia y control. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que incumpli\u00f3 con las obligaciones que le correspond\u00eda respecto a ABC For Winners S.A.S., omisi\u00f3n de la que deriva su responsabilidad en los hechos de captaci\u00f3n ilegal de recursos del p\u00fablico. Ahora bien, en lo que concierne a la culpa, la autoridad accionada asever\u00f3 que <\/p>\n
\u00ablos intervenidos no cumplieron con su deber de informar a las autoridades competentes de las actividades irregulares llevadas a cabo por ABC FOR WINNERS S.A.S, de las cuales por lo menos deb\u00eda saber en raz\u00f3n de su cargo, suscribiendo informaci\u00f3n contable y financiera que no correspond\u00eda con la realidad, lo que en \u00faltimas favoreci\u00f3 las actividades de captaci\u00f3n que desarrollo la sociedad intervenida; lo cual, sumado a todo el acervo probatorio allegado al proceso, permiten concluir que no logr\u00f3 desvirtuar la presunci\u00f3n de culpa que lo hac\u00eda sujeto del proceso, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 5 del Decreto 4334 de 2008. En consecuencia, se negar\u00e1 la solicitud de exclusi\u00f3n formulada\u00bb. <\/p>\n
A su turno, en el recurso de reposici\u00f3n presentado contra tal prove\u00eddo, el Despacho apuntal\u00f3, respecto a la responsabilidad endilgada, que \u00abel Abogado insiste en minimizar las funciones que le asisten a los Revisores Fiscales, se\u00f1alando que sus obligaciones se limitaban a la simple revisi\u00f3n de documentos, y en el caso de las empresas comercializadoras de pagares libranzas, a la verificaci\u00f3n de la existencia del c\u00f3digo de buen gobierno corporativo. Lo que evidencia un indudable desconocimiento del trascendental papel que desempe\u00f1a dicha instituci\u00f3n, y por supuesto, de las funciones y responsabilidad que tiene a su cargo\u00bb. En ese sentido, resalt\u00f3 la importancia del revisor fiscal a la luz de las normas del C\u00f3digo de Comercio, la Ley 43 de 1990, doctrina del Consejo T\u00e9cnico de la Contadur\u00eda P\u00fablica y jurisprudencia de la Corte Constitucional. <\/p>\n
Dicho esto, aludi\u00f3 a la responsabilidad de dicho \u00f3rgano de acuerdo con el art\u00edculo 211 del C\u00f3digo de Comercio y el canon 10 de la Ley 43 de 1990, para aseverar que \u00abla naturaleza del cargo de los revisores fiscales, como profesionales que dan fe p\u00fablica de los actos relacionados con sus funciones, implica que son responsables por los da\u00f1os y perjuicios que se ocasionen tanto por sus actos y como por sus omisiones, que se cometan de manera dolosa o culposa. As\u00ed, en el caso de actividades ilegales realizadas a trav\u00e9s de sociedades con revisor fiscal, son estos responsables por aquellas actividades cuando hayan omitido alguna de las funciones que ten\u00edan a su cargo o hayan sido negligentes en el desarrollo de sus funciones\u00bb. <\/p>\n
5.- De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior am\u00e9n que aquella fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable y juiciosa de las probanzas, la normativa y jurisprudencia que regulan la materia. <\/p>\n
V\u00e9ase que esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, en un proceso con connotaciones similares, estim\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abY es que, en efecto, los art\u00edculos 157, 207, 208, 211, 212, 216, 217 del C\u00f3digo de Comercio disponen que: (I) los revisores fiscales que, siquiera, toleren falsedades en los balances incurrir\u00e1n en delito; (II) deben colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspecci\u00f3n y vigilancia de las compa\u00f1\u00edas, ejerciendo control sobre los bienes societarios y garantizando que se cumplan los estatutos y la ley; (III) cuando rindan informe deben dejar constancia si recibieron toda la informaci\u00f3n necesaria para su labor, el uso adecuado de las t\u00e9cnicas de interventor\u00eda y revisi\u00f3n contable, as\u00ed como las salvedades que tengan sobre los estados financieros; y (IV) responder\u00e1n por los perjuicios causados a terceros por su por negligencia. <\/p>\n
En este orden de ideas, el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional, ya que, en rigor, lo que se plantea es una diferencia de criterio acerca de la manera como el juzgador natural evalu\u00f3 los presupuestos de responsabilidad y concluy\u00f3 que no actu\u00f3 con diligencia por no advertir las irregularidades financieras de Optimal Libranzas S.A.S. en la capaci\u00f3n de recursos del p\u00fablico; en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria\u00bb (STC9091-2021). <\/p>\n
Por el contrario, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por el colegiado accionado y lo planteado por el solicitante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
6.- Bajo tales consideraciones, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
7.- Por lo razonado en precedencia, se confirmar\u00e1 el prove\u00eddo de primer grado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 PDF \u00ab02DEMANDA_20_1_2022 14_44_21\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 PDF \u00ab2017-01-576098-000\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 PDF \u00ab2018-01-167509-000\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 \u00ab21Correo_ Reparto Tutela 2022-0010\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3190-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC3190-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2022-00105-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de marzo dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 02 de febrero de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62146","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62146","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62146"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62146\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62146"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62146"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62146"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}