STC3197-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3197-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02285-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de noviembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Grupo Gestor S.A.S \u2013hoy Inversiones el Ciruelo S.A.S. Liquidada, contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y \u00abdem\u00e1s derechos fundamentales que se encuentren vulnerados\u00bb, en el marco del proceso declarativo que Ana Mar\u00eda Mart\u00ednez Mu\u00f1oz promovi\u00f3 en su contra, con radicado No. 2015-01572. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta para salvaguardar sus prerrogativas, que se ordene a la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, \u00abdejar sin efecto (\u2026) la decisi\u00f3n tomada en sentencia SL2854-2021, radicado, 80401, de fecha 7 de julio de 2021 (\u2026) y en consecuencia no casar la sentencia del Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Laboral, de fecha 23 de noviembre de 2017, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n proferida por el Juez Quince Laboral del Circuito de Medell\u00edn de fecha 24 de junio de 2016\u00bb. <\/p>\n
Afirma que la precitada decisi\u00f3n emergi\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas, en contrav\u00eda de lo establecido en el art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, porque lo considerado \u00abno logr\u00f3 derribar con argumentos f\u00e1cticos la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene precedida la sentencia del Tribunal\u00bb, ya que no fue equivocada la interpretaci\u00f3n que el ad quem le dio al documento donde se autoriz\u00f3 el descuento que la demandante acus\u00f3 de ilegal, circunstancia evidenciada en el salvamento de voto a la decisi\u00f3n tomada en sede del recurso extraordinario, todo lo cual, dice, deja en evidencia la falta de motivaci\u00f3n de lo decidido y el desconocimiento del precedente judicial aplicable, situaciones que, en su criterio, justifican la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, por intermedio del Magistrado Ponente de la decisi\u00f3n cuestionada a esa autoridad, manifest\u00f3 que lo expuesto por la gestora es su particular manera de analizar las pruebas del proceso, sin que la tutela sea procedente para cuestionar tal laboral adelantada en el fallo cuestionado, el cual se ajust\u00f3 a los par\u00e1metros legales y jurisprudenciales aplicables. <\/p>\n
b.) La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn inform\u00f3, que el expediente del proceso cuestionado fue enviado al juzgado de origen el 23 de agosto de 2021. <\/p>\n
c.) Ana Mar\u00eda Mart\u00ednez, en calidad de demandante dentro del litigio revisado, defendi\u00f3 la interpretaci\u00f3n probatoria realizada por la Corte en la sentencia objeto de cuestionamiento, pues con ello no se modific\u00f3 ning\u00fan precedente judicial. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, con fundamento en que \u00abla decisi\u00f3n controvertida no fue arbitraria ni caprichosa. De hecho, en sus consideraciones, la Sala accionada se detuvo a analizar el documento que la empresa elabor\u00f3 como constancia del acuerdo a que hab\u00edan llegado con ANA MAR\u00cdA MART\u00cdNEZ MU\u00d1OZ, en contraposici\u00f3n con las dem\u00e1s pruebas obrantes en la actuaci\u00f3n y en virtud de las reglas de la experiencia y la sana cr\u00edtica\u00bb; de manera que, \u00absi bien la accionante reprocha que la Sala accionada ejerci\u00f3 una interpretaci\u00f3n \u201cdesproporcionada de los elementos de juicio recaudados en el proceso ordinario, sin darle una interpretaci\u00f3n adecuada al art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social\u201d, en realidad la providencia censurada contiene una interpretaci\u00f3n razonable y responde a las consideraciones del caso concreto\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que, entonces, lo que se evidencia es que la persona jur\u00eddica aqu\u00ed accionante \u00abpretende hacer uso de la acci\u00f3n de tutela como una instancia adicional al proceso, en la que espera que se atienda su singular criterio frente al objeto del debate, sin efectuar realmente un an\u00e1lisis razonado y cr\u00edtico de los eventuales desaciertos o por qu\u00e9 sus motivos de inconformidad tendr\u00edan las caracter\u00edsticas de un yerro protuberante y manifiesto\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la compa\u00f1\u00eda gestora, insistiendo en similares motivos a los que expuso en su escrito inicial, haciendo \u00e9nfasis en el fundamento del salvamento de voto efectuado a lo decidido por en sede extraordinaria de casaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada resulta indispensable puntualizar, que la salvaguarda constitucional resulta improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las normas que regulan la acci\u00f3n de tutela no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio se observa, que Inversiones el Ciruelo SAS se duele a trav\u00e9s del presente mecanismo especial de protecci\u00f3n, concretamente, de la decisi\u00f3n proferida el 7 de julio de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, a trav\u00e9s de la cual, se cas\u00f3 la sentencia dictada el 23 de noviembre de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, con que se mantuvo \u00edntegramente el fallo del 24 de junio de 2016 del Juzgado Quince Laboral del Circuito de la misma ciudad, para en \u00faltimas, acceder a las pretensiones del proceso ordinario laboral que en su contra adelant\u00f3 Ana Mar\u00eda Mart\u00ednez Mu\u00f1oz, pues seg\u00fan su dicho, la decisi\u00f3n emitida en sede del recurso extraordinario result\u00f3 del desconocimiento de la jurisprudencia aplicable y la indebida valoraci\u00f3n de los medios de prueba allegados al debate. <\/p>\n
3. No obstante, revisados los argumentos que sustentan la inconformidad de la gestora, y los expuestos por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n al resolver el precitado mecanismo extraordinario, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto, contrario a lo afirmado por la aqu\u00ed interesada, lo determinado sobre el particular no se observa como el resultado de un actuar desconectado de la normativa y el precedente jurisprudencial aplicable al caso concreto, por lo que no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca la impulsora de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
En la mentada decisi\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n criticada estableci\u00f3 de entrada, que \u00abno es discutible que la demandante fungi\u00f3 como coordinadora de bienestar al servicio de Inversiones el Ciruelo S.A., entre el 17 de julio de 2006 y el 19 de octubre de 2015. Tampoco, que deveng\u00f3 un salario final de $4.374.960 y el contrato de trabajo culmin\u00f3 por despido injusto, ni que de la liquidaci\u00f3n final de prestaciones sociales, se descontaron $20.404.822, por concepto de un pr\u00e9stamo para adelantar estudios de maestr\u00eda en la Universidad de Caldas\u00bb. <\/p>\n
En seguida observ\u00f3, que \u00abel Tribunal dedujo ajustado a la legalidad el descuento que la convocada al juicio efectu\u00f3 a la demandante en la liquidaci\u00f3n final de prestaciones, en la medida en que asumi\u00f3 que la trabajadora adeudaba los valores que la empleadora le hab\u00eda prestado para adelantar estudios de maestr\u00eda en la Universidad de Caldas. As\u00ed mismo, entendi\u00f3 que cualquiera fuera el modo de terminaci\u00f3n del contrato de trabajo, la se\u00f1ora Mart\u00ednez Mu\u00f1oz quedaba obligada a reintegrar el monto facilitado para que cursara la maestr\u00eda. Tal deducci\u00f3n, provino de la lectura del documento que la empresa elabor\u00f3 como constancia del acuerdo a que hab\u00edan llegado\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n puntualiz\u00f3, que \u00abla censura considera manifiestamente desacertada la anterior inferencia, debido a que una lectura objetiva de tal escrito no permite entender que ese hubiera sido el consenso alcanzado por las partes pues, m\u00e1s que un pr\u00e9stamo, se trat\u00f3 de un patrocinio que la empresa dispens\u00f3 a la empleada para que adelantara estudios que redundar\u00edan en beneficio de la actividad que desarrollaba al servicio de su patrono. A\u00f1ade que por esta raz\u00f3n, se supedit\u00f3 la exigibilidad del reembolso, a su retiro voluntario del trabajo\u00bb. <\/p>\n
Con estas premisas, emprendi\u00f3 el estudio de las probanzas obrantes en la controversia, y observ\u00f3 que \u00abla carta del 5 de diciembre de 2013\u00bb develaba, que \u00abel pago por instalamentos se tornaba exigible solo en caso de que la actora se llegara a retirar de la maestr\u00eda, est\u00e1 claro que en el \u00faltimo ordinal, se supedit\u00f3 el surgimiento de la deuda y el descuento total en la liquidaci\u00f3n final de prestaciones, solo en el evento en que la trabajadora se retirara de la empresa, cualquiera fuera el motivo que inspirara la decisi\u00f3n unilateral de aquella de dejar de prestar el servicio, verbigracia, enfermedad, inconformidad, traslado de lugar de residencia, etc\u00e9tera\u00bb. <\/p>\n
En seguida explic\u00f3, que \u00ablas reglas de la experiencia y la sana cr\u00edtica son los ingredientes que siempre deben estar presentes en la decisi\u00f3n judicial. Constituyen un insumo al que debe acudir el operador de justicia, cuando se enfrenta a definir conflictos como el que concita la atenci\u00f3n de la Sala. A juicio de la Corte, dar una interpretaci\u00f3n como la dispensada por el ad quem, comporta apartarse de toda l\u00f3gica y sind\u00e9resis, a las que no puede acudir el int\u00e9rprete desprovisto de cierta dosis de contenido jur\u00eddico. Se enuncia lo anterior, porque no es concebible que la posibilidad de hacer exigible la deuda se radique en cabeza del acreedor, mediante la adopci\u00f3n de la medida que genere ese efecto, altamente perjudicial para el deudor. Lo de usanza, es que sea el incumplimiento del deudor, el percutor de la exigencia inmediata de una deuda solucionable por cuotas, si es que esta hubiera sido la modalidad impuesta por la empleadora y aceptada por la trabajadora. <\/p>\n
Lo que realmente se desprende de la misiva, es que la empresa decidi\u00f3 otorgar un cr\u00e9dito que se condonar\u00eda, siempre que, una vez terminados los estudios, la deudora continuara laborando para la empresa durante 2 a\u00f1os por cada semestre que pag\u00f3 a la Universidad de Caldas. Solo este entendimiento explica que a la accionante se le impusiera la obligaci\u00f3n de permanecer en el servicio, una vez culminara los estudios de maestr\u00eda, pues si tuviera que retornar el importe, semejante restricci\u00f3n comportar\u00eda la afectaci\u00f3n de su libertad de escoger profesi\u00f3n u oficio. <\/p>\n
Por \u00faltimo y, no por ello menos importante, cabe destacar que, con excepci\u00f3n de los eventos de retiro de la empresa o de la universidad, el texto del documento trascrito no da luces sobre la forma y t\u00e9rminos en que la demandante deb\u00eda solucionar el valor de los recursos facilitados para que adelantara la maestr\u00eda, por manera que no queda duda de que se trat\u00f3 de un pr\u00e9stamo, susceptible de ser redimido mediante la permanencia de la empleada en la prestaci\u00f3n del servicio, a raz\u00f3n de 2 a\u00f1os por cada uno de los semestres que su empleadora pag\u00f3 por los estudios que curs\u00f3. <\/p>\n
Y luego de analizar conjuntamente otros medios demostrativo coligi\u00f3, que \u00abel verdadero querer del empleador, fue facilitar los recursos econ\u00f3micos para que la trabajadora se preparara acad\u00e9micamente en actividades que interesaban al desarrollo del objeto social de la empleadora, y cobrarlos solo en caso de que aquella decidiera no cumplir con el compromiso de seguir sirvi\u00e9ndole durante 2 a\u00f1os, por cada uno de los semestres que la empresa sufrag\u00f3 a la casa de estudios donde adelant\u00f3 la maestr\u00eda\u00bb; por lo que al dictar la sentencia sustitutiva precis\u00f3, que \u00abes claro que se equivoc\u00f3 el juzgador de la instancia inicial, al no haber realizado el juicio valorativo en aras de dilucidar lo realmente convenido entre empleador y trabajador, al punto que aval\u00f3 el descuento que la demandada hiciera a la actora de su liquidaci\u00f3n de salarios y prestaciones sociales, sin que existiera una fuente generadora de la obligaci\u00f3n, dado que, como qued\u00f3 suficientemente aclarado, en la carta de 5 de diciembre de 2013, nunca se convino el despido injusto como condici\u00f3n generadora de la devoluci\u00f3n del cr\u00e9dito estudiantil concedido por la empresa (fl.7). <\/p>\n
Por lo anterior, se revocar\u00e1 la sentencia de 24 de junio de 2016, proferido por el Juzgado Quince Laboral de Circuito de Medell\u00edn. En su lugar, se declarar\u00e1 que el descuento que efectuara la demandada Grupo Gestor S.A.S, hoy Inversiones el Ciruelo S.A.S., en la liquidaci\u00f3n de las prestaciones sociales de Ana Mar\u00eda Mart\u00ednez Mu\u00f1oz, es ilegal\u00bb. <\/p>\n
4. De este modo, a diferencia de lo considerado por la sociedad actora, la decisi\u00f3n emitida por Sala de Casaci\u00f3n de Descongesti\u00f3n endilgada se soport\u00f3 en el an\u00e1lisis de las pruebas y el razonable entendimiento de las normas aplicables al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n realizada por la autoridad competente, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que como qued\u00f3 visto, para arribar a lo determinado dicha autoridad advirti\u00f3, em lo fundamental, que la obligaci\u00f3n adquirida por la empleada, consistente en pagar lo que su empleadora, aqu\u00ed accionante, le prest\u00f3 para que adelantara unos estudios acad\u00e9micos, no era exigible en el evento de despido injusto, tal como se logr\u00f3 verificar en el asunto, sino \u00fanicamente en eventos de apartamiento voluntario del cargo. <\/p>\n
5. As\u00ed, por m\u00e1s discutible que pudiera ser para Inversiones el Ciruelo SAS la postura asumida por la Colegiatura convocada, la sola divergencia conceptual expuesta no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, pues, como lo ha se\u00f1alado invariablemente la Sala de tiempo atr\u00e1s, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC1920-2022). <\/p>\n
6. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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