STC3199-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3199-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-02360-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 3 de noviembre anterior por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Liliana Maritza Arenas Mogoll\u00f3n contra el Juzgado Quince Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la tardanza en el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo para suscribir documentos, que promovi\u00f3 en contra del Banco ITAU S.A., con rad. 2020-00265. <\/p>\n
Solicita entonces, i) que se ordene al Juzgado Quince Civil del Circuito de esta capital, \u00abresolver (\u2026) sobre la ADMISI\u00d3N O RECHAZO DE LA DEMANDA\u00bb; y, ii) \u00abOFICIAR al Consejo Superior de la Judicatura para lo pertinente respecto de las acciones disciplinarias\u00bb en relaci\u00f3n con el referido asunto. <\/p>\n
2. En apoyo de tales reparos aduce en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n de la presente controversia, que aunque desde el 30 de septiembre de 2020 se radic\u00f3 la demanda de la ejecuci\u00f3n en comento para su calificaci\u00f3n, y que el 15 de abril del 2021 ingres\u00f3 el escrito subsanando el libelo, aportando documentos que, dice, no eran obligatorios, el Juzgado Quince Civil del Circuito de esta capital, despu\u00e9s de \u00abm\u00e1s de SEIS (6) MESES\u00bb, no resuelve sobre la admisi\u00f3n o rechazo del escrito inicial, actuar que, asegura, desconoce los t\u00e9rminos del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso, m\u00e1s aun cuando no existe justificaci\u00f3n v\u00e1lida para la mora en que se ha incurrido, realmente m\u00e1s de 14 meses en espera de un pronunciamiento de fondo, raz\u00f3n suficiente para que intervenga el Juez constitucional a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3, que \u00abno se pronunci\u00f3 dentro de los precisos t\u00e9rminos que establece el C\u00f3digo General del proceso, debido al estado de emergencia sanitaria por el COVID 19, y las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno Nacional, la interrupci\u00f3n de t\u00e9rminos; las medidas tomadas por el Consejo Superior de la Judicatura, como el aforo de entrada de los servidores p\u00fablicos, de conocimiento de los despachos judiciales; aunado la carga laboral, como son las distintas audiencias, tutelas, diligencias, sentencias, el cual de alguna manera a retardado las decisiones judiciales; sin embargo (\u2026) han venido realizando ingentes esfuerzos en este estado de anormalidad y toma los correctivos necesarios, en este caso, se da tr\u00e1mite a las diferentes peticiones del accionante, especialmente se dicta auto atendiendo el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 434 del C.G.P., es de anotar que para poder dictar el mandamiento ejecutivo, [es] necesario decretar la medida de cautela previa de embargo sobre el automotor objeto de suscripci\u00f3n de documentos, y que el mismo se encuentre en cabeza del ejecutado; quedando de esta manera normalizado el proceso, y atendida en su totalidad las peticiones objeto de tutela\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo deprecado, tras observar que se configur\u00f3 un hecho superado, pues \u00abde acuerdo con lo que se inform\u00f3 y acredit\u00f3, por auto de 3 de noviembre de 2021, el juez accionado decret\u00f3 el embargo previo de que trata el art\u00edculo 434 de C.G.P., y dispuso que \u201cverificado lo anterior, vuelva el expediente al despacho para librar mandamiento ejecutivo, una vez acreditados los requisitos legales\u201d. (\u2026) Tal actuaci\u00f3n \u2013el decreto de la medida cautelar- de alguna manera allana el camino para que, de acuerdo con la norma a la que reci\u00e9n se hizo referencia, se pueda librar el mandamiento ejecutivo que fue lo que reclam\u00f3 la se\u00f1ora (\u2026) Arenas Mogoll\u00f3n ante el juez natural y lo que motiv\u00f3 la formulaci\u00f3n de la demanda de tutela que hoy estudia el Tribunal\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promovi\u00f3 la accionante y su apoderado, se\u00f1alando que si bien el Juzgado convocado profiri\u00f3 un auto, lo cierto es que de conformidad con el art\u00edculo 90 del C. G. del P., por el vencimiento de los t\u00e9rminos perdi\u00f3 competencia, pues, adem\u00e1s, no los prorrog\u00f3, por lo que se trata \u00abde una actuaci\u00f3n prevaricadora\u00bb, m\u00e1xime cuando adem\u00e1s, no se estudi\u00f3 su queja frente al auto inadmisorio de la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el presente caso observa la Corte, que la censura de la se\u00f1ora Liliana Maritza est\u00e1 encaminada, concretamente, contra el auto dictado el 6 de abril de 2021 por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s del cual se resolvi\u00f3 \u00abDeclarar inadmisible\u00bb la demanda presentada, para entre otras, \u00aballegar prueba de todos los pagos realizados por la demandante, incluso el pago por opci\u00f3n de compra, conforme a lo pactado en el Contrato de Leasing o arrendamiento financiero\u00bb, en el marco del proceso ejecutivo para suscribir documento, que aqu\u00e9lla promovi\u00f3 frente a el Banco Ita\u00fa SA, pues seg\u00fan su criterio, dichos documentos no eran necesarios. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas al presente tr\u00e1mite y el expediente digital, no cabe duda del fracaso de lo aqu\u00ed reclamado, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Se incumple con el presupuesto de la prontitud que gobierna este tipo de acci\u00f3n especial\u00edsima, toda vez que la determinaci\u00f3n criticada, es decir, la que inadmiti\u00f3 la demanda ejecutiva en comento, data del 6 de abril de 2021, mientras que se acudi\u00f3 al amparo constitucional s\u00f3lo hasta el 26 de octubre pasado, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurrieron m\u00e1s de 6 meses desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 de fondo el litigio, sin que aqu\u00e9lla solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que consideran hoy vulnerados con tal la determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
Sobre la tardanza en acudir al amparo, reiteradamente se ha puntualizado, que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC2007-2021). <\/p>\n
3.2. Aunado a lo anterior y para ahondar en razones desestimatorias de lo aqu\u00ed reclamado, se avizora que la puntual queja de la accionante se super\u00f3 con la actuaci\u00f3n desplegada por la autoridad judicial convocada el 23 de noviembre de 2021, al disponer \u00abTENER por subsanada en tiempo la demanda. (\u2026); DECRETAR como MEDIDA PREVIA el embargo del veh\u00edculo automotor de placa BTT630, y dem\u00e1s caracter\u00edsticas consignadas en la demanda. (art.434 inciso segundo del C.G.P.)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la decisi\u00f3n que venci\u00f3 la inconformidad tra\u00edda a este escenario, es decir, la que tuvo por subsanada la demanda, fue emitida con posterioridad al fallo constitucional de primera instancia (3 de noviembre de 2021), se impone ratificar el mismo pero por carencia actual de objeto, pues ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales. <\/p>\n
Sobre ese particular, la Sala ha dicho que \u00abEl hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u201csi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido toralmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez de amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC4549-2021). <\/p>\n
4. De otra parte, en relaci\u00f3n con los reproches esgrimidos por la accionante en el escrito de impugnaci\u00f3n, atinentes a la p\u00e9rdida de competencia del Juzgado al proferir el auto antes mencionado, pese al supuesto vencimiento de t\u00e9rminos de que trata el art\u00edculo 90 del C.G. del Proceso, cabe precisar que a m\u00e1s que es una materia que se debe dilucidar al interior del juicio ejecutivo, los mismos no pueden ser acogidos en esta sede por tratarse de hechos nuevos respecto de los cuales el Despacho accionado y los vinculados no pudieron defenderse en su debida oportunidad, en tanto que la particular tem\u00e1tica no fue puesta desde el inicio en consideraci\u00f3n en el presente debate para que se ejerciera su derecho de contradicci\u00f3n, motivo por el cual ahora no pueden ser sorprendidos con una decisi\u00f3n al respecto, pues, as\u00ed, se les desconocer\u00eda tambi\u00e9n su garant\u00eda ius fundamental al debido proceso. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que son expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, se ha sostenido que, si bien \u00abes cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026) Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (ver hace poco en CSJ STC4035-2021). <\/p>\n
5. Finalmente, aunque el apoderado de la aqu\u00ed actora refiere que se quebrant\u00f3 su derecho fundamental al trabajo, con las actuaciones u omisiones del Juzgado convocado en el marco de la ejecuci\u00f3n criticada, es preciso memorar que los profesionales del derecho no se encuentran autorizados legalmente para alegar vulneraci\u00f3n de sus propios \u00abderechos\u00bb en las controversias en que act\u00faan en nombre de otros, dado que no se puede comunicar la violaci\u00f3n de normas superiores en la defensa de intereses que le son ajenos, pues tal y como de tiempo atr\u00e1s lo ha se\u00f1alado esta Sala, \u00abla persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (ver entre otras, en STC1226-2014 y STC10530-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo anterior, se impone confirmar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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