STC3200-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3200-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2022-00028-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 11 de febrero de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Eduardo D\u00edaz Henao como agente oficioso de Mar\u00eda Margarita Henao de D\u00edaz, contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Octavo Civil Municipal, ambos de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de su progenitora a la vida, a la dignidad humana, a la salud, a la vivienda digna, al debido proceso y a la igualdad, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con la diligencia de entrega programada dentro del proceso verbal de restituci\u00f3n de tenencia que en su contra promovi\u00f3 el Banco Davivienda S.A., identificado con el consecutivo No. 2018-00053. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando a los estrados convocados \u00absuspender por un per\u00edodo prudencial de cuatro (4) meses la orden de desalojo del inmueble ubicado en la calle 6 # 3 \u2013 73 Apartamento 502 de la ciudad de Ibagu\u00e9, tiempo en el cual me comprometo a pagar la deuda que tienen mis padres Mar\u00eda Margarita Henao de D\u00edaz y Mauricio D\u00edaz de Hern\u00e1ndez con el Banco Davivienda o en su defecto entregar desocupado el inmueble al cumplirse dicho t\u00e9rmino\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que su se\u00f1ora madre tiene 81 a\u00f1os de edad y \u00abdesde hace unos 4 a\u00f1os ha presentado una decadencia de sus facultades mentales\u00bb, que ella junto con su pap\u00e1, suscribieron \u00abhace muchos a\u00f1os\u00bb un contrato de leasing habitacional con el Banco Davivienda S.A. sobre el inmueble antes identificado, pactado en UVR, sin que posteriormente la entidad financiera accediera a cambiar la unidad de pago de la obligaci\u00f3n a pesos, \u00abde forma tal que frente a un cr\u00e9dito de $94\u00b4056.600, mi padre actualmente ha pagado $299\u00b4804.769 y a\u00fan debe $78\u00b4937.552, lo cual a todas luces constituye una injusticia\u00bb. <\/p>\n
Afirma que el referido litigio inici\u00f3 por mora en el pago de las cuotas, lo que impidi\u00f3 a sus padres ser all\u00ed o\u00eddos, sin que tampoco hayan podido llegar a un acuerdo de pago con la entidad acreedora, porque la actividad profesional a la que se dedica su progenitor \u00abse ha visto fuertemente menguada\u00bb con ocasi\u00f3n de la pandemia generada por el covid-19. <\/p>\n
Finalmente asegura, que su mam\u00e1 padece de una artrosis que le impide caminar, y en enero del a\u00f1o pasado fue diagnosticada con \u00abdemencia por alzheimer\u00bb, por lo cual, \u00abhace pocos d\u00edas\u00bb su padre le inform\u00f3 a todos los hijos sobre la diligencia de entrega del inmueble programada para el 3 de febrero del a\u00f1o en curso, situaci\u00f3n que, dice, los tom\u00f3 a todos \u00abpor sorpresa\u00bb; no obstante, su progenitor afirm\u00f3 que ten\u00eda expectativas de que en cuatro (4) meses conseguir\u00eda el dinero para pagar totalmente la deuda con el banco, y adem\u00e1s, \u00e9l y sus hermanos acordaron que en el evento en que esa expectativa no se concretara, entregar\u00edan voluntariamente el bien, y entre todos cubrir\u00edan el arriendo de una vivienda para su progenitora, junto con los gastos que ello conlleva, para lo cual, necesitar\u00edan de ese tiempo, raz\u00f3n por lo cual acude al presente mecanismo de protecci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) La representante legal de la Sucursal Tolima del Banco Davivienda S.A. se\u00f1al\u00f3, que el referido proceso inici\u00f3 por la mora en el pago de las mensualidades de un leasing habitacional, y se ha suspendido \u00abm\u00e1s de cinco veces\u00bb, as\u00ed como la diligencia de entrega; no obstante, la parte demandada ha incumplido siempre con los acuerdos de pago a que ha llegado, por lo cual \u00abse cuenta con toda la intenci\u00f3n de hacer cumplir la diligencia de restituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
b.) El Juez Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 inform\u00f3, que la diligencia de entrega fue comisionada al Juzgado Octavo Civil Municipal de la misma ciudad, raz\u00f3n por la cual, la gesti\u00f3n del actor debe encaminarse hacia la parte demandante para evitar la ejecuci\u00f3n del fallo de restituci\u00f3n, sin que entretanto se verifique la posible causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
c.) El titular del Juzgado Octavo Civil Municipal de la misma urbe puso de presente, que desde el 6 de septiembre de 2019 se orden\u00f3 cumplir con la comisi\u00f3n encomendada y para ello se\u00f1al\u00f3 el 7 de noviembre de ese a\u00f1o, diligencia que por solicitud de las partes por un posible acuerdo de pago se aplaz\u00f3 para el 14 de febrero de 2020, despu\u00e9s para 30 de abril del mismo a\u00f1o, y, nuevamente para el 10 de febrero de 2021, fecha en la cual, por solicitud de la parte demandada, se suspendi\u00f3 nuevamente \u00aben consideraci\u00f3n a la dif\u00edcil situaci\u00f3n que la pandemia gener\u00f3 a la econom\u00eda de miles de familias\u00bb, por lo que la entrega se program\u00f3 para el 24 de marzo de 2021, \u00aba partir de ese momento se empiezan a emitir diferentes solicitudes de aplazamiento en espera de una eventual conciliaci\u00f3n entre demandante y demandados, emiti\u00e9ndose los autos de reprogramaci\u00f3n de la diligencia del 6 de abril, 4 de agosto, 16 de septiembre y 28 de octubre de 2021\u00bb, hasta que el pasado 18 de noviembre se iba a concretar la actuaci\u00f3n, pero al no poder ingresar al edificio, el 1\u00ba de febrero se opt\u00f3 por oficiar a la polic\u00eda, la personer\u00eda y a la secretar\u00eda de salud (por el estado de salud de la se\u00f1ora Mar\u00eda Margarita Henao de D\u00edaz), para realizar la diligencia de entrega el 30 de marzo pr\u00f3ximo, exposici\u00f3n con sustento en la cual, asevera, se corrobora el respeto de las garant\u00edas superiores cuya protecci\u00f3n invoca el accionante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 el amparo invocado, porque \u00abese nuevo y \u00faltimo ofrecimiento que el agente oficioso hace en nombre de su progenitora debe primero plantearse, discutirse y resolverse en el proceso en cuesti\u00f3n y ante el juez natural. Ciertamente, el aplazamiento de la diligencia de entrega es una determinaci\u00f3n que corresponde al juez de instancia e incluso al comisionado por \u00e9ste. Son esas autoridades judiciales las que deben conocer y considerar los argumentos esgrimidos en este tr\u00e1mite y dar una resoluci\u00f3n al respecto. Sin que esto haya sucedido, como en efecto se aprecia, no hay manera que el juez constitucional se apropie injustificadamente de las atribuciones dadas a tal juzgador\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que el comisionado \u00abpara realizar la entrega, ha postergado en varias oportunidades tal actuaci\u00f3n. Como lo deja ver el informe que rindi\u00f3, tanto a petici\u00f3n de la parte demandante en ese juicio como por su propia iniciativa, ese Despacho ponder\u00f3 las especiales condiciones que revela el caso. La posible ocurrencia de un acuerdo de pago y la situaci\u00f3n de salud de la accionante han dado lugar a que desde noviembre de 2019 no se haya efectivizado esa actuaci\u00f3n. Visto ese panorama, de momento nada hace pensar que las decisiones adoptadas al respecto sean arbitrarias u omisivas y menos que las peticiones que puedan elevarse en ese juicio no resulten id\u00f3neas o inoportunamente resueltas, es as\u00ed que nuevamente la diligencia que hab\u00eda sido fijada para este mes se aplaz\u00f3 hasta el 30 de marzo pr\u00f3ximo, esta vez con el fin que distintas autoridades asistan a garantizar esos derechos de la demandada que se anuncian vulnerados\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por el actor, haciendo \u00e9nfasis en que su progenitora no puede exponer su situaci\u00f3n ante el estrado comisionado para la entrega, porque no es o\u00edda dentro del proceso al no estar al d\u00eda en el pago de los c\u00e1nones, sin contar con el detrimento de sus capacidades cognitivas, y sin que tampoco lo pueda hacer a trav\u00e9s de agente oficioso, porque la norma procesal aplicable exige prestar una cauci\u00f3n y que la agenciada ratifique la actuaci\u00f3n del agente, pese a que \u00e9sta \u00abno est\u00e1 en condici\u00f3n de ratificar ninguna actuaci\u00f3n procesal\u00bb; adem\u00e1s, puso en duda que el acompa\u00f1amiento de las diferentes autoridades convocadas a la diligencia garantice los derechos superiores de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela, como regla general, no resulta viable contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir en el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, para modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed pronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque con ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Sin embargo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en causal de procedencia del amparo, vale decir, cuando su obrar es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de las mencionadas prerrogativas, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que lo pretendido por Carlos Eduardo D\u00edaz Henao como agente oficioso de su progenitora Mar\u00eda Margarita Henao de D\u00edaz, concretamente, es que se ordene al Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagu\u00e9, suspender al menos por cuatro (4) meses, la diligencia de entrega que le fue comisionada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, dentro del proceso verbal de restituci\u00f3n de tenencia que el Banco Davivienda S.A. tramit\u00f3 contra la agenciada y Mauricio D\u00edaz Hern\u00e1ndez, sus padres, pues en sentir de \u00e9ste, se requiere de ese tiempo para conseguir el dinero que permita pagar lo adeudado, o en su defecto, buscar un lugar donde reubicar a \u00e9stos. <\/p>\n
3. Pues bien, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y a los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, surge patente la improcedencia del amparo reclamado, por constarse incumplido el requisito de la subsidiariedad, pues aunque la gestora no puede ser o\u00edda en el proceso, por no cancelar lo adeudado, puede exponerle la situaci\u00f3n aqu\u00ed tra\u00edda acerca de la posibilidad de pago a la parte demandante, a efectos que \u00e9sta solicite a la autoridad comisionada la suspensi\u00f3n de la diligencia pretendida, comoquiera que no puede pretender a trav\u00e9s de esta herramienta especial\u00edsima que se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural a trav\u00e9s del mecanismo correspondiente, pues, \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (STC2451-2021). <\/p>\n
4. As\u00ed mismo, t\u00e9ngase en cuenta que aunque el agente oficioso de la accionante Mar\u00eda Margarita Henao insiste en la impugnaci\u00f3n, en que a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n debe ordenarse la interrupci\u00f3n de la entrega por 4 meses, tal orden no resulta procedente, pues, como lo ha expresado la Corte en casos semejantes, la acci\u00f3n de tutela no fue concebida por el legislador para detener la ejecuci\u00f3n de diligencias judiciales, ya que \u00e9stas obedecen \u00aba \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (STC17333-2021). <\/p>\n
5. Aunado a lo anterior, en el caso bajo estudio no se aprecia la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, esto es, la gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que la entrega de marras es el resultado de un proceso judicial agotado en todas sus etapas, donde se respetaron y garantizaron los derechos esenciales de las partes, en este caso, demandada; adem\u00e1s, aunque la orden de entrega se realiz\u00f3 desde el a\u00f1o 2019, no ha sido posible su materializaci\u00f3n con ocasi\u00f3n, precisamente, de las m\u00faltiples suspensiones que se han presentado por las intenciones fallidas de pago argumentadas por la aqu\u00ed interesada, sin que la sola condici\u00f3n de persona de la tercera edad de la gestora, implique per se la consumaci\u00f3n de un da\u00f1o de tal naturaleza derivado de la citada actuaci\u00f3n judicial, porque \u00ab \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto\u00bb (STC-4541-2021). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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