STC3202-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3202-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00851-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con lo determinado en sede del recurso extraordinario, dentro del juicio ordinario laboral que promovi\u00f3 frente Horwath Colombia \u2013Asesores Comerciales Ltda, y otros, con radicado No. 2009-00244. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, para que se \u00absuspen[da] de la sentencia\u00bb adiada 28 de septiembre de 2020, y, que, como consecuencia de ello, se ordene a la Sala de Descongesti\u00f3n No 2 de la Especializada en lo Laboral de esta Corte, \u00abestudiar la cuesti\u00f3n de fondo planteada en la demanda con la que fue sustentado el recurso de casaci\u00f3n\u00bb, en el marco de la controversia referida. <\/p>\n
2. Como fundamento de lo reclamado adujo, en lo esencial, que pese a que sustent\u00f3 todos y cada uno de los cargos que enrostr\u00f3 a la sentencia de segundo grado que le result\u00f3 desfavorable al interior del citado decurso, pues, asegura, estaba acreditada y se presum\u00eda la existencia de la relaci\u00f3n laboral con los demandados, la Corporaci\u00f3n convocada, desconociendo sus propios precedentes, resolvi\u00f3 no casar la citada decisi\u00f3n, tras advertir la falta de t\u00e9cnica procesal en la formulaci\u00f3n del mecanismo extraordinario, omitiendo no solo, lo dispuesto en los art\u00edculos 24 y 2 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y de la Ley 50 de 1990 respectivamente, sino que no le \u00abincumb\u00eda la carga de probar que hab\u00edan sido subordinados los servicios personales que prest\u00f3 a los demandados\u00bb; adem\u00e1s, que de acuerdo a la normatividad vigente, \u00abpara expresar debidamente los motivos de casaci\u00f3n solo hay que indicar el \u201cprecepto legal sustantivo, de orden nacional, que se estime violado\u201d\u00bb, m\u00e1s no que \u00absea necesario integrar la proposici\u00f3n jur\u00eddica indicando disposiciones procesales\u00bb, circunstancias todas \u00e9stas que, dice, hacen necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, \u00abremiti\u00f3 copia de la providencia SL3937-2020, por medio de la cual resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n objeto de reproche, y asever\u00f3 que en esta, se consignan las razones de dicha decisi\u00f3n. Resalt\u00f3 que, la sentencia emitida se bas\u00f3 en los argumentos planteados en los dos cargos formulados, con sujeci\u00f3n a las reglas propias del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y a los postulados constitucionales, legales y el ordenamiento aplicable en materia laboral\u00bb. <\/p>\n
b. El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, memor\u00f3 las actuaciones que conoci\u00f3 dentro del juicio ordinario criticado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, tras considerar, en suma, que \u00abresulta improcedente fundamentar la queja constitucional en las discrepancias de criterio de la accionante frente a las interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por los jueces naturales dentro del proceso ordinario laboral 2009-00244, para que se impartan unos tr\u00e1mites sobre asuntos donde las autoridades judiciales actuaron dentro del marco de autonom\u00eda e independencia que le han sido otorgadas por la Constituci\u00f3n y la ley\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela; adem\u00e1s de agregar, que el a quo constitucional no estudi\u00f3 de fondo el asunto puesto en su conocimiento, y, que en la \u00absentencia fechada el 2 de diciembre de 2019 (\u2026) si ajust\u00f3 su proceder a la ley; en cambio en la sentencia contra la que se accion\u00f3 en tutela contrariaron la ley\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n criticada para no casar la decisi\u00f3n del ad quem, advirti\u00f3 que los \u00abcargos formulados adolecen de defectos de t\u00e9cnica que hacen imposible el estudio de fondo del mismo\u00bb, pues en punto del primer cargo, esto es, la infracci\u00f3n directa del art\u00edculo 24 del C.S.T. \u00abdirigido por la senda de puro derecho, la cual supone la plena conformidad del recurrente con las apreciaciones probatorias del Tribunal\u00bb, se apoya \u00aben asuntos f\u00e1cticos impropios de la senda escogida, tanto que se endereza, de manera fraccionada, a la conclusi\u00f3n final del Colegiado en torno a la inexistencia del contrato de trabajo que lig\u00f3 a las partes a partir del 1\u00ba de junio de 2006, cuando mencion\u00f3 que, \u00abno existe prueba alguna respecto a la subordinaci\u00f3n y dependencia, principal elemento para la existencia del contrato de trabajo\u00bb (f.\u00b0 124 del cuaderno n.\u00b0 1), dejando por fuera el contexto global en que se surti\u00f3 la misma, pues sesg\u00f3 el entendimiento de la norma cuando obviando la columna argumentativa y probatoria de la decisi\u00f3n de segundo grado, olvid\u00f3 que la presunci\u00f3n legal qued\u00f3 desvirtuada con el an\u00e1lisis de las pruebas que enlist\u00f3 y desarroll\u00f3 debidamente en su fallo, de forma que cuando el ad quem ech\u00f3 de menos la subordinaci\u00f3n no lo hizo de manera aislada ni como \u00fanico argumento para negar las aspiraciones del demandante\u00bb, luego \u00abla censura desatendi\u00f3 que la decisi\u00f3n de segunda instancia, a los ojos de la casaci\u00f3n, constituye un todo integral, que no puede fraccionarse para tomar de all\u00ed s\u00f3lo los argumentos que all\u00ed beneficien a la parte interesada y, como se precis\u00f3 anteriormente, el ataque se fund\u00e9, parcialmente, en aspecto de hecho que debieron ser atacados por la v\u00eda indirecta\u00bb; a lo que agreg\u00f3 que, \u00aben momento alguno pudo el Tribunal incurrir en la infracci\u00f3n directa del art\u00edculo 24 del CST dado que la misma se produce cuando el sentenciador ignora la existencia de la norma o se rebela contra ella y se niega a reconocerle validez, en el tiempo o en el espacio, ya que si ello se analiza conforme al contenido de la segunda instancia, se observa que, aunque el Tribunal no se refiri\u00f3 de manera expresa al mismo, en forma t\u00e1cita hizo uso del mismo, solo que en su fase negativa, cuando lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n alegada en el cargo, referente a la falta de prueba de la subordinaci\u00f3n y dependencia en la prestaci\u00f3n de los servicios\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, de cara a la segunda de las divergencias enrostrada al fallo de segunda instancia, puntualiz\u00f3 que aunque \u00e9sta se dirigi\u00f3 \u00abpor la v\u00eda indirecta en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida\u00bb, porque \u00abno [se] tuvo en cuenta la causa petendi del proceso, al centrar el problema jur\u00eddico (\u2026) los errores de hecho 1\u00ba y 2\u00ba que contienen tal argumentaci\u00f3n debieron estar orientados a discutir una vulneraci\u00f3n al principio de congruencia del art\u00edculo 305 del CPC hoy 281 del CGP, el cual establece que \u00abLa sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este C\u00f3digo contempla\u00bb, norma que brilla por su ausencia en la proposici\u00f3n jur\u00eddica del cargo y que de haberse integrado, debi\u00f3 ventilarse a trav\u00e9s de la violaci\u00f3n medio, la cual habilita en casaci\u00f3n, la acusaci\u00f3n de normas adjetivas que sirven como veh\u00edculo para llegar a la vulneraci\u00f3n de preceptos sustantivos que consagran el derecho pretendido\u00bb. <\/p>\n
En esa misma direcci\u00f3n se\u00f1al\u00f3, que \u00absi de ser el caso, la censura no hubiera incurrido en la impropiedad de no incluir el art\u00edculo 305 del CPC hoy 281 del CGP, con fines de discutir si el fallador de instancia se alej\u00f3 o no de la causa petendi esbozada en la demanda inicial, los errores de hecho 1\u00ba y 2\u00ba del cargo, (\u2026), igual estar\u00edan destinados al fracaso, porque de nuevo incurre en el dislate de fraccionar en su favor el contenido de la sentencia, cuando discute que de la demanda y su contestaci\u00f3n, denunciadas como pruebas err\u00f3neamente apreciadas, es posible acreditar que si la accionada acept\u00f3 la celebraci\u00f3n de un contrato de trabajo, remunerado con salario integral y con la advertencia de que las comisiones adicionalmente pactadas, atend\u00edan a un pago que no constitu\u00eda salario, sino al reparto de ganancias, no se presentaba l\u00f3gico que el Tribunal desviara su estudio a establecer si existi\u00f3 o no una relaci\u00f3n laboral con posterioridad al 1\u00ba de junio de 2006\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en relaci\u00f3n a los errores de hecho 3\u00ba y 4\u00ba, es decir, \u00abque el ad quem pas\u00f3 por alto que los servicios personales prestados por el actor con posterioridad a junio de 2006 tambi\u00e9n estuvieron regidos por un contrato de trabajo\u00bb, luego de citar en extenso los argumentos del aqu\u00ed accionante respecto los pormenores contractuales que se tuvieron en cuenta, indic\u00f3 que \u00abconviene recordar que es obligaci\u00f3n del recurrente, en atenci\u00f3n a la claridad y precisi\u00f3n del cargo, en especial a la relaci\u00f3n entre la providencia cuestionada y el ataque que se le formula, el identificar todos y cada uno de los argumentos que sirvieron de soporte al fallo cuestionado, pues la sentencia que es atacada en casaci\u00f3n llega precedida de unas presunciones de legalidad y acierto, lo que significa que aquellos pilares de la sentencia que permanezcan libres de cuestionamiento, seguir\u00e1n sirviendo de fundamento a la decisi\u00f3n\u00bb; luego, si bien \u00abla censura realiza un comparativo de las funciones prioritarias en los contratos celebrados, para decir que en uno y otro el accionante estuvo a cargo de la banca multilateral y la contrataci\u00f3n estatal de la empresa, nada dijo sobre que a vista del Tribunal las funciones distaban entre s\u00ed en la medida que en el segundo contrato Lenis Echeverry no estaba atado a una subordinaci\u00f3n al ser pactadas unas labores de apoyo, que integraron incluso una remuneraciones adicionales por los conceptos jur\u00eddicos y atenci\u00f3n de asuntos corporativos, ni que el desarrollo de sus funciones ya no ser\u00eda de dedicaci\u00f3n exclusiva en su jornada de trabajo como suced\u00eda en el laboral, sino que se pact\u00f3 que el demandante pod\u00eda desarrollar otras relaciones afines al ejercicio de su profesi\u00f3n jur\u00eddica, ni que ello era corroborado con la comunicaci\u00f3n del 19 de marzo de 2007 (\u2026), en la que detallaba cu\u00e1les eran las tarifas de los honorarios que cobrar\u00eda seg\u00fan la actividad que desarrollara (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en lo que refiere al 5\u00ba error de hecho que se fund\u00f3 en \u00abdemostrar que los servicios personales que (\u2026) prest\u00f3 (\u2026) con posterioridad al 1\u00ba de junio de 2006 terminaron por decisi\u00f3n de \u00e9sta, conforme a la decisi\u00f3n que le comunic\u00f3 en el escrito fechado el 6 de marzo de 2007\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno encuentra (\u2026) que esta por s\u00ed misma cuente con la fuerza suficiente de llevar al traste la decisi\u00f3n del Tribunal, porque de su tenor literal tan solo se extracta la intenci\u00f3n de no dar continuidad a una relaci\u00f3n de orden civil, sin que acredite la laboralidad tantas veces reclamada\u00bb. <\/p>\n
3.2. De este modo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende el peticionario del amparo (all\u00ed demandante), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir el an\u00e1lisis normativo y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda el m\u00e1s adecuado. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo, la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la Colegiatura endilgada se soport\u00f3 precisamente en las normas aplicables, y que permitieron inferir la falta de t\u00e9cnica procesal al formular el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el que si bien admite cierta flexibilidad en su formulaci\u00f3n, lo cierto es que, ante la magnitud de los yerros advertidos, inexorablemente conllevaba a no realizar su estudio. <\/p>\n
3.3. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. De otra parte, se advierte en relaci\u00f3n con los reproches esgrimidos por el accionante en el escrito de impugnaci\u00f3n, atinentes a otra decisi\u00f3n proferida por la Sala convocada con los mismos supuestos f\u00e1cticos suyos, en la que s\u00ed se abord\u00f3 de fondo la tem\u00e1tica planteada, cabe precisar que los mismos no pueden ser acogidos en esta sede, por cuanto, se trata de hechos nuevos respecto de los cuales la accionada y los vinculados no pudieron defenderse en su debida oportunidad, en tanto que la particular tem\u00e1tica no fue puesta desde el inicio en consideraci\u00f3n en el presente debate, para que se ejerciera su derecho de contradicci\u00f3n, motivo por el cual ahora no pueden ser sorprendidos con una decisi\u00f3n al respecto, pues, as\u00ed, se les desconocer\u00eda tambi\u00e9n su garant\u00eda ius fundamental al debido proceso. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que son expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, se ha sostenido que, si bien \u00abes cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026) Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (ver hace poco en CSJ STC4035-2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC3202-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC3202-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00851-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- ANTECEDENTES 1. El accionante a trav\u00e9s de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62152","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62152","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62152"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62152\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62152"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62152"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62152"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}