STC3204-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3204-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2022-00031-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo pronunciado el 16 de febrero de 2022 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal de Neiva, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Yuly Patricia Cardoso Cardoso contra los Juzgados \u00danico Promiscuo Municipal de Baraya, Huila y Segundo Civil del Circuito de Neiva, tr\u00e1mite al que fue vinculada la E.S.E, Ana Silvia Maldonado Jim\u00e9nez, as\u00ed como la Gobernaci\u00f3n del Huila, la Secretar\u00eda de Salud Departamental de ese ente territorial y el se\u00f1or Jefferson Manuel Mu\u00f1oz, adem\u00e1s de las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora del resguardo, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las sentencias proferidas en ambas instancias dentro de la salvaguarda que promovi\u00f3 a trav\u00e9s de personero municipal contra la Empresa Social del Estado \u00abAna Silvia Maldonado Jim\u00e9nez\u00bb, identificada con el consecutivo 2021-00085. <\/p>\n
En consecuencia, exige para la protecci\u00f3n de las citadas prerrogativas, concretamente, que i) se invalide todo lo actuado en el mentado tr\u00e1mite excepcional, para que el asunto sea remitido a la autoridad competente y, por contera, se ii) \u00abtutel[e] el derecho a la estabilidad laboral reforzada, de su esposo, en conexidad con la jurisprudencia y leyes mencionadas\u00bb, iii) \u00abordena[ndo] al representante legal de la ESE, celebrar contrato con [aqu\u00e9l] por el periodo legalmente establecido por [su] condici\u00f3n\u00bb; iv) \u00ab[la] sanci\u00f3n monetaria con destino al trabajador de ciento ochenta (180) d\u00edas de salario, por situaci\u00f3n de vulnerabilidad, debido a [sus] condiciones de salud o discapacidad\u00bb; v) \u00ab[la] sanci\u00f3n monetaria con destino al trabajador de sesenta (60) d\u00edas de salario, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con su contrato de trabajo\u00bb; vi) \u00abordenar a quien corresponda, resolver en el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la sentencia, [que] se produzca la respuesta o acto pretermitido\u00bb; y que \u00abuna vez producida la decisi\u00f3n definitiva en el asunto en cuesti\u00f3n, remita (\u2026) copia del acto administrativo con las formalidades de ley, so pena de las sanciones (\u2026) por desacato\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo se extrae del escrito deshilvanado e impreciso aportado por la promotora, que en el marco de la acci\u00f3n que de este mismo linaje por conducto del personero municipal de Colombia, Huila, interpuso contra la ESE Ana Silvia Maldonado Jim\u00e9nez, solicit\u00f3 al Juez \u00danico Promiscuo Municipal de Baraya que no tuviera en cuenta la contestaci\u00f3n que de manera extempor\u00e1nea, aport\u00f3 el extremo convocado; no obstante lo anterior, se desestim\u00f3 la salvaguarda en fallo de 4 de noviembre de 2021, el que fue invalidado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva, ante la indebida integraci\u00f3n del contradictorio; que rehecha la actuaci\u00f3n, el 22 de noviembre postrero se neg\u00f3 nuevamente la protecci\u00f3n reclamada, decisi\u00f3n que se mantuvo inc\u00f3lume en sede de impugnaci\u00f3n, quebrant\u00e1ndose as\u00ed, dice, sus garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
a. La titular de Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Baraya, Huila, se limit\u00f3 a realizar un recuento del tr\u00e1mite procesal que se adelant\u00f3 al interior de la acci\u00f3n de tutela con radicado 2021-00085-00, sin manifestarse acerca de los hechos y pretensiones enlistadas en el escrito inaugural. <\/p>\n
b. Por su parte, el vinculado Jefferson Manuel Mu\u00f1oz G\u00f3mez, dijo coadyuvar la solicitud de amparo con similares argumentos a los esbozados por la accionante, en torno a la extemporaneidad de la respuesta brindada por la entidad accionada dentro del tr\u00e1mite aqu\u00ed cuestionado. <\/p>\n
Tambi\u00e9n expuso que es padre cabeza de familia, situaci\u00f3n que fue expuesta ante la ESE all\u00ed accionada, sin que dicha situaci\u00f3n se hubiere tenido en cuenta al momento de la terminaci\u00f3n del contrato que los vinculaba. <\/p>\n
c. De otro lado, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva puso de presente que la protecci\u00f3n rogada es improcedente, pues la decisi\u00f3n que emiti\u00f3 en sede de impugnaci\u00f3n se ciment\u00f3 en el marco legal y jurisprudencial aplicable a la materia, m\u00e1xime cuando el se\u00f1or Mu\u00f1oz G\u00f3mez no es sujeto cobijado por la estabilidad laboral reforzada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, luego de hacer una rese\u00f1a de los requisitos generales y espec\u00edficos de procedencia del amparo contra providencias judiciales, as\u00ed como los establecidos jurisprudencialmente cuando se trata de un fallo de tutela, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, por cuanto \u00aben trat\u00e1ndose de acciones de tutela que se promueven en contra de determinaciones homologas, la regla general es la improcedencia de la misma, y s\u00f3lo por excepci\u00f3n, se puede abordar el estudio de la controversia planteada, siempre que se acrediten los siguientes requisitos, a saber: i) que la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se est\u00e1 en presencia del fen\u00f3meno de cosa juzgada, ii) debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en una anterior acci\u00f3n de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude, que atenta contra el ideal de justicia, iii) que no exista otro mecanismo legal para resolver tal situaci\u00f3n, esto es, que la protecci\u00f3n se invoque contra actuaciones irregulares de los jueces de tutela, que hubiesen sido ya revisadas por la Corporaci\u00f3n de cierre constitucional. <\/p>\n
De la narraci\u00f3n de los hechos en que se funda la solicitud de amparo y las probanzas allegadas, es claro que lo reclamado por la parte accionante es el amparo del derecho fundamental al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, que aduce, han vulnerado los Juzgados \u00danico Promiscuo Municipal de Baraya \u2013 Huila y Segundo Civil del Circuito de Neiva, al adelantar el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela con radicaci\u00f3n interna 44107- 40-89-001-2021-00085-00, y tener como v\u00e1lida la contestaci\u00f3n que fuera allegada por la E.S.E. Ana Silvia Maldonado Jim\u00e9nez, misma que a su sentir, se incorpor\u00f3 de forma extempor\u00e1nea por parte de ese extremo pasivo, supuesto de hecho que al sentir de la demandante, conduce a la nulidad de todas las actuaciones gestadas en ese diligenciamiento y abren paso al resguardo pretendido. <\/p>\n
Bajo esa orientaci\u00f3n, es que para esta Corporaci\u00f3n, si bien se alega una irregularidad procesal, no puede perderse de vista que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, ello en el entendido que dentro de aquellas causales de improcedencia a las que se hizo alusi\u00f3n previamente, se encuentra la relativa a que la demanda constitucional no hubiesen sido revisadas por la Corte Constitucional, por lo que a\u00fan resta agotar el procedimiento establecido por el legislador para el resguardo de los derechos fundamentales que pregona se le han vulnerado. <\/p>\n
Ahora bien, tampoco se cumple con el pedimento tendiente a establecer que el asunto que se ventila en sede de tutela, no guarde relaci\u00f3n estrecha o identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se est\u00e1 en presencia del fen\u00f3meno de cosa juzgada. Lo anterior se afirma, por cuanto si bien una de las pretensiones se encamina a la nulidad de las actuaciones que se surtieron ante los juzgados accionados, tambi\u00e9n es cierto, dicha pretensi\u00f3n se estructura como la columna medular del amparo del derecho a la estabilidad laboral reforzada, en tanto como bien se aprecia de las pretensiones 1 a 7 del escrito introducto, lo que realmente se persigue la promotora del juicio es el reintegro del trabajador, junto con las consecuenciales condenas a que ello da lugar, aspecto este que le resta procedencia a la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado estim\u00f3, que \u00aben lo en lo relativo la exigencia a que se agoten todos los medios ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial, no se evidencia que tal presupuesto se encuentre cumplido, en la medida que a la accionante aun le resta agotar el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n ante la H. Corte Constitucional, adem\u00e1s de no acreditarse sufrientemente que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela acusada fue producto de una situaci\u00f3n de fraude, aspectos estos que hacen improcedente la intervenci\u00f3n del juez constitucional en el sub lite\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La tutelante se mostr\u00f3 inconforme frente a lo resuelto, insistiendo en los mismos planteamientos que expuso en la queja originaria. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo; as\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. Aqu\u00ed, tras realizarse el correspondiente escrutinio a la demanda de resguardo constitucional presentada por la se\u00f1ora Yuly Patricia, se revela sin asomo de duda que la misma debe desestimarse, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es atacar los fallos proferidos en ambas instancias procesales por los Juzgados \u00danico Promiscuo Municipal de Baraya, Huila, y, Segundo Civil del Circuito de Neiva, dentro de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente, instaurada en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n por \u00e9sta por intermedio del Personero Municipal de Colombia, Huila, contra la ESE Ana Silvia Maldonado Jim\u00e9nez, cuesti\u00f3n que comporta se\u00f1alar, desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues, por dem\u00e1s, no se evidencia la ocurrencia de la hip\u00f3tesis prevista en el punto 4.6.2.2. de la providencia citada l\u00edneas atr\u00e1s, esto es, el \u00abfen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta\u00bb, para que de manera excepcional\u00edsima se autorice la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela. <\/p>\n
4. T\u00e9ngase en cuenta adem\u00e1s, que la jurisprudencia ha insistido en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de la misma naturaleza el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto, toda vez que con ese fin el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional, escenario donde la parte interesada podr\u00e1, seg\u00fan el caso, acudir al recurso de insistencia previsto en el art\u00edculo 33 del citado decreto1, para pedir a dicha Corporaci\u00f3n su escogencia, \u00fanicos mecanismos procesales que pueden interponerse o solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto. <\/p>\n
En este sentido, la Sala ha se\u00f1alado que proceder de esta manera \u00abevita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ, STC4666-2020). <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N ALVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Reglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte Constitucional. <\/p>\n
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STC3204-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC3204-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2022-00031-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo pronunciado el 16 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62153","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62153","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62153"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62153\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62153"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62153"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62153"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}