STC3231-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC 3231-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00703-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Rosa Ang\u00e9lica Vel\u00e1squez Vel\u00e1squez le instaur\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y a los Juzgados Veintid\u00f3s Civil del Circuito, Diecisiete Civil Municipal y Treinta Civil Municipal para Conocimiento de Despachos Comisorios, todos de esa misma urbe, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de sucesi\u00f3n con radicado n\u00b0 05-001-40-03-017-2011-00032-00 y en el juicio de pertenencia – reivindicatorio con radicado n\u00b0 05001-31-03-009-2013 00390-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pidi\u00f3, en esencia, que se revoquen las sentencias que pusieron fin a la sucesi\u00f3n (15 ene. 2013) y al declarativo (12 jun. 2019) en comento. Tambi\u00e9n pidi\u00f3 que se le declare propietaria del inmueble objeto de esos litigios y se impida la diligencia de entrega ordenada en virtud de la contienda posesoria. En sustento, acus\u00f3 que en la sentencia del liquidatorio no se tuviera en cuenta la indebida \u00abintegraci\u00f3n del litisconsorcio por pasiva\u00bb. Respecto del proceso de pertenencia que impetr\u00f3, sin \u00e9xito en ambas instancias, critic\u00f3 la diligencia de entrega que all\u00ed se orden\u00f3 en su contra. Adujo ser persona de la tercera edad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
En lo referente a las censuras contra las sentencias que finiquitaron los tr\u00e1mites de sucesi\u00f3n (15 ene. 2013) y el de pertenencia y reivindicatorio en reconvenci\u00f3n (12 jun. 2019), pronto se advierte la denegaci\u00f3n del resguardo como quiera que entre la \u00e9poca de esas providencias y la radicaci\u00f3n de ese auxilio (9 feb 2022)1 se super\u00f3 el t\u00e9rmino de seis meses que la jurisprudencia constitucional ha establecido como razonable para la interposici\u00f3n de este mecanismo excepcional2, situaci\u00f3n que evidencia la ausencia de inmediatez y la improcedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, a pesar de las manifestaciones de la promotora, tendientes a que se supere el requisito de inmediatez bajo el argumento de que apenas se van a surtir los efectos de las decisiones criticadas, lo cierto es que del expediente y de su mismo relato se advierte que la diligencia de entrega que pretende evitar con este amparo es fruto de veredictos que conoci\u00f3 en la \u00e9poca referida y frente a los cuales no acudi\u00f3 oportunamente a este auxilio. <\/p>\n
Finalmente, dado que una queja medular de la impulsora radica en la lesi\u00f3n ius fundamental que, a su juicio, puede generar la diligencia de entrega referida por pertenecer a la tercera edad3, conviene recordar lo dicho por esta Corporaci\u00f3n en casos de similares contornos donde tambi\u00e9n se deneg\u00f3 el resguardo al precisar que: <\/p>\n
(\u2026) no es viable acudir a este auxilio como medio para suspender, retrotraer o invalidar el desarrollo y cumplimiento de diligencias que tienen origen en providencias en firme, como la de entrega, ya que \u00e9sta tendr\u00eda respaldo en el procedimiento surtido por el juez competente. Sin perjuicio de que la actuaci\u00f3n deba desarrollarse con respeto a la dignidad humana y con plenas garant\u00edas para las personas que merezcan un trato diferencial positivo. Sobre el punto, esta Corte ha esbozado que: <\/p>\n
(\u2026) la entrega dispuesta en un proceso judicial no entra\u00f1a en s\u00ed misma, un perjuicio irremediable (\u2026) pues ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ STC 6442-2019 reiterada en CSJ STC5684-2020). <\/p>\n
Con todo, del informe que a este tr\u00e1mite rindi\u00f3 el despacho encargado de la diligencia, se observa que esa actuaci\u00f3n tuvo lugar el 22 de febrero pasado, donde la gestora se opuso sin \u00e9xito y elev\u00f3 la respectiva apelaci\u00f3n que a la fecha se encuentra pendiente de definici\u00f3n por parte del juez natural de su asunto. Raz\u00f3n adicional que impide la injerencia constitucional en este caso concreto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, debido a la insatisfacci\u00f3n del requisito de procedencia en comento, dada la ausencia de circunstancia que permita flexibilizar dicho presupuesto y como quiera qu\u00e9 no se acredit\u00f3 -ni se infiere- lesi\u00f3n con la diligencia de entrega referida, no queda alternativa distinta a denegar el resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve: NEGAR por improcedente la tutela instada. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1 del archivo \u00ab02 Escrito Tutela\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, STC2015, 29 en. rad. 00014- 00, STC2015, 19 feb. rad. 00278-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015, 26 mar, rad. 0590-00, STC10258-2015, 6 ago. Rad. 2015-01691-00. Reiterada en STC7721-2020, 24 dic. Rad. 2020- 00030-01 y STC3236-2021). <\/p>\n
3\u0002 (\u2026) el hecho de que la gestora del amparo de sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto\u2026sobre el punto esta Sala indic\u00f3 que \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto (CSJ SC, 11 de marzo de 2013, exp. 00444-00, reiterado el 31 de octubre del mismo a\u00f1o, exp. 00426-01 y en STC1200-2014). <\/p>\n
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