STC3237-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC 3237-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01783-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 9 de septiembre de 2021, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en la acci\u00f3n de tutela promovida por Roberto Dur\u00e1n Gallo contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a los intervinientes en el litigio No. 11001310503120150008601. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El convocante solicit\u00f3 dejar sin efectos las sentencias proferidas por la Sala de casaci\u00f3n convocada (6 jul. 2021) y la Sala Laboral del Tribunal de Bogot\u00e1 (6 jul. 2016) para, en su lugar, \u00abdictar nueva sentencia de Casaci\u00f3n\u00bb. En sustento de las s\u00faplicas, indic\u00f3 que fue demandado en juicio ordinario laboral por Orlando Mart\u00ednez Machuca quien solicit\u00f3 declarar la existencia de una relaci\u00f3n laboral y el pago de los salarios y prestaciones adeudadas. Indic\u00f3 que el Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 sentencia accediendo a las pretensiones (20 may. 2016). Frente a esa determinaci\u00f3n interpuso apelaci\u00f3n y el Tribunal modific\u00f3 algunas condenas (8 sep. 2016). Inco\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n; empero, la Sala de casaci\u00f3n convocada dispuso no casar el prove\u00eddo de segundo grado, entre otros aspectos porque \u00abla demanda presenta falencias de t\u00e9cnica\u00bb (6 jul. 2021). A juicio del actor las autoridades accionadas \u00abno se tomaron el tiempo de revisar cuales eran los contratos existentes, como las pruebas documentales (\u2026) del pago de todas las prestaciones. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n accionada se\u00f1al\u00f3 que resolvi\u00f3 no casar la sentencia impugnada, debido a los \u00abevidentes defectos t\u00e9cnicos encontrados en los cargos formulados\u00bb, d\u00e9ficit que impidi\u00f3 su estimaci\u00f3n. El apoderado de Orlando Mart\u00ednez Machuca deprec\u00f3 la improcedencia del amparo. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego, tras considerar \u00ablas deficiencias t\u00e9cnicas presentadas en la demanda de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. El precursor impugn\u00f3 con asidero en los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Se anticipa que el desenlace objetado se ratificar\u00e1, por cuanto de la providencia de casaci\u00f3n reprochada, sobre la que se circunscribir\u00e1 el an\u00e1lisis, al ser la determinaci\u00f3n que finiquit\u00f3 cualquier discusi\u00f3n sobre el litigio, no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta herramienta. <\/p>\n
(\u2026) [L]a demanda presenta falencias de t\u00e9cnica, que impiden un pronunciamiento de fondo, pues a pesar de que plantea las tres acusaciones por la v\u00eda de los hechos, trae como fundamento de sus alegaciones aspectos jur\u00eddicos como cuando en el primer cargo discute la connotaci\u00f3n que se le dio a los anticipos como vi\u00e1ticos permanentes, de acuerdo con la norma, para darles el calificativo de factor salarial. <\/p>\n
No obstante, ese Colegiado al ocuparse del primer cargo propuesto indic\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) en la proposici\u00f3n jur\u00eddica plantea [el censor] la aplicaci\u00f3n indebida del Decreto 173 de 2001 y de la Resoluci\u00f3n 2000 de 2004; no obstante, en la sustentaci\u00f3n del mismo hace referencia a que no se tuvieron en cuenta, es decir, que hace alusi\u00f3n a la infracci\u00f3n directa, por lo que est\u00e1 confundiendo dos conceptos de violaci\u00f3n que resultan excluyentes. <\/p>\n
Frente al segundo y tercer ataque expuso que, <\/p>\n
(\u2026) se enlistaron una serie de preceptos del CPTSS, que solo pueden servir a la proposici\u00f3n jur\u00eddica en casaci\u00f3n cuando la acusaci\u00f3n se plantea por violaci\u00f3n de medio (\u2026) sin que en este caso se haya formulado el cargo por dicha violaci\u00f3n y, mucho menos, que su argumentaci\u00f3n estuviese dirigida a acreditarla. As\u00ed mismo el supuesto de error de hecho que cita a lo largo de los cargos segundo y tercero relacionado con que el ad quem hubiera dado por demostrado sin estarlo, con fundamento en el art\u00edculo 15 de la Ley 15 de 1959 que la relaci\u00f3n laboral del demandante fue con Cogecar S. A., esto no corresponde a un yerro f\u00e1ctico, se trata de un tema eminentemente jur\u00eddico relacionado con la interpretaci\u00f3n del precepto, que no es posible analizar por el sendero escogido, de igual modo en el segundo se refiere indistintamente a aspectos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos cuando se\u00f1ala: \u00abCon la interpretaci\u00f3n de normas y valoraci\u00f3n de pruebas que hizo el ad quem destroz\u00f3 y desintegr\u00f3 gravemente el concepto de contrato de trabajo\u00bb, y en la tercera acusaci\u00f3n, indica: \u00abCon la interpretaci\u00f3n de normas y valoraci\u00f3n de pruebas que hizo el ad quem desconoci\u00f3 que para la fecha de terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral el \u00fanico contrato de trabajo vigente fue el suscrito por las partes a t\u00e9rmino indefinido\u2026\u00bb. <\/p>\n
Por lo expuesto, concluy\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) [Q]ue [el recurrente] est\u00e1 entremezclando las v\u00edas directa e indirecta en un mismo cargo, las cuales son excluyentes, por raz\u00f3n de que la primera lleva a un error jur\u00eddico, mientras que la segunda, conduce a la existencia de uno o varios errores f\u00e1cticos, por lo que su an\u00e1lisis debe ser diferente y su formulaci\u00f3n por separado. (\u2026) En consecuencia, los cargos se desestiman\u00bb. <\/p>\n
Pues bien, aunque se present\u00f3 la casaci\u00f3n, el tutelante omiti\u00f3 el cumplimiento de los requisitos t\u00e9cnicos se\u00f1alados en los art\u00edculos 90 y 91 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, complementados por las reglas jurisprudenciales fijadas para su procedencia, pues dado su car\u00e1cter riguroso, rogado y extraordinario, estas exigencias son supuestos racionales del recurso que aseguran su debido proceso y no pueden ser suplidos de manera oficiosa. <\/p>\n
En este orden de ideas, lo dispuesto por el \u00f3rgano de cierre no puede calificarse como una trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas b\u00e1sicas del inconforme, toda vez que contrario a lo por \u00e9l entendido, no es viable desatender las exigencias que la normatividad procesal establece en algunos eventos como presupuesto esencial para el \u00abejercicio de un derecho\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esa incuria o falta de cuidado en la proposici\u00f3n del \u00abrecurso de casaci\u00f3n\u00bb, impide que por esta senda se revise el fondo del veredicto emitido por los funcionarios convocados. por tanto, no es de recibo lo alegado por el impugnante en lo atinente a que \u00abno se tomaron el tiempo de revisar cuales eran los contratos existentes, como las pruebas documentales (\u2026) del pago de todas las prestaciones\u00bb, pues ese fue precisamente el aspecto echado de menos por el colegiado de casaci\u00f3n, al aludir que no se \u00abatacaron todos los elementos de prueba que sirvieron de soporte al fallo ni los fundamentos del mismo\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese, adem\u00e1s, que la acci\u00f3n de tutela no puede ser usada como una tercera instancia en la que se reabra un debate suscitado ante los jueces ordinarios, de ah\u00ed que la reclamaci\u00f3n de los impugnantes en punto a que se efectu\u00e9 una nueva valoraci\u00f3n probatoria en sede constitucional sea inaceptable. <\/p>\n
Lo anterior cobra mayor relevancia cuando lo enjuiciado es el examen de las probanzas recaudadas, pues como lo ha reiterado esta Corte, <\/p>\n
(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia \u2026\u00bb (CSJ STC7213-2020, STC5447-2021, memoradas en STC7266-2021). <\/p>\n
Entonces, comoquiera que la directriz controvertida no alberga anomal\u00eda susceptible de ser enmendada por este sendero, se ratificar\u00e1 lo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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