STC3240-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC 3240-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02372-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Mar\u00eda Adela Becerra frente al fallo de 30 de noviembre de 2021, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la recurrente contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura y la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, con vinculaci\u00f3n de las autoridades, partes e intervinientes en el juicio n\u00b0 76109310500220140001401. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
De los anexos y el escrito inicial se extrae que la inconforme demand\u00f3 a Colpensiones para obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n por aportes con fundamento en la Ley 71 de 1998 o, en su defecto, la de vejez del art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, mesadas ordinarias y adicionales, as\u00ed como los intereses moratorios del art\u00edculo 141 del mismo compendio; asunto que correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Laboral de Buenaventura quien concedi\u00f3 las pretensiones (25 feb. 2015), pero el Tribunal en el grado jurisdiccional de consulta revoc\u00f3 lo as\u00ed decidido (2 dic. 2015). Postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte cas\u00f3 la resoluci\u00f3n de segunda instancia (CSJ SL1359-2021, 5 abr.), pero en la sustitutiva revoc\u00f3 la del juzgado (CSJ SL3641-2021 9 ag.). <\/p>\n
En sentir de la promotora las magistraturas acusadas incurrieron en indebida valoraci\u00f3n probatoria porque erraron al hacer el c\u00f3mputo del tiempo de servicios. <\/p>\n
2.-Los convocados se opusieron a las pretensiones. <\/p>\n
3.- El a quo neg\u00f3 el amparo, tras advertir la razonabilidad de las decisiones reprochadas. <\/p>\n
4.- Recurri\u00f3 la impulsora e insisti\u00f3 en que era beneficiaria de la prestaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace debe ser convalidado, comoquiera que esta v\u00eda subsidiaria y residual es inviable frente a los anhelos de la gestora como pasa a explicarse. <\/p>\n
Revisadas las providencias CSJ SL1359-2021 y SL 3641-2021, con las que se finiquit\u00f3 el proceso ordinario laboral objeto de escrutinio, no se advierte que se haya incurrido en alguna v\u00eda de hecho que habilite la intervenci\u00f3n supralegal, pues en el primer prove\u00eddo al estudiar los cargos formulados por la aqu\u00ed accionante, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral tuvo en cuenta el marco normativo, las pruebas y la jurisprudencia que regulaban la materia, y por ello concluy\u00f3 que no era procedente acceder a la concesi\u00f3n de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes. <\/p>\n
En efecto, esa colegiatura se ocup\u00f3, en primera medida, de la viabilidad del reconocimiento y pago de conformidad con el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 9 de la Ley 797 de 2003, en tal raz\u00f3n expres\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) de acuerdo con los supuestos f\u00e1cticos, para la fecha en que cumpli\u00f3 la demandante los 55 a\u00f1os, esto es, el 15 de diciembre de 2003, deb\u00eda contar con 1000 semanas. As\u00ed las cosas, se tiene que, para el sector p\u00fablico, prest\u00f3 servicios entre el 20 de octubre de 1978 y el 18 de julio de 1988, que corresponde a 9 a\u00f1os, 8 meses y 29 d\u00edas, para un total de 3509 d\u00edas, que equivalen a 501,28 semanas y para el ISS cotiz\u00f3, en forma interrumpida, entre agosto de 1998 y diciembre de 2003, 268,57, semanas, que contabilizadas con las del sector p\u00fablico, muestra un total de 769,85, densidad que no le alcanzaba para optar a la pensi\u00f3n bajo la egida de la norma mencionada. <\/p>\n
Ahora bien, si se tomara el periodo cotizado en el ISS, entre los ciclos de agosto de 1998 y noviembre 2009, discontinuos, alcanz\u00f3 a cotizar 525,71 semanas, que, sumadas al servicio p\u00fablico, 501,28, equivalen a 1026,99 semanas, sin contar unas pocas que se detallar\u00e1n m\u00e1s adelante, cuando la m\u00ednima para el 2009 era de 1150 semanas, monto que tampoco le permite adquirir el derecho con la norma en cita. <\/p>\n
Pas\u00f3 luego al an\u00e1lisis de los requisitos ya bajo el Acuerdo 049 de 1990 y, cimentado en el precedente CSJ SL4165-2020, infiri\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) en este asunto no resulta aplicable, toda vez que muy a pesar de ser la actora beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, no pod\u00eda ampararse en el susodicho acuerdo, por cuanto no estructur\u00f3 en \u00e9l una expectativa legitima, toda vez que ingres\u00f3 por primera vez al ISS, el 1\u00b0 de agosto de 1998, es decir, despu\u00e9s de la vigencia del sistema general de pensiones creada por la Ley 100 de 1993 y, por ende, no puede pensionarse bajo de los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales. <\/p>\n
Luego centr\u00f3 su estudio en los presupuestos establecidos en la Ley 71 de 1988 para la pensi\u00f3n por aportes y en ese sentido rese\u00f1\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) no existe discusi\u00f3n que la actora, arrib\u00f3 a los 55 a\u00f1os, el 15 de diciembre de 2003, tambi\u00e9n es cierto, que como se dijo en precedencia, prest\u00f3 servicios al sector p\u00fablico entre el 20 de octubre de 1978 y el 18 de julio de 1988, que corresponde 3509 d\u00edas, que equivalen a 501,28 semanas, n\u00famero de d\u00edas distinto a los que determin\u00f3 el Juez plural. <\/p>\n
Asimismo, tampoco se controvierte que al ISS cotiz\u00f3 interrumpida entre el 1\u00b0 de agosto de 1998 al 30 de noviembre de 2009, periodo que conforme a la historia laboral se lee aport\u00f3 525.71 semanas, m\u00e1s, sin embargo, advierte la Sala, que de cara a este guarismo y al mismo periodo se evidencia que: <\/p>\n
a) en la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 6283 de 2011, cotiz\u00f3 3629 d\u00edas, que equivalen a 518 semanas (f.\u00b0 17 a 19, ib.), <\/p>\n
b) en la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 GNR 182387 de 2013, se obtiene 3680 d\u00edas, que corresponde a 525 semanas (f.\u00b0 23 a 24, ib.), y, <\/p>\n
c) en el hist\u00f3rico detallado de pagos se otea que para el ciclo 2004-01, aparece en la columna de observaciones de \u00abpago en proceso de verificaci\u00f3n\u00bb y en el ciclo 2004-12, se evidencia una inconsistencia, pues no obstante se registra, en la columna de cotizaci\u00f3n pagada por $8.750, en las subsiguientes, se anota, d\u00edas cotizados \u00ab-0-\u00bb y en la de observaciones \u00abno afiliado al r\u00e9gimen subsidiario\u00bb (f.\u00b0 27 a 29, ib.). <\/p>\n
Circunstancias estas que no advirti\u00f3 el ad quem al asumir el estudio del proceso en grado jurisdiccional de consulta, por lo anterior el cargo es fundado y se casar\u00e1 la sentencia. <\/p>\n
En este escenario y dado que en el desenlace se logr\u00f3 derruir la sentencia del Tribunal, ya en sede de instancia recab\u00f3 en los requisitos establecidos en la Ley 71 de 1988, raz\u00f3n por la que en CSJ SL 3641-2021 refiri\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) atendiendo el grado jurisdiccional de consulta, se tiene que al ser la demandante beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, en tanto que, i) para el 1.\u00b0 de abril de 1994, contaba con m\u00e1s de 35 a\u00f1os, pues su natalicio ocurri\u00f3 el 15 de diciembre de 1948 (f.\u00b0 13, del cuaderno principal) y, ii) para cuando entr\u00f3 en vigor el AL 01 de 2005, contaba con m\u00e1s de 750 semanas, pues ten\u00eda en su haber 821.29, persigue el reconocimiento de la pensi\u00f3n por aportes consagrada en el art\u00edculo 7 de la Ley 71 de 1988, de manera que refulge necesario verificar en este asunto, si se dan las condiciones exigidas en dicho dispositivo legal, para optar a la misma, cuyo tenor es el siguiente: <\/p>\n
A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) a\u00f1os de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsi\u00f3n social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendr\u00e1n derecho a una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n siempre que cumplan sesenta (60) a\u00f1os de edad o m\u00e1s si es var\u00f3n y cincuenta y cinco (55) a\u00f1os o m\u00e1s si es mujer\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al cumplimiento de la edad, la actora arrib\u00f3 a los 55 a\u00f1os, el 15 de diciembre de 2003, si en cuenta se tiene, que naci\u00f3 en el mismo mes y a\u00f1o, pero en el a\u00f1o de 1948. <\/p>\n
Frente a la satisfacci\u00f3n de los aportes requeridos en dicha preceptiva, se tiene que, <\/p>\n
i) la demandante prest\u00f3 servicios al sector p\u00fablico entre el 20 de octubre de 1978 y el 18 de julio de 1988, que corresponde a 3509 d\u00edas, que equivalen a 501,28 semanas, (f.\u00b0 35 36 y 49, ib). <\/p>\n
ii) conforme al reporte de semanas cotizadas en pensi\u00f3n actualizado, allegado por Colpensiones, en virtud al requerimiento que se le hizo con el fin de determinar con certeza el n\u00famero de aportes que realiz\u00f3 la actora en raz\u00f3n a las inconsistencias advertidas en sede casacional, se desprende que entre el 1\u00b0 de agosto de 1998 y el 30 de septiembre de 2009, efectu\u00f3 efectivamente, en forma interrumpida, 525.71 (f.\u00b0 52 a 54, del cuaderno de la Corte). <\/p>\n
Y en ese orden de ideas concluy\u00f3 que no existi\u00f3 la infracci\u00f3n endilgada, frente a la interpretaci\u00f3n normativa como quiera que, <\/p>\n
(\u2026) al contabilizar aquellas semanas arroja un total de 1026.99, que convertidas en a\u00f1os se obtiene 19,69, esto es, inferior a los 20 a\u00f1os o 1.028,57 semanas exigidas por el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 71 de 1988, a lo que se a\u00f1ade que tampoco se puede aproximar, lo que solo es posible cuando la fracci\u00f3n de semanas de cotizaci\u00f3n supera el decimal superior a 0,5, mientras que en el caso qued\u00f3 restando 1,58 (CSJ SL982-2019 y CSJ SL3722-2019 entre otras). <\/p>\n
Por lo precedente, no le asiste el derecho a Mar\u00eda Adela Becerra de percibir la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes que reclama y, por tanto, se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n del Juez de primera instancia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los veredictos en cita no lucen caprichosos o arbitrarios, en tanto se advirtieron con suficiencia las razones por las cuales no era posible acceder a los pedimentos prestacionales, habida cuenta que, seg\u00fan las probanzas allegadas en ese momento al plenario daban cuenta que la demandante, en realidad no cumpl\u00eda con los requisitos para ser beneficiaria de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes establecidos en la Ley 71 de 1988. <\/p>\n
En suma, la protecci\u00f3n invocada debe negarse porque no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n endilgada, toda vez que las consideraciones expuestas tanto en la sentencia que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario como en la de instancia, no resultan irrazonables, sin que devenga propio que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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