STC3243-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3243-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02655-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el primero de febrero del 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por H\u00e9ctor Salazar Salazar contra la Sala de Descongesti\u00f3n No 2 Especializada en lo Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes del proceso 11001 31 05 002 2016 00167 01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El convocante solicit\u00f3 que se deje sin efectos la sentencia de casaci\u00f3n proferida por la accionada, as\u00ed como que se le ordene proferir una nueva providencia teniendo en cuenta el precedente definido para la interpretaci\u00f3n de las disposiciones convencionales de naturaleza pensional. <\/p>\n
En sustento, sostuvo que promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral contra el Banco de la Rep\u00fablica a efecto de obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n de conformidad con el art\u00edculo 18 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 1997-1999 suscrita entre el sindicato Anebre y el demandado, esto por haber laborado por m\u00e1s de 20 a\u00f1os y haber cumplido la edad m\u00ednima exigida el 6 de junio de 2013. Adicionalmente, como pretensi\u00f3n subsidiaria, reclam\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 78 del Reglamento Interno de Trabajo expedido en el a\u00f1o 1985. Sin embargo, la demanda fue desestimada en primera y segunda instancia por no haber alcanzado la edad necesaria antes del 31 de julio de 2010, fecha en que el acuerdo colectivo que lo cobijaba perdi\u00f3 vigencia como resultado del Acto Legislativo n.\u00ba 01 de 2005. La sala accionada no cas\u00f3 la sentencia (24 may. 2021) al determinar que deben confluir el tiempo de servicios y la edad m\u00ednima para que la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n se cause. <\/p>\n
En consecuencia, el convocante se duele de dos aspectos: Al interpretar otras Convenciones Colectivas la Sala objetada ha concedido prestaciones pensionales convencionales s\u00f3lo con el cumplimiento del tiempo de servicios y al no aplicar esta interpretaci\u00f3n en este caso, se evidencia un trato desigual; la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de las presentes disposiciones colectivas constituye un defecto sustantivo, pues estas deben ser valoradas a la luz de principios del derecho laboral como el in dubio pro operario y la favorabilidad. <\/p>\n
2. El accionado indic\u00f3 que se ci\u00f1\u00f3 al precedente aplicable y que no hizo uso del principio de favorabilidad porque la \u00fanica interpretaci\u00f3n permitida exige la conjunci\u00f3n de ambos requisitos, mismos que no se cumplieron por el actor, as\u00ed como tampoco los necesarios para acceder a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n con 30 o m\u00e1s a\u00f1os de servicios. El Tribunal hizo\u2000un recuento de las actuaciones surtidas. El Banco de la Rep\u00fablica manifest\u00f3 que en el instrumento colectivo no hay duda respecto a la voluntad de las partes al estipular que la edad es una exigencia para que se cause la prestaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia no accedi\u00f3 a la s\u00faplica al concluir que no existi\u00f3 una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la parte actora, pues lo que esta busca es que por v\u00eda de tutela se acoja la interpretaci\u00f3n que \u00e9sta predica, por lo que no se configura el requisito de procedibilidad de acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
4. El gestor impugn\u00f3 apoyado en sus argumentos iniciales y adem\u00e1s asegur\u00f3 que el a quo no tuvo en cuenta la vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, la administraci\u00f3n de justicia, defensa, legalidad y a la seguridad social, aleg\u00f3 nuevamente que la sentencia objetada desconoce precedentes recientes como la SL3083-2021 e insisti\u00f3 en que el art\u00edculo 18 de la norma colectiva s\u00ed da lugar a m\u00e1s de una interpretaci\u00f3n y hace una comparaci\u00f3n con el texto de otras convenciones en las que se ha determinado que la edad es s\u00f3lo un requisito de exigibilidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La sentencia refutada data del 24 de mayo de 2021 y la solicitud de amparo fue instaurada el 15 de diciembre de 20211, por fuera de los seis meses fijados por la jurisprudencia como plazo prudencial para su presentaci\u00f3n, de lo que se infiere que incumple el presupuesto de inmediatez; no obstante, como la discusi\u00f3n gira en torno a un derecho pensional y el solicitante es sujeto de especial protecci\u00f3n, se tendr\u00e1 por oportuna su intervenci\u00f3n y se proceder\u00e1 al an\u00e1lisis del caso. <\/p>\n
En primer lugar, es importante mencionar que la Corte Constitucional en la Sentencia SU-053 de 2015, se\u00f1al\u00f3 los criterios que permiten concluir cu\u00e1ndo se est\u00e1 ante un precedente constitucional con efecto vinculante: <\/p>\n
\u201ci) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jur\u00eddico semejante al propuesto en el nuevo caso y iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente. De no comprobarse la presencia de estos tres elementos esenciales, no es posible establecer que un conjunto de sentencias anteriores constituye precedente aplicable al caso concreto, por lo cual al juez no le es exigible dar aplicaci\u00f3n al mismo\u201d2. <\/p>\n
Revisada la providencia objeto de reproche, no se advierte la vulneraci\u00f3n que alega el censor, pues no es posible concluir el desconocimiento del precedente judicial, porque los casos a los que este hace alusi\u00f3n no guardan similitud con el suyo al ser aplicables a otras convenciones colectivas. Al respecto en el fallo impugnado se indic\u00f3: <\/p>\n
Anclado a esa l\u00ednea de pensamiento, esta Corte ya tuvo la oportunidad de pronunciarse frente a la cl\u00e1usula convencional en cuesti\u00f3n, advirtiendo que de su comprensi\u00f3n completa, se extrae objetivamente que la causaci\u00f3n de la pensi\u00f3n colectiva se at\u00f3 tanto al tiempo de servicios de 20 a\u00f1os, como a la edad m\u00ednima de 55 para los hombres y 50 para las mujeres, sin que fuera posible inferir que la edad se estipul\u00f3 como condici\u00f3n de mera exigibilidad. (negrillas propias). <\/p>\n
Es as\u00ed como los precedentes aplicados al fallo, por el contrario, s\u00ed se refieren al art\u00edculo 18 de la CCT de 1997-1999, los cuales infieren que dicha norma comporta dos formas de reconocimiento de derechos pensionales en diferentes art\u00edculos, uno en el que para la causaci\u00f3n concurren edad y tiempo y otro en raz\u00f3n de mayor tiempo de servicio, en la que el derecho se causa sin consideraci\u00f3n a la edad: <\/p>\n
\u00abEsa conclusi\u00f3n seg\u00fan la cual -los requisitos de causaci\u00f3n del derecho los son, concurrentemente, el tiempo de servicios y la edad-, se ve reforzada con el hecho de que los art\u00edculos subsiguientes del instrumento colectivo, consagran otras formas de reconocimiento de la prestaci\u00f3n, donde en raz\u00f3n a un mayor lapso de tiempo de servicios, con relaci\u00f3n al m\u00ednimo legal aludido en el primer precepto, para que se pueda acceder a la prestaci\u00f3n \u00absin consideraci\u00f3n a la edad\u00bb, as\u00ed: (\u2026) <\/p>\n
Lo anterior sirve para diferenciar que el instrumento colectivo consagra dos formas de reconocimiento de derechos pensionales; i) una forma con consideraci\u00f3n a la edad como factor concurrente al tiempo de servicios para su causaci\u00f3n y, ii) otra forma, que en raz\u00f3n de un mayor tiempo de servicios -con relaci\u00f3n al m\u00ednimo- se causa sin consideraci\u00f3n a edad alguna. (CSJ SL1038-2021)\u00bb (negrillas propias). <\/p>\n
De esto se deduce que no existen diversas interpretaciones que permitan la utilizaci\u00f3n del principio in dubio pro operario, ni otras disposiciones aplicables por favorabilidad, lo que evidencia que no existe tal defecto sustantivo por indebida interpretaci\u00f3n; al respecto se explic\u00f3 en el fallo opugnado: <\/p>\n
\u00abAdem\u00e1s, a la par de lo anotado, la Sala descart\u00f3 la posibilidad de acudir al principio de favorabilidad invocado por el recurrente, tras determinar que la normativa colectiva solo permit\u00eda la interpretaci\u00f3n relativa a la conjunci\u00f3n de ambos requisitos, pues al analizar el acuerdo en su conjunto pod\u00eda avizorarse que la voluntad de las partes fue establecer otras formas de consolidar el derecho, sin sujeci\u00f3n a la edad.\u00bb (negrillas propias). <\/p>\n
En consecuencia, luego de establecer la interpretaci\u00f3n aplicable se determin\u00f3: <\/p>\n
Ahora bien, ante el hecho incontrovertido que el recurrente arrib\u00f3 a la edad m\u00ednima exigida el 6 de junio de 2013, es claro que las exigencias previstas en la norma colectiva no se cumplieron en su vigencia y, por tanto, no es posible el reconocimiento de la prestaci\u00f3n, pues pese a las pr\u00f3rrogas ulteriores de la convenci\u00f3n, esta solo despleg\u00f3 sus efectos jur\u00eddicos por el t\u00e9rmino inicialmente pactado, hasta el 31 de julio de 2010 por virtud de la reforma constitucional, como se explic\u00f3 en decisi\u00f3n CSJ SL2798-2020\u00bb (negrillas propias) <\/p>\n
Adicionalmente, se descart\u00f3 que el gestor pudiese acceder a pensi\u00f3n por el art\u00edculo 78 del reglamento interno del trabajo debido a que este perdi\u00f3 vigencia antes de que el actor cumpliera con la totalidad de los requisitos, al respecto se indic\u00f3: <\/p>\n
Esta misma l\u00ednea de interpretaci\u00f3n ha sido determinada por la Corte Constitucional al estudiar este mismo acuerdo colectivo, concluyendo en sentencia SU555\/14: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) No obstante, el an\u00e1lisis de los casos concretos permite concluir que ninguno de los accionantes cuenta con un derecho adquirido o con una expectativa leg\u00edtima para acceder a las pensiones de jubilaci\u00f3n convencionales, en la medida que las mismas, al momento en que los petentes cumplieron los requisitos, ya no se encontraban vigentes, de conformidad con las nuevas reglas constitucionales.\u00bb3 (Subrayas propias) <\/p>\n
De lo anterior, resulta ostensible que el prove\u00eddo refutado est\u00e1 soportado en una interpretaci\u00f3n razonable que la autoridad desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n, por lo que ruego no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por ende, se ratificar\u00e1 la resoluci\u00f3n refutada, comoquiera que no se advierte la vulneraci\u00f3n que alega el censor, por tanto, no hay desconocimiento del precedente judicial ni tampoco el defecto sustantivo manifestado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan consta en el acta de reparto obrante en el expediente <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional, Sentencia SU-053 de 12 de febrero de 2015. <\/p>\n
3\u0002 Corte Constitucional, Sentencia SU555\/14 del 24 de julio de 2014. <\/p>\n
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STC3243-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC3243-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02655-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el primero de febrero del 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62169","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62169","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62169"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62169\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62169"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62169"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62169"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}