STC3383-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3383-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2022-00508-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre y al m\u00ednimo vital, que considera conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la decisi\u00f3n proferida en segunda instancia en el marco del asunto disciplinario que se promovi\u00f3 en su contra, con rad. 2017-00291. <\/p>\n
Solicita entonces, que (i) \u00abse declare la suspensi\u00f3n provisional inmediata sobre la decisi\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial del 23 de febrero del 2022, dentro del proceso disciplinario N\u00b0 520011102000 2017 00291 01, que modifica la sentencia de 31 de enero de 2020 que profiri\u00f3 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Nari\u00f1o Por cuanto que la citada decisi\u00f3n vulnera los art\u00edculos 29 de la Constituci\u00f3n Nacional, los art\u00edculos 23 y 24 de la Ley 1123 de 2007, y la jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb; (ii) y que se declare la \u00abnulidad de la decisi\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial del 23 de febrero del 2022, dentro del proceso disciplinario N\u00b0 520011102000 2017 00291 01, la cual revoca parcialmente el fallo del 31 de enero de 2020, emitido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nari\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento de lo reclamado aduce, en lo medular, que no fue enterada de \u00abvarias de las diligencias de las etapas procesales en el proceso objeto de la acci\u00f3n\u00bb, pues los enteramientos se remitieron \u00aba una direcci\u00f3n de la ciudad de Pitalito, y las posteriores remitidas a Mocoa no fueron entregadas\u00bb, situaci\u00f3n que le impidi\u00f3 ejercer debidamente su leg\u00edtimo derecho de contradicci\u00f3n y defensa, por lo que pidi\u00f3 la anulaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, pero la \u00abmisma que no fue resuelta conforme lo indica el inciso 3 del art\u00edculo 106 de la Ley 1123 de 2007\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente relat\u00f3, que fue sancionada \u00aben proceso en el cual oper\u00f3 el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n\u00bb, pretextando la existencia de una conducta \u00abde ejecuci\u00f3n continuada\u00bb, sin reparar en que perdi\u00f3 comunicaci\u00f3n con sus entonces representados, m\u00e1s a\u00fan cuando se incurri\u00f3 en una sesgada valoraci\u00f3n de los medios de prueba, pues se otorg\u00f3 plena credibilidad a los declarantes dentro del asunto, sin advertir las serias inconsistencias en las que incidieron. <\/p>\n
Como colof\u00f3n, aleg\u00f3 tambi\u00e9n una falta de defensa t\u00e9cnica, en la medida en que esa \u00abgarant\u00eda constitucional no se limita a que se nombre un apoderado para que asista a las diligencias, sino que ejerza de manera efectiva la defensa de los intereses del representado y dentro del expediente no existe evidencia alguna de la gesti\u00f3n defensorial bien sea el de ubicaci\u00f3n de la suscrita, solicitudes probatorias que permitieran desvirtuar las afirmaciones de los quejosos o contrariamente aquellas que permitieran corroborar las afirmaciones realizadas en la versi\u00f3n libre rendida por m\u00ed, permitiendo evidenciar que los apoderados no contaban con la experiencia suficiente ni con los conocimientos necesarios\u00bb para adelantar una estrategia jur\u00eddica en su favor, lo que, en su criterio, viabiliza la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 9 de marzo de los corrientes, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Magistrada sustanciadora de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial explic\u00f3, que en efecto, conoci\u00f3 del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en contra de la decisi\u00f3n de 31 de enero de 2020, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nari\u00f1o, a trav\u00e9s de la cual sancion\u00f3 a la quejosa con la suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por un periodo de seis (6) meses, \u00abpor la comisi\u00f3n de las faltas tipificadas en los art\u00edculos 34, literal d), 35, numeral 4\u00b0 y 37, numeral 1\u00b0\u00bb; que en sentencia del pasado 23 de febrero, explic\u00f3 con detalle las razones de la confirmaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, sin que se advierta un actuar reprochable de su parte, por lo que pidi\u00f3 denegar el amparo incoado. <\/p>\n
Para contextualizar, refiri\u00f3 que la sanci\u00f3n atribuida a la aqu\u00ed querellante se sustent\u00f3 en la omisi\u00f3n de aqu\u00e9lla en la presentaci\u00f3n de una \u00abdemanda ejecutiva para el cobro judicial de una obligaci\u00f3n civil, a pesar de haber asumido el compromiso profesional el 8 de mayo de 2013, con lo cual habr\u00eda abandonado por completo la gesti\u00f3n encomendada; (ii) no inform\u00f3 con veracidad a sus clientes la constante evoluci\u00f3n del asunto encomendado, toda vez que la disciplinable le hizo creer a sus contratantes que la gesti\u00f3n se estaba adelantando normalmente, que \u00abtodo iba bien\u00bb, hasta el momento que tuvieron comunicaci\u00f3n con ella; y (iii) no entreg\u00f3 a su cliente los documentos recibidos en virtud de la gesti\u00f3n profesional, es decir, aquellos entregados por el juzgado en originales, los cuales reposaban en el proceso declarativo n.\u00b0 2014-00025\u00bb. Precis\u00f3, adem\u00e1s que los argumentos usados por la quejosa en sede de tutela fueron los mismos con los que se sustent\u00f3 el recurso de alzada. <\/p>\n
b. El Consejo Seccional de la Judicatura de Nari\u00f1o, remiti\u00f3 copia del proceso disciplinario adelantado en contra de la abogada Falla Aroca. <\/p>\n
c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; ahora, trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa que la censura de la ciudadana Dilsa Mary est\u00e1 encaminada a cuestionar, concretamente, la decisi\u00f3n proferida el 23 de febrero actual por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina, a trav\u00e9s de la cual se desestim\u00f3 la solicitud de nulidad alegada por la quejosa; se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso disciplinario; y se confirm\u00f3 \u00abla declaratoria de responsabilidad disciplinaria en contra de la abogada Dilsa Mary Falla Aroca, por la comisi\u00f3n de las faltas contra el deber de honradez y de diligencia profesional, de acuerdo a la imputaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica prevista en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 35 y numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 37 de la Ley 1123 de 2007, conforme se expuso en la parte motiva de esta decisi\u00f3n\u00bb, en el marco del proceso disciplinario que Luz Carillo Montien promovi\u00f3 en su contra, pues en su sentir, se incurri\u00f3 en causal de precedencia del amparo por incurrir en una indebida notificaci\u00f3n y defectuosa valoraci\u00f3n de los medios de prueba, y, carecer de una verdadera defensa t\u00e9cnica que influy\u00f3 en las resultas de la sanci\u00f3n. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial para resolver el asunto en la forma en que lo hizo, y confirmar la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual hall\u00f3 a la tutelante responsable disciplinariamente por lo comisi\u00f3n de las faltas contra los deberes de diligencia profesional y honradez, en lo modalidad culposa; y por lo comisi\u00f3n de la falta contra el deber de lealtad con el cliente, en la modalidad dolosa, en lo que interesa, precis\u00f3 en primera medida que no era viable declarar la anulaci\u00f3n de la decisi\u00f3n confutada en la medida en que, \u00abde la revisi\u00f3n del expediente, se pudo constatar que el juzgador disciplinario respet\u00f3 las garant\u00edas procesales de la investigada y su derecho a la defensa t\u00e9cnica en el curso de la presente investigaci\u00f3n. En ese sentido, se observa que mediante despacho comisorio n.\u00b0 0191- 2017 tramitado por el Juzgado Primero (1\u00b0) Civil Municipal de Mocoa Putumayo, la abogada disciplinada tuvo conocimiento pleno del adelantamiento de las presentes diligencias, oportunidad en la cual, la aqu\u00ed accionante rindi\u00f3 su versi\u00f3n libre e incluso, con posterioridad actu\u00f3 dentro del asunto. <\/p>\n
En ese orden, explic\u00f3 que \u00abmediante memorial del 16 de agosto de 201730 el Juzgado Primero (1\u00b0) Civil Municipal de Mocoa Putumayo, remite el despacho comisorio e informa sobre el cumplimiento de lo solicitado, lo cual comprendi\u00f3 la notificaci\u00f3n del auto de apertura y traslado del escrito de queja, la recepci\u00f3n de la versi\u00f3n libre y comunicaci\u00f3n de la realizaci\u00f3n de la sesi\u00f3n de audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional fijada para el d\u00eda 09 de octubre de 2017\u00bb; sin embargo, la disciplinada no compareci\u00f3, raz\u00f3n por la cual dada la inasistencia injustificada fue declarada persona ausente y se le design\u00f3 abogado de oficio, quien ejerci\u00f3 la \u00abrepresentaci\u00f3n de la disciplinable, (\u2026) realiz\u00f3 algunas solicitudes probatorias que estim\u00f3 pertinentes, as\u00ed como tambi\u00e9n hizo \u00e9nfasis en la versi\u00f3n de la disciplinable y solicit\u00f3 en los alegatos conclusivos que, en caso de imponerse una sanci\u00f3n en contra de la disciplinada, se tuviera en cuenta la ausencia de antecedentes disciplinarios\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese panorama, consider\u00f3 la Magistratura convocada que las prerrogativas superiores de la convocante fueron debidamente respetadas por el juez del litigio, y por lo tanto, no resultaba admisible \u00abdecretar la nulidad de lo actuado por la alegada falta de defensa t\u00e9cnica de la disciplinable, comoquiera que la raz\u00f3n invocada es, en gran medida, atribuible a la abogada investigada\u00bb. En contraste, reflexion\u00f3 que si la accionante \u00abestimaba que se deb\u00edan solicitar ciertas pruebas espec\u00edficas para desvirtuar el dicho de la quejosa y afirmar su inocencia, as\u00ed como adoptar cierta estrategia defensiva, al menos debi\u00f3 asistir a las audiencias celebradas en el curso de la actuaci\u00f3n, luego de haber rendido su versi\u00f3n libre en aras de demostrar la veracidad de sus afirmaciones\u00bb. <\/p>\n
Aclarado lo anterior, revel\u00f3 que \u00ablas conductas materias de investigaci\u00f3n y por las cuales fue sancionada la investigada en primera instancia consistieron, por un lado, en que la abogada Dilsa Mary Falla Aroca no present\u00f3 la demanda ejecutiva para el cobro judicial de una obligaci\u00f3n civil, a pesar de haber asumido el compromiso profesional el 8 de mayo de 2013, con lo cual habr\u00eda abandonado y descuidado por completo la gesti\u00f3n encomendada, y tampoco inform\u00f3 con veracidad a sus clientes la constante evoluci\u00f3n del asunto encomendado. Por otro lado, se investig\u00f3 y sancion\u00f3 a la disciplinable por no entregar a su poderdante los documentos recibidos en virtud de la gesti\u00f3n profesional\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, enfatiz\u00f3 en que las conclusiones a las que arrib\u00f3 se sustentaron en el \u00aban\u00e1lisis integral de las pruebas recaudadas por la primera instancia (ratificaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de la queja, testimonio del se\u00f1or Jimmy Garc\u00eda y la documental allegada al plenario), se puede concluir que la abogada Dilsa Mary Falla Aroca si recibi\u00f3 por parte del despacho judicial los documentos correspondientes a la gesti\u00f3n realizada ante el Juzgado Primero (1\u00b0) Promiscuo Municipal de Puerto As\u00eds, en el proceso declarativo con radicado n.\u00b0 2014-00025-00, los cuales no fueron entregados a su cliente a la mayor brevedad posible, por cuanto los hab\u00eda extraviado\u00bb. Dijo, adem\u00e1s, que las faltas disciplinables de la tutelante quedaron debidamente demostradas \u00aba partir del relato de la quejosa, del testimonio del se\u00f1or Jimmy Garc\u00eda y de las pruebas documentales obrantes en la actuaci\u00f3n disciplinaria, de las cuales se observ\u00f3 de manera clara que la voluntad del poderdante siempre fue reclamar la obligaci\u00f3n reconocida en su favor\u00bb e incluso de la misma declaraci\u00f3n rendida en versi\u00f3n libre por la ahora disciplinada. <\/p>\n
En punto a terminar el asunto \u00aben relaci\u00f3n con la falta tipificada en el art\u00edculo 34, literal d) de la Ley 1123 de 2007, toda vez que la potestad sancionatoria para esa falta prescribi\u00f3, a m\u00e1s tardar, el 28 de junio de 2021, raz\u00f3n por la cual, para esa fecha, la acci\u00f3n disciplinaria no pod\u00eda proseguirse\u00bb, consider\u00f3 que \u00abel art\u00edculo 30 de la Ley 734 de 2002, norma que es clara en precisar que el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n empezar\u00e1 a contarse \u00abpara las [conductas] omisivas cuando haya cesado el deber de actuar\u00bb. <\/p>\n
Siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa se\u00f1al\u00f3, que la prescripci\u00f3n de la conducta constitutiva de la falta disciplinable por la debida diligencia profesional \u00abinicia a contarse a partir del momento en que haya cesado el deber de actuar profesional\u00bb, el cual, \u00abhabr\u00eda cesado, a m\u00e1s tardar, el d\u00eda antes del vencimiento del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva pretendida por el poderdante\u00bb y, por lo tanto, la obligaci\u00f3n de pagar la suma de dinero en favor del se\u00f1or Jimmy Garc\u00eda Carrillo ser\u00eda exigible desde el 30 de octubre de 201242, se tiene que la acci\u00f3n ejecutiva prescribir\u00eda, al menos, el 30 de octubre de 2017, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil. Como el d\u00eda antes de la aludida fecha habr\u00eda cesado el deber de actuar profesional omitido por el cual fue sancionada la disciplinada en primera instancia, a partir de all\u00ed empezar\u00eda a contabilizarse el t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n disciplinaria, el cual ocurrir\u00eda el 29 de octubre de 2022, por lo que a la fecha la acci\u00f3n disciplinaria no se encuentra prescrita para esta conducta\u00bb <\/p>\n
Frente a la prescripci\u00f3n de la falta de honradez \u00abdescrita en el art\u00edculo 35, numeral 4\u00b0 de la Ley 1123 de 2007\u00bb advirti\u00f3 que \u00abla misma no se encuentra prescrita, en raz\u00f3n a que no se encontr\u00f3 acreditada por la primera instancia la devoluci\u00f3n de la totalidad de los documentos recibidos por la abogada, comoquiera que la conducta es de ejecuci\u00f3n permanente, tal y como lo ha sostenido en precedencia esta Corporaci\u00f3n y de cara a la falta de lealtad con el cliente, la cual consisti\u00f3 en que la disciplinable no inform\u00f3 con veracidad a su cliente sobre la evoluci\u00f3n del asunto encomendado, toda vez que la disciplinable le hizo creer a sus contratantes que la gesti\u00f3n se estaba adelantando normalmente, que \u00abtodo iba bien\u00bb, hasta el momento que tuvieron comunicaci\u00f3n con ella. N\u00f3tese que la primera instancia no determin\u00f3 con exactitud hasta cu\u00e1ndo la abogada investigada habr\u00eda suministrado informaci\u00f3n falaz a la quejosa y su hijo. Aunado a ello, existen versiones encontradas respecto de la \u00faltima fecha en que tuvieron comunicaci\u00f3n con la profesional del derecho, toda vez que la disciplinable menciona que lo fue desde el 28 de junio de 2016, el poderdante declar\u00f3 en su testimonio que desde el 2015 no volvieron a saber de la disciplinable y la quejosa afirm\u00f3 en su ampliaci\u00f3n y ratificaci\u00f3n de la queja que desde el 2014 no volvi\u00f3 a saber de la abogada. En s\u00edntesis, si se opta por la \u00faltima comunicaci\u00f3n sostenida entre la abogada y la quejosa, esto es, el 28 de junio de 2016, fecha en la que habr\u00eda sido brindada la informaci\u00f3n falsa por parte de la disciplinada, la acci\u00f3n disciplinaria en relaci\u00f3n con esta conducta estar\u00eda prescrita, puesto que a partir de aquella data se iniciar\u00eda la contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria\u00bb <\/p>\n
Por lo tanto, consider\u00f3 que esa falta estaba prescrita desde el 28 de junio de 2021, y por lo mismo, dijo, era procedente terminar el proceso disciplinario adelantando en contra de la aqu\u00ed quejosa, frente a la \u00abfalta descrita en el art\u00edculo 34, literal d) de la Ley 1123 de 2007 como quiera que la actuaci\u00f3n no pod\u00eda iniciarse o proseguirse ante la ocurrencia de la prescripci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
4. En ese orden y m\u00e1s all\u00e1 que la Sala proh\u00edje o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende el peticionario del amparo (all\u00ed disciplinada), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir sobre la interpretaci\u00f3n normativa y probatoria. <\/p>\n
5. T\u00e9ngase en cuenta que a diferencia de lo considerado por la gestora del amparo, la decisi\u00f3n de segunda instancia criticada se apoy\u00f3 en la normatividad aplicable y el an\u00e1lisis conjunto de los medios de prueba, de los que precisamente extrajo, entre otras, que la quejosa dej\u00f3 de acudir al proceso de forma injustificada y, por ello, le fue designado un defensor de oficio, sin que por esta causa pueda alegarse una nulidad por indebida notificaci\u00f3n; que la abogada Dilsa Mary desatendi\u00f3 la labor que le fue encomendada como profesional del derecho, sin que en esa valoraci\u00f3n se hayan desconocido las prerrogativas superiores de aqu\u00e9lla, pues incluso la quejosa rindi\u00f3 versi\u00f3n libre dentro el asunto en la que m\u00e1s all\u00e1 de justificar su actuar no desconoci\u00f3 la omisi\u00f3n de su actuaci\u00f3n; y, que solo una de las conductas sancionables (lealtad con el cliente) se encontraba prescrita y en ese sentido se modific\u00f3 la sentencia. <\/p>\n
Por lo tanto, se advierte que lo realmente pretendido por aqu\u00e9lla es anteponer su criterio conforme a sus intereses, sin que pueda en ello intervenir el juez de tutela, a quien \u00able est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1872-2022). <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, frente a la presunta falta de defensa <\/p>\n
t\u00e9cnica alegada por la gestora del amparo, suficiente con referir que la misma se encuentra descartada, dado que tambi\u00e9n qued\u00f3 evidenciado al interior del tr\u00e1mite, que si la quejosa estuvo representada por defensor de oficio obedeci\u00f3 a la incomparecencia injustificada dentro del asunto, por lo que fue declarada persona ausente en el marco de \u00e9ste; por lo tanto, nada le impidi\u00f3 ejercer su propia defensa en procura de sus intereses, aunado a que \u00abpara la Sala afirmar que existe vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa que se ejerce mediante abogado, no puede simplemente se\u00f1alarse la ausencia de actos tales como la interposici\u00f3n de recursos, la presentaci\u00f3n de alegatos, la solicitud de pruebas, etc., con un absoluto abandono del cargo, pues si bien \u00e9stas suelen coincidir con aquellas manifestaciones de la actividad defensiva, no constituyen en estricto sentido, en la mayor\u00eda de los casos, m\u00e1s que aparentes expresiones del ejercicio de la defensa que no siempre es posible confundir con el derecho mismo, ya que \u00e9ste puede presentarse de diversas formas como estrategia defensiva, sin que ello de modo alguno pueda compararse con la evidente desatenci\u00f3n irresponsable de los compromisos inherentes al defensor (STC1637-2022). <\/p>\n
7. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3383-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC3383-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2022-00508-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- ANTECEDENTES 1. La accionante reclama la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62183","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62183","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62183"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62183\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62183"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62183"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62183"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}