STC3389-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3389-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00805-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Juliana Guti\u00e9rrez Botero contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa misma urbe, la que se hace extensiva a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso ejecutivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada de primer grado, con la medida cautelar decretada frente al inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula No. 375-49376 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartago, ubicado en la \u00abCra 4\u00aa # 9-73\u00bb del Conjunto Residencial y Comercial San Francisco, en el marco del proceso ejecutivo singular coercitivo adelantado por Fernando Osorio Osorio contra Diego A. Trujillo Ram\u00edrez, con radicado No. 2004-00225. <\/p>\n
Requiere la accionante, en ultimas, que se ordene al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, \u00abdecretar el desistimiento t\u00e1cito de la medida cautelar que est\u00e1 inscrita en la anotaci\u00f3n n\u00famero 13 del folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 375 \u2013 49376\u00bb y, de manera subsidiaria, \u00abque se le requiera a dicha parte para que realice actuaci\u00f3n tendiente a perfeccionar dicha medida, es decir, que se lleve a cabo la diligencia de secuestro del dicho inmueble\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce la gestora, en lo fundamental, que a la luz de la ejecuci\u00f3n mixta que se adelant\u00f3 por parte del extinto Banco Granahorrar frente al se\u00f1or Diego Trujillo (compulsado dentro del proceso objeto de las r\u00e9plicas), radicada con el No. 2002-00174, y del que conoci\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartago, luego de subrogarse en los derechos de esa entidad bancaria, le fue adjudicado el mentado predio (que tambi\u00e9n se halla cautelado en el coercitivo aqu\u00ed discutido), por la figura de daci\u00f3n en pago. <\/p>\n
Refiere que una vez intent\u00f3 inscribir dicho acto el 18 de septiembre de 2007, la mentada Oficina Registral le comunic\u00f3 que no era posible ante la vigencia del embargo decretado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, por lo que mediante memoriales adiados 13 de agosto de 2014, 12 de noviembre de 2015 y 6 de septiembre de 2019, a trav\u00e9s de su apoderado, solicit\u00f3 al Despacho convocado la terminaci\u00f3n del ejecutivo con Rad. No. 2004-00225, por desistimiento t\u00e1cito, pedimentos todos denegados. <\/p>\n
Alega que \u00ab[l]os fundamentos que ha tenido el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira para negar lo solicitado\u00bb, se contraen a que no puede decretarse tal dimisi\u00f3n frente a la cautela, porque \u00abel proceso no ha terminado\u00bb, pero lo cierto es que, no existe actividad alguna por parte del all\u00ed demandante pese a que desde de su iniciaci\u00f3n han transcurrido m\u00e1s de 15 a\u00f1os, y aun cuando pendiente se encuentra por practicar la diligencia de secuestro, momento en el cual podr\u00eda ejercer su defensa. <\/p>\n
Finalmente hizo \u00e9nfasis en que, su \u00abataque no va dirigido contra el proceso, sino espec\u00edficamente contra la medida por cuanto habiendo sido decretada y practicada hace [tantos] (\u2026) a\u00f1os, la parte que la solicit[\u00f3] no ha hecho lo de su cargo para que la dicha cautela tenga su pleno desarrollo y efecto; y el juzgado al no requerirlo para que la perfeccione ha impedido que pueda (…) ejercer (su) derecho de contradicci\u00f3n en el momento procesal que corresponde\u00bb (resalta la Sala), motivo por el cual acude a la presente herramienta excepcional, en busca de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas primarias que invoc\u00f3. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 11 de marzo hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, adem\u00e1s de remitir el link de acceso al expediente contentivo del juicio coercitivo blanco de las quejas, solicit\u00f3 la desestimaci\u00f3n del amparo, luego de explicar al efecto, que \u00aben torno al punto espec\u00edfico de la medida de embargo, de la que afirma la tutelante hace casi 15 a\u00f1os fue decretada, sin que la parte que la solicit\u00f3 haya hecho lo de su cargo, para que la misma tuviera pleno desarrollo, am\u00e9n que no se ha requerido a la parte actora para que perfeccione la medida, impidiendo de esta forma que ella pueda ejercer su derecho de contradicci\u00f3n en el momento procesal, cabe destacar, que al revisar el cuaderno 004 de medidas cautelares, se observa que a p\u00e1gina 35 reposa auto de fecha 28 de 2020, en la que esta c\u00e9lula judicial orden\u00f3 requerir a la parte ejecutante, con el fin que imprimiera agilidad al perfeccionamiento de las medidas, en especial a la relacionada con el secuestro del bien inmueble con matr\u00edcula No 375- 49396\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, puso de presente que \u00aben lo que respecta a la pretensi\u00f3n de decretar el desistimiento t\u00e1cito y de ordenar el levantamiento de la medida de embargo, la misma no resulta viable, pues en este caso no se cumplen los presupuestos establecidos en el art\u00edculo 317 numeral 2 literal b C.G.P, porque el proceso cuenta con sentencia y para que opere el desistimiento t\u00e1cito el plazo es de dos (2) de inactividad y la \u00faltima actuaci\u00f3n data de julio 12 de 2021, consistente en auto por medio del cual se modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito (C01 principal archivo 008)\u00bb. <\/p>\n
b. A la fecha de registro del fallo no se hab\u00edan recibido m\u00e1s respuestas por parte de los intervinientes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela, como regla general, no resulta viable contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir en el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, para modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed pronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque con ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Sin embargo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en causal de procedencia del amparo, vale decir, cuando su obrar es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de las mencionadas prerrogativas, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
Sobre el \u00faltimo punto, la Corte ha insistido en la necesidad de verificar los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar, a tal punto que la falta de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el presente caso, la se\u00f1ora Guti\u00e9rrez Botero indic\u00f3 de manera puntual en la demanda de amparo, que su queja se enfila contra la medida cautelar de embargo que pesa sobre el inmueble en l\u00edneas precedentes individualizado, y que se encuentra vigente desde septiembre de 2007, por lo que la acci\u00f3n de amparo se hizo extensiva a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, comoquiera que mediante auto calendado 18 de mayo de 2021, dicha autoridad conoci\u00f3 del recurso de alzada que aqu\u00e9lla propuso contra la decisi\u00f3n del 28 de septiembre pr\u00f3ximo anterior, en la que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa circunscripci\u00f3n neg\u00f3 el levantamiento de dicha cautela. <\/p>\n
3. De este modo, circunscrita la Sala al estudio de la mentada providencia de segundo grado, en tanto que es precisamente el pronunciamiento del ad quem el que le otorga competencia a esta Corporaci\u00f3n para conocer del presente asunto excepcional, y efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, surge patente la improcedencia del ruego, por carecer del presupuesto general de procedibilidad de la prontitud, pues, como qued\u00f3 visto, la providencia con la cual la Sala Civil Familia del Tribunal de Pereira, resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la aqu\u00ed interesada, fue emitida el 18 de mayo de 2021, mientras el amparo constitucional fue presentado hasta el 28 de febrero de 2022, es decir, transcurridos m\u00e1s de nueve (9) meses, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Ciertamente, como el prop\u00f3sito de Guti\u00e9rrez Botero es reprochar la conclusi\u00f3n a la que se arrib\u00f3 dentro de la precitada determinaci\u00f3n, y al ser evidente que su reclamo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con la fecha de esta, queda en evidencia la improcedencia del resguardo solicitado, sin que medie explicaci\u00f3n para que hasta ahora aqu\u00e9l considere lesionadas sus prerrogativas superiores debido a la actividad desplegada por el Tribunal Superior enjuiciado. <\/p>\n
Y es que, aunque no existe en la ley un t\u00e9rmino en el cual fenece la posibilidad de pedir el amparo frente a la actividad de los jueces, \u00abs\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u00bb, estableci\u00e9ndose aqu\u00e9l en \u00abseis meses\u00bb contabilizados desde la fecha en que se dict\u00f3 la providencia o actuaci\u00f3n cuestionada, en procura de que la pretensi\u00f3n tutelar \u00abno pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u00ab[v]ista desde la perspectiva de la finalidad del amparo, la inmediatez impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual\u00bb (ver entre otras en CSJ STC4117-2021). <\/p>\n
4. Ahora, aun haciendo abstracci\u00f3n del incumplimiento del requisito de procedibilidad de la tutela que viene de comentarse, la Corte considera que la salvaguarda reclamada respecto de la determinaci\u00f3n criticada no tiene lugar, toda vez que se observa de su contenido el cumplimiento de las exigencias m\u00ednimas argumentativas y de an\u00e1lisis probatorio, para predicar la imposibilidad de intervenci\u00f3n del juez de tutela en lo resuelto. <\/p>\n
En efecto, la Corporaci\u00f3n convocada arrib\u00f3 a la decisi\u00f3n que finalmente adopt\u00f3, tras considerar que independientemente del tiempo que ha trascurrido desde el decreto del embargo, lo cierto es que deben materializarse unas especificas condiciones se\u00f1aladas por el legislador, para que proceda el levantamiento de este, sin que ninguna de ellas, se hallare cumplida. <\/p>\n
Por eso especific\u00f3, que \u00abninguna de las eventualidades previstas en el art\u00edculo 597 del CGP ha ocurrido en este caso concreto para ponerle fin al embargo, si bien la solicitud no proviene de la parte que pidi\u00f3 la medida; ni se ha desistido de la demanda; tampoco se trata del aporte de una cauci\u00f3n por parte del demandado: menos se ha dispuesto la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo por revocatoria del mandamiento de pago o cualquier otra causa, entre las que cabr\u00edan, por ejemplo, el pago, la transacci\u00f3n, el desistimiento t\u00e1cito; no se trata de la situaci\u00f3n que prev\u00e9 el art\u00edculo 306 del CGP; ni de un incidente propuesto por un poseedor; o de un embargo anterior; o de que el expediente en el que se decret\u00f3 el embargo est\u00e9 extraviado; o del embargo de recursos p\u00fablicos\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, hizo \u00e9nfasis en que, por las propias manifestaciones del apoderado de la accionante, se tiene que el fundamento de la petici\u00f3n de levantamiento, nada tiene que ver con las causas especificadas en el canon 597 ejusdem, sino con el desinter\u00e9s del ejecutante en efectuar la consiguiente diligencia de secuestro, motivo \u00e9ste que como a bien lo tuvo el Tribunal, no es v\u00e1lido para el prop\u00f3sito reclamado. <\/p>\n
5. De modo que, como la determinaci\u00f3n que viene de comentarse est\u00e1 soportada adecuadamente, ello impide cualquier tipo de intervenci\u00f3n del Juez de tutela para modificarla o revocarla, por no haber sido el resultado de un caprichoso proceder por parte del juzgador convocado, sin que la divergencia conceptual expuesta por la inconforme, permita abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC304-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
6. Finalmente, no se avizora la vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad que alude la interesada, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que no se acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo; es decir, \u00abno demostr\u00f3 el interesado la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, toda vez que no existen pruebas que den cuenta de otras personas en circunstancias similares a la suya\u2026, circunstancia que impide realizar el paralelo respectivo a fin de determinar si los accionados con su actuar le quebrantaron esa prerrogativa de rango constitucional\u00bb (CSJ STC402-2021). <\/p>\n
7. Corolario de lo expuesto, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 de desestimarse la salvaguarda reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA DUQUE <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
<\/p>\n
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