STC3391-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3391-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00820-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Carlos Enrique Restrepo Murillo y Mery G\u00f3mez de Restrepo, contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclaman por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, dentro del proceso verbal de simulaci\u00f3n absoluta que promovieron contra el Banco Davivienda S.A., con radicado No. 2019-00227. <\/p>\n
Solicitan entonces, de manera concreta, que se ordene \u00abla revisi\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Armenia, Quind\u00edo, Sala Civil, Familia, Laboral de fecha 21 de febrero del a\u00f1o 2022 (\u2026) a fin de que se garantice el debido proceso y el acceso a la justicia\u00bb y, en consecuencia \u00able[s] reconozca[n] los derechos que tienen a una debida administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aducen en compendio, que dentro del referido decurso solicitaron que se declarara absolutamente simulado el contrato de compraventa contenido en la Escritura P\u00fablica No. 3265 del 20 de septiembre de 2013 de la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de Armenia, Quind\u00edo, que celebraron con Diego Mario Toro Arango como apoderado especial de la Sucursal del Banco Davivienda, donde dijeron venderle a \u00e9ste dos inmuebles a cambio de $430\u00b4000.000,oo, de los cuales $250\u00b4000.000,oo ser\u00edan pagados al momento de la firma de la escritura y los $180\u00b4000.000 restantes ser\u00edan cancelados por el Banco cuando estuviera registrado el negocio; no obstante, \u00aben realidad nunca hubo pago\u00bb ni entrega real de los bienes. <\/p>\n
Explican que el verdadero negocio consisti\u00f3 en que, ante la inminencia de que un tercero les reclamara judicialmente el pago de un cr\u00e9dito con garant\u00eda hipotecaria, acudieron a su amigo Luis Fernando Pati\u00f1o Maya para obtener un cr\u00e9dito del Banco Davivienda, porque \u00e9l ten\u00eda buenas relaciones con la entidad, quien en nombre propio adquiri\u00f3 sus inmuebles, plan para el cual Pati\u00f1o Maya celebr\u00f3 con ellos un contrato de promesa de compraventa, para luego celebrar un contrato de leasing habitacional con el banco, \u00abpara de esta manera supuestamente el banco darle cumplimiento a la misma, todo, reiter\u00e1ndose, en forma ficticia, lo que efectivamente sucedi\u00f3\u00bb, porque Davivienda \u00abutiliz\u00f3 la figura de la compraventa como garant\u00eda del cr\u00e9dito otorgado bajo la figura ficticia del leasing\u00bb y desembols\u00f3 $180\u00b4000.000, que se destinaron al pago de la obligaci\u00f3n hipotecaria con el tercero, de manera que una vez se cancelara el cr\u00e9dito del leasing, el banco \u00abse compromet\u00eda a reintegrar la propiedad a los verdaderos due\u00f1os\u00bb; empero, estando el negocio \u00aben el momento de colocar las cosas en el estado en que se encontraban al momento de fingir la negociaci\u00f3n\u00bb, el Banco exige que su amigo Luis Fernando Pati\u00f1o Maya ejerza la opci\u00f3n de compra del contrato simulado de leasing, para cederle esa opci\u00f3n a ellos, con lo cual el Banco pretende que \u00abse contin\u00faen suscribiendo escrituras absolutamente simuladas\u00bb. <\/p>\n
Finalmente sostienen, que el 10 de noviembre de 2020 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia neg\u00f3 sus pretensiones, decisi\u00f3n que apelaron, pero fue confirmada el 21 de febrero de 2022 por la Sala Civil Familia Laboral el Tribunal Superior de ese distrito judicial, pese a haber aceptado en las consideraciones que \u00abefectivamente lo plasmado en la escritura p\u00fablica objeto de simulaci\u00f3n no coincide con la realidad del acto jur\u00eddico simulado\u00bb, del mismo modo, los testigos Luis Fernando Pati\u00f1o y Jorge Iv\u00e1n Restrepo refirieron que \u00abel Banco Davivienda aparece como propietario del inmueble materia del presente proceso solo en papeles, pero que la realidad es otra\u00bb y se prob\u00f3 que el banco nunca pag\u00f3 los $250\u00b4000.000,oo pactados para el momento de la firma de la escritura de venta, lo cual admiti\u00f3 la representante legal de la entidad \u00abal manifestar que dicho pago supuestamente lo realiz\u00f3 un tercero en cumplimiento de una supuesta promesa de compraventa que le fue cedida a dicho Banco\u00bb, medios de prueba que, por no haber sido adecuadamente valorados, justifican en su criterio la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 14 de marzo hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La Juez Primera Civil del Circuito de Armenia pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n reclamada, porque lo fallado dentro del proceso cuestionado result\u00f3 de \u00abla valoraci\u00f3n de los insumos que obraban dentro del plenario, junto con la interpretaci\u00f3n de las normas que era dable aplicar al caso en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
b) La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Armenia, por intermedio de la Magistrada que conoci\u00f3 de la actuaci\u00f3n del ep\u00edgrafe, defendi\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n que all\u00ed adopt\u00f3, por lo que solicit\u00f3 declarar improcedente la salvaguarda. <\/p>\n
c) El Banco Davivienda SA a trav\u00e9s de su representante legal para efectos judiciales, recalc\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 instituida para debatir providencias judiciales, m\u00e1xime cuando dentro del proceso cuestionado se demostr\u00f3 que la entidad financiera actu\u00f3 de buena fe, y los gestores no demostraron que la actuaci\u00f3n cuestionada les est\u00e9 generando un perjuicio irremediable. <\/p>\n
d) Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Su procedencia contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el presente caso, Carlos Enrique Restrepo Murillo y Mery G\u00f3mez de Restrepo cuestionan a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, la sentencia de 21 de febrero de 2022 de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del 27 de noviembre del mismo a\u00f1o del Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, de no acceder a las pretensiones, dentro del proceso verbal de simulaci\u00f3n absoluta que en adelantaron contra el Banco Davivienda S.A., pues seg\u00fan su dicho, lo decidido emergi\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
3. Del an\u00e1lisis de la decisi\u00f3n cuestionada a la Colegiatura accionada, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, ya que los argumentos expuestos en esa determinaci\u00f3n no son el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, que por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales de los promotores de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
Para adoptar la decisi\u00f3n que los gestores no comparten, el Tribunal Superior de Armenia identific\u00f3 que \u00abla censura que plantea los apelantes frente a la determinaci\u00f3n acogida en primera instancia gravita, en un error de apreciaci\u00f3n racional de los medios probatorios al considerar que est\u00e1 demostrado la configuraci\u00f3n de la simulaci\u00f3n absoluta de la compraventa celebrada entre las partes, mediante escritura p\u00fablica No. 3265 del 20 de septiembre de 2013 ante la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de Armenia, en relaci\u00f3n con los predios de matr\u00edcula inmobiliaria No.280-97654 y 280- 99796; en tanto, el concierto simulatorio se concreta en que el banco accionado no realiz\u00f3 la compra del inmueble para s\u00ed mismo, ni cancel\u00f3 el total del valor de los predios, ni ejerci\u00f3 actos de dominio; hechos que van en contrav\u00eda a las convenciones pactadas en el acto impugnado\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, el Tribunal cit\u00f3 la normativa sustancial y la jurisprudencia que consider\u00f3 aplicable al caso, para en seguida anticipar \u00abel respaldo del Tribunal al fallo censurado, porque del an\u00e1lisis de los medios probatorios debidamente aportados, no se vislumbra con la claridad que aqu\u00ed se exige, que las partes intervinientes en la compraventa celebrada mediante escritura p\u00fablica No. 3265 del 20 de septiembre de 2013 ante la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de Armenia -sobre los predios de matr\u00edcula inmobiliaria No.280-97654 y 280-99796-, carecieran de la voluntad de obligarse, presupuesto este indispensable para derivar la existencia de una simulaci\u00f3n absoluta como la aqu\u00ed pretendida\u00bb, postura que procedi\u00f3 a sustentar, al extraer de las pruebas que, \u00ablos promotores y el se\u00f1or Luis Fernando Pati\u00f1o Maya, realizaron el d\u00eda 6 de septiembre de 2013 una promesa de compraventa sobre los predios en menci\u00f3n, pactando all\u00ed que el valor de los inmuebles era de $430.000.000, suma que ser\u00eda cancelada por el se\u00f1or Pati\u00f1o Maya – comprador-; quien inicialmente pagar\u00eda en efectivo $250.000.000 y, $180.000.000 a trav\u00e9s de un cr\u00e9dito que obtendr\u00eda con la entidad bancaria accionada. <\/p>\n
Dicha promesa de compraventa, fue cedida por parte del se\u00f1or Luis Fernando Pati\u00f1o Maya al Banco Davivienda S.A., el d\u00eda 20 de septiembre de 2013, acto validado por las partes aqu\u00ed demandantes, pues all\u00ed intervinieron y adem\u00e1s aceptaron haber recibido del cedente el total de la cuota inicial pactada. Ahora bien, el anterior negocio se dio en virtud del contrato de leasing habitacional No.0601313600102542212, en el cual, el se\u00f1or Pati\u00f1o Maya para poder recaudar el capital total de la compra del inmueble -hecho que coincid\u00eda con lo acordado en la promesa de venta inicial-, adquiri\u00f3 un cr\u00e9dito bajo la modalidad que le brind\u00f3 la entidad financiera, es decir, mediante leasing habitacional\u00bb. <\/p>\n
En seguida el Tribunal razon\u00f3 que \u00abes factible concluir que entre las partes y el se\u00f1or Luis Fernando Pati\u00f1o Maya, existi\u00f3 diferentes tipolog\u00edas contractuales que se enlazaban para conformar una unidad negocial inescindible, existiendo entre ellos una mutua dependencia o subordinaci\u00f3n. Es por ello, que ese coligamiento contractual exige, para poder descifrar la voluntad de las partes, ser valorados de manera conjunta y no aislada como con desacierto lo pretende la parte accionante. <\/p>\n
Y si ello es as\u00ed, como en efecto lo es, el hecho de que el demandado no hubiere adquirido el bien para su uso y disfrute, ni efectuara el pago de la cuota inicial y, ni ejerciera actos de dominio sobre el bien, se reitera, no tiene la connotaci\u00f3n suficiente para servir como indicios de que el acto jur\u00eddico demandado era en realidad un acto simulado. Y es para esta Sala las diversas actividades contractuales, ten\u00eda raz\u00f3n en virtud de las obligaciones que nac\u00eda para el demandado por el contrato de leasing habitacional, pues su deber era realizar la compra de los inmuebles para el uso y disfrute del locatario, \u00faltimo quien para acceder al cr\u00e9dito financiero y cumplir las cargas negociales que se le impon\u00edan, deb\u00eda realizar el pago de la cuota inicial y de las cuotas del canon peri\u00f3dico por el tiempo convenido\u00bb. <\/p>\n
En igual sentido se\u00f1al\u00f3 que \u00abobserva la Sala, la ausencia de concierto simulatorio entre las partes, pues ning\u00fan vestigio se avizora para respaldar la tesis de que entre los demandantes y la entidad financiera accionada hubiere existido un acuerdo para darle al negocio una falsa apariencia y que esto se hiciera con el prop\u00f3sito de enga\u00f1ar\u00bb. <\/p>\n
Lo expuesto le permiti\u00f3 a la Colegiatura concluir que \u00abno existe el concierto simulatorio denunciado por la parte actora, en cambio, lo que si se demostr\u00f3 fue que en virtud del leasing habitacional que es un contrato mediante el cual una sociedad de leasing, en este caso Banco Davivienda, adquiri\u00f3 una vivienda con las caracter\u00edsticas solicitadas por el tomador del bien, es decir Luis Fernando Pati\u00f1o Maya, con el fin de entregarle posteriormente la tenencia de dicho inmueble a cambio de un pago peri\u00f3dico durante el tiempo convenido, y donde el locatario previamente hab\u00eda celebrado una promesa de compraventa con los aqu\u00ed demandantes, y all\u00ed ellos aceptaron haber recibido de aquel el pago de una cuota inicial y, el restante fue la suma que se desembols\u00f3 por el cr\u00e9dito financiero, que fue finalmente lo que se evidenci\u00f3\u00bb. <\/p>\n
4. De este modo, no cabe duda que, a diferencia de lo considerado por los gestores del amparo, la decisi\u00f3n proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Armenia, se soport\u00f3 en el razonable entendimiento de la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso, por lo que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, siendo evidente en este caso, que lo expuesto por los gestores es su particular manera de analizar las pruebas y las normas llamadas a regular el asunto, sin que solo por ello se pueda descalificar la misma labor que realiz\u00f3 la Colegiatura cognoscente. <\/p>\n
Y es que, como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Armenia emergi\u00f3 de constatar que para el Banco demandado era desconocido el negocio que los aqu\u00ed interesados celebraron con el tercero, para que \u00e9ste les sirviera de puente para lograr el contrato de leasing habitacional, y de ese modo los aqu\u00ed accionantes obtuvieran el dinero para cubrir otra acreencia, de ah\u00ed que, entonces, no se cumpliera el requisito del concierto simulatorio denunciado en la demanda, lo cual qued\u00f3 evidenciado dentro del proceso, al constatarse que la actuaci\u00f3n del banco se limit\u00f3 a celebrar un contrato de leasing habitacional con el tercero, para lo cual primero adquiri\u00f3 el bien de los aqu\u00ed interesados, mediante el perfeccionamiento de la promesa de venta que recibi\u00f3 en cesi\u00f3n de dicho tercero -quien supuestamente para ese momento hab\u00eda pagado la primera parte del precio-, para despu\u00e9s, entregar la tenencia de dichos inmuebles al tercero junto con el desembolso por el leasing habitacional, a cambio de un canon peri\u00f3dico, lo cual explica por qu\u00e9 el banco no recibi\u00f3 materialmente los inmuebles objeto del contrato y por qu\u00e9 no tuvo relaci\u00f3n con la discusi\u00f3n sobre el pago de la primera parte del precio. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, como la sola divergencia conceptual expuesta por los actores no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n de los medios de prueba se ajusta a la normativa llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
6. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
<\/p>\n
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