STC3392-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3392-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00832-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Miguel Escaff Jaller frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes juicio verbal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, el accionante demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que consider\u00f3 quebrantados por la autoridad judicial convocada, en el marco de la acci\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme que \u00e9l promovi\u00f3 en contra de Concretos y Concretos S.A.S., con rad. 2019-00022. <\/p>\n
Pidi\u00f3, en apretada s\u00edntesis, que \u00abse ordene revocar la acci\u00f3n que es la del Tribunal Superior del Distrito [J]udicial de Santa Marta, de fecha 21 de [o]ctubre de 2021\u00bb y, en su lugar, \u00abprofiera una decisi\u00f3n que se ajuste a derecho, esto es[,] una que d[\u00e9] aplicaci\u00f3n a la normatividad procesal inaplicada y contenida en el C\u00f3digo General del Proceso (\u2026). En lo pertinente (parte final del Num. 4. del Art.372 del C.G. del P.\u00bb. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del caso relat\u00f3, que ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta se tramit\u00f3 el juicio en mientes, en cuyo decurso se \u00abaplic[\u00f3] un procedimiento que no se ajusta\u00bb a los supuesto de hecho que rodearon la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, en la medida en que se desconoci\u00f3 \u00abque cuando las partes no asisten [a una audiencia], se generan consecuencias (\u2026) procesales, probatorias y pecuniarias\u00bb, entre ellas, \u00abla confesi\u00f3n en relaci\u00f3n con los hechos de la demanda\u00bb; sin embargo, los falladores de ambas instancias omitieron la aplicaci\u00f3n escrita de la ley, pese a tratarse de normas procesales y, por ende, de forzoso cumplimiento, raz\u00f3n por la cual, pidi\u00f3 la intervenci\u00f3n del juez de tutela en su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 15 de marzo hoga\u00f1o, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Magistrado sustanciador del Tribunal Superior de Santa Marta, Sala Civil Familia, explic\u00f3 que el 21 de octubre de 2021 dict\u00f3 sentencia a trav\u00e9s de la cual confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado con la que se negaron las pretensiones de la demanda, al interior del juicio de rescisi\u00f3n promovido por el actor constitucional en contra de Concretos y Concretos S.A.S. Explic\u00f3 que \u00ab[c]ontrario a lo expuesto por el pretensor, s\u00ed se analiz\u00f3 la confesi\u00f3n ficta a la que alude en su escrito constitucional. En aquel momento la Sala adujo que \u201cs\u00ed hab\u00eda lugar a sancionar al demandado con la confesi\u00f3n ficta. (\u2026) Empero, no le asiste la raz\u00f3n al apelante, porque a m\u00e1s de configurarse la confesi\u00f3n ficta sobre que el precio recibido-entregado por el inmueble fue $300.000.000, existen serias pruebas documentales en contrario que fueron analizadas por la primera instancia, y que conllevar\u00edan a infirmarla\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, consider\u00f3 que su decisi\u00f3n fue respetuosa de las garant\u00edas superiores de las partes en juicio, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 denegar el amparo. <\/p>\n
b. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta, adem\u00e1s de realizar un recuento de la actuaci\u00f3n cuestionada, remiti\u00f3 link de acceso al proceso. <\/p>\n
c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; ahora, trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
2. De la lectura integral del escrito tutelar, se extrae que la censura del quejoso se encuentra dirigida a cuestionar, concretamente, la decisi\u00f3n proferida el 21 de octubre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, a trav\u00e9s de la cual mantuvo \u00edntegramente la sentencia dictada el 28 de marzo de ese mismo a\u00f1o por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, en el marco del proceso de rescisi\u00f3n de contrato de compraventa por lesi\u00f3n enorme por \u00e9l adelantado frente a Concretos y Concretos S.A.S., por considerar que los jueces de instancia dejaron de valorar la confesi\u00f3n ficta de su contraparte, dada la inasistencia injustificada de aqu\u00e9lla a la audiencia inicial, situaci\u00f3n que considera suficiente para viabilizar la intervenci\u00f3n del juez de tutela de manera excepcional. <\/p>\n
3. Delimitado lo anterior, y efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, observa la Sala la improcedencia de la salvaguarda reclamada, en la medida en que la decisi\u00f3n criticada a la Magistratura convocada no luce como susceptible de correcci\u00f3n excepcional por esta v\u00eda, al ser producto de una respetable valoraci\u00f3n integral de los medios de prueba obrantes en el plenario, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta para resolver el asunto en la forma en que lo hizo, y confirmar la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual se negaron las pretensiones de la demanda rescisoria promovida por el aqu\u00ed actor, en lo que interesa, precis\u00f3 en primera medida que \u00ab[l]a lesi\u00f3n enorme es una restricci\u00f3n justificada a la autonom\u00eda de la voluntad. En principio, todas las personas que tienen capacidad para ello pueden disponer libremente de sus bienes, enajen\u00e1ndolos o adquiriendo otros tantos a los precios que ellos estimen convenientes a sus intereses, y por las causas y razones que a bien tengan, dentro del respeto a las normas de orden p\u00fablico y buena fe. Sin embargo, existen motivos constitucionales que quiere preservar el legislador, por lo que \u2013sin restringir el libre mercado\u2013 resta valor a las negociaciones que violen flagrantemente lo que estime justo\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que para la prosperidad de la acci\u00f3n, resultaba imperioso demostrar, entre otras, \u00abcu\u00e1l el justo precio del bien al momento del contrato, y si antevino una promesa, desde este \u00faltimo evento. Adem\u00e1s, es eje primordial probar cu\u00e1nto pag\u00f3 el comprador por el bien, o lo que es lo mismo, cu\u00e1nto recibi\u00f3 el vendedor por \u00e9ste. Con ello claro, se podr\u00eda entrar a determinar si se materializa o no el efecto previsto en el art\u00edculo 1946 del c\u00f3digo civil, que impone rescindir el contrato\u00bb, y en el asunto, \u00abse quisieron demostrar ambos supuestos por las pruebas enunciadas al inicio de estas consideraciones. Pretendi\u00f3 el actor, por un lado, acreditar que la cantidad recibida fueron $300.000.000 con una serie de cheques; y que el justo precio ascend\u00eda al monto de $2.249.902.944 con el dictamen pericial rendido por el arquitecto Vicent. Ello, a pesar de que la escritura p\u00fablica aportada, y aceptada en su integridad por la demandada, expone que el precio es de $350.000.000\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que para demostrar la entrega del dinero, el all\u00ed demandante \u00abaport\u00f3 copias de una serie de comprobantes de egreso firmadas por el demandante para probar tal fin tras aducir que se entreg\u00f3 en efectivo una parte, y la otra en cheques, junto a una promesa de compraventa celebrada entre ambas partes. A su vez, trajo al proceso otro peritazgo, el cual estim\u00f3 el justo precio en $1.221.516.236 para el a\u00f1o 2016\u00bb, asimismo y para \u00abdemostrar que el monto recibido fue de $300.000.000\u00bb, pidi\u00f3 \u00abla confesi\u00f3n ficta causada por la inasistencia injustificada del demandado a audiencia\u00bb. <\/p>\n
Frente a la confesi\u00f3n ficta, reclamada como medio de prueba, enfatiz\u00f3 que con sustento en las prerrogativas consagradas por el canon 205 del C\u00f3digo General del Proceso, armonizado \u00abcon el art\u00edculo 372 que regula la audiencia inicial del proceso verbal. En efecto, la inasistencia de la parte a \u00e9sta implica sanciones de tipo procesal, pecuniario y probatorio. En este \u00faltimo evento, el juez debe tomar por ciertos los hechos que sean susceptibles de confesi\u00f3n contenidos en la demanda, siempre y cuando el interesado no se excuse debidamente dentro de los 3 d\u00edas siguientes a la celebraci\u00f3n de la audiencia. Sin embargo, inclusive desde el c\u00f3digo de procedimiento civil, la ley y la doctrina han establecido en demas\u00eda que la confesi\u00f3n se puede infirmar. Bien ordena el art\u00edculo 197 del C.G.P. que toda confesi\u00f3n admite prueba en contrario, y quiere hacer \u00e9nfasis la Sala en que se incluye a la ficta dentro de ellas\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, al hallarse demostrada la confesi\u00f3n \u00abpero tambi\u00e9n demostrados otros medios de juicio que contradigan lo confesado fictamente, deber\u00e1 razonar ambos insumos, y restarle valor a la confesi\u00f3n. Ello, siempre y cuando halle verificados serios elementos de juicio que lo lleven con l\u00f3gica, ciencia, y sana cr\u00edtica a descartarla\u00bb. En ese orden, recab\u00f3 en que el juez de primer grado \u00abs\u00ed aplic\u00f3 la sanci\u00f3n probatoria por inasistencia injustificada del demandado a la audiencia inicial. Dentro la estructura metodol\u00f3gica planteada en la sentencia, el a quo relacion\u00f3 uno a uno los medios de convicci\u00f3n allegados, y al tratarse de la confesi\u00f3n expuso \u2015Por \u00faltimo, ante la incomparecencia injustificada del representante legal de la persona jur\u00eddica demandada a la audiencia inicial, se aplicar\u00e1 la consecuencia establecida en el art\u00edculo 372 del CGP.\u2016 (Fl. 293 PDF) Es que s\u00ed hab\u00eda lugar a sancionar al demandado con la confesi\u00f3n ficta. Se observa como \u00e9ste se ausent\u00f3 de ambas audiencias, y no se justific\u00f3 dentro de los 3 d\u00edas siguientes\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa arguy\u00f3 que \u00abno le asiste la raz\u00f3n al apelante, porque a m\u00e1s de configurarse la confesi\u00f3n ficta sobre que el precio recibido entregado por el inmueble fue $300.000.000, existen serias pruebas documentales en contrario que fueron analizadas por la primera instancia, y que conllevar\u00edan a infirmarla. Cosa que se itera, es posible seg\u00fan se discurri\u00f3\u00bb. A ese respecto, aclar\u00f3 que \u00ab[e]n un primer momento, ambas partes est\u00e1n de acuerdo con la suma inicial de $300.000.000. Si bien es cierto el demandante alega que hubo dos abonos de $100.000.000 hechos con los cheques N\u00b0 012150 y 012151, ambos fechados el 24 de noviembre del 2016, y uno tercero por id\u00e9ntica suma, del que adujo estaba perdida la copia; y el demandado expone que no fue una consignaci\u00f3n \u00fanica de $100.000.000, sino dos de $50.000.000 hechas con los cheques Nos. 12371 y 12372 del 30 de agosto de 2016; lo cierto es que ambos est\u00e1n de acuerdo con ese monto, a la luz de las confesiones de los dos apoderados conforme al art\u00edculo 193 del CGP\u00bb. <\/p>\n
Dijo entonces, que pese a que en la escritura p\u00fablica se instrument\u00f3 que el precio era de $350.000.000, lo cierto era que las partes convinieron en que lo realmente pactado fue $300.000.000. De modo que, aunque en l\u00ednea de principio \u00abdeber\u00eda acatarse el valor de la escritura p\u00fablica, pero el c\u00f3digo civil en su art\u00edculo 17665, y el general del proceso en el 254 solo niegan el valor de las contraescrituras privadas frente a terceros, y nunca entre las mismas personas que suscribieron el acto. As\u00ed, se abre el paso a analizar en igualdad de condiciones esa manifestaci\u00f3n, junto a las hechas en las contraescrituras. Si se tratara de terceros, otra fuese la resoluci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Como colof\u00f3n, advirti\u00f3 que no era razonado aceptar \u00abque con el simple dicho del togado se reste valor a las documentales ahora citadas. Si as\u00ed fuera, se le diera mayor credibilidad a una manifestaci\u00f3n de la parte interesada, que a otras pruebas que fueron firmados por \u00e9ste con anterioridad, y que no fueron tachadas de falsas; cosa que ir\u00eda en contrav\u00eda de las normas de la sana cr\u00edtica. No es lo usual que se firme un documento reconociendo haber recibido un dinero, sin que as\u00ed haya acontecido en la vida real. Tampoco aceptar\u00e1 la Sala que por el dicho del actor se desdibuje la promesa de compraventa, por las mismas razones esbozadas\u00bb, recabando en que \u00abpara valorar los documentos y la confesi\u00f3n ficta causada con la inasistencia del demandado a la audiencia inicial. En ese orden, indica la \u00faltima que el dinero entregado fue $300.000.000, mientras que la primera $700.000.000. As\u00ed las cosas, frente a esa contradicci\u00f3n probatoria, la Sala acoger\u00e1 la segunda hip\u00f3tesis, en virtud de la cual el dinero entregado efectivamente fue $700.000.000, habida consideraci\u00f3n que tales documentos infirman la confesi\u00f3n causada. De manera clara y elocuente, los comprobantes de egreso, aunado a la promesa de compraventa, y la aceptaci\u00f3n de ambas partes que el precio en la escritura p\u00fablica fue simulado relativamente, permiten restarle valor a la confesi\u00f3n ficta, y tambi\u00e9n a las manifestaciones del apoderado en la audiencia. Por ello, no se equivoc\u00f3 el juzgador de instancia en aceptar que la venta se hizo por ese monto. En consecuencia, no prosperan los reparos planteados, ni frente a la confesi\u00f3n ficta, ni frente al valor de los documentos. De esta manera, ya se suple el primer supuesto de hecho que prev\u00e9 el art\u00edculo 1947 del c\u00f3digo civil\u00bb. <\/p>\n
4. En ese orden, m\u00e1s all\u00e1 de lo debatible que pudiera resultar para el aqu\u00ed interesado la citada postura, no pasa por alto la Sala que dada la libertad probatoria que existe, nada impide que el juez del asunto al realizar la valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas llegue a las conclusiones que esa facultad le permite, incluida la de infirmar la confesi\u00f3n ficta, comoquiera que no existe tarifa legal que le imponga atribuir m\u00e1s peso a un medio de prueba frente a otro; por lo tanto, la citada postura no merece reproche en este escenario, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta, de modo que, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC1906-2022). <\/p>\n
5. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3392-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC3392-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00832-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Miguel […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62187","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62187","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62187"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62187\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62187"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62187"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62187"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}