STC3397-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3397-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2022-00013-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 28 de enero de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Hernando S\u00e1nchez Fajardo contra el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1 y la Comisar\u00eda Octava de Familia de Kennedy I, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del tr\u00e1mite especial sobre el que recae la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la vida digna, a la dignidad humana, a la \u00abpropiedad\u00bb y al trabajo, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, dentro del tr\u00e1mite de medida de protecci\u00f3n que en su contra adelant\u00f3 al se\u00f1ora Mar\u00eda Unice Mart\u00ednez Mendoza, radicado bajo el consecutivo 2018-00282. <\/p>\n
Y aun cuando no eleva de manera concreta una pretensi\u00f3n, del escrito inaugural se extrae, que lo reclamado por el inconforme es, en \u00faltimas, es que se \u00abrestablezca\u00bb su derecho a \u00abla propiedad\u00bb, invalidando la orden de desalojo emitida por las autoridades convocadas al interior del comentado asunto. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo indic\u00f3 el actor en apretada s\u00edntesis, que el 11 de noviembre pasado radic\u00f3 distintos derechos de petici\u00f3n ante el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Bogot\u00e1 y la Comisar\u00eda Octava de Familia de Kennedy I, para que se le restituyan los derechos que tiene sobre el inmueble ubicado \u00aben la carrera 74 # 42 G \u2013 52 Sur\u00bb de esta ciudad, de donde fue desalojado por disposici\u00f3n de aqu\u00e9llas, luego de darle credibilidad a los dichos de la se\u00f1ora Unice Mart\u00ednez Mendoza, a pesar de ser un adulto mayor, y que en dicho predio funciona su taller, \u00fanico medio de sostenimiento con el que cuenta, sin que a la fecha de presentaci\u00f3n del amparo haya habido pronunciamiento alguno al respecto, circunstancia que, en su criterio, hace posible la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
a. El Juzgado D\u00e9cimo Civil de Familia de esta capital, adem\u00e1s de remitir el link de acceso al expediente objeto de las s\u00faplicas, puso de presente que, \u00abuna vez realizada la b\u00fasqueda del proceso con radicado No. 2018-00282, se constata en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, en el sistema SIGLO XXI y en el OneDrive del Juzgado, que fue radicado en esta Sede Judicial el d\u00eda 15 de marzo de 2018 y resuelto mediante auto de fecha 21 de marzo de 2018, y por posteriormente, por reingreso, a fin de surtirse el grado de consulta se profiri\u00f3 decisi\u00f3n de fecha 17 de septiembre de 2020 mediante el cual se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n objeto de consulta, y finalmente, en raz\u00f3n a un nuevo reingreso en grado de consulta se emiti\u00f3 providencia de fecha 21 de enero de 2021 revocando la cesi\u00f3n consultada. <\/p>\n
El expediente, finalmente, fue devuelto a la Comisar\u00eda correspondiente el d\u00eda 22 de enero de 2021. Igualmente, de conformidad con las actuaciones obrantes en el OneDrive del Juzgado, se evidencia que se radic\u00f3 derecho de petici\u00f3n por parte del se\u00f1or LUIS HERNANDO SANCHEZ FAJARDO el d\u00eda 9 de noviembre de 2021 el cual fue resuelto mediante auto de fecha 3 de diciembre de 2021 (archivo 02), decisi\u00f3n que le fuera notificada al hoy accionante el d\u00eda 16 de diciembre de 2021 (archivo 03)\u00bb. <\/p>\n
b. De otro lado, el Comisario Octavo de Familia de Kennedy I, solicit\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda inquirida, luego de afirmar que ning\u00fan bien jur\u00eddico del actor ha sido trasgredido, m\u00e1xime cuando la medida de protecci\u00f3n sobre la que gravita la queja, \u00abviene siendo vigilada por la Personer\u00eda de Bogot\u00e1, quien abri\u00f3 radicado SINPROC 2992136 del 13 de julio de 2021\u00bb, sin que a la fecha se le hubiere efectuado alg\u00fan tipo de requerimiento. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 accedi\u00f3 parcialmente a la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar que \u00abdel expediente digital remitido por el JUZGADO D\u00c9CIMO DE FAMILIA, se desprende que contra el se\u00f1or LUIS HERNANDO S\u00c1NCHEZ FAJARDO existe medida de protecci\u00f3n vigente a favor de la se\u00f1ora MAR\u00cdA UNICE MART\u00cdNEZ MENDOZA, impuesta en decisi\u00f3n de 7 de julio de 2016 en la que adem\u00e1s se le orden\u00f3 el desalojo de la vivienda que ambos compart\u00edan, as\u00ed como declaratorias de incumplimiento mediante providencias de 13 de marzo de 2018 y 26 de febrero de 2020 (p. 20, 69 y 246, PDF 01, C Principal, carpeta \u201cAnexos Respuesta J10 Familia Bogot\u00e1\u201d), por lo que si lo que busca el tutelante es que mediante la presente acci\u00f3n constitucional se ordene su retorno al inmueble de su propiedad, se trata de una pretensi\u00f3n improcedente, si en cuenta se tiene que no se supera el requisito de subsidiariedad1 e inmediatez2 , en tanto el desalojo como medida administrativa fue decretado por autoridad competente y hace m\u00e1s de cinco a\u00f1os. <\/p>\n
2.2. Ahora, en lo que tiene que ver con la petici\u00f3n que el accionante present\u00f3 el 9 de noviembre de 2021 ante las autoridades convocadas, se tiene que la misma se sustent\u00f3 en similares supuestos a los de la demanda de tutela, y con aquella tambi\u00e9n busca que \u201crestablezca\u201d su derecho a la propiedad (p. 3, PDF 02, C Tribunal y PDF 00, C \u201cDERECHO DE PETICI\u00d3N NOV 21\u201d, carpeta \u201cAnexos Respuesta J10 Familia Bogot\u00e1\u201d). <\/p>\n
2.2.1. Al respecto, el juzgado accionado orden\u00f3 mediante auto de 3 de diciembre de 2021 la remisi\u00f3n de \u201cla solicitud de levantamiento de la medida\u201d a la COMISAR\u00cdA OCTAVA DE FAMILIA DE KENNEDY, lo que comunic\u00f3 al se\u00f1or LUIS HERNANDO S\u00c1NCHEZ FAJARDO mediante correo electr\u00f3nico de 16 de diciembre de 2021, a la direcci\u00f3n industria.metalica.hernando.s.2020@gmail.com, indicada tanto en la petici\u00f3n como en la demanda de tutela (PDF 03, C \u201cDERECHO DE PETICI\u00d3N NOV 21\u201d, carpeta \u201cAnexos Respuesta J10 Familia Bogot\u00e1\u201d). <\/p>\n
2.2.2. Por su parte, ante las constantes solicitudes que el se\u00f1or LUIS HERNANDO S\u00c1NCHEZ FAJARDO ha elevado ante la COMISAR\u00cdA OCTAVA DE FAMILIA DE KENNDY, \u00e9sta ha explicado detalladamente al peticionario el tr\u00e1mite administrativo que desemboc\u00f3 en la orden de desalojo vigente, rese\u00f1ando una a una las decisiones adoptadas en el marco de la medida de protecci\u00f3n impuesta contra aquel y en favor de la se\u00f1ora MAR\u00cdA UNICE MART\u00cdNEZ MENDOZA, as\u00ed como los recurrentes incumplimientos a la misma desde el a\u00f1o 2016 a la fecha (PDF 05, C Tribunal). <\/p>\n
En el oficio de 19 de noviembre de 2021, expedido en respuesta a la petici\u00f3n del d\u00eda 9 de ese mismo mes y a\u00f1o, le indic\u00f3 que la situaci\u00f3n de vulnerabilidad informada por el se\u00f1or LUIS HERNANDO fue puesta en conocimiento de la \u201cSubdirecci\u00f3n para la Familia, la Subdirecci\u00f3n para la Vejez y la Subdirecci\u00f3n Local para la Integraci\u00f3n Social de Kennedy, dependencias de la Secretaria (sic) Distrital de Integraci\u00f3n Social, para que le brinden acompa\u00f1amiento en su caso. \/\/ De lo cual mediante escrito de fecha 27 de septiembre de 2021, al que fue remitida copia a ese despacho, la Subdirectora Local para la Integraci\u00f3n Social de Kennedy le informo (sic) directamente a usted, sobre los programas y proyectos de los cuales puede hacer parte (\u2026)\u201d. Tambi\u00e9n, refiri\u00f3 que \u201cel art\u00edculo 12 de la Ley 575 de 2000, establece como presupuesto para el levantamiento y terminaci\u00f3n de las medidas de protecci\u00f3n \u2018\u2026que se demuestre plenamente que se han superado las circunstancias que dieron origen a las medidas impuestas\u2026\u2019, de lo cual no se encuentra demostrado plenamente los presupuestos establecidos en la ley para el levantamiento de la medida de protecci\u00f3n solicitada de su parte. \/\/ En raz\u00f3n de lo anterior, un (sic) vez m\u00e1s me permito indicarle que su petici\u00f3n de levantamiento de medida de protecci\u00f3n de DESALOJO, solo puede surtirse, una vez se demuestre plenamente que se han superado las circunstancias que dieron origen a las medidas impuestas, lo que no aplica en este caso, dado que recientemente el despacho declaro (sic) probado el incumplimiento de dichas medidas de protecci\u00f3n\u201d (p. 19, PDF 05, C Tribunal). <\/p>\n
2.2.3. Sin embargo, aunque la rese\u00f1ada respuesta aborde integralmente los planteamientos del peticionario, no se alleg\u00f3 por parte de la COMISAR\u00cdA OCTAVA DE FAMILIA DE KENNDY, constancia de su enteramiento al se\u00f1or LUIS HERNANDO S\u00c1NCHEZ FAJARDO, lo que constituye un desconocimiento al derecho fundamental de petici\u00f3n, siendo entonces por tal motivo que se emitir\u00e1 la orden que se especificar\u00e1 en la parte resolutiva de esta providencia\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, orden\u00f3 a la Comisar\u00eda Octava de Familia de Kennedy, Bogot\u00e1, \u00abque dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, notifique al se\u00f1or LUIS HERNANDO S\u00c1NCHEZ FAJARDO del oficio de 19 de noviembre de 2021 expedido en respuesta a la petici\u00f3n por aquel radicada el 9 de noviembre de 2021\u00bb, declarando improcedente el amparo en lo dem\u00e1s. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el citado Comisario de Familia, luego de dar cumplimento a la citada orden constitucional y aportar los documentos que as\u00ed lo demuestran, por considerar que entonces, se configur\u00f3 un hecho superado al notificar al accionante de la respuesta emitida a su derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para alcanzar la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, pero de car\u00e1cter subsidiario y residual, dado que solamente puede acudirse a ella en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando existiendo \u00e9stos, el amparo se tramita como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes formuladas en inter\u00e9s general o particular; as\u00ed las cosas, el derecho de petici\u00f3n tiene una doble dimensi\u00f3n, la posibilidad de acudir ante el destinatario, y, la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada. <\/p>\n
Sin embargo, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha reiterado que \u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (ver entre otras STC3077-2021). <\/p>\n
En igual sentido, se ha precisado que \u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (Cit.). <\/p>\n
Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva. <\/p>\n
3. Ahora bien, al margen de los motivos expuestos por el impugnante Juan Mendoza Rodr\u00edguez, en su condici\u00f3n de Comisario Octavo de Familia de Kennedy 1, Bogot\u00e1, observa la Corte que en el presente caso el accionante radic\u00f3 el 9 de noviembre de 2021, petici\u00f3n a trav\u00e9s de la cual exigi\u00f3 tanto al Juzgado convocado como a la citada autoridad administrativa, concretamente, el \u00abLEVANTAMIENTO MEDIDA DE PROTECCION POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SE ME RESTABLEZCA EL DERECHO A LA PROPIEDAD\u00bb, pues seg\u00fan su dicho, en suma, \u00absoy un adulto mayor de 68 a\u00f1os, que fui despojado de mi propiedad con desmanes y mentiras por parte de la se\u00f1ora UNICE MARTINEZ MENDOZA, conocida en el asunto de la referencia y con complicidad de esa comisaria (sic), toda vez que la denunciante nunca ha sido mi compa\u00f1era permanente, no hemos compartido mesa, techo y lecho, como lo establece la ley para que se configure UNA UNION MARITAL DE HECHO, simplemente tuve una hija con ella, que yo la crie (sic), porque esta se\u00f1ora ten\u00eda su hogar y otra hija, que por circunstancias de la vida, como no ten\u00eda donde vivir, yo la deje ingresar a un apartamento que yo ten\u00eda desocupado, que se est\u00e1n vulnerando todos y cada uno de mis derechos constitucionales, ya que mi medio de trabajo est\u00e1 en mi taller, ubicado en mi casa, a la cual no me dejan ingresar, mi medio de sostenimiento est\u00e1 en mi casa (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Ante ese panorama, no cabe duda acerca de la improcedencia de la salvaguarda reclamada, comoquiera que tal y como se expuso en precedencia, lo peticionado por el se\u00f1or Luis Hernando se refiere a temas propios del citado decurso, por lo que dicha solicitud no engloba el contenido administrativo que exige el precedente para acceder al resguardo, m\u00e1xime cuando las autoridades accionadas demostraron en las presentes diligencias haber dado contestaci\u00f3n al aqu\u00ed interesado, y que las respuestas le fueron debidamente enteradas a \u00e9ste a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico informada para el efecto en las peticiones. <\/p>\n
5. Bajo esa perspectiva, en el presente asunto no est\u00e1 demostrada la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda invocada, mucho menos el supuesto da\u00f1o ocasionado por la Comisar\u00eda accionada dentro del tr\u00e1mite de medida de protecci\u00f3n acusado, por tal raz\u00f3n no queda otro camino que revocar el fallo constitucional de primera instancia, para en su ligar negar la salvaguarda frente a dicha autoridad, pues tal y como lo ha considerado esta Sala para la procedencia de la protecci\u00f3n superior es indispensable acreditar \u00abla existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (STC2264-2021, entre otras). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone revocar la concesi\u00f3n parcial y, en lo dem\u00e1s, mantener inc\u00f3lume el fallo controvertido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n con el fin de negar la protecci\u00f3n otorgada frente a la Comisar\u00eda Octava de Familia de Kennedy I, por las razones antes esbozadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
<\/p>\n
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