STC3399-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3399-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-04-000-2021-02540-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de diciembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Aldemar Casas Forero contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquir\u00e1, as\u00ed como las partes y los dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo laboral a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, los cuales estima vulnerados por la autoridad judicial convocada, con la providencia SL2098 del 10 de mayo de 2021, a trav\u00e9s de la cual se dispuso no casar la sentencia de segunda instancia atacada, mediante la cual se revoc\u00f3 el fallo de primer grado estimatorio de las pretensiones que elev\u00f3 el aqu\u00ed interesado contra Alpina Productos Alimenticios S.A. <\/p>\n
Por tal motivo, solicita que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, dejando sin valor ni efecto la memorada determinaci\u00f3n y, en consecuencia, ordenar a la Sala de Descongesti\u00f3n convocada, que \u00abprofiera una nueva sentencia dentro del proceso de la referencia con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la normatividad laboral vigente y la jurisprudencia laboral que regula el caso\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento de tales pedimentos, y luego de hacer una s\u00edntesis cronol\u00f3gica del tr\u00e1mite acaecido en desarrollo de la contienda ordinaria laboral que adelant\u00f3 frente a Alpina Productos Alimenticios SA para se declarara que su despido fue injusto \u00aben raz\u00f3n al fuero circunstancial que gozaba al momento del [mismo]\u00bb, y de manera subsidiaria, se reconociera el pago de la indemnizaci\u00f3n consagrada en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo vigente para la fecha de la terminaci\u00f3n de la vinculaci\u00f3n, aleg\u00f3 el inconforme que con lo resuelto por la Sala mayoritaria de Decisi\u00f3n de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n en la providencia memorada, se \u00abdesconoce lo dispuesto en las normas acogidas, incurriendo por tanto en un \u2018defecto f\u00e1ctico\u2019 [porque] (\u2026) mantiene inc\u00f3lumes los argumentos del Tribunal para arribar a la conclusi\u00f3n de revocar la decisi\u00f3n de primera instancia, esto es, que, las conductas a [\u00e9l] achacadas se enmarcan dentro de los postulados de que trata el art\u00edculo 7\u00b0 del Decreto 2351 de 1965 que subrog\u00f3 el Art. 62 del C. S. T., numeral 1, en concordancia con el numeral 1\u00b0del Art\u00edculo 58 Ib\u00eddem y el literal e) del art\u00edculo 55 del RIT\u00bb, adem\u00e1s de \u00abcarecer de sustento\u00bb, motivo por el cual, al no contar con otra herramienta judicial para salvaguardar los bienes jur\u00eddicos primarios invocados, acude a la presente v\u00eda residual. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El apoderado judicial de Alpina Productos Alimenticios SA solicit\u00f3 denegar la protecci\u00f3n reclamada, luego de afirmar que la determinaci\u00f3n de la que se duele el gestor, obedece \u00fanica y exclusivamente a una razonable interpretaci\u00f3n de los medios de prueba recaudados, aunada a la aplicaci\u00f3n de las normas y la jurisprudencia existentes sobre la materia. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 la salvaguarda invocada, tras advertir, luego de citar in extenso las consideraciones esbozadas por la autoridad judicial convocada en la sentencia de casaci\u00f3n censurada, que \u00abla parte accionante busca cuestionar el raciocinio jur\u00eddico de la jurisdicci\u00f3n laboral y, con ello, protestar por el sentido de las decisiones adoptadas por las accionadas. Entendiendo, como se debe, que la acci\u00f3n de tutela no es una herramienta jur\u00eddica complementaria, que en este evento, se convertir\u00eda pr\u00e1cticamente en una instancia adicional, no es adecuado plantear por esta senda la incursi\u00f3n en causales de procedibilidad, originadas en las determinaciones objeto de reproche. <\/p>\n
Argumentos como los presentados por el actor son incompatibles con el amparo, pues pretende revivir un debate que fue debidamente superado en el escenario propicio para ello, y con exclusividad ante los jueces competentes; no as\u00ed ante el juez constitucional, porque su labor no consiste en oficiar como un instrumento m\u00e1s de la justicia ordinaria\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor del amparo recurri\u00f3 el anterior fallo, luego de aducir como motivo de su descontento, similares argumentos a los esbozados en la demanda de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, se concluye con vista en los elementos de juicio militantes en el expediente digital, que el amparo solicitado por el se\u00f1or Casas Forero a trav\u00e9s de este mecanismo especial\u00edsimo resulta improcedente, tal y como lo consider\u00f3 el juez constitucional de primer grado, al resultar ajenas al campo de acci\u00f3n del juez constitucional las inconformidades planteadas por \u00e9ste, toda vez que el razonamiento realizado por la Colegiatura convocada en tr\u00e1mite del mentado recurso extraordinario, de manera alguna resulta arbitrario o caprichoso, lo cual excluye la posible ocurrencia de causal de procedencia del amparo y deja sin piso la acusaci\u00f3n de aqu\u00e9l, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
2.1. Ciertamente, con el fin de desatar los dos cargos interpuestos por el se\u00f1or Aldemar frente a la sentencia de segundo grado, empez\u00f3 por se\u00f1alar la Sala de Descongesti\u00f3n convocada, que aqu\u00e9l la atac\u00f3 de la siguiente manera: <\/p>\n
Por la v\u00eda indirecta: <\/p>\n
\u00abComo errores protuberantes de hecho describe: <\/p>\n
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el trabajador incurri\u00f3 en las justas causas invocadas para terminar el contrato de trabajo. <\/p>\n
2. No tener por de mostrado, a pesar de estarlo, que el trabajador no incurri\u00f3 en las justas causas invocadas. <\/p>\n
3. Dar por demostrado, sin estarlo, que, la factura y orden No. 0400 eran falsos en cuanto fueron diligenciados con letra de William Jim\u00e9nez. <\/p>\n
4. No dar por demostrarlo, a pesar de estarlo, que de la orden y factura No. 0400 solo se pudo concluir estar diligenciados por William Jim\u00e9nez, lo cual no lo constituye en falso. <\/p>\n
Como pruebas err\u00f3neamente apreciadas lista: <\/p>\n
a) Orden y factura No. 0400 (fis. 18, 43 y 308). <\/p>\n
b) Acta de descargos (fis. 24 a 26 y 139 a 141). <\/p>\n
c) F\u00f3rmula m\u00e9dica por optometr\u00eda (fl. 349). <\/p>\n
d) Informe del CTNPO (FL. 289 y 290). <\/p>\n
e) Informe Grafol\u00f3gico RATZEL (fis. 293 y ss). <\/p>\n
f) Interrogatorio de parte absuelto por el demandante. <\/p>\n
g) Testimonio de Jos\u00e9 Reinel Azuero Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
h) Testimonio de Martha Elizabeth Rodr\u00edguez Campos\u00bb <\/p>\n
Y por la v\u00eda directa, tras exponer en suma, que \u00abpor aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 55 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo en relaci\u00f3n con el numeral 1\u00ba del literal a) del art\u00edculo 62 del mismo estatuto\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed entonces, expres\u00f3 el \u00f3rgano de cierre en materia laboral, que los alegatos del recurrente se cimentaron, en \u00faltimas, \u00aben una justificaci\u00f3n de los motivos por los cuales sus pretensiones deber\u00edan haber prosperado olvidando que la sede extraordinaria no es una instancia de decisi\u00f3n adicional y que los argumentos que se plantean en el escenario excepcional de la casaci\u00f3n est\u00e1n conducidos a confrontar la sentencia definitiva del Tribunal, por lo que, como se dijo, las alegaciones de parte son ajenas al tr\u00e1mite del recurso que se decide (CSJ SL, 28 agosto 2012, radicado 43009 y CSJ AL1932-2017)\u00bb, pero haciendo abstracci\u00f3n de esa circunstancia, \u00aby en aplicaci\u00f3n de la flexibilizaci\u00f3n de los requisitos t\u00e9cnicos del recurso extraordinario que viene acogiendo la Corporaci\u00f3n, se identifica como problema jur\u00eddico com\u00fan a todos los recurrentes el de establecer si result\u00f3 equivocado el Tribunal cuando consider\u00f3 eficaz y v\u00e1lida la finalizaci\u00f3n de los contratos de trabajo de los demandantes por haberse comprobado la ocurrencia de una justa causa imputable a Radicaciones n.\u00b0 85820 y 86164 SCLAJPT-10 V.00 31 ellos, as\u00ed como las consecuencias legales que se desprenden de dicha declaraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por lo anterior, luego de enlistar todas las pruebas que se denunciaron como indebidamente apreciadas, as\u00ed como aquellos hechos que de manera \u00abincontrovertible\u00bb quedaron establecidos, concluy\u00f3 que \u00ab[e]fectivamente, de las pruebas calificadas no emerge conclusi\u00f3n alguna que lleve a la Corte a concluir que se equivoc\u00f3 el Tribunal al entender que el demandante s\u00ed tuvo conocimiento y control de la situaci\u00f3n irregular, pues ni de las ya analizadas facturas de venta, ni de la citada certificaci\u00f3n del Consejo T\u00e9cnico Nacional Profesional de Optometr\u00eda \u2013para el caso de Aldemar Casas- habr\u00eda de hallar la Sala la pertinencia para deducir lo querido por el recurrente. <\/p>\n
De otro lado, precisamente en el acta de descargos del 23 de noviembre de 2016, el trabajador Casas Forero afirm\u00f3 expresamente que no hab\u00eda sido examinado por Judy Jim\u00e9nez, hermana de William Jim\u00e9nez, pero s\u00ed acept\u00f3 haberlo visto a \u00e9l en el establecimiento de comercio \u00ab[\u2026] porque es un negocio familiar o le estaba ayudando a la hermana\u00bb. <\/p>\n
Luego, este trabajador s\u00ed ten\u00eda una noci\u00f3n m\u00ednima de la cercan\u00eda y\/o posible participaci\u00f3n de \u00e9ste en la gesti\u00f3n comercial de aquella, como para estar razonablemente en la capacidad de discernir sobre las posibles inexactitudes que tuviera el documento con el que \u00e9l mismo, d\u00edas despu\u00e9s, gestion\u00f3 el auxilio extralegal. <\/p>\n
Dicho de otra forma, si el trabajador en menci\u00f3n reconoci\u00f3 que sab\u00eda que William Jim\u00e9nez estaba directa o indirectamente relacionado con las actividades comerciales de servicios de optometr\u00eda y tuvo la capacidad de asegurar ante el empleador en la diligencia de descargos que quien lo examin\u00f3 ocularmente no era la hermana de aquel, era posible concluir para el Tribunal que s\u00ed estaba dentro de su alcance advertir que el documento que aportar\u00eda a la empresa resultaba enga\u00f1oso si se presentaba a Judy Paola Jim\u00e9nez no solo sin haber sido la persona que lo evalu\u00f3, sino sin ser opt\u00f3metra. <\/p>\n
A su turno, de la f\u00f3rmula m\u00e9dica de optometr\u00eda aportada posteriormente durante el proceso y que est\u00e1 suscrita por la opt\u00f3metra registrada Viviana Sol\u00f3rzano, tampoco es posible deducir error del Tribunal, en tanto que tal documento calendado presuntamente el 4 de febrero de 2015 \u2013que solo fue conocido durante el juicio-, no fue uno de los que soportaron la solicitud del auxilio extralegal mencionado y por ende, no pudo constituir prueba de la legalidad de la actuaci\u00f3n en aquel tiempo. <\/p>\n
Finalmente, en lo tocante al interrogatorio de parte que rindi\u00f3 el representante legal de Alpina S.A., es necesario recordar que con antelaci\u00f3n ha sentado la Corporaci\u00f3n que \u00e9ste \u00ab[\u2026] en s\u00ed mismo considerado no es un medio h\u00e1bil en la casaci\u00f3n del trabajo, salvo que, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 195 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, contenga la confesi\u00f3n de alg\u00fan hecho\u00bb (CSJ SL, 29 julio 2008, radicado 32044, reiterada en CSJ SL10880-2017), por lo que debe analizarse en funci\u00f3n de la verificaci\u00f3n de si existe en \u00e9l una confesi\u00f3n, que haga del mismo una prueba calificada para la sede extraordinaria\u00bb, lo que desencaden\u00f3 la improsperidad de los cargos. <\/p>\n
3. De conformidad con lo expuesto, y a diferencia de lo considerado por el promotor del amparo, lo determinado reposa sobre el contenido de los medios de convicci\u00f3n, a la par de un razonable entendimiento de los mismos, y la aplicaci\u00f3n de las normas aplicables a la materia, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo invocadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le abre paso al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, en tanto que tal y como lo dej\u00f3 anotado la Corporaci\u00f3n criticada en la sentencia debatida, se demostr\u00f3 con suficiencia, en \u00faltimas, que el despido del se\u00f1or Aldemar s\u00ed fue con justa causa, pues, en suma, accedi\u00f3 a un beneficio extralegal vali\u00e9ndose de documentos falsos, frente a lo cual se adelant\u00f3 el respectivo proceso disciplinario. <\/p>\n
4. Queda claro entonces, que lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda la decisi\u00f3n que lo desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios, en raz\u00f3n a que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC304-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
5. Finalmente, y acerca de la supuesta vedada interpretaci\u00f3n que efectu\u00f3 la Sala de Descongesti\u00f3n convocada alegada por el gestor, basta con precisar que la simple discrepancia con lo decidido no es raz\u00f3n suficiente para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, en tanto que en este escenario no es posible debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el sentenciador de la causa y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, ya que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC3070-2021). <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00abello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (ejusdem)\u00bb; de este modo, como lo pretendido por el gestor es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, y atacar por esta v\u00eda la decisi\u00f3n que le desfavoreci\u00f3, esa finalidad resulta ajena a la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
6. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
<\/p>\n
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