STC3405-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3405-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2022-00087-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de febrero de 2022 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Liseth Carolina Salgado Freile contra la Superintendencia de Sociedades y Colcapital Valores S.A.S. \u2013en intervenci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes en el asunto a que alude la demanda de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderada judicial, la gestora del auxilio reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, al m\u00ednimo vital, a la vida digna, a la salud y a la seguridad social, presuntamente quebrantados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, al abstenerse de pagar sus acreencias laborales adeudadas y certificar la terminaci\u00f3n de su contrato de trabajo, dada la intervenci\u00f3n judicial de su empleador Colcapital Valores SAS, que se adelanta bajo el radicado n.\u00ba 87.474. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Entonces, para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas reclama a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, puntualmente, que se ordene a la Superintendencia de Sociedades y a la agente interventora de Colcapital Valores S.A.S., \u00abcancelar los salarios adeudados, prestaciones sociales; las indemnizaciones\u00bb, y se \u00abemita[n] formalmente la CARTA DE TERMINACI\u00d3N DE TRABAJO\u00bb, en aras de \u00abacceder a los beneficios de desempleo de la caja de compensaci\u00f3n familiar y el retiro de sus cesant\u00edas\u00bb. <\/p>\n
3. Para respaldar su queja, refiere en lo cardinal, que el 15 de enero de 2020 suscribi\u00f3 contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido con Colcapital Valores S.A.S., hoy en intervenci\u00f3n, para desempe\u00f1ar el cargo de auxiliar jur\u00eddico, con un sueldo equivalente al salario m\u00ednimo mensual vigente de la \u00e9poca; empero, funcionarios de la Superintendencia de Sociedades arribaron a su sitio de trabajo y le informaron sobre el inicio de la intervenci\u00f3n de ese ente societario en toma de posesi\u00f3n, sin que formalmente fuera enterada sobre la suerte de su contrato laboral, por lo que el 19 de octubre de 2021 acudi\u00f3 ante la Supersociedades con miras a radicar la reclamaci\u00f3n de su cr\u00e9dito laboral; no obstante, por auto 2021-01-702413 de 30 de noviembre siguiente, se le neg\u00f3 tal reconocimiento, dice, desconociendo los derroteros de la \u00abley 1116 de 2006\u00bb, esto es, que \u00ablos cr\u00e9ditos laborales son los que gozan de mayor privilegio\u00bb. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 adem\u00e1s, que la sociedad intervenida ha continuado con el curso normal de sus negocios, mientras que a ella \u00able fue terminado su contrato de trabajo, violent\u00e1ndose sus derechos al trabajo, al m\u00ednimo vital y a la seguridad social, raz\u00f3n por la cual, este es el mecanismo id\u00f3nea (sic) en contra de tanta arbitrariedad\u00bb, pues, insiste, en su caso no hubo una finalizaci\u00f3n formal de su relaci\u00f3n laboral, \u00absino un atropello con sus derechos laborales\u00bb, raz\u00f3n por la cual, reclama la intervenci\u00f3n del juez de tutela en su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Superintendencia de Sociedades explic\u00f3, que el \u00abproceso de toma de posesi\u00f3n, como el que se adelanta a la sociedad Colcapital Valores S.A.S. en toma de posesi\u00f3n como medida de intervenci\u00f3n, de acuerdo con el literal a) del art\u00edculo 7 del Decreto 4334 de 2008, tiene como prop\u00f3sito fundamental la devoluci\u00f3n a los afectados reconocidos, bajo el procedimiento establecido\u00bb, el cual no prev\u00e9 \u00abel reconocimiento de acreencias establecido en la Ley 1116 de 2006\u00bb y, por lo tanto, \u00ablas solicitudes de reconocimiento de cr\u00e9ditos deber\u00e1n ser negadas, en cuanto no puede ser objeto del tr\u00e1mite en la medida actual. Tambi\u00e9n deber\u00e1n ser negadas las solicitudes de pago de obligaciones laborales, por cuanto el tr\u00e1mite del proceso de intervenci\u00f3n judicial mediante toma de posesi\u00f3n no contempla su reconocimiento y pago\u00bb, raz\u00f3n por lo cual, pidi\u00f3 denegar el amparo. Con todo, enfatiz\u00f3 en que en la decisi\u00f3n cuestionada le orden\u00f3 a la interventora como representante legal de la sociedad intervenida, que con sustento en el \u00abart\u00edculo 9.1 del Decreto 4334 de 2008, que aportara constancia de los aportes a seguridad social, con el fin de poder tener certeza de los valores de indemnizaciones. Los cr\u00e9ditos de naturaleza laboral, distintos a dichas indemnizaciones no pueden ser objeto de reconocimiento y pago en el presente proceso, de acuerdo con lo expuestos previamente\u00bb. <\/p>\n
b. Colcapital Valores SAS en intervenci\u00f3n, a trav\u00e9s de su agente interventora, pidi\u00f3 denegar el resguardo por carecer del requisito de la subsidiariedad, toda vez que este mecanismo no es la herramienta id\u00f3nea para cuestionar la decisi\u00f3n que la gestora considera contraria a sus garant\u00edas superiores. <\/p>\n
c. El director territorial del Atl\u00e1ntico del Ministerio de Trabajo simplemente dijo, que \u00abse trata de una controversia, que seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 486 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, este Ministerio no tiene facultades para Decidir sobre Controversias Jur\u00eddicas, como las que est\u00e1n planteadas en la presente Acci\u00f3n de Tutela, quienes est\u00e1n facultados para Decidir sobre las mencionadas Controversias, son los Jueces de La Rep\u00fablica; en este caso el Juez Constitucional (sic)\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla accedi\u00f3 parcialmente al amparo reclamado y, en tal sentido orden\u00f3 \u00aba la Dra. Mar\u00eda Mercedes Perry Ferreira en su condici\u00f3n de representante legal e interventora de la Sociedad Colcapital Valores SAS \u2013en intervenci\u00f3n-,a quien haga sus veces y\/o a quien corresponda que, en el t\u00e9rmino de quince(15) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo y si a\u00fan no lo hubiere hecho, adopte determinaci\u00f3n en torno a la situaci\u00f3n laboral de la se\u00f1ora Liseth Carolina Salgado Freile, as\u00ed mismo y dentro del mismo plazo, proceder a notificar en debida forma su decisi\u00f3n a la convocante\u00bb; adem\u00e1s, orden\u00f3 a la citada entidad, dar \u00abalcance al requerimiento realizado por la Superintendencia de Sociedades en el auto 2021-01-702413 de 30 de noviembre de 2021 para darle continuidad al procedimiento de pago de las indemnizaciones en el marco y dentro de la regulaci\u00f3n que cobija el tr\u00e1mite de intervenci\u00f3n al que se encuentra sometida Colcapital Valores SAS.\u00bb. <\/p>\n
Para arribar a la anterior determinaci\u00f3n, la Magistratura constitucional explic\u00f3, que en el marco del proceso de intervenci\u00f3n la Superintendencia de Sociedades requiri\u00f3 a la agente interventora con miras a que fueran remitidas las plantillas \u00abde pago de seguridad social y la contabilidad de las obligaciones laborales con el fin de validar los salarios devengados y desembolsar el dinero para el pago de las indemnizaciones\u00bb, frente a lo cual la requerida simplemente dijo que esa determinaci\u00f3n tiene por efecto propio la terminaci\u00f3n de los contratos, m\u00e1xime cuando la sociedad no est\u00e1 desarrollando su objeto social, pero \u00abno indic\u00f3 si ya hab\u00eda notificado a los trabajadores de Colcapital de la terminaci\u00f3n de sus contratos y tampoco ninguna manifestaci\u00f3n realiz\u00f3 en torno a las gestiones que se encuentra realizando para proceder con el pago de las indemnizaciones que en favor de los extrabajadores de la intervenida deben efectuarse, pese a que de manera particular para tales efectos\u00bb; por lo tanto, \u00abno existe certeza si la interventora dio alcance a lo ordenado por la Superintendencia en el auto 2021-01-702413 de 30 de noviembre de 2021 para continuar con el procedimiento de pago de las indemnizaciones\u00bb. <\/p>\n
La present\u00f3 la agente interventora de Colcapital Valores S.A.S en intervenci\u00f3n, tras advertir que por el \u00abprincipio de no contradicci\u00f3n (\u2026) una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y, en el mismo sentido\u00bb y, por lo tanto, a trav\u00e9s de la tutela no puede pretextarse la protecci\u00f3n de un derecho y quebrantar otro de la misma categor\u00eda, en la medida en que el proceso de intervenci\u00f3n se encuentra ce\u00f1ido a las normas especiales que lo gobiernan. <\/p>\n
Explic\u00f3, que mediante oficio 2021-01-705631 del 2 de diciembre anterior, le inform\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades \u00abque mediante radicado 2021-01-640744 de 28 de fecha octubre de 2021 (sic), se allegaron las planillas de seguridad social de los meses julio, agosto, y septiembre de 2021 de la Sociedad Colcapital S.A.S. Asimismo, que se remiti\u00f3 auxiliar contable de la cuenta por concepto de gastos laborales del periodo de enero a 30 de septiembre de 2021, de una parte y, de otra, que se solicit\u00f3 el desembargo de $98.372.972 para realizar los pagos que correspondan por concepto de las indemnizaciones de los empleados de la sociedad intervenida\u00bb y, en tal sentido, la Supersociedades en decisi\u00f3n del 15 de febrero actual, entre otras, desembarg\u00f3 dineros para el pago de las indemnizaciones, situaci\u00f3n que, dice, configura la carencia actual de objeto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. En el caso sometido a consideraci\u00f3n de esta Corte, la se\u00f1ora Liseth Carolina pretende a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, que se ordene el pago de las acreencias laborales que supuestamente le adeuda Colcapital Valores SAS en intervenci\u00f3n, por la relaci\u00f3n laboral que entre ellos se suscribi\u00f3 el 15 de enero de 2020, y que est\u00e1n pendientes por cuenta del proceso de intervenci\u00f3n mediante toma de posesi\u00f3n de los bienes, haberes, negocios y patrimonio del ente societario en mientes; y, que se le certifique \u00abformalmente la CARTA DE TERMINACI\u00d3N DE TRABAJO\u00bb, pues dicho tr\u00e1mite jam\u00e1s se realiz\u00f3. <\/p>\n
3. No obstante, revisadas las documentales y los informes allegados a las presentes diligencias, advierte la Corte que la decisi\u00f3n de instancia habr\u00e1 de mantenerse, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Pese a que la gestora solicita en esta sede el reconocimiento de una acreencia a cargo de la intervenida Colcapital Valores SAS, desaprovech\u00f3 la oportunidad con que contaba para cuestionar, v\u00eda reposici\u00f3n, la decisi\u00f3n contenida en auto 2021-01-702413 proferido el 30 de noviembre anterior, a trav\u00e9s del cual la Superintendencia de Sociedades le neg\u00f3 la solicitud de \u00abreconocimiento, calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y pago de obligaciones de naturaleza laboral, distintos a indemnizaciones por terminaci\u00f3n del contrato\u00bb de la quejosa y otros, medio que proced\u00eda ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que con apego del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala, en supuestos similares ha indicado que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC3803-2021). <\/p>\n
Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que, \u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
3.2. Empero y sin perjuicio de lo expuesto, t\u00e9ngase en cuenta que, tal y como lo puso de presente la interventora en la impugnaci\u00f3n, con ocasi\u00f3n del desembargo efectuado por la Superintendencia de Sociedades se pudo efectuar los pagos correspondientes por concepto de las indemnizaciones por terminaci\u00f3n unilateral de los contratos de trabajo de los empleados de la intervenida Colcapital valores SAS, el cual se materializ\u00f3 a favor de la se\u00f1ora Liseth Carolina el pasado 17 de febrero por la suma de $1.513.072,oo, por lo que la queja constitucional endilgada por este concepto, qued\u00f3 realmente superada. <\/p>\n
3.3. No obstante, frente al reclamo de la gestora del amparo encaminado a que se le expida \u00abformalmente la CARTA DE TERMINACI\u00d3N DE TRABAJO\u00bb, no cabe duda para la Sala que, tal y como lo consider\u00f3 el a quo constitucional, es deber de la agente interventora resolver dicha situaci\u00f3n de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 9\u00b0, num. 12 del Decreto 4334 de 2008, por ser quien cuenta con la facultad de poner fin a cualquier clase de contrato existente al momento de la toma de posesi\u00f3n, evento que, sin duda, debe informar al empleado; de modo que, aunque la representante legal e interventora de Colcapital Valores SAS, Mar\u00eda Mercedes Perry Ferreira, considere que \u00abno existe debe[r] obligacional consagrado en ninguna norma jur\u00eddica que genere el compromiso de notificar los efectos de la terminaci\u00f3n que ha producido la terminaci\u00f3n judicial proferida por la autoridad competente\u00bb, lo cierto es que, nada impide que \u00e9sta le certifique a la extrabajadora que el contrato que ten\u00eda con la sociedad le fue finiquitado unilateralmente, con ocasi\u00f3n del proceso de intervenci\u00f3n al que fue sometida, donde valga precisar, no hay reconocimiento de prestaciones laborales, sino el pago de la respectiva indemnizaci\u00f3n, el que ya se verific\u00f3 en el presente caso. <\/p>\n
4. De este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se mantendr\u00e1 la decisi\u00f3n refutada, pero por lo aqu\u00ed expuesto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Justificada Ausencia <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con Justificada Ausencia <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Con Justificada Ausencia <\/p>\n
<\/p>\n
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