STC3407-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68679-22-14-000-2021-00066-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo del 18 de febrero anterior, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia Bernal Torres contra el Juzgado Civil del Circuito de Cimitarra, Santander, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con las decisiones proferidas en el marco del proceso ejecutivo, seguido del ordinario, que Gustavo Cubides Mogoll\u00f3n y otros, promovieron frente a Alfredo Ayala Guiza e Indalecio Bernal Manrique (q.e.p.d.), con rad. 2009-00001. <\/p>\n
Solicita entonces, que se declare la nulidad de todo lo actuado en el juicio coercitivo en comento, desde el mandamiento de pago librado el 19 de julio de 2019, inclusive. <\/p>\n
2. En apoyo de tal reparo aduce en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n de la presente controversia, que aunque su padre falleci\u00f3 el 27 de junio de 2016, y nunca fue enterada \u00abcomo heredera\u00bb junto con sus otros hermanos y madre, de la orden de apremio librada en contra de aqu\u00e9l, el Juzgado Civil del Circuito de Cimitarra s\u00f3lo hasta el \u00ab21 de septiembre de 2021\u00bb la tuvo por notificada por conducta concluyente. <\/p>\n
Se\u00f1ala que aunque con anterioridad a ello aleg\u00f3 la falta de notificaci\u00f3n de la citada decisi\u00f3n, criticando adem\u00e1s, las medidas cautelares decretadas respecto de bienes muebles e inmuebles, el citado Despacho rechaz\u00f3 de plano la nulidad invocada, lo que, dice, le impidi\u00f3 cuestionar la orden ejecutiva y las liquidaciones del cr\u00e9dito, aun cuando la primera determinaci\u00f3n se libr\u00f3 \u00abcontra una persona que hab\u00eda fallecido (\u2026) y no a su c\u00f3nyuge\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s refiere, por una parte, que aunque el deceso del obligado era de conocimiento del apoderado de los ejecutantes, guard\u00f3 silencio; y por la otra, que quien fung\u00eda como mandataria judicial de su padre dentro del juicio de responsabilidad civil extracontractual primigenio, s\u00f3lo estaba habilitada para actuar \u00abhasta el fallo de segunda instancia (\u2026) no para el proceso ejecutivo careciendo de facultades para allanarse u oponerse\u00bb, raz\u00f3n por la cual, con todo el tr\u00e1mite de la ejecuci\u00f3n se le caus\u00f3 un perjuicio irremediable. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. A trav\u00e9s de apoderado judicial, los se\u00f1ores Gustavo Cubides Mogoll\u00f3n, Laureano, Gerardo, Rosa Isabel, Alejandrina y Delfina Cubides Moncada se\u00f1alaron, que no solo las quejas dirigidas respecto del mandamiento de pago librado en contra del difunto Indalecio Bernal Manrique, ya fueron objeto de estudio en el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que el hermano de la actora formul\u00f3 ante esta Corte, sino que la notificaci\u00f3n por conducta concluyente tuvo lugar por el poder que \u00e9sta otorg\u00f3 para la defensa de sus derechos dentro del citado decurso. <\/p>\n
b. Zoila Rosa Torres Quintero, William y Ricardo Bernal Torres, ratificaron los hechos expuestos por la inconforme en el escrito de amparo. <\/p>\n
c. El Juzgado Promiscuo Municipal de Land\u00e1zuri precis\u00f3, que su actuaci\u00f3n se limit\u00f3 a cumplir con la diligencia de secuestro que le fue comisionada respecto de la cuota parte de un inmueble. <\/p>\n
d. La Abogada Ana Patricia Bueno Mogoll\u00f3n indic\u00f3, que fungi\u00f3 como apoderada del se\u00f1or Indalecio Bernal en el tr\u00e1mite declarativo referido, en el que, tras comunicaci\u00f3n con la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de aqu\u00e9l, present\u00f3 renuncia al mandato que le fue otorgado. <\/p>\n
e. La representante judicial de La Equidad Seguros S.A. aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues ninguna queja va dirigida en su contra. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de San Gil neg\u00f3 el amparo deprecado, tras considerar que en relaci\u00f3n con el mandamiento de pago librado en contra del fallecido padre de la actora, es inexistente el quebrantamiento superior alegado, pues \u00abse dict\u00f3 apenas trascurridos 21 d\u00edas posteriores al fallo de segunda instancia -el cual fue el definitivo en el litigio-, decisi\u00f3n, que, acorde con lo previsto en el inciso segundo del art. 306 del C.G.P., deb\u00eda notificarse por estado -y no personalmente a los herederos del ejecutado-, al no haberse superado el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas previsto en la norma ut supra, desde el momento en que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n de segunda instancia, pues debe recordar la Sala, que, la muerte de un litigante no suspende el proceso o anula las decisiones que se profieran con posteridad al fallecimiento de alg\u00fan sujeto procesal, pues el proceso debe continuarse con la persona, que, hasta ese momento se ten\u00eda por demandado, notificado y condenado -y posteriormente con su c\u00f3nyuge y\/ herederos, una vez se tenga conocimiento de dicho hecho-, luego entonces en el sub-lite si bien es cierto, al momento de dictarse la orden de pago ya hab\u00eda fallecido el se\u00f1or Indalecio Bernal Manrique -27 de junio de 2016-, -hecho \u00faltimo, el cual dicho sea de paso, en el presente asunto solo se tuvo conocimiento hasta el 12 de noviembre de 2019-, la defensa de los intereses de la parte aqu\u00ed accionante -Claudia Bernal Torres- se sobrentiende estaba siendo asumida por la apoderada judicial que hasta ese momento ven\u00eda actuando en favor del se\u00f1or Indalecio Bernal Manrique\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, puso de presente que la protecci\u00f3n reclamada de cara a la notificaci\u00f3n por conducta concluyente de la orden de apremio que se surti\u00f3 respecto de la gestora, es prematura, comoquiera que est\u00e1 pendiente de resoluci\u00f3n el recurso de queja que se interpuso contra el prove\u00eddo que deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del mecanismo vertical que formularon en contra de la citada decisi\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promovi\u00f3 la accionante se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela; adem\u00e1s de agregar, que si bien la mandataria judicial de su difunto padre renunci\u00f3 al poder que le fue conferido en septiembre de 2020, s\u00f3lo hasta diciembre de 2021 le fue aceptada la dimisi\u00f3n, lo que, asegura, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el presente asunto, advierte la Sala que la censura de se\u00f1ora Claudia Bernal Torres est\u00e1 encaminada, concretamente, frente a la decisi\u00f3n del Juzgado Civil del Circuito de Cimitarra, Santander, de \u00abrechazar\u00bb la nulidad invocada en el marco del proceso ejecutivo singular, seguido despu\u00e9s del ordinario de responsabilidad civil extracontractual, que Gustavo Cubides Mogoll\u00f3n y otros, promovieron frente a Alfredo Ayala Guiza e Indalecio Bernal Manrique (q.e.p.d.), pues seg\u00fan su criterio, tras el fallecimiento de su progenitor, no solo se profiri\u00f3 sentencia de segunda instancia que result\u00f3 adversa a sus intereses, sino que fue indebidamente notificada de la orden de pago librada en su momento en contra de aqu\u00e9l. <\/p>\n
3. No obstante, una vez examinado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada a trav\u00e9s de este mecanismo especial, la Corte advierte el fracaso de la protecci\u00f3n constitucional implorada, por no ser el resultado de un razonamiento desbordado o desmedido que haga posible la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela para invalidar o modificar lo resuelto, teniendo en cuenta que la autoridad judicial criticada para rechazar por segunda vez, la invalidez de la ejecuci\u00f3n cuestionada reclamada por la aqu\u00ed interesada, la que, valga decir, se soport\u00f3 en lo fundamental, en las mismas alegaciones tra\u00eddas a esta sede por la gestora del amparo, relacionas con que para cuando se libr\u00f3 mandamiento de pago al interior del citado decurso en contra de su progenitor, \u00e9ste se encontraba fallecido, sin que el apoderado del extremo ejecutante informara de dicha situaci\u00f3n al Despacho, pese a tener conocimiento de ello, y, su indebido enteramiento de lo decidido pese a ser sucesora procesal del obligado, consider\u00f3, en suma, que el tr\u00e1mite coercitivo se inici\u00f3 con base en la sentencia ejecutoriada dictada en el marco del proceso de responsabilidad civil extracontractual donde se orden\u00f3 el pago de unas sumas de dinero a favor del extremo demandante, de conformidad con lo previsto en el art. 306 del C.G. del P., pues la orden de pago fue librada el 29 de julio de 2019, es decir, dentro del t\u00e9rmino de 30 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia all\u00ed exigida, por lo que, acorde con lo tambi\u00e9n estipulado en la citada norma, la notificaci\u00f3n de lo decidido se efectu\u00f3 por estados, y no personalmente a los herederos, como lo reclama la actora, sin que, por dem\u00e1s, el deceso del citado sujeto procesal anule per se lo actuado con posterioridad a ese momento, comoquiera que el asunto contin\u00faa con la persona que hasta ese momento se ten\u00eda por demandado y notificado en forma legal, para el caso, el se\u00f1or Indalecio, hasta ese momento estaba siendo representado judicialmente por apoderada judicial, estando garantizado en consecuencia, su debido proceso, decisi\u00f3n que fue mantenida \u00edntegramente por el Superior. <\/p>\n
De este modo, m\u00e1s all\u00e1 que la gestora del amparo no comparta las conclusiones a las que lleg\u00f3 la autoridad judicial criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez constitucional, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende la peticionaria del amparo es anteponer su propio criterio frente a una particular tem\u00e1tica que ya fue debatida y definida dentro de la contienda en cuesti\u00f3n, zanj\u00e1ndose que no hay lugar a la nulidad invocada, porque las circunstancias expuestas por la aqu\u00ed quejosa no se acompasan con las figuras invocadas, estas son, las causales 4 y 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, en raz\u00f3n a que, por una parte, con el fallecimiento del demandando de manera alguna ces\u00f3 el mandato otorgado en vida a la profesional del derecho, por lo que \u00e9ste cont\u00f3 con la defensa de sus intereses hasta la culminaci\u00f3n del mandato en el a\u00f1o 2020; y por la otra, no hab\u00eda lugar a notificar el mandamiento de pago personalmente a los herederos, en raz\u00f3n a que la solicitud de ejecuci\u00f3n se elev\u00f3 dentro del t\u00e9rmino de que trata el inciso 2\u00ba del canon 306 ibidem, lo que de manera alguna lesiona las prerrogativas superiores invocadas por la accionante. <\/p>\n
En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. Por otra parte, se avizora que la se\u00f1ora Bernal tambi\u00e9n censura i) el prove\u00eddo del 21 de septiembre de 2021, mediante el cual el Juzgado convocado la tuvo notificada por conducta concluyente de las diferentes decisiones del juicio coercitivo aludido; y, ii) la \u00faltima liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por los all\u00e1 ejecutantes, pues seg\u00fan su criterio, no se le ha permitido ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n; empero, estando pendiente de resoluci\u00f3n el recurso de queja que la aqu\u00ed actora formul\u00f3 contra el prove\u00eddo que neg\u00f3 la concesi\u00f3n del mecanismo vertical que interpuso contra la primera de las decisiones, y, la entrega por parte de la auxiliar de la justicia designada, del dictamen solicitado respecto de la referida estimaci\u00f3n pecuniaria, no cabe duda que resulta presuroso reclamar cualquier tipo de pronunciamiento al respecto, hasta tanto la particular materia sea resuelta de forma definitiva por la autoridad correspondiente, en la medida en que no puede acudirse con \u00e9xito al amparo cuando est\u00e1n en tr\u00e1mite los instrumentos ordinarios de defensa, pues ello ri\u00f1e con el car\u00e1cter subsidiario y residual que lo caracteriza, no siendo viable pretender reemplazar los senderos legales mediante esta herramienta, dado que el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el ejercicio prematuro de esta acci\u00f3n constitucional, se ha plasmado que \u00ab\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC1304-2021). <\/p>\n
5. Ahora, en relaci\u00f3n con los reproches esgrimidos por la accionante en el escrito de impugnaci\u00f3n, atinentes a la temporalidad en que se acept\u00f3 la renuncia que present\u00f3 la profesional del derecho que design\u00f3 su difunto padre, y el uso que se le est\u00e1 dando a uno de los bienes que fueron secuestrados, los mismos no pueden ser acogidos en esta sede, por cuanto se trata de hechos nuevos respecto de los cuales el accionado y los vinculados no pudieron defenderse en su debida oportunidad, en tanto que la particular tem\u00e1tica no fue puesta desde el inicio en consideraci\u00f3n en el presente debate, para que se ejerciera su derecho de contradicci\u00f3n, motivo por el cual ahora no pueden ser sorprendidos con una decisi\u00f3n al respecto, pues, as\u00ed, se les desconocer\u00eda tambi\u00e9n su garant\u00eda ius fundamental al debido proceso. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que son expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, se ha sostenido que, si bien \u00abes cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026) Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (ver hace poco en CSJ STC4035-2021). <\/p>\n
6. Finalmente, tampoco resulta procedente la tutela como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable a la aqu\u00ed inconforme, pues lo cierto es que no se alleg\u00f3 elemento de juicio alguno para demostrarlo, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia, \u00abpor cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC793-2021). <\/p>\n
7. Corolario de lo anterior, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
<\/p>\n
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