STC3409-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3409-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00068-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 31 de enero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP, contra la Sala de Descongesti\u00f3n No 4 de la Especializada en lo Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y al \u00abprincipio de Sostenibilidad Financiera del Sistema Pensional\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con la decisi\u00f3n dictada en sede de casaci\u00f3n, dentro del juicio ordinario laboral que V\u00edctor Hugo Mu\u00f1oz Velandia promovi\u00f3 contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia \u2013hoy representado por la UGPP, con rad. 2015-00854. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, para \u00abDEJAR sin efectos\u00bb la sentencia adiada 21 de junio de 2021 y, que como consecuencia de ello, \u00abse ordene (\u2026) dictar nueva sentencia ajustada a derecho, en la cual se confirme la decisi\u00f3n de segunda instancia\u00bb, en el marco de la controversia referida. <\/p>\n
2. Como apoyo f\u00e1ctico de lo reclamado aduce, en lo esencial, que pese a que, no solo la Convenci\u00f3n Colectiva 1998-1999 de la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero \u2013Caja Agraria, perdi\u00f3 vigencia el 31 de julio de 2010, sino que el demandante no cumpl\u00eda con el requisito para acceder a la pensi\u00f3n convencional, puesto que si bien contaba con 20 a\u00f1os de servicios, lo cierto es que hasta el 10 de septiembre del 2012 acredit\u00f3 la exigencia de la edad, esto es, 55 a\u00f1os, la Sala de Descongesti\u00f3n No 4 de la Especializada en lo Laboral de esta Corte cas\u00f3 la decisi\u00f3n de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, para en sentencia de instancia, ordenar el reconocimiento de la prestaci\u00f3n social junto con las mesadas adicionales. <\/p>\n
Se\u00f1ala que en la anterior determinaci\u00f3n se omiti\u00f3 que \u00abla condici\u00f3n y los requisitos\u00bb establecidos en el art\u00edculo 41 de la convenci\u00f3n aludida son \u00abpara la causaci\u00f3n del derecho y no para la exigibilidad. El texto de la norma convencional es claro al estipular que quien cumpla los requisitos de tiempos de servicio y de edad dentro de la vigencia de la convenci\u00f3n, tiene derecho al reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n\u00bb, a m\u00e1s de las \u00abreglas contenidas en el contrato de trabajo\u00bb, y, el Acto Legislativo 01 de 2005 para el reconocimiento de la mesada 14, en cuanto \u00abimpone el cumplimiento de la edad y el tiempo de servicios sin que en ning\u00fan aparte se\u00f1ale que es uno u otro requisito el que debe cumplirse para adquirir el derecho\u00bb. <\/p>\n
Indica que aunque se aplic\u00f3 la figura de la compartibilidad pensional, lo cierto es que \u00aba la hora de proyectar el retroactivo (\u2026), pas[\u00f3] por alto que ya trae reconocida una pensi\u00f3n de vejez (\u2026) desde junio de 2014, y calcula el valor del retroactivo con mesadas pensionales al 100% y no compartidas, gener\u00e1ndose as\u00ed una suma que no le corresponde al causante\u00bb en detrimento del tesoro p\u00fablico, circunstancias por las que considera necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues de acuerdo al Decreto 2842 de 2013, \u00abperdi[\u00f3] competencia respecto de las funciones pensionales de la Extinta Caja Agraria\u00bb. <\/p>\n
b. El apoderado del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que no fue parte del juicio criticado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, tras considerar que la sentencia que cas\u00f3 la decisi\u00f3n de segundo grado se profiri\u00f3 \u00abal interior del correspondiente tr\u00e1mite y de conformidad con una interpretaci\u00f3n fundada y debidamente argumentada\u00bb; adem\u00e1s, puso de presente que frente al prove\u00eddo de instancia se incumple con el requisito de la subsidiariedad, pues la entidad accionante \u00abno ha ejercido la acci\u00f3n correcta para lograr un pronunciamiento acerca de la incompatibilidad de la mesada pensional cuestionada y no se observa un abuso del derecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La UGPP recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela en punto de la decisi\u00f3n sustitutiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada se observa, que la censura de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social est\u00e1 encaminada, concretamente, frente al prove\u00eddo dictado el 21 de junio de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala Especializada en lo Laboral de esta Corte, por medio del cual, tras casar la sentencia proferida el 20 de junio de 2018 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, resolvi\u00f3, en \u00faltimas, \u00abCONDENAR[LA] (\u2026) a reconocer y pagar al actor la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 41 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo suscrita entre la extinta Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero y Sintracreditario\u00bb, en el marco del proceso ordinario laboral que V\u00edctor Hugo Mu\u00f1oz Velandia promovi\u00f3 frente al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, pues seg\u00fan su criterio, en dicha decisi\u00f3n se omiti\u00f3 que para la calenda en que el demandante cumpli\u00f3 el requisito de la edad para acceder a la prestaci\u00f3n social, la convenci\u00f3n ya no estaba vigente, sin que tampoco hubiese lugar a reconocer la mesada 14. <\/p>\n
3. Sin embargo, la Sala considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, en raz\u00f3n a que las cuestiones planteadas por la Unidad Administrativa Especial accionante resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro del prenotado litigio no ha hecho uso de las herramientas de defensa que tiene a su alcance para obtener lo que aqu\u00ed solicita, situaci\u00f3n que enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, pues no est\u00e1 demostrado que la UGPP haya expuesto en el escenario correspondiente, las inconformidades que ahora trae a este mecanismo excepcional\u00edsimo, esto es, a trav\u00e9s de la formulaci\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 20031, tr\u00e1mite que se abrir\u00e1 paso ante la autoridad competente, claro est\u00e1, siempre y cuando se cumplan los presupuestos previstos por el legislador para el efecto, lo que torna improcedente la tutela por insatisfacer el presupuesto de procedibilidad de la subsidiariedad, pues como esta Sala lo ha indicado en varias ocasiones, a esta acci\u00f3n solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda cercenando los principios del derecho procesal, pues la acci\u00f3n de tutela procede \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb (ver recientemente en CSJ STC062-2021). <\/p>\n
De manera que, \u00ab[m]ientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
4. Esta Sala en un asunto de contornos similares al sub examine en reciente pronunciamiento advirti\u00f3, que \u00ab[e]n efecto, v\u00e9ase que contra la decisi\u00f3n emitida por la autoridad judicial cuestionada procede la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, tal como lo contempla el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003. As\u00ed las cosas, se evidencia que el promotor omiti\u00f3 agotar los medios ordinarios con los que cuenta para salvaguardar sus derechos fundamentales antes de acudir a este mecanismo subsidiario\u00bb CSJ STC804-2022. <\/p>\n
5. Finalmente, tampoco resulta procedente la tutela como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable a la aqu\u00ed inconforme, comoquiera que no se alleg\u00f3 elemento de juicio alguno para demostrarlo, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia, \u00abpor cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC4541-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
1\u0002 ART\u00cdCULO 20. REVISI\u00d3N DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERI\u00d3DICAS A CARGO DEL TESORO P\u00daBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA P\u00daBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
La revisi\u00f3n tambi\u00e9n procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacci\u00f3n o conciliaci\u00f3n judicial o extrajudicial. <\/p>\n
La revisi\u00f3n se tramitar\u00e1 por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo y podr\u00e1 solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo c\u00f3digo y adem\u00e1s: <\/p>\n
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violaci\u00f3n al debido proceso, y <\/p>\n
b) Cuando la cuant\u00eda del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convenci\u00f3n colectiva que le eran legalmente aplicables. <\/p>\n
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