STC3414-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3414-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-14-000-2022-00009-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de febrero de 2022 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Antonio y Rosendo Reina Puerto, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa misma urbe, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio declarativo especial a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los gestores del auxilio demandan la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente quebrantado por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco del proceso divisorio que en contra suyo adelant\u00f3 Heliodoro Quintero y otros, radicado bajo el consecutivo n.\u00ba 2015-00189. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Aunque no refieren una solicitud concreta, de la lectura integral del escrito de tutela se desprende, que lo pretendido a trav\u00e9s de este mecanismo es dejar sin valor ni efecto la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual el Despacho convocado decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta en el citado decurso y, consecuencialmente, estableci\u00f3 la base para hacer postura en el martillo; y, que se ordene en su favor la entrega de los dineros que consideran faltantes producto del remate. <\/p>\n
3. Para respaldar sus inconformidades se extrae, en s\u00edntesis, que se decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del bien objeto de divisi\u00f3n ad valorem, desconociendo \u00abtotalmente la ley de remate procesal\u00bb, dado que, dicen, en un \u00abinforme secretarial\u00bb se estableci\u00f3 de forma errada la base para la postura del remate, con sustento en un metraje que no correspond\u00ed al predio y que en su momento se dej\u00f3 de avaluar, lo que permiti\u00f3 un desequilibrio ascendiente a \u00ab$50.000.000 en contra\u00bb. <\/p>\n
Aseguraron que motivados por lo anterior, elevaron ante el juez cognoscente solicitud en aras de ejercer control de legalidad al asunto, con el objetivo puntual de \u00abdejar sin efecto el remate o, por lo menos nos consignaran los $50.000.000 que faltaron\u00bb, la cual, sin referir como concluy\u00f3, dijeron fue resuelta \u00abel 21 de noviembre\u00bb anterior, razones por las cuales debe intervenir el juez de tutela, en aras de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio explic\u00f3, que en efecto, dentro del juicio que origin\u00f3 el resguardo \u00abse orden\u00f3 por auto dictado en audiencia del 24\/07\/20181\u201cESTABLECER como base para hacer postura el aval\u00fao del predio en la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES SETESCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, m\u00e1s el valor que corresponda al remanente dejando de evaluar en 9 hect\u00e1reas y algunos metros m\u00e1s que se tendr\u00e1n que establecer por Secretar\u00eda para los efectos legales pertinentes, realizando las operaciones aritm\u00e9ticas que el caso amerite\u00bb. <\/p>\n
A tal respecto, aclar\u00f3 que el perito designado en el decurso \u00abno avalu\u00f3 en su totalidad el predio\u00bb, raz\u00f3n por la cual, con la anuencia de las partes realiz\u00f3 \u00abla operaci\u00f3n aritm\u00e9tica para calcular la mensura dejada de valuar\u00bb; que las irregularidades en que se pueda incurrir relacionadas con la validez del remate debieron ser alegadas hasta antes de ser aprobado, conforme lo pregona el canon 452 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, asegur\u00f3 que los quejosos, v\u00eda derecho de petici\u00f3n, reclamaron dineros en su favor y alegaron las irregularidades ahora tra\u00eddas a cuento; no obstante, la misma fue declarada \u00abimprocedente por ser de la misma de \u00edndole judicial y no administrativo\u00bb; que m\u00e1s adelante, el 17 de noviembre de 2021, volvieron a insistir en su solicitud pero a t\u00edtulo de \u00abreclamaci\u00f3n judicial\u00bb, la cual fue \u00abnegada puesto que se requiere indiscutiblemente que las partes intervengan a trav\u00e9s de abogados\u00bb. <\/p>\n
b. El Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo, Meta, simplemente aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio deneg\u00f3 el amparo reclamado, tras no observar acreditado el requisito de la subsidiariedad, comoquiera que \u00abtodo desacuerdo que tuvieran sobre la experticia recepcionada, pod\u00edan entonces plantearlo mediante objeci\u00f3n, aportando una experticia paralela o convocando al perito a audiencia de interrogatorio; ahora bien, si su desacuerdo se limitaba a la metodolog\u00eda que el funcionario judicial adopt\u00f3 para determinar el valor de los metros dejados de avaluar, el monto base de postura que se fij\u00f3 o la operaci\u00f3n aritm\u00e9tica que se dispuso desarrollar por la secretar\u00eda de aquel despacho, por as\u00ed permitirlo el art\u00edculo 409 del C\u00f3digo General del Proceso, pudieron interponer recurso de apelaci\u00f3n contra aquella decisi\u00f3n, pues esas \u00f3rdenes quedaron contenidas en el ordinal segundo del auto interlocutorio que decret\u00f3 la venta ad valorem\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, cuestion\u00f3 el actuar incurioso de los quejosos, quienes se abstuvieron de interponer \u00abrecurso o contradicci\u00f3n alguna\u00bb frente a los autos proferidos \u00abel 5 y 26 de noviembre de 2021\u00bb, con los cuales el despacho se abstuvo de entregar los dineros solicitados. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La presentaron los promotores del resguardo, argumentando que lo realmente cuestionado fue la constancia secretarial respecto de la cual no era viable interponer recurso alguno, al no constituir esta una decisi\u00f3n interlocutoria. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. Los se\u00f1ores Jos\u00e9 Antonio y Rosendo acuden al presente mecanismo especial\u00edsimo, pues seg\u00fan su dicho, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio incurri\u00f3 en una causal de procedencia del resguardo, al se\u00f1alar el monto para hacer postura en el remate con sustento exclusivo en un informe secretarial a trav\u00e9s del cual, de forma equivocada, se estableci\u00f3 el aval\u00fao del predio, circunstancia que adem\u00e1s de corresponder de forma exclusiva al perito, redund\u00f3 en el valor por el que finalmente se remat\u00f3 el predio. <\/p>\n
3. Sin embargo, con vista a los elementos de prueba obrantes dentro del legajo, particularmente el expediente contentivo del juicio divisorio cuestionado, la Sala advierte la improcedencia del resguardo por carecer de los requisitos de la inmediatez y la subsidiariedad que gobiernan a este asunto, con sustento en los siguientes hechos probados a saber: <\/p>\n
3.1. Mediante decisi\u00f3n de 10 de octubre de 2016 (previa nulidad decretada), el Despacho criticado admiti\u00f3 la demanda divisoria formulada por Eliodoro Quintero y otros, contra los aqu\u00ed interesados <\/p>\n
3.2. Enterados los gestores del inicio del proceso, y luego de ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n, en decisi\u00f3n del 27 de febrero siguiente se dispuso adecuar el tr\u00e1mite a las reglas del C\u00f3digo General del Proceso, conforme lo previsto por el canon 625 de esa codificaci\u00f3n, por lo que se requiri\u00f3 a las partes para que aportaran dictamen pericial tendiente a verificar el aval\u00fao del predio. <\/p>\n
3.3. En cumplimiento de ello, se present\u00f3 una experticia que determin\u00f3 como precio del bien \u00ab$1.876.089.500\u00bb, pero \u00e9sta no fue tenida en cuenta por la sede judicial, al considerar por auto de 18 de octubre de 2017, que \u00abno existe claridad, precisi\u00f3n en la pericia como la idoneidad del perito quien lo practic\u00f3\u00bb y, por lo tanto, de oficio decret\u00f3 una nueva pericia. <\/p>\n
3.4. En cumplimiento de lo anterior, la lonja Inmobiliaria de Villavicencio dictamin\u00f3 que el valor del predio ascend\u00eda a \u00ab$2.823.780.769\u00bb, decisi\u00f3n que no fue cuestionada por las partes bajo los apremios del art\u00edculo 231 del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la cual, en auto del 17 de abril de 2018, se se\u00f1al\u00f3 fecha para realizar la audiencia prevista en el canon 409 de esa Codificaci\u00f3n. <\/p>\n
3.5. El 24 de julio de ese mismo a\u00f1o, y previo interrogatorio del perito, se decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del bien com\u00fan, estableci\u00e9ndose como base para hacer postura \u00abel aval\u00fao del predio en la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITR\u00c9S MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, m\u00e1s el valor que corresponda al remanente dejado de evaluar en 9 hect\u00e1reas y algunos metros m\u00e1s que se tendr\u00e1 que establecer por secretar\u00eda para los efectos legales pertinentes, realizando operaciones aritm\u00e9ticas que el caso amerite\u00bb, decisi\u00f3n notificada por estrados, sin ser cuestionada. <\/p>\n
3.6. Cumplidos los requisitos de rigor, por auto de 23 de noviembre siguiente se fij\u00f3 fecha y hora para realizar el remate. <\/p>\n
3.7. El 17 de mayo de 2019, la secretar\u00eda del Despacho dej\u00f3 el siguiente informe: \u00abprocedo a dar cumplimiento a lo ordenado en audiencia del 24 de julio de 2018, referente a establecer el remanente dejado de avaluar y que se requiere para llevar a buen suceso la diligencia de remate del predio identificado con el n\u00famero 230-228. Teniendo en cuenta que el avalu\u00f3 (sic) de las 120 hect\u00e1reas m\u00e1s 7393 mts se estim\u00f3 en DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITR\u00c9S MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCT ($2.823.780.769 = (sic)) y las escrituras reportan un \u00e1rea de 130,1 [h]ect\u00e1reas, se procede a calcular el valor de las 9 hect\u00e1reas m\u00e1s los 3607 mts dejados de avaluar, las cuales se calcularon en el mismo valor que dio el perito por valor hect\u00e1rea, vale decir, a raz\u00f3n de $21.0000 conforme a lo dispuesto por el Sr. (sic) Juez\u00bb, concluyendo que el valor de las \u00ab130.1\u00bb hect\u00e1reas equival\u00edan a \u00ab$3.020.355.469\u00bb. <\/p>\n
3.8. Finalmente, la almoneda fue realizada el 17 de febrero de 2020 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo, Meta, quien adjudic\u00f3 el predio al se\u00f1or Eder Sneyder Quintero Rojas. <\/p>\n
3.9. El 4 de septiembre de 2020, el comitente aprob\u00f3 el remate y rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad elevada por los demandados, aqu\u00ed tutelantes. <\/p>\n
3.10. Finalmente, el 1 de octubre de 2021 se deneg\u00f3 la solicitud de entrega de dineros elevada por los ahora accionantes, la cual fue reiterada v\u00eda petici\u00f3n y resuelta de forma adversa el 5 de noviembre de esa misma anualidad. <\/p>\n
4. Ante el anterior panorama, destaca la Sala que aunque los promotores del resguardo, en sede de impugnaci\u00f3n, refirieron que su queja fue encaminada de forma exclusiva a atacar el informe secretarial rendido en el marco de las diligencias, y con el cual, dicen, se quebrantaron sus garant\u00edas superiores por sugerir un valor equivocado para la postura del remate, lo cierto es que, adem\u00e1s de que tales constancias no contienen en s\u00ed mismo un car\u00e1cter vinculante dentro del juicio por no tener el car\u00e1cter de decisiones judiciales. <\/p>\n
Aclarado lo anterior, extrae la Sala del recuento realizado, sin lugar a equ\u00edvocos, que fue en audiencia del 24 de julio de 2018, donde el juez del asunto determin\u00f3 la manera como se establecer\u00eda \u00abel valor que corresponda al remanente dejado de evaluar en 9 hect\u00e1reas y algunos metros m\u00e1s\u00bb; luego, fue en acatamiento de esa determinaci\u00f3n que la secretar\u00eda procedi\u00f3 de conformidad y, por lo tanto, es esa providencia respecto de la cual la Sala centrar\u00e1 el an\u00e1lisis. <\/p>\n
5. De este modo, no cabe duda para la Corte que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplir con el requisito general de procedibilidad de la prontitud, pues como qued\u00f3 en evidencia, la decisi\u00f3n cuestionada data del 24 de julio de 2018; mientras el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 20 de enero de 2022, es decir, transcurridos tres (3) a\u00f1os, cinco (5) meses y veinticuatro (24) d\u00edas, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo, al paso que no fue cuestionada en reposici\u00f3n y alzada. <\/p>\n
Ciertamente, como el prop\u00f3sito de los actores es reprochar la cuantificaci\u00f3n del monto para hacer postura en el remate la cual como se dijo, se defini\u00f3 en audiencia de la data en mientes, es evidente que su reclamo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con la fecha de esa decisi\u00f3n, por lo que queda patente la improcedencia del resguardo solicitado, sin que medie explicaci\u00f3n alguna para exculpar la tardanza de los interesados en reclamar por la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC981-2022). <\/p>\n
6. Adicionalmente, tal como se expuso en precedencia, el auxilio reclamado tambi\u00e9n incumple con el presupuesto de la subsidiariedad, ya que en un acto constitutivo de incuria, los aqu\u00ed accionantes dejaron de aprovechar las oportunidades procesales con que contaron ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada les qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no pueden pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque aunque su descontento se encamina a cuestionar la presunta irregularidad al momento de fijar la base para hacer postura en la almoneda, no promovieron eficazmente el remedio ordinario que ten\u00edan a su alcance para debatir lo aqu\u00ed planteado, esto es, el recurso de apelaci\u00f3n contemplado en el inciso final del art\u00edculo 409 del C\u00f3digo General del Proceso, e incluso, bien pudieron tambi\u00e9n cuestionar el dictamen pericial aportado al plenario, pero tampoco no lo hicieron, por lo que esa negligencia impide anular o retrotraer dicho tr\u00e1mite a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, comoquiera que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC7574-2021). <\/p>\n
8. Corolario de lo anterior y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo de tutela refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
<\/p>\n
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