STC3423-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3423-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00784-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Paola Alejandra Yepes Fern\u00e1ndez, contra la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior de Barranquilla y el Juzgado Promiscuo de Familia de Sabanalarga, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de sucesi\u00f3n No. 2019-00087-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, contradicci\u00f3n y la defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas y solicita que se les ordene proferir nueva decisi\u00f3n respecto de la objeci\u00f3n a los inventarios y aval\u00faos, en la que se excluyan las 38.400 acciones de la sociedad Mar y Arena SA que son de su propiedad, \u00abcon fundamento en el libro de accionistas que obra en el expediente y que no se tuvo en cuenta porque el juzgado no lo envi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
En sustento manifest\u00f3 que, en el Juzgado Promiscuo de Familia de Sabanalarga se adelanta el proceso de sucesi\u00f3n No. 2019-00087-00 de los se\u00f1ores Enrique Alonso Yepes G\u00f3mez y Martha Yepes Arango, en el que se reconoci\u00f3 como herederos a los se\u00f1ores Enrique Alonso Yepes Arango, Martha Lucia Yepes Arango y Paola Alejandra Yepes Fern\u00e1ndez. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que en la diligencia de inventarios y aval\u00faos llevada a cabo el 7 de octubre de 2020, se incluyeron como activos 38.400 acciones de la sociedad Mar y Arena SA, como de propiedad del causante, y como le pertenecen es a ella, su apoderado present\u00f3 objeci\u00f3n allegando como pruebas \u00abcopia del libro de accionistas\u00bb debidamente registrado desde el a\u00f1o 2005, constancia de la revisor\u00eda fiscal de 2 de octubre de 2020, acta No. 17 de \u00abAsamblea General de Accionista\u00bb de 4 de julio de 2017, y solicitud de inscripci\u00f3n de cesi\u00f3n de accionistas de agosto de 2018. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que los documentos aportados, en especial el \u00ablibro de accionistas\u00bb, acreditaban que era la due\u00f1a de 33.800 acciones, y que, al causante Enrique Alonso Yepes G\u00f3mez, de conformidad con la composici\u00f3n de la citada sociedad, s\u00f3lo le pertenec\u00edan 50 acciones. <\/p>\n
Indic\u00f3 que continuada la audiencia de inventarios y aval\u00faos el 19 de noviembre de 2020, el Juzgado Promiscuo de Familia de Sabanalarga declar\u00f3 probada la objeci\u00f3n, logrando la exclusi\u00f3n de sus acciones, decisi\u00f3n que recurrieron en apelaci\u00f3n los dem\u00e1s herederos. <\/p>\n
Complement\u00f3 que, el Tribunal Superior de Barranquilla en auto de 17 de agosto de 2021, requiri\u00f3 al a quo para que enviara el \u00ablibro de accionistas\u00bb de la sociedad Mar y Arena S.A, que hab\u00eda aportado como prueba, y, \u00abde manera equivocada\u00bb el Juzgado inform\u00f3 que este no hab\u00eda sido presentado, pero lo cierto es que s\u00ed fue allegado como \u00abse concluy\u00f3 en la audiencia de reconstrucci\u00f3n del expediente\u00bb. <\/p>\n
Estim\u00f3 que, la Corporaci\u00f3n accionada en el auto de 19 de agosto de 2021, incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho porque efect\u00fao una indebida valoraci\u00f3n probatoria, y lo all\u00ed resuelto contradice los distintos documentos allegados con los que el Juzgado acredit\u00f3 quienes eran los accionistas. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 a la par, que el Tribunal accionado efect\u00fao una err\u00f3nea valoraci\u00f3n del acta 17, pues se\u00f1al\u00f3 que la certificaci\u00f3n de composici\u00f3n accionaria expedida por la revisora fiscal no coincid\u00eda con lo consignado en la misma, lo cual es l\u00f3gico, porque es un elemento para probar que, en el a\u00f1o 2017, intentaron comprarle una parte de las acciones. <\/p>\n
Declar\u00f3 igualmente que ante la negativa del Tribunal para \u00abllevar a cabo una reconstrucci\u00f3n de expediente y ejercer control de legalidad\u00bb, solicit\u00f3 al Juzgado Promiscuo de Familia de Sabanalarga que la adelantara, diligencia que se llev\u00f3 a cabo el 7 de octubre de 2021, sin embargo, aunque el Juez \u00abreconoci\u00f3 su error\u00bb, porque, insiste, el libro de accionistas fue presentado, el a quo se neg\u00f3 a declarar la nulidad del auto proferido por el superior funcional, tampoco concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta contra dicha decisi\u00f3n, y \u00abneg\u00f3 el subsidiario de queja\u00bb. <\/p>\n
2. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las autoridades judiciales accionadas para que ejercieran su derecho a la defensa y fueron citadas las partes e intervinientes el proceso de sucesi\u00f3n No. 2019-00087-00. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juez Promiscuo de Familia de Sabanalarga, manifest\u00f3 que el proceso de sucesi\u00f3n, se ha venido tramitando respetando los principios constitucionales, normas de derecho sustancial y procedimental, adem\u00e1s que ha dado respuesta a todas y cada una de las peticiones realizadas por la solicitante. <\/p>\n
El Magistrada sustanciadora, respondi\u00f3 que comenz\u00f3 a desempe\u00f1ar el cargo a partir del 1\u00ba de octubre de 2021, y remiti\u00f3 el link de expediente. <\/p>\n
El apoderado judicial de Diego Fernando P\u00e9rez Aranda, expres\u00f3 que \u00abse allana a las pretensiones de la tutela\u00bb, porque tiene acciones en la sociedad Mar y Arena. <\/p>\n
El apoderado judicial de los se\u00f1ores Enrique Alonso y Mar\u00eda Lucia Yepes Arango en calidad de intervinientes como herederos reconocidos en el proceso de sucesi\u00f3n, pidi\u00f3 se declare improcedente la tutela porque las decisiones atacadas, son el resultado de un juicio ponderado, acucioso, acorde con la legislaci\u00f3n, y los estatutos sociales, respecto a la enajenaci\u00f3n de acciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En principio, se\u00f1ala la Sala que \u00fanicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto en estudio, la inconformidad de la accionante, se encuentra sustentada en el hecho que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, revoc\u00f3 el auto que resolvi\u00f3 la objeci\u00f3n a los inventarios y aval\u00faos, sin tener en cuenta el \u00ablibro de accionistas\u00bb que present\u00f3 al Juzgado, y no fue incluido en el expediente al momento de enviarlo al superior para que conociera en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El examen del expediente, permite observar a la Sala que se encuentran acreditadas las siguientes actuaciones: <\/p>\n
3.1 En el Juzgado Promiscuo de Familia de Sabanalarga, se adelanta el proceso de sucesi\u00f3n del se\u00f1or Enrique Alonso Yepes G\u00f3mez, en la diligencia de inventarios y aval\u00faos celebrada el 7 de octubre de 2020 entre otros se denunciaron como parte del activo 38.400 acciones de la sociedad Mar y Arena SA adquiridas por el causante, seg\u00fan escritura p\u00fablica No 1781 de 21 de agosto de 2001. <\/p>\n
3.2 El apoderado judicial de la se\u00f1ora Paola Alejandra Yepes Fern\u00e1ndez, heredera reconocida, formul\u00f3 objeci\u00f3n, manifestando que Yepes G\u00f3mez, su progenitor, solo era due\u00f1o de 50 acciones en la citada sociedad. <\/p>\n
3.3 El 19 de noviembre de 2020 el Juzgado de conocimiento, declar\u00f3 parcialmente probada la objeci\u00f3n formulada por el abogado de la aqu\u00ed accionante, tras considerar que, con la documentaci\u00f3n allegada en el archivo digital 33 del expediente, en el que se encontraba el acta No. 17 de asamblea general de accionistas celebrada el 14 de julio de 2017, \u00e9sta conten\u00eda una venta de acciones con la que se determin\u00f3 que los herederos eran los due\u00f1os de las mismas. <\/p>\n
Explic\u00f3, adem\u00e1s, que en el archivo No. 35 obraba una certificaci\u00f3n expedida por la revisora fiscal acerca de la \u00abcomposici\u00f3n accionaria\u00bb, que no concordaba con lo se\u00f1alado en la citada acta, porque inclu\u00eda otro accionista, que nunca fue nombrado, y por tanto no pod\u00eda ser tenida en cuenta. <\/p>\n
En s\u00edntesis, indic\u00f3 que el instrumento v\u00e1lido para determinar la propiedad de las acciones era el acta No. 17 del 14 de julio de 2017, porque no exist\u00eda otro \u00abdocumento, o una carta de traspaso o bien el endoso de los t\u00edtulos en donde se exprese claramente la voluntad del accionista enajenante\u00bb, para acreditar que el causante entreg\u00f3 33.800 acciones a su hija Paola Yepes Fern\u00e1ndez, y las excluy\u00f3 del inventario porque los due\u00f1os en \u00faltimas eran los causahabientes. <\/p>\n
3.4 El abogado de los dem\u00e1s herederos, formularon recurso de apelaci\u00f3n porque contrario a resuelto, \u00ablas acciones a\u00fan se encontraban en cabeza del causante, porque no exist\u00eda prueba alguna que acreditara que las mismas fueron cedidas, endosadas o transmitidas a la se\u00f1ora Paola Alejandra Yepes Fern\u00e1ndez, sin que sea posible desconocer la titularidad probada con la escritura p\u00fablica de constituci\u00f3n de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
3.5 El Tribunal Superior de Barranquilla, en auto de 19 de agosto de 2021 revoc\u00f3 la providencia que dispuso excluir las acciones de la sociedad Mar y Arena de los inventarios y aval\u00faos, despu\u00e9s de considerar lo siguiente: <\/p>\n
En principio, explic\u00f3 que para resolver tendr\u00eda en cuenta los documentos presentados por la se\u00f1ora Yepes Fern\u00e1ndez, esto es: <\/p>\n
Refiri\u00f3 que requiri\u00f3 al Juzgado Promiscuo de Familia de Sabanalarga, para que remitiera \u00abel archivo contentivo de la prueba documental referida al Libro de Accionistas de la sociedad Mar y Arena, anunciado como prueba por el apoderado de la heredera PAOLA ALEJANDRA Y\u00c9PES en memorial de fecha 12 de noviembre de 2020 (documento 39 del expediente digital)\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el a quo en respuesta inform\u00f3 \u00abse procede a revisar detenidamente el proceso y se observa que NO fue allegado al expediente la prueba del libro de Accionistas de la sociedad MAR Y ARENA, anunciado como prueba por el apoderado de la heredera PAOLA ALEJANDRA Y\u00c9PES en memorial de fecha 12 de noviembre de 2020 (documento 39 del expediente digital), solo se aportaron unos apartes, contempladas entre los folios digitales del 31 al 44, de tal manera que el pronunciamiento de este juzgador se dict\u00f3 con base a (sic) las pruebas que fueron aportadas y que exist\u00edan dentro del proceso, en ese momento procesal. En consecuencia, no es posible enviar tal documento por no existir en el expediente\u00bb. <\/p>\n
Enseguida anot\u00f3, <\/p>\n
\u00abpara resolver, debe traerse a colaci\u00f3n que, conforme a la Escritura P\u00fablica de constituci\u00f3n, la sociedad se constituy\u00f3 con un capital de $40.000.000, representado en 40.000 acciones, divididas conforme al capital pagado, as\u00ed: <\/p>\n
Lo anterior significa, de entrada, que no es cierto lo afirmado por el apoderado de la heredera PAOLA ALEJANDRA Y\u00c9PES al se\u00f1alar que corresponden al causante solo 50 de las 40.000 acciones sociales, con un valor nominal de mil pesos cada una, las cuales fueron adquiridas en el acto de constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, explic\u00f3, que correspond\u00eda constatar si las 38.400 acciones denunciadas como de propiedad del causante, hab\u00edan sido enajenadas o transferidas con posterioridad, a fin de establecer si deb\u00edan ser excluidas o no del inventario de bienes herenciales, haciendo alusi\u00f3n a los art\u00edculos 10, 11 y 12 de los estatutos sociales, que regulan la enajenaci\u00f3n o transferencia de estas, pues a ello deb\u00edan remitirse los socios y los terceros. <\/p>\n
Hizo referencia al art\u00edculo 406 del C\u00f3digo de Comercio, que habla sobre la \u00abNegociaci\u00f3n de Acciones Nominativas\u00bb, a fin de precisar que para que una negociaci\u00f3n produzca efecto respecto de la sociedad y de terceros, se requiere de la inscripci\u00f3n en el libro de registro de acciones. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00abconforme al art\u00edculo 406 citado y a los art\u00edculos 10, 11 y 12 de los estatutos sociales, para que cualquier venta, transferencia o cesi\u00f3n de acciones sea oponible respecto de la sociedad y de terceros, es requisito sine qua non que dichos actos de enajenaci\u00f3n est\u00e9n inscritos en el libro de accionistas, inscripci\u00f3n que exige o bien una carta de traspaso, o bien el endoso del t\u00edtulo respectivo, siendo estas dos posibilidades que tienen algo en com\u00fan: expresan la voluntad del accionista enajenante\u00bb. <\/p>\n
Revel\u00f3 que en el proceso estaba acreditado que la Sociedad Mar y Arena, seg\u00fan el acta No. 17 de la asamblea general de accionistas de 14 de julio de 2017, ten\u00eda la siguiente composici\u00f3n accionaria: <\/p>\n
Sin embargo, aclar\u00f3, esa acta solo muestra una modificaci\u00f3n sustancial de la composici\u00f3n accionaria respecto a la contenida en la escritura p\u00fablica de constituci\u00f3n, sin arrojar ninguna luz sobre los negocios jur\u00eddicos traslaticios de las acciones que inicialmente ten\u00edan los accionistas, ni explicar el porqu\u00e9 de ese cambio. <\/p>\n
Complement\u00f3 que, <\/p>\n
\u00aben esa acta se indica que los herederos ENRIQUE ALONSO Y\u00c9PES ARANGO y MARTA LUC\u00cdA Y\u00c9PES ARANGO ingresar\u00edan como nuevos accionistas, adquiriendo 26.516 acciones ofrecidas por PAOLA ALEJANDRA Y\u00c9PES y las acciones de Fabiola y Elvia Luc\u00eda Yepes, sin embargo, es un ingreso que al parecer no se materializ\u00f3, puesto que obra como prueba una solicitud de inscripci\u00f3n de cesi\u00f3n de acciones, elevada por los herederos Y\u00c9PES ARANGO y por las accionistas Fabiola Yepes G\u00f3mez y Elvia Luc\u00eda Yepes de Uribe y dirigida a la sociedad MAR Y ARENA, fechada \u201cagosto de 2018\u201d, a trav\u00e9s de la cual exigen inscripci\u00f3n de la cesi\u00f3n de la participaci\u00f3n accionaria aprobada en asamblea del 14 de julio de 2017, Acta No. 17 en el libro de accionistas de la compa\u00f1\u00eda, procediendo a la anulaci\u00f3n de los t\u00edtulos accionarios de los cedentes y a la expedici\u00f3n de nuevos t\u00edtulos en favor de los cesionarios\u00bb. <\/p>\n
Luego indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abese nuevo certificado tampoco da cuenta de c\u00f3mo, ni en qu\u00e9 momento el causante readquiri\u00f3 50 acciones (recu\u00e9rdese que en el Acta No. 17 de 14 de julio de 2017 el causante no aparec\u00eda como accionista), ni c\u00f3mo ni cu\u00e1ndo el se\u00f1or Diego Fernando P\u00e9rez ingres\u00f3 como accionista. Este certificado tampoco da cuenta del supuesto ingreso de los herederos Y\u00c9PES ARANGO como accionistas, cosa que seg\u00fan consta en el Acta No. 17, ocurrir\u00eda para ese entonces\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u00abel certificado de composici\u00f3n accionaria emitido por la Revisora Fiscal de la sociedad MAR Y ARENA, indica que la sucesi\u00f3n del hoy causante cuenta con 50 acciones en la sociedad, sin dar cuenta del resto de participaci\u00f3n en la persona jur\u00eddica\u00bb. Y con fundamento en los documentos presentados se encontr\u00f3 que, no exist\u00eda prueba de la cesi\u00f3n o transferencia de las acciones, una total ausencia de prueba de la cesi\u00f3n o transferencia de las acciones que el causante ten\u00eda en la sociedad de acuerdo con la Escritura P\u00fablica de constituci\u00f3n, como se pasa a explicar. Si bien en la diligencia de inventarios del 28 de octubre de 2020 el Juez de instancia orden\u00f3 allegar copia del libro de accionistas de la sociedad MAR Y ARENA donde se informa la cesi\u00f3n de las acciones y el endoso que realiz\u00f3 el causante, indicando a favor de qui\u00e9n se hizo, esta carga probatoria no fue cumplida por la heredera PAOLA ALEJANDRA Y\u00c9PES, quien es a su vez la representante legal de la sociedad MAR Y ARENA y quien objetaba la partida. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a las pruebas resalt\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abpese a que la heredera PAOLA ALEJANDRA Y\u00c9PES anunci\u00f3 que aportaba el libro de accionistas para probar la objeci\u00f3n a la partida, actuaci\u00f3n que dicho sea de paso, estaba exclusivamente en su poder al ser la representante legal de la sociedad; lo cierto es que ese libro social nunca fue aportado al proceso. Lo que se consider\u00f3 un libro de accionistas, no es otra cosa que un certificado de composici\u00f3n accionaria, que no suple el libro exigido. Tampoco se aport\u00f3 la carta de traspaso del causante o el endoso por \u00e9l realizado, que conforme a los estatutos sociales, eran indispensables para que cualquier negociaci\u00f3n de acciones pudiera ser oponible a la sociedad misma y a terceros. (se subraya) <\/p>\n
De esta manera, la \u00fanica prueba conducente para acreditar que las acciones que el causante ten\u00eda en la sociedad no estaban en su cabeza al momento de su muerte, era el libro de accionistas, en el cual deb\u00eda constar la enajenaci\u00f3n o cesi\u00f3n de las acciones que ten\u00eda el se\u00f1or ENRIQUE ALONSO Y\u00c9PES G\u00d3MEZ en la sociedad MAR Y ARENA, inscripci\u00f3n que conforme a los estatutos deb\u00eda darse bien mediante carta de traspaso o bajo la forma de endoso del t\u00edtulo respectivo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ni los certificados de composici\u00f3n accionaria expedidos por la Revisora Fiscal, ni el Acta de Asamblea No. 17 ni mucho menos las declaraciones extrajuicio de los se\u00f1ores Gustavo Vieda y Francisco Mesa, son pruebas conducentes para acreditar la cesi\u00f3n o traspaso de las acciones del causante, puesto que son pruebas que no tienen la capacidad o aptitud jur\u00eddica para probar dicha transferencia. <\/p>\n
Si bien es cierto lo afirmado por el abogado objetante en el sentido de se\u00f1alar que la enajenaci\u00f3n de acciones es consensual y se rige por el simple acuerdo de las partes, no se puede perder de vista que el art\u00edculo 406 del C\u00f3digo de Comercio y los estatutos sociales mismos exigen que para que ese simple acuerdo de voluntades produzca efectos frente a la sociedad y frente a terceros, debe ser inscrito en el libro de accionistas a trav\u00e9s de carta de traspaso o endoso, que constituyen \u00f3rdenes escritas del socio enajenante. <\/p>\n
As\u00ed, para que el traspaso o cesi\u00f3n de acciones que el causante, seg\u00fan afirma el objetante, hizo a su hija PAOLA ALEJANDRA pudiera surtir efectos frente a la sociedad y frente a terceros, deb\u00eda cumplir con la ritualidad antes descrita que en este caso, no se prob\u00f3 en modo alguno\u00bb. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis efectuado, finalmente concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00abencuentra la Sala Unitaria que en este caso se encuentra acreditada la existencia de 38.400 acciones en la sociedad Mar y Arena en cabeza del causante, pues no se prob\u00f3 acto de enajenaci\u00f3n o traspaso posterior al acto de constituci\u00f3n de la sociedad contenido en la Escritura P\u00fablica No. 1781 del 21 de agosto de 2001. <\/p>\n
Por el contrario, la heredera PAOLA ALEJANDRA Y\u00c9PES, quien es a su vez la representante legal de la sociedad y la directa beneficiada de la supuesta transferencia de las acciones del causante, no prob\u00f3 que las acciones del causante hubiesen sido transferidas conforme a las normas estatutarias y comerciales vigentes, motivo por el cual no le asiste la raz\u00f3n al Juez de instancia al excluir dichas acciones del haber social, puesto que la objeci\u00f3n no fue probada conforme a las normas citadas y por ende, se revocar\u00e1 en este sentido la decisi\u00f3n de primera instancia\u00bb <\/p>\n
3.6 Contra la anterior providencia, el apoderado judicial de Paola Alejandra Yepes Fern\u00e1ndez, formul\u00f3 recursos de \u00abreposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n\u00bb, y pidi\u00f3 se efectuar\u00e1 \u00abcontrol de legalidad\u00bb, con la finalidad que fuera tenido en cuenta el libro de accionistas. <\/p>\n
En auto de 7 de septiembre de 2021, los recursos se rechazaron de plano, y, al segundo respondi\u00f3 que, \u00absi se tuviera en cuenta ese documento\u00bb, la situaci\u00f3n ser\u00eda la misma, porque existe \u00abuna falta de prueba de los negocios jur\u00eddicos traslaticios de las acciones del causante, pues no se cumpli\u00f3 con la carga probatoria de allegar copia del endoso de las acciones\u00bb. Y termin\u00f3 por expresar que esa prueba que se ech\u00f3 de menos, en nada modificaba la providencia proferida. <\/p>\n
4. Efectuado este recuento, no advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas por la se\u00f1ora Yepes Fern\u00e1ndez, como quiera que, el Tribunal accionado revis\u00f3 de nuevo los medios probatorios aportados para resolver sobre las objeciones a los inventarios y aval\u00faos, explicando que la revocatoria de la decisi\u00f3n del juez de primer grado, se funda en el hecho que no fue acreditado que las 38.400 acciones relacionadas como activo del causante Enrique Alonso Yepes G\u00f3mez, fueron enajenadas, transferidas o cedidas con posterioridad al acto de constituci\u00f3n de la sociedad. <\/p>\n
As\u00ed mismo, refiri\u00f3 que no exist\u00eda medio de prueba que comprobar\u00e1 la existencia de la negociaci\u00f3n de las acciones, de la sociedad Mar y Arena efectuado por el causante Enrique Alonso Yepes G\u00f3mez en favor de la accionante, acto jur\u00eddico que deb\u00eda estar inscrito en el libro de comercio, junto con la carta de traspaso, o la nota de endoso de las mismas, documentales con las que se exterioriza la \u00abvoluntad del accionista enajenante\u00bb. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3, tras explicar que el acta No. 17 de 14 de junio de 2017, s\u00f3lo daba cuenta de la composici\u00f3n accionaria para esa data, cuya accionista mayoritaria era la convocante, sin clarificar el negocio que ocasion\u00f3 ese cambio, en tanto que, la certificaci\u00f3n de la revisora fiscal del 10 de junio de 2019, puso de presente otra conformaci\u00f3n, se incluyeron nuevos socios, y tampoco inform\u00f3 como el causante readquiri\u00f3 50 acciones. <\/p>\n
De tal suerte que, el Tribunal cuestionado en su providencia analiz\u00f3 todas las pruebas aportadas, (que en \u00faltimas son las mismas que valor\u00f3 el juez de primer grado), as\u00ed como en los estatutos de la sociedad y la norma comercial en lo que ata\u00f1e al tema de la venta, transferencia o cesi\u00f3n de las acciones, siendo esto, la inscripci\u00f3n en el libro de accionistas, junto a la carta de traspaso o nota de endoso; por tanto, al no estar acreditado el hecho alegado, no se desvirt\u00fao la titularidad de esas acciones en cabeza del causante. <\/p>\n
Lo anterior, aunado al hecho que contrario a lo relatado en tutela, el Tribunal en la providencia censurada precis\u00f3, que \u00ablo que se consider\u00f3 un libro de accionistas, no es otra cosa que un certificado de composici\u00f3n accionaria\u00bb, decisi\u00f3n que se encuentra motivada y no luce arbitraria\u00b8 y si bien, esa determinaci\u00f3n no favorece a los intereses de la accionante, no significa que exista vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la jurisprudencia ha reiterado, <\/p>\n
\u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC1219-2021, STC3957-2021). <\/p>\n
De igual manera, la Sala ha explicado, <\/p>\n
\u00ablos Jueces en su tarea de administrar justicia gozan de (\u2026) autonom\u00eda en la ex\u00e9gesis de la ley y en la valoraci\u00f3n de la prueba, motivo por el cual no es suficiente que la tutelante oponga un planteamiento as\u00ed sea coherente sobre lo que debi\u00f3 ser ya la explicaci\u00f3n de la norma o del an\u00e1lisis de la prueba, para desde\u00f1ar una providencia judicial que no comparte y encasillarla como v\u00eda de hecho judicial (\u2026) \u2018el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u2019 (\u2026)\u00bb1 (se subraya) (reiterada entre otras en CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC2285-2022, STC2370-2022, y, STC2622-2022). <\/p>\n
5. Finalmente, y luego de escuchada la grabaci\u00f3n de la audiencia de \u00abreconstrucci\u00f3n parcial\u00bb celebrada el 7 de octubre de 2021 por el Juzgado Promiscuo de Familia de Sabanalarga, en lo que ata\u00f1e a la inconformidad por el \u00ablibro de accionistas\u00bb que, dijo la accionante haber presentado como prueba de la objeci\u00f3n, se observa que, fueron revisadas las carpetas que contienen los memoriales presentados por el apoderado de la solicitante el 12 de noviembre de 2020, y se encontr\u00f3 que el documento echado de menos, correspond\u00eda al archivo rotulado como \u00abregistro de accionistas\u00bb, allegado en cuatro (4) folios que se refer\u00eda a un certificado de composici\u00f3n accionaria, pero que no correspond\u00eda al mentado \u00ablibro de accionistas\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, es improcedente como lo intenta la interesada, que se invalide lo actuado para que se profiera de nuevo una decisi\u00f3n, a fin de valorar un medio probatorio que en \u00faltimas si obraba en autos, pero que no ten\u00eda la entidad suficiente para cambiar la decisi\u00f3n emitida en segunda instancia. <\/p>\n
6. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Paola Alejandra Yepes Fern\u00e1ndez, contra la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior de Barranquilla y el Juzgado Promiscuo de Familia de Sabanalarga. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC 1\u00b0 de septiembre de 2010, exp. 01377-00, reiterada el 16 de diciembre de 2011, exp. 02663-00. <\/p>\n
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STC3423-2022 Magistrada ponente STC3423-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00784-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Paola Alejandra Yepes Fern\u00e1ndez, contra la Sala Civil, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62204","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62204","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62204"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62204\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62204"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62204"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62204"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}