STC3445-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC3445-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2022-00148-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 3 de marzo de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela que Ruddy Lourdes Ruiz Fern\u00e1ndez formul\u00f3 contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fue citada la se\u00f1ora Maryuris Bonilla S\u00e1nchez, y los intervinientes en el ejecutivo radicado n\u00b0 2011-00143. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
La accionante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de derecho fundamental al debido proceso, por cuanto su apoderado judicial no pudo acceder a la audiencia virtual de remate llevada a cabo el 27 de mayo del 2021, en la que se adjudic\u00f3 un inmueble de su propiedad, embargado y secuestrado en el proceso citado. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que inform\u00f3 la situaci\u00f3n al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Barranquilla sin obtener una respuesta, y adem\u00e1s present\u00f3 un recurso en contra del auto aprobatorio de la referida subasta, as\u00ed como una solicitud de control de legalidad, pero fueron negados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA AUTORIDAD ACCIONADA <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Barranquilla, inform\u00f3 que el v\u00ednculo de acceso virtual a la diligencia mencionada fue compartido tanto en el expediente electr\u00f3nico, como en el aviso publicado en el micro sitio del Despacho; asimismo, que en aquella ocasi\u00f3n se cumpli\u00f3 con el protocolo establecido y que la parte actora no alleg\u00f3 prueba de la imposibilidad alegada. <\/p>\n
Maryuris Bonilla S\u00e1nchez, indic\u00f3 que tampoco pudo ingresar a la aludida audiencia y desconoce la raz\u00f3n t\u00e9cnica de esa situaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, declar\u00f3 improcedente el amparo por ausencia del requisito de subsidiariedad, en tanto que la accionante no ha agotado los medios de defensa judicial disponibles a su alcance, puesto que, si bien es cierto, present\u00f3 recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, as\u00ed como una solicitud de control de legalidad en contra de la providencia por la cual se aprob\u00f3 el remante, no interpuso el incidente de nulidad al que en varias ocasiones se ha referido esta Sala de Casaci\u00f3n [Sentencias STC7284-2020 y STC2826-2021] para remediar situaciones similares. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante para indicar que su actual estado de salud \u00abse ver\u00eda [\u2026] m\u00e1s afectado por el evidente deterioro patrimonial\u00bb que le ha generado la situaci\u00f3n relatada, dado que \u00abes palmario que el juzgado incumpli\u00f3 la carga que le correspond\u00eda, al no utilizar todos los medios para procurar la presencia de las partes interesadas en la diligencia de remate, lo que claramente se debi\u00f3 a un error t\u00e9cnico externo\u00bb no atribuible a estas. <\/p>\n
Adicion\u00f3, que no se tuvo en cuenta: <\/p>\n
\u00ab1. [Que] El acta de diligencia de remate no fue remitida a los correos electr\u00f3nicos de las partes de manera inmediata, aun cuando se pudo comprobar que [su] apoderado judicial dentro del proceso ejecutivo, puso en conocimiento del Juzgado que no se hab\u00eda permitido su ingreso a la diligencia. 2. Al no ser notificada el acta en debida forma no se ten\u00eda conocimiento de esta, raz\u00f3n por la que se interp[usieron] los recursos contra el auto que apr[ob\u00f3] el remate, el cual fue publicado por medio de estados judiciales en la plataforma [de la] Rama Judicial. 3. Al existir un error de procedimiento y ante la evidente negativa por parte del Juzgado accionado, a\u00fan -sic- cuando se present\u00f3 control de legalidad, [se vio] en la obligaci\u00f3n de requerir -sic- a este mecanismos -sic- para salvaguardar [sus] derechos de manera inmediata. 4. [sus prerrogativas] al debido proceso y a la vida digna, se est\u00e1n viendo violentados, incluso la vulneraci\u00f3n del ultimo perjudica directamente [su] estado de salud, puesto que actualmente viv[e] en uno de los bienes inmuebles que fueron adjudicados en remate.\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como mecanismo preferente y sumario, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas cuando quiera que sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un particular -en casos excepcionales- siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable1. <\/p>\n
Igualmente, en reiteradas oportunidades la doctrina jurisprudencial ha hecho \u00e9nfasis en la obligaci\u00f3n que tienen los administrados, consistente en que previo a acudir a esta acci\u00f3n, se agoten todos los medios defensivos existentes para conjurar las situaciones particulares que los mismos denuncian lesivas de sus derechos fundamentales, ya que, de no ser as\u00ed, la consecuencia inmediata es la denegaci\u00f3n de las s\u00faplicas elevadas en tal sentido, por la evidente negligencia en la que muchas veces incurren en los asuntos de su propio inter\u00e9s. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha tenido la oportunidad de acentuar que, si se desperdician las diferentes oportunidades procesales, resulta: <\/p>\n
\u00abinadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u00bb (CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010- 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010- 000380-01, STC13276-2021 y STC2670-2022, entre muchos). <\/p>\n
2. De esa manera, si la aqu\u00ed accionante y su apoderado judicial consideraban que su acceso a la audiencia virtual de remate llevada a cabo el 27 de mayo de 2021 en el proceso ejecutivo n\u00b0 2011-00143 (Rad. Int. C6-0180-14) fue indebidamente suministrado o impedido de alguna manera, por un error \u00abtecnol\u00f3gico\u00bb, debieron acudir al incidente de nulidad correspondiente, dado que, en estos escenarios, en principio, se podr\u00eda configurar \u2013previa la respectiva tarea probatoria- la causal 3\u00aa del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso; instituci\u00f3n que, en varias ocasiones, ha sido considerada id\u00f3nea y eficaz para zanjar problem\u00e1ticas de id\u00e9ntico linaje2, as\u00ed lo explic\u00f3 la Sala en sentencia STC 2826-2121, <\/p>\n
Al respecto, no resulta viable revisar el fondo de la problem\u00e1tica propuesta ya que, est\u00e1 acreditado, el censor no pidi\u00f3 ante el juez natural la nulidad que ahora pretende. T\u00e9ngase en cuenta que, si bien conforme a la sentencia citada la \u00abfalta de acceso y conocimiento de los medios tecnol\u00f3gicos\u00bb es una causal de interrupci\u00f3n del proceso, tambi\u00e9n all\u00ed se estableci\u00f3 que \u00absi a pesar de ellas la audiencia se practica, o, son concomitantes a \u00e9sta, debe alegarse la nulidad consagrada en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 132 del estatuto adjetivo, con el fin de que se repita\u00bb. <\/p>\n
De modo que, si el apoderado del actor alg\u00fan problema tuvo para ingresar a la reuni\u00f3n, debi\u00f3 alegarlo en el proceso, esto es, proponer la nulidad all\u00e1, lo cual no se evidencia de las documentales adosadas al plenario, por lo que emerge clara su absoluta incuria que torna inadmisible la salvaguarda por falta de subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, los reproches formulados por la impugnante no pueden salir adelante, por su descuido en el empleo de los medios ordinarios de defensa existentes, puesto que, se insiste, esta acci\u00f3n extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos jur\u00eddicos al alcance de los interesados, so pena de su denegaci\u00f3n por improcedente. <\/p>\n
4. En consecuencia de lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre la procedencia de la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, resultan relevantes, entre otras tantas, las sentencias T-225 de 1993; SU-544 de 2001; SU-1070 de 2003; T-827 de 2003; T-1225 de 2004 y T-702 de 2008. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. Sentencias STC7284-2020 y STC2826-2021. <\/p>\n
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