STC3467-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3467-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00707-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Laura Llames Romero y \u00c9dgar Jos\u00e9 Galindo Rengifo contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, extensiva al Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, obrando por conducto de apoderado, acuden al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Dicen que formularon demanda ejecutiva contra la empresa Correa Villalba & Asociados Ltda., \u00abacompa\u00f1ada de un dictamen pericial realizado por un experto forense en evidencia digital para incorporar al proceso diferentes documentos electr\u00f3nicos que componen el t\u00edtulo ejecutivo con el cual se solicit\u00f3 que se profiriera\u2026 mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
Afirman que el conocimiento de dicha actuaci\u00f3n (rad. 2021-00410) correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, despacho que, mediante auto de 13 de octubre de 2021 neg\u00f3 la orden de apremio \u00abcon una serie de consideraciones que no se acompasan ni con lo manifestado realmente en la demanda, ni con la evidencia digital que fue aportada\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1alan que contra tal providencia interpusieron recurso de apelaci\u00f3n, resuelto por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 7 de diciembre siguiente en el sentido de confirmarla. <\/p>\n
Consideran que los funcionarios cognoscentes incurrieron en defectos f\u00e1ctico, sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y procedimental por falta de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente al primero indican que los falladores pretermitieron la valoraci\u00f3n \u00abde la evidencia digital con la que se aprovision\u00f3 el proceso [sic]\u00bb al tiempo que dieron una apreciaci\u00f3n errada \u00aba la demanda sobre el t\u00edtulo ejecutivo base del recaudo\u00bb, as\u00ed como al \u00abdictamen pericial para incorporar\u00bb tales elementos de convicci\u00f3n, dado que si bien el documento base del recaudo era un pagar\u00e9, \u00abel mismo reconoce una parte de las sumas adeudadas\u2026 pero no todo el capital ni los intereses\u2026 de ah\u00ed que la pretensi\u00f3n primera se hiciera menci\u00f3n \u201cal valor del pagar\u00e9\u201d y las subsiguientes buscaran el pago de los otros rublos que se\u2026 adeudaban\u00bb. <\/p>\n
En torno al desconocimiento del precedente, sostienen que, sin raz\u00f3n jur\u00eddica, los juzgadores se apartaron de las reglas establecidas por esta Corporaci\u00f3n en la \u00abSTC3568 del 4 de junio de 2020\u00bb comoquiera que \u00abse aferraron a una interpretaci\u00f3n insular de la demanda, para concluir que como no se aport\u00f3 el t\u00edtulo valor que en su sentir daba sustento a la pretensi\u00f3n de recaudo, no estaba obligada a pronunciarse sobre los archivos digitales aportados con los anexos del dictamen, en donde por supuesto que se encontraba el pagar\u00e9 [sic] echado de menos\u2026 en su formato original\u00bb y desconocieron \u00abla interpretaci\u00f3n constitucional de los mensajes de datos o evidencia digital para la creaci\u00f3n de un t\u00edtulo ejecutivo con base en ella y su notificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, al referirse a la presunta motivaci\u00f3n insuficiente de los prove\u00eddos cuestionados, manifiestan que \u00abel tribunal guard\u00f3 absoluto silencio sobre el principio de equivalencia funcional del documento electr\u00f3nico, as\u00ed como de los apartes del dictamen y de los anexos que daban cuenta de la inalterabilidad, fiabilidad, integralidad, autenticidad y originalidad de la evidencia digital presentada para que se profiriera el respectivo mandamiento de pago\u2026 aspecto de notable trascendencia que fue subestimado por el formalismo de supuestamente no haber aportado el original del pagar\u00e9 que en sentir de los accionados sustentada [sic] la demanda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Juez Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 luego de un breve recuento de las actuaciones surtidas y las providencias cuestionadas expres\u00f3 que \u00abno ha incurrido en conculcaci\u00f3n de los derechos fundamentales de los convocantes, pues la decisi\u00f3n que neg\u00f3 el mandamiento de pago encuentra soporte normativo que hac\u00eda inviable deprecar la orden coercitiva de apremio, ante la ausencia de exhibici\u00f3n del instrumento que contiene la obligaci\u00f3n, posici\u00f3n que fue avalada por el superior jer\u00e1rquico al confirmarla\u00bb, en todo caso, dijo atenerse a las determinaciones que se llegaren a adoptar resaltando que \u00abla actuaci\u00f3n se adelant\u00f3 con observancia de los postulados constitucionales y normativos que rigen esta clase de asuntos, en acatamiento del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas por Laura Llames Romero y \u00c9dgar Jos\u00e9 Galindo Rengifo al confirmar el auto por medio del cual, el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de la misma ciudad neg\u00f3 la orden de pago dentro de la demanda ejecutiva promovida por aquellos contra Correa Villalba & Asociados Ltda., incurriendo, supuestamente en defectos f\u00e1ctico, sustantivo y procedimental. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Si bien la presente queja constitucional se extiende a las decisiones adoptadas en ambas instancias, el examen que har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 exclusivamente al auto de segundo grado proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 7 de diciembre de 2021, por cuanto fue el que defini\u00f3, en sede ordinaria, la cuesti\u00f3n planteada por los gestores habida cuenta que, tal como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, se torna inane detenerse en el escrutinio de la providencia de primer nivel pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
Aclarado lo anterior, advierte la Sala la inviabilidad del resguardo comoquiera que la determinaci\u00f3n proferida por la colegiatura reprochada, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable del contexto f\u00e1ctico y jur\u00eddico, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n allegados para el estudio de la demanda, de cara a los reparos formulados por los censores contra la determinaci\u00f3n que le fue adversa. <\/p>\n
En efecto, se\u00f1al\u00f3 el tribunal que el disenso de los ejecutantes gravit\u00f3 en torno a que, en su sentir, \u00ab(\u2026) la autoridad dej\u00f3 de lado que el pagar\u00e9, los mensajes de WhatsApp, los documentos de Excel, los pantallazos, los audios y los dem\u00e1s archivos que intercambiaron el representante legal de la demandada y Laura Llames fueron aportados al proceso \u201ca trav\u00e9s del dictamen de parte rendido\u2026 para demostrar la unidad jur\u00eddica\u201d que existe entre los mismos\u00bb, al tiempo que el experto \u00abcertific\u00f3 la autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad de tales archivos\u00bb y que, si bien \u00abel archivo de Word fue titulado \u201cborrador pagar\u00e9 Laura.doc\u201d\u2026 el an\u00e1lisis conjunto de su contenido, junto con los dem\u00e1s documentos, las conclusiones del perito y \u201clos metadatos de dicho documento en donde aparece Michel Roberto Correa P\u00e9rez como su creador, demuestran a las claras que se trata de un documento proveniente del deudor que contiene una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible\u201d\u00bb. <\/p>\n
A tono con lo anterior, resalt\u00f3 la cr\u00edtica de los impugnantes frente a la \u00abinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea que la a quo hizo respecto de la prueba t\u00e9cnica y\u2026 la interpretaci\u00f3n equivocada de la demanda\u00bb, pues \u00abel t\u00edtulo\u2026 no fue como tal el pagar\u00e9 como t\u00edtulo valor sino los elementos que los derechos de cr\u00e9ditos incorporados en \u00e9l aportan para iniciar la acci\u00f3n de cobro como, por ejemplo, su valor\u00bb dado que el documento base de recaudo \u00abse encuentra conformado por los mensajes de WhatsApp y los archivos adjuntos a ellos, los cuales fueron aportados y certificados en el expediente a trav\u00e9s de la prueba pericial\u00bb. <\/p>\n
Para desarrollar tales reparos, la colegiatura ad quem comenz\u00f3 por recordar la naturaleza del proceso ejecutivo, seg\u00fan la consagraci\u00f3n normativa del Estatuto Procedimental General haciendo \u00e9nfasis en que la obligaci\u00f3n susceptible de ser cobrada a trav\u00e9s de dicho instrumento es una \u00abcualificada\u2026 que debe surgir del documento o conjunto de documentos, si se trata de un t\u00edtulo complejo, que tenga la virtualidad de producir en el fallador un grado de certeza tal, que de su simple lectura quede acreditada, al menos en principio, una obligaci\u00f3n indiscutible que se encuentra insatisfecha, sin que haya necesidad de hacer mayores inferencias o disquisiciones para determinar su existencia y condiciones\u00bb pues, para que el juez pueda emitir una orden de apremio debe tener el pleno convencimiento de que en cabeza del sujeto pasivo de la obligaci\u00f3n est\u00e1 radicada la carga de efectuar un pago y en el demandante, la facultad de recibirlo, de all\u00ed que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n y los documentos que con \u00e9l lleguen a formar una unidad jur\u00eddica, por s\u00ed solos permitan inferir que la obligaci\u00f3n incorporada\u2026 es cierta. No en vano el legislador ha precisado que en el evento en que el ejecutado guarde silencio, se ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n en su contra y la venta en p\u00fablica subasta de sus bienes, pues, en l\u00ednea de principio, a trav\u00e9s del proceso ejecutivo, como se dijo, se busca el cumplimiento coactivo de una obligaci\u00f3n insatisfecha y no la determinaci\u00f3n de su naturaleza y mucho menos de su existencia. <\/p>\n
Es por esta raz\u00f3n que si se trata de controvertir aqu\u00e9lla, la carga dela prueba la tiene quien as\u00ed lo pretenda, a diferencia de un proceso de conocimiento, donde quien acude a la tutela jurisdiccional en calidad de demandante debe demostrar los hechos en que se funda su pretensi\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se adentr\u00f3 en el desarrollo del caso concreto, de cara a las pretensiones consignadas en la demanda: \u00ablibrar mandamiento de pago por la suma de $291\u2019256.000 \u201ccorrespondient[e] al valor del pagar\u00e9 creado por la sociedad demandada, a favor de Laura Llames romero, el d\u00eda 3 de octubre de 2019\u201d; adem\u00e1s, el ac\u00e1pite de fundamentos de derecho alude a las normas mercantiles que regulan lo atinente a los t\u00edtulos valores, espec\u00edficamente en relaci\u00f3n con el pagar\u00e9 y la letra de cambio\u00bb. (Negrilla en el texto original) <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la parte ejecutante apoy\u00f3 expresamente su pretensi\u00f3n coactiva en \u00abel pagar\u00e9 suscrito a su favor\u00bb pero como no aport\u00f3 tal documento con la demanda, la decisi\u00f3n que indiscutiblemente deb\u00eda adoptarse era la denegaci\u00f3n del mandamiento de pago \u00abcomo en efecto dispuso la funcionaria de primer grado\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, frente al argumento de la complejidad del t\u00edtulo ejecutivo, que en palabras de la actora se presentaba por cuanto se conforma \u00abpor los mensajes de WhatsApp y los archivos adjuntos a ellos, los cuales fueron aportados y certificados en el expediente a trav\u00e9s de la prueba pericial\u00bb dijo que ciertamente \u00abes el pagar\u00e9 el que contiene la obligaci\u00f3n, pues este plasma por s\u00ed solo las condiciones del pago, por lo que si los demandantes invocaron que se librara el mandamiento\u2026 con base en tal instrumento cambiario, ten\u00edan el insoslayable deber de aportarlo\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, con apoyo en la doctrina especializada en torno \u00abal atributo de la incorporaci\u00f3n de los t\u00edtulos valores\u00bb, seg\u00fan la cual su exhibici\u00f3n se torna necesaria para ejercer el derecho de cobro, concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no est\u00e1 de m\u00e1s se\u00f1alar que en el \u201cdictamen pericial computaci\u00f3n forense\u201d que aport\u00f3 la parte actora, cuyo objeto consisti\u00f3, entre otros, en \u201cextraer el pagar\u00e9 que se presentar\u00e1 en la demanda ejecutiva a iniciarse\u2026 es decir, el creado el 4 de octubre de 2019, el cual fue enviado desde el celular de su representante legal (Michel Roberto Correa P\u00e9rez), usuario del n\u00famero 3102210747 y se encuentra en el tel\u00e9fono personal de Laura Llames Forero (sic) dispositivo asociado a la l\u00ednea celular 31447513555 [sic]\u201d y \u201ccertificar que el pagar\u00e9 creado el 4 de octubre de 2019 cumple con los atributos de autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad de los documentos electr\u00f3nicos, en aplicaci\u00f3n del principio de equivalencia funcional\u201d, se aludi\u00f3 a un archivo de Word denominado \u201cBorrador pagar\u00e9 Laura.doc\u201d sin que se d\u00e9 cuenta de la ubicaci\u00f3n del original del mencionado t\u00edtulo valor. (\u00e9nfasis de la Sala) <\/p>\n
Por dem\u00e1s la ausencia del t\u00edtulo que expresamente los demandantes invocaron como sustento de la ejecuci\u00f3n, releva al Despacho de cualquier pronunciamiento relacionado con la eficacia probatoria de las comunicaciones electr\u00f3nicas a las que hace alusi\u00f3n la prueba pericial, como quiera que la falta del pagar\u00e9 es suficiente para que no se abriera paso la solicitud de librar mandamiento de pago (\u2026)\u00bb <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, en tanto que en ella se expusieron los fundamentos jur\u00eddicos que sirvieron de soporte para no expedir la orden de pago pretendida por cuanto los ejecutantes, con la demanda, no allegaron la versi\u00f3n original del documento base del recaudo, sino un borrador. <\/p>\n
Adicionalmente, los reparos de los censores frente a la denegaci\u00f3n del mandamiento ejecutivo, que -res\u00e1ltese- guardan consonancia con los expuestos en la presente solicitud de amparo, fueron desestimados con suficiencia argumentativa, observ\u00e1ndose que las discrepancias ahora planteadas son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que se busca es anteponer la propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica por encima de la autoridad jurisdiccional, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela pues no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se impone negar el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y lo pretendido por los demandantes desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar imponer su particular comprensi\u00f3n jur\u00eddica, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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