STC3473-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3473-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Sonia Aleida Salas Lugo contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Penal y el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esa ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2014-00019. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, \u00abcontradicci\u00f3n y principio constitucional de presunci\u00f3n de inocencia\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades jurisdiccionales convocadas. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que, el 21 de enero de 2020 el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva la conden\u00f3 a 48 meses de prisi\u00f3n y a multa de 50 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por el delito de \u00abcontrato sin cumplimiento de requisitos legales\u00bb, por las irregularidades presentadas en la \u00abinvitaci\u00f3n\u00bb p\u00fablica para \u00abla adquisici\u00f3n de ropa deportiva [\u2026] implementos deportivos para la pr\u00e1ctica de las diferentes disciplinas y contrataci\u00f3n del personal t\u00e9cnico\u00bb y la adjudicaci\u00f3n que aprob\u00f3 y suscribi\u00f3 en su condici\u00f3n de representante legal de Inderhuila con Pablo Emilio Garrido, contratista beneficiado. <\/p>\n
Refiere que, la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva con fallo del 30 de agosto de 2021 confirm\u00f3 en su integridad el veredicto del a quo, decisi\u00f3n contra la cual su defensa interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Destaca que, la Sala de Casaci\u00f3n Penal mediante sentencia del 2 de febrero de 2022 resolvi\u00f3 no casar la providencia del ad quem dejando inc\u00f3lume la pena que le fue impuesta. <\/p>\n
Cuestiona esencialmente la decisi\u00f3n de la Hom\u00f3loga Penal, la que acusa de incurrir en v\u00eda de hecho por defectos \u00aborg\u00e1nico y f\u00e1ctico\u00bb. Al respecto aduce que, el primero se presenta por la transgresi\u00f3n al principio de congruencia \u00abpor cuanto para soportar mi condena el Tribunal Superior de Neiva hab\u00eda empleado la indebida valoraci\u00f3n de la propuesta del contratista [\u2026] a pesar de que se trataba de un hecho [\u2026] desestimado por la Fiscal\u00eda, mediante la aceptaci\u00f3n de mis alegatos en el marco de la fase investigativa del tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
Explica que, la congruencia en los procesos penales \u00abadem\u00e1s de ser uno de los corolarios del derecho de defensa \u201crepresenta un l\u00edmite de la competencia de las autoridades judiciales para decidir\u201d\u00bb, de manera que, arguye, la Sala de Casaci\u00f3n Penal cometi\u00f3 el referido yerro \u00abal convalidar el empleo por los jueces de instancia de una conducta por la que no fui acusada f\u00e1cticamente, pues su reprochabilidad fue descartada por el ente acusador en el escrito de convocatoria a juicio (\u2026) en otros t\u00e9rminos [\u2026] emiti\u00f3 sentencia con fundamento en una conducta excluida del litigio por parte de la Fiscal\u00eda, a pesar de que no dispon\u00eda de competencia para ello\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al defecto f\u00e1ctico, indica que, la Sala acusada desconoci\u00f3 el debate que se dio en la fase de instrucci\u00f3n en la cual, el ente acusador, excluy\u00f3 la circunstancia f\u00e1ctica relacionada con la falta de cumplimiento de requisitos del contratista, adicionalmente porque, al igual que los jueces de instancia, entendi\u00f3 que existi\u00f3 un fraccionamiento inadecuado de los contratos sin valorar que \u00abdotaci\u00f3n e implementaci\u00f3n deportiva hac\u00edan parte del g\u00e9nero \u201celementos deportivos\u201d, se trataba de dos especies distintas que buscaban cumplir finalidades diferentes en el campo deportivo, por lo que no pod\u00eda predicarse el fraccionamiento (\u2026)\u00bb, en tal sentido, se\u00f1al\u00f3 que alleg\u00f3 a la sede de casaci\u00f3n diversos conceptos t\u00e9cnicos sobre la diferenciaci\u00f3n de dichas nociones y las razones por las cuales \u00abno pod\u00eda predicarse el fraccionamiento indebido de los contratos\u00bb. <\/p>\n
Resalta que, todas las censuras que expone en la presente demanda \u00abfueron debidamente propuestas en el marco del proceso ordinario en las distintas intervenciones que dieron a lo largo del proceso penal, pero en especial en los recursos de apelaci\u00f3n y casaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide que, \u00abse deje sin efectos las providencias del 2 de febrero de 2022, 30 de agosto de 2021 y 21 de enero de 2020 proferidas por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva y el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esa ciudad, respectivamente, y se ordene a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictar un nuevo fallo, con el que se case el fallo condenatorio del 30 de agosto de 2021 del Tribunal Superior (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Quinta Penal del Circuito de Neiva relacion\u00f3 lo acontecido en la causa penal en cuesti\u00f3n y defendi\u00f3 la sentencia que en su caso profiri\u00f3 por cuanto \u00abno obedeci\u00f3 m\u00e1s que a la valoraci\u00f3n probatoria realizada, en raz\u00f3n de la cual se concluy\u00f3 que exist\u00edan motivos para condenar a la aqu\u00ed accionante, quien debe destacarse ha tenido la posibilidad de ejercer la respectiva controversia sobre el particular\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que, desde el 1\u00ba de marzo de 2022 avoc\u00f3 la vigilancia de la pena impuesta a la sentenciada Salas Lugo, quien tras su captura fue puesta a disposici\u00f3n de ese despacho que, el 4 de marzo, en virtud de que se le hab\u00eda otorgado la prisi\u00f3n domiciliaria, orden\u00f3 su conducci\u00f3n hasta la residencia en la cual indic\u00f3 la cumplir\u00e1. Solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por cuanto su actuaci\u00f3n no fue objeto de reproche por parte de la accionante. <\/p>\n
4. El Magistrado Ponente de la sentencia recriminada, de la Sala de Casaci\u00f3n Penal defendi\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada de forma un\u00e1nime por la Sala en el asunto en cuesti\u00f3n y se remiti\u00f3 a lo all\u00ed razonado para explicar que no incurri\u00f3 en ninguno de los defectos endilgados por la quejosa. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Casaci\u00f3n Penal vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la quejosa con la sentencia SP137-2022 de 2 de febrero de 2022, que no cas\u00f3 la del tribunal ad quem confirmatoria de la condena a 48 meses de prisi\u00f3n y multa de 50 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes impuesta por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva, al incurrir, supuestamente, en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria \u2013 defecto f\u00e1ctico \u2013 y, \u00abdefecto org\u00e1nico\u00bb por falta de congruencia. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 la providencia atacada. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, no se observa procedente el amparo, puesto que la misma, en lo que es objeto puntual de reclamo, no constituye desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico con aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
Sobre el debate propuesto por la defensa de la procesada a trav\u00e9s de los cargos formulados, cuyas alegaciones giraron en torno a la discusi\u00f3n sobre \u00absi exist\u00eda o no unidad de objeto contractual, si se dividi\u00f3 dicho objeto para esquivar [el] proceso licitatorio y si la acusada ten\u00eda o no conocimiento de dicha situaci\u00f3n\u00bb y lo que acus\u00f3 de motivaci\u00f3n insuficiente por parte del tribunal como raz\u00f3n para deprecar la nulidad de la actuaci\u00f3n, dijo la Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La Corte ha sostenido que cuando se formulan censuras por motivaci\u00f3n deficiente derivada de la ausencia de respuesta a los alegatos de la defensa, le corresponde al recurrente demostrar que la irregularidad cometida tiene tal capacidad de incidencia en el derecho de defensa, que la \u00fanica alternativa para remediarla es la nulidad. <\/p>\n
Con ese prop\u00f3sito, debe se\u00f1alar con claridad a cu\u00e1les alegaciones se refiere, en qu\u00e9 medida fueron desatendidas y c\u00f3mo habr\u00eda variado la decisi\u00f3n en caso de haberlas tenido en cuenta (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y agreg\u00f3 que, aunque la defensa de la recurrente se\u00f1al\u00f3 cu\u00e1les fueron los temas frente a los que no hubo pronunciamiento completo, indic\u00f3 que, en todo caso, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no logra demostrar el concurso de las condiciones requeridas por la jurisprudencia para invalidar la sentencia de segunda instancia por ese motivo, ni mucho menos para proferir un fallo de reemplazo que absuelva a la acusada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, sobre los reproches sobre que, no existi\u00f3 un fraccionamiento indebido de los contratos aprobados, por tratarse, en su concepto, de asuntos que si bien pertenec\u00edan al mismo g\u00e9nero, eran de \u00abespecie\u00bb diferente, la Sala tutelada precis\u00f3 que dicha aseveraci\u00f3n, \u00ab(\u2026) no habilita a la Corte para que, por la v\u00eda de nulidad, imponga sobre los juzgadores la visi\u00f3n o argumentaci\u00f3n del inconforme, como si se tratar\u00e1 de sentenciar en tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la pretensi\u00f3n de que la Corte proceda seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 217 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, ley 600 de 2000, y dicte en consecuencia un fallo sustitutivo al del tribunal resalt\u00f3 que no era procedente al encontrar que la decisi\u00f3n de la colegiatura ad quem abord\u00f3 en su totalidad los reparos expuestos en la apelaci\u00f3n y fue claro en exponer las razones por las cuales no los compart\u00eda. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Dentro de los documentos obtenidos, que forman parte del acervo probatorio, se encuentra todo lo relacionado con el tr\u00e1mite previo a la suscripci\u00f3n de los dos contratos cuestionados. All\u00ed se advierte con facilidad, tal como se consign\u00f3 en el citado informe, que con ocasi\u00f3n de las objeciones presentadas por la empresa GONZALDANA, el comit\u00e9 evaluador tuvo que alterar los resultados en el tr\u00e1mite de la invitaci\u00f3n 014 de 2006 y declarar incumplidos los requisitos t\u00e9cnicos al proponente PABLO EMILIO GARRIDO o MAS DEPORTES, con el fin de corregir y adjudicar al quejoso que hab\u00eda ocupado el segundo lugar. <\/p>\n
Mientras tanto, como lo establecen los mismos documentos, la invitaci\u00f3n p\u00fablica 013 del 2006 fue adjudicada a PABLO EMILIO GARRIDO o MAS DEPORTES, a pesar de no cumplir los requisitos t\u00e9cnicos referidos a la experiencia, en atenci\u00f3n a que la empresa que ocup\u00f3 el segundo puesto no formul\u00f3 objeciones. <\/p>\n
Esto significa, ni m\u00e1s ni menos, que al contratista PABLO EMILIO GARRIDO o MAS DEPORTES, a pesar del incumplimiento de los requisitos t\u00e9cnicos relacionados con la experiencia, le fueron adjudicadas las dos invitaciones p\u00fablicas (013 y 014 de 2006), que en t\u00e9rminos de la acusaci\u00f3n se habr\u00edan hecho para eludir el proceso licitatorio\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, respecto de la supuesta incongruencia entre la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n y la condena, la Sala accionada resalt\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ninguna inconsonancia sustancial, en consecuencia, se establece del examen comparativo de estos actos procesales, pues como acaba de verse, los nuevos aspectos que se afirma incorporados en las sentencias, fueron debidamente mencionados y analizados en el pliego de cargos. <\/p>\n
En \u00e9ste, se hizo alusi\u00f3n expresa a las irregularidades que se presentaron en el proceso de adjudicaci\u00f3n con el proponente PABLO EMILIO GARRIDO ANGARITA, debido al incumplimiento del requisito t\u00e9cnico de experiencia, lo cual llev\u00f3 a la fiscal\u00eda y los juzgadores a sostener que el fraccionamiento se llev\u00f3 a cabo con el fin de favorecer a uno de los contratistas. <\/p>\n
Adicionalmente a esto, de suyo suficiente para desestimar la censura, el cargo propuesto parte de una premisa equivocada, al catalogar como hecho jur\u00eddicamente relevante, para sustentar la inconsonancia f\u00e1ctica, la intenci\u00f3n de la acusada de favorecer al contratista PABLO EMILIO GARRIDO ANGARITA, aspecto al cual, seg\u00fan lo afirmado por el casacionista, se hizo alusi\u00f3n en la sentencia, pero no en la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque el delito de celebraci\u00f3n de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, por el que se procede, no incluye dentro de los elementos estructurales del tipo penal ingrediente subjetivo alguno, asociado con un prop\u00f3sito o intenci\u00f3n espec\u00edficos por parte del sujeto agente, siendo indiferente, por tanto, para su estructuraci\u00f3n t\u00edpica, que este elemente se presente. <\/p>\n
La Sala ha insistido en precisar que los hechos jur\u00eddicamente relevantes se identifican con los sucesos que encajan o pueden subsumirse en el supuesto f\u00e1ctico previsto por el legislador en el tipo penal. Dicho de otra manera, la relevancia jur\u00eddica del hecho se supedita a su correspondencia con la norma penal (SP-2042-2019, 5 junio 2019, radicado 51007; SP-45 25-2021, octubre 6 de 2021, radicado 56204). De all\u00ed que no pueda calificarse como hecho jur\u00eddicamente relevante un aspecto que la norma penal no incluye como supuesto f\u00e1ctico de su tipicidad. <\/p>\n
Para el caso en estudio, los hechos jur\u00eddicamente relevantes se hicieron consistir en que la acusada fraccion\u00f3 un proceso contractual con el fin de eludir el tr\u00e1mite de licitaci\u00f3n p\u00fablica, con desconocimiento de la normatividad legal que exig\u00eda acudir a ella cuando la cuant\u00eda del contrato superara los $51\u2019000.000, aspectos basilares que se dejaron claramente determinados en la acusaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Termin\u00f3 por concluir que, ninguna adici\u00f3n o modificaci\u00f3n se efectu\u00f3 por los juzgadores a los hechos jur\u00eddicamente relevantes a partir de los cuales se profiri\u00f3 la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, frente a que no se apreci\u00f3 adecuadamente la diferenciaci\u00f3n existente entre los conceptos de \u00abimplementos y dotaci\u00f3n deportiva\u00bb, trascedente a la hora de comprender que no se pod\u00eda endilgar un fraccionamiento indebido de los contratos otorgados y que, por el contrario, este requer\u00eda \u00abuna contrataci\u00f3n aut\u00f3noma e independiente\u00bb expuso que, dicha tesis no tuvo acogida entre los juzgadores de instancia, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no por desconocimiento u omisi\u00f3n valorativa del Convenio, sino por otras razones. En las sentencias se ha argumentado que se trataba de un \u00fanico objeto contractual no susceptible de fraccionamiento o divisi\u00f3n. Y, precisamente, una de las razones para tal consideraci\u00f3n es que el proyecto consignado en el Convenio se denomin\u00f3 Apoyo a los Deportistas Huilenses para la Preparaci\u00f3n a los Juegos Deportivos Nacionales, que ser\u00eda la \u00fanica finalidad contractual no susceptible de fracci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) Entonces, como se puede apreciar, una cosa es que las conclusiones que extrae la defensa del Convenio Interadministrativo no hayan sido acogidas por los juzgadores, y otra, muy diferente, que se haya omitido valorar lo contenido en dicho Convenio, cuyos t\u00e9rminos fueron objeto de debate a lo largo de todo el proceso penal. <\/p>\n
Lo dicho es suficiente para desestimar la censura. Lejos de acreditarse el error demandado, lo que se advierte es el inter\u00e9s de obtener una tercera evaluaci\u00f3n por parte de la Corte y revivir un debate ya superado en las instancias\u00bb (SP137-2022, rad. 60836). <\/p>\n
As\u00ed, bajo el contexto que viene de verse, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la determinaci\u00f3n atacada, como aquella se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al juzgador una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n o valoraci\u00f3n probatoria que coincida plenamente con la de las partes; a ese respecto, se ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
Lo anterior porque, en rigor lo que se observa es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que Sala de Casaci\u00f3n Penal apreci\u00f3 el contexto jur\u00eddico planteado y concluy\u00f3 que, las consideraciones a partir de las cuales el juez de primer grado estableci\u00f3 la responsabilidad penal de la enjuiciada y ratificadas \u00edntegramente por el ad quem, fueron fundamentadas de forma razonable. <\/p>\n
De manera que, es evidente que la pretensi\u00f3n de la gestora del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un mero disentimiento frente a las razones que la autoridad accionada tuvo para resolver la cuesti\u00f3n sometida a su escrutinio, disconformidad que excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Adicionalmente, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01). <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que, esta especial justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en esa esfera, cuando, eventualmente, el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo que no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
Finalmente, resulta claro que los argumentos expuestos por la promotora, as\u00ed formulados son clara evidencia de que pretende anteponer su propia comprensi\u00f3n a la de los funcionarios accionados y atacar, por esta senda, las decisiones que le fueron desfavorables, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que, dada su naturaleza excepcional no fue establecido para erigirse como una instancia m\u00e1s o paralela del juicio ordinario o especial como es el caso. <\/p>\n
Ahora, si bien la actora se\u00f1ala varios \u00abyerros\u00bb que en su sentir cometi\u00f3 la Sala tutelada, al momento del ejercicio deductivo y de hermen\u00e9utica, observa la Corte que en realidad lo que hace es insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo en ese escenario por los jueces de la causa en virtud de sus espec\u00edficas competencias; es decir, lo que contienen sus argumentos es un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Por lo discurrido, se impone la negativa de la salvaguarda. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, porque lo pretendido por la accionante es anteponer su propio criterio al de la Sala tutelada en el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3473-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC3473-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Sonia Aleida Salas Lugo contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62229","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62229","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62229"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62229\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62229"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62229"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62229"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}