STC3480-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3480-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2022-00051-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 16 de febrero de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que declar\u00f3 la improcedencia del amparo reclamado por \u00c1lvaro Ram\u00f3n Nieto Moncada, en calidad de Juez Segundo Civil Municipal de Piedecuesta, contra el Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga. Al tramite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de tutela de radicado 2021-02126. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso de administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, expuso los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 24 de noviembre de 2021, su Despacho admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela de radicado 2021-02126, promovida por Martha Luc\u00eda Vanegas, en calidad de agente oficiosa de Carlos Augusto Mantilla, contra COOMEVA EPS S.A. y la IPS MEDICUC. <\/p>\n
2.2. El 7 de diciembre siguiente, emiti\u00f3 fallo de primera instancia, en el cual ampar\u00f3 los derechos fundamentales del promotor y orden\u00f3 a COOMEVA EPS que realizara la valoraci\u00f3n m\u00e9dica del se\u00f1or Carlos Augusto Mantilla y que le suministrara el tratamiento integral requerido, exoner\u00e1ndolo del pago de las cuotas moderadoras, entre otros, decisi\u00f3n que fue impugnada por la entidad accionada. <\/p>\n
2.3. El 31 de enero de 2022, el Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga declar\u00f3 la nulidad de lo actuado, toda vez que se deb\u00eda vincular a la EPS Salud M\u00eda, conforme a lo estipulado por la Resoluci\u00f3n 2022320000000189-6 del 25 de enero de 20221. <\/p>\n
2.4. El juez accionante censur\u00f3 la providencia emitida por su superior funcional, en sede de impugnaci\u00f3n, por vulnerar sus derechos fundamentales, debido a que, en su criterio, no pod\u00eda decretar la nulidad de lo actuado por \u00e9l en primera instancia con base en una resoluci\u00f3n cuyos efectos empezaron a producirse con posterioridad a los hechos de la tutela. <\/p>\n
Destac\u00f3 que no hab\u00eda nulidad en el tr\u00e1mite adelantado por su Despacho y que la \u00abaplicaci\u00f3n normativa que realiza el superior Jer\u00e1rquico (\u2026) contrar\u00eda de manera evidente el ordenamiento vigente desconociendo derechos fundamentales al presente despacho judicial y a las partes en cuesti\u00f3n de la presente litis constitucional\u00bb, razones por las cuales consider\u00f3 que el Juzgado del Circuito accionado debi\u00f3 estudiar la \u00absentencia como lo ense\u00f1a de forma imperativa los art\u00edculos 280 y 281 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
Adujo que, acorde con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las actuaciones judiciales son constitutivas de una v\u00eda de hecho, cuando se soportan en una norma inaplicable y se desv\u00eda por completo el procedimiento a seguir. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado pidi\u00f3 que se disponga \u00abDEJAR SIN EFECTOS por v\u00eda de hecho sustancial y procesal el auto proferido de fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil veintiuno (2021), por parte del Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga, mediante el cual decreto la nulidad de todo lo actuado en la acci\u00f3n de tutela de la referencia\u00bb y \u00abOrdenar que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo de tutela, el Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga, se pronuncie respecto al escrito de impugnaci\u00f3n presentado por la entidad accionada COOMEVA EPS\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El titular del Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga arguy\u00f3 que el Juez demandante carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa y que, \u00absi bien el a quo puede, en su \u00edntima convicci\u00f3n, estar o no de acuerdo con las decisiones de la segunda instancia, lo cierto es que, al margen de ello, es el primer llamado a acatarlas y hacerlas cumplir\u00bb, pues un actuar contrario \u00abafecta justamente el derecho que pretende invocar, el de Acceso a la Administraci\u00f3n de Justicia, y ri\u00f1e con principios como la imparcialidad, la seguridad jur\u00eddica y la autonom\u00eda judicial\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, enfatiz\u00f3 que la Resoluci\u00f3n 2022320000000189-6 del 25 de enero del 2022, que orden\u00f3 la liquidaci\u00f3n de COOMEVA EPS, empez\u00f3 a producir efectos cuando el asunto estaba para resolver la segunda instancia y, por ende, se ten\u00eda conocimiento de \u00abcu\u00e1l era la EPS que asumir\u00eda la prestaci\u00f3n del servicio de salud de CARLOS AUGUSTO MANTILLA VARGAS, [por lo que] resultaba prudente y ajustado a derecho disponer su vinculaci\u00f3n, a fin de que se pronunciara sobre la garant\u00eda de prestaci\u00f3n del servicio de salud a favor de \u00e9ste que ahora ten\u00eda a su cargo\u00bb. <\/p>\n
2. La Fundaci\u00f3n Salud M\u00eda EPS manifest\u00f3 que desde el primero de febrero de 2022 fung\u00eda como entidad aseguradora del plan de beneficios de Carlos Augusto Mantilla, raz\u00f3n por la cual, el 8 de ese mes, realiz\u00f3 visita domiciliaria para valorar al paciente; por lo expuesto, solicit\u00f3 que se declarara que no hab\u00eda vulnerado derecho alguno. <\/p>\n
3. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud \u2013 ADRES afirm\u00f3 que lo pretendido en la tutela carec\u00eda de relevancia constitucional, que no se evidenciaban irregularidades en el tr\u00e1mite surtido ni vulneraci\u00f3n de derechos y que el Juez tutelante no ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga declar\u00f3 la improcedencia de la salvaguarda, debido a que el accionante no ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa por activa, \u00abhabida cuenta que no es el titular de los derechos fundamentales que busca proteger, ni act\u00faa como agente oficioso de quien s\u00ed lo es, esto es, del se\u00f1or Carlos Augusto Mantilla Vargas; as\u00ed como tampoco puede considerarse como apoderado de ninguna de las partes (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, indic\u00f3 que la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional atentaba \u00abcontra la estructura del poder judicial, la cual se cimienta en una organizaci\u00f3n jer\u00e1rquica que impone a los falladores la obligaci\u00f3n de acoger y respetar lo decidido por sus superiores\u00bb y trasgred\u00eda el principio de imparcialidad, debido a que el fallador \u00abno puede tomar partido por los intereses de una de las partes formulando acciones o recursos, al punto que la desatenci\u00f3n a tales aspectos constituyen graves faltas disciplinarias\u00bb; por ello, dispuso remitir copia del expediente a la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial, para que investigue si el Juez Segundo Civil Municipal de Piedecuesta, con su actuar, pudo incurrir en una falta disciplinaria. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el extremo activo, indicando, en primer lugar, que lo decidido por el a quo constitucional no ten\u00eda validez jur\u00eddica, como quiera que, de conformidad con lo previsto en el Decreto 333 de 2021, la jurisdicci\u00f3n administrativa era la competente para conocer su petici\u00f3n de amparo, raz\u00f3n por la cual inst\u00f3 que se declarara la nulidad de lo actuado. <\/p>\n
Asimismo, censur\u00f3 lo resuelto, en raz\u00f3n a que ese mismo Decreto facult\u00f3 a los funcionarios y empleados de la rama judicial a interponer acciones de tutela, por lo cual concluy\u00f3 que el Tribunal se equivoc\u00f3 al declarar la falta legitimaci\u00f3n en la causa. Al respecto, adem\u00e1s, destac\u00f3 que el Colegiado obvi\u00f3 que no se estaba actuando en representaci\u00f3n de las partes involucradas, sino por la \u00abvulneraci\u00f3n al debido proceso del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, del cual s\u00ed se es titular\u00bb, por lo que pidi\u00f3 revocar el fallo impugnado. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, el gestor pretende que se amparen los derechos fundamentales invocados, los cuales considera vulnerados en la acci\u00f3n de tutela que su Despacho tramit\u00f3 y fall\u00f3 en primera instancia, dado que, en sede de impugnaci\u00f3n, el Juzgado del Circuito convocado anul\u00f3 las actuaciones surtidas, aplicando, en su criterio, en forma indebida la Resoluci\u00f3n 2022320000000189-6 de la Superintendencia Nacional de Salud, pues la misma solo surti\u00f3 efectos a futuro. <\/p>\n
2. De manera preliminar advierte la Sala que, si bien el actor desisti\u00f3 de la tutela mediante correo electr\u00f3nico del 17 de febrero de 2022, porque dijo haber dado cumplimiento a la orden del superior funcional, dicho pedimento fue negado por el a quo constitucional, dado que el 16 anterior se hab\u00eda dictado el fallo de primera instancia. Posteriormente, se radic\u00f3 en t\u00e9rmino impugnaci\u00f3n contra dicha sentencia, que fue concedida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, por lo cual esta Sala es competente para resolver la alzada, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 32 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
3. Ahora bien, frente a la legitimaci\u00f3n en la causa para promover acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del referido Decreto establece que \u00abPodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb <\/p>\n
3.1. A su vez, esta Sala ha determinado que \u00abcuando la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en STC9278-2020, 28 oct. 2020, rad. 2020-00011 y STC14371-2021. (Se resalta). <\/p>\n
Al respecto, al resolver un asunto de contornos similares, esto es, una tutela promovida por un Juez Promiscuo Municipal contra lo resuelto por su superior funcional, en sede de apelaci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n sostuvo que la salvaguarda invocada por el operador judicial no ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en caso de que los sujetos no resuelvan intervenir, ello no faculta al funcionario judicial que tiene asignado el tr\u00e1mite para solicitar la salvaguarda de sus derechos, ni menos a\u00fan para reclamar la protecci\u00f3n para s\u00ed mismo por cuanto el afectado con la presunta falta ser\u00eda el usuario de la administraci\u00f3n de justicia y no \u00e9l. <\/p>\n
El principio de la informalidad que impera en la acci\u00f3n de amparo, no llega hasta el aspecto proclamado por el impugnante, de pretender que puede actuar directamente en una tutela originada en supuestas v\u00edas de hecho cometidas en un proceso tramitado por su equivalente municipal y en la orden dada por su superior funcional y jer\u00e1rquico, como si a \u00e9l se le quebrantaran los derechos fundamentales y no a las partes intervinientes. <\/p>\n
El hecho de que el interesado act\u00fae como titular del juzgado destinatario que conoce del referido asunto, no lo habilita, per se, para pretender el auxilio constitucional del derecho invocado, que sin duda, est\u00e1 radicado en cabeza de los sujetos procesales, y no en la suya\u2026 <\/p>\n
En consecuencia, no puede ser el a-quo un obst\u00e1culo para la realizaci\u00f3n de las \u00f3rdenes dadas por el superior, sino que, por el contrario, la subordinaci\u00f3n reglada posibilita lograr el principio de la doble instancia, teniendo en cuenta la estructura jer\u00e1rquica de la rama judicial, como factor de competencia. <\/p>\n
3.2. De acuerdo con la normativa y jurisprudencia citada, refulge imperioso concluir que, en el sub judice, el accionante carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para solicitar la salvaguarda de las garant\u00edas supralegales invocadas, por lo que se impone confirmar el fallo atacado, que declar\u00f3 la improcedencia de la presente tutela. <\/p>\n
3.3. A su vez, en torno a la compulsa de copias ordenada en el tr\u00e1mite de la referencia, se vislumbra que el asunto fue remitido el 18 de febrero de 20222, raz\u00f3n por la cual esta Sala no har\u00e1 pronunciamientos al respecto. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, trat\u00e1ndose de la nulidad aludida por el impugnante, por falta de competencia, deviene imperioso resaltar que, si bien el inciso segundo del numeral octavo del art\u00edculo primero del Decreto 333 de 2021 se\u00f1ala que \u00abCuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (\u2026)\u00bb, no puede realizarse una lectura parcial del referido art\u00edculo, debido a que en el primer inciso es claro al establecer que dicha regla de reparto aplica \u00fanicamente para las acciones de tutela que se dirijan contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, autoridades que no fueron accionadas en este asunto y, por ende, lo alegado carece de fundamento. <\/p>\n
5. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo atacado, por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Mediante la cual la Superintendencia Nacional de Salud orden\u00f3 la liquidaci\u00f3n de COOMEVA EPS. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c16 REMISI\u00d3NSALADISCIPLINARIA\u201d del expediente digital. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3480-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC3480-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2022-00051-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de marzo dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 16 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47],"tags":[],"class_list":["post-62236","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62236","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62236"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62236\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62236"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62236"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62236"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}